La reconstrucción nacional tras la Guerra del Pacífico constituye uno de los periodos más complejos de la historia republicana peruana, marcado por la devastación moral y material, la fractura política y la urgente necesidad de restaurar el aparato del Estado. El análisis de la memoria de la Prefectura de Lambayeque de 1886 revela un panorama crítico de transición, mostrando cómo las autoridades locales buscaron enfrentar la precariedad material y promover un programa de reconstrucción ordenada.
El final de la Guerra del Pacífico dejó al Perú devastado. Como si no bastase con las secuelas, las disputas políticas llevaron a una guerra civil entre los generales Andrés Avelino Cáceres y Miguel Iglesias; el primero había sido el líder de la resistencia a las fuerzas chilenas; el otro había auspiciado la firma de la paz de Ancón, incluso a costa de la mutilación territorial. En agosto de 1884, Cáceres lanzó un primer ataque a Lima, siendo rechazado. Habiendo reorganizado sus tropas, y tras aislar a las principales fuerzas iglesistas en la maniobra de Huaripampa, el Brujo de los Andes volvió a atacar Lima con mayor fortuna en noviembre de 1885. Ante tales hechos, Iglesias renunció al poder el 3 de diciembre, formándose un Consejo de Ministros presidido por Antonio Arenas, encargado del poder hasta la realización de elecciones generales, en las que todos daban por descontado que Cáceres sería electo.
Concluido el conflicto, en diciembre de 1885 el Consejo de Ministros designó prefecto de Lambayeque al coronel Federico Ríos, quien ejerció el cargo hasta junio de 1886, cuando el nuevo gobierno del general Cáceres lo reemplazó por el coronel Pedro Ugarteche.
Chorrillano, nacido en 1830, Federico Ríos León se unió al ejército a los 18 años, y en 1865 ya era coronel de artillería. Veterano del Dos de Mayo, y fugaz diputado por Huamalíes, durante la guerra con Chile, participó en la campaña de la Breña al mando de la artillería del Ejército del Centro.
El contexto de la Memoria
En tal ambiente, el 3 de abril de 1886, el ministro de Gobierno, Policía y Obras Públicas, doctor José Eusebio Sánchez, remitió una circular a los prefectos, solicitando la preparación de una memoria para poner la situación de cada departamento en conocimiento del nuevo gobierno. Cumpliendo esa circular, el prefecto Ríos redactó su memoria, fechada en Chiclayo el 26 de abril de 1886. Dirigido al ministro Sánchez, el informe sintetizó cuatro meses de gestión al frente de la Prefectura, siendo publicado en el diario oficial “El Peruano” en cuatro partes, entre el 23 de julio y el 4 de agosto de 1886.
El prefecto Ríos no ocultó la magnitud del descalabro: la expedición Lynch y la subsiguiente ocupación chilena dejaron una estela de saqueos, incendios de edificios públicos y particulares, y una política de cupos y exacciones que estranguló la vida económica local. La prohibición del cultivo de arroz, la venta arbitraria de aguas de riego y el sacrificio del ganado de labor descapitalizaron a la agricultura, principal sostén del departamento. A esto se sumaron las prisiones y contribuciones forzosas causadas por la guerra civil, la destrucción de los cultivos por las lluvias de 1884 y la baja del precio del azúcar por la competencia del azúcar de remolacha europea. En este panorama de “escasez y miseria”, Ríos situó el “triunfo constitucional” del general Cáceres en diciembre de 1885, como un punto de inflexión que restauró la legitimidad estatal y permitió iniciar una administración orientada a la pacificación y la reconstrucción.
El orden público y la administración de justicia
La reconstrucción del tejido institucional fue un desafío complejo, marcado por la precariedad administrativa y la persistencia de la violencia política. Ríos señaló que, tras cuatro meses de gestión, había restablecido la calma mediante medidas de conciliación, evitando represalias contra funcionarios del régimen anterior, lo que fue aplaudido por un acta de Chiclayo en febrero de 1886.
Sin embargo, la neutralidad electoral por parte de las autoridades, no impidió la duplicidad de colegios electorales (que generaron panfletos en contra de la candidatura de Ántero Aspíllaga como diputado por Chiclayo) ni los enfrentamientos armados en Pacora y Jayanca, donde hubo víctimas mortales y heridos. La situación se agravó con el asesinato del subprefecto de Lambayeque, sargento mayor Darío Enríquez, el 15 de marzo de 1886, cuya muerte provocó “un levantamiento de la plebe” y actos de profanación contra su cadáver, evidenciando la fragilidad del control estatal. Ante ello, Ríos propuso reemplazar a los gobernadores civiles por oficiales militares remunerados y aumentar la fuerza de gendarmería.
En el ámbito judicial, el prefecto denunció el colapso del sistema debido a la fusión de juzgados y al régimen de renta judicial, que priorizaba causas civiles sobre las criminales, paralizando la justicia penal y agravando las condiciones carcelarias. Para solucionar el problema, Ríos propuso agregar los sueldos de jueces y fiscales a los presupuestos municipales y reducir el costo del papel sellado, en un intento pragmático de reinsertar la justicia en la dinámica local.
Infraestructura y economía
Debido a la destrucción de la guerra y la penuria fiscal, no era posible la inversión estatal en infraestructura y servicios. El servicio postal se limitaba al despacho de correspondencia mediante vapores en Eten y Pimentel, careciendo por completo de estafetas interiores. Ríos presentó entonces un plan para establecer postillones semanales con origen en Jayanca, Motupe, Zaña y Chongoyape, articulando una red que convergiría en la administración provincial de Chiclayo. Los telégrafos, dañados durante la ocupación, fueron parcialmente restaurados con fondos municipales, logrando conectar Chiclayo con Pacasmayo, aunque fracasó la extensión hacia Piura por la insolvencia local. En materia ferroviaria, la línea de Eten operaba con normalidad y la de Pimentel-Lambayeque funcionaba irregularmente; ambas empresas eludían sus obligaciones contractuales.
La reconstrucción de obras públicas dependió principalmente de aportes vecinales y municipales, como en el caso del Colegio Nacional de San José, así como el mantenimiento de templos, teatro, hospital y cementerio. Asimismo, el prefecto criticó la ineficiencia de la Beneficencia de Chiclayo, que no había puesto en funcionamiento el hospital, y propuso reformar su administración y destinar sus recursos a fines sanitarios, en un contexto donde el Estado en penuria, no podía asumir la protección social de los más vulnerables.
El corazón productivo de Lambayeque giraba en torno a la agricultura y la agroindustria, pero la crisis azucarera, agravada por factores externos y la escasez de mano de obra, habían convertido en “capitales muertos” las extensas plantaciones y costosas maquinarias de vapor. El prefecto consideró que la exoneración aduanera a la exportación de azúcar, dispuesta por el gobierno de Iglesias, era una medida necesaria y que había que mantener.
El problema estructural de la distribución del agua, fue destacado por el coronel Ríos, denunciando que los reglamentos existentes, que venían de tiempos virreinales, acabaron favoreciendo a las grandes haciendas en perjuicio de los pequeños agricultores. Como solución, el prefecto propuso adoptar temporalmente el Reglamento de Aguas del coronel Joaquín Torrico (1855), encomendando la reorganización del sistema hídrico a las municipalidades, junto con la limpieza de los cauces.
En lo industrial, Ríos reconoció también el desarrollo de actividades locales como signo de resiliencia, aunque advirtió la inestabilidad de los ingresos fiscales, proponiendo fijar regulaciones capaces de permitir a la iniciativa privada y municipal reactivar los circuitos productivos sin asfixia tributaria.
La Memoria Prefectoral de 1886 surge como una fuente clave para comprender la reconstrucción nacional en el departamento de Lambayeque. El coronel Ríos combinó un diagnóstico crítico con propuestas descentralizadas que otorgaban un papel central a las municipalidades y a la sociedad civil, mostrando una concepción del Estado como un ente coordinador más que ejecutor, en un contexto de limitaciones fiscales y sociales. Como testimonio de la reconstrucción institucional del norte peruano, la Memoria no solo rinde cuentas, sino que traza un programa de modernización adaptado a las restricciones de su tiempo.
(*) Historiador, abogado y docente universitario.
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