El 2 de octubre, en horas de la madrugada, la Fiscalía Anticorrupción y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad – DIVIAC, de la Policía Nacional del Perú, detuvieron preliminarmente a Richard Cisneros, Karem Roca y Miriam Morales, involucrados en los audios que develan presuntos contratos irregulares en el Ministerio de Cultura. Al respecto, la politóloga Karen Calle Rivera, destacó la labor del sistema judicial, dada la prontitud con la que actúa en este caso.
La fiscal anticorrupción Janny Sánchez Porturas solicitó la detención preliminar por siete días contra diez personas en total del círculo cercano del presidente Martín Vizcarra, por considerar la existencia de peligro de fuga y obstrucción a las investigaciones.
Además de los citados personajes, fueron detenidos el exasesor presidencial Óscar Vásquez; los funcionarios del Ministerio de Cultura Diana Tamashiro Oshiro y Patricia Dávila Tasaico, ex secretarias generales; Aura Quiñones Li, ex directora general de Recursos Humanos; Lincoln Matos Parodi, exdirector de la Oficina General de Administración; y Mauricio Salas Torreblanca, coordinador del Gran Teatro Nacional. La única que no ha sido detenida es la exdirectora de Recursos Humanos Liliana Chanamé.
Calle Rivera señaló que este proceso de investigación es muy necesario, pues constituye un caso que se ha vuelto habitual en la administración pública: las contrataciones motivadas por favores políticos. A su juicio, esto atenta contra la meritocracia.
"La justicia está tomando la batuta, poniendo cartas sobre el asunto y me parece muy bien, porque la población necesita una explicación al respecto. No hablamos de temas personales del presidente, sino de delitos como el tráfico de influencias y actos de corrupción. Es positivo que la justicia actúe rápidamente", destacó.
Investigación
Hizo hincapié en que la investigación también debe alcanzar al presidente Martín Vizcarra cuando termine su mandato, aunque esta debe distinguir entre lo que son asuntos privados del mandatorio y lo que compete a la administración pública, pues no todos los audios que circulan son de interés general.
"Muchas veces hemos visto investigaciones a altos funcionarios del gobierno que se archivaban, pues estos buscaban contactos para eludir a la justicia. Nada nos hace presumir que esta vez será diferente. Nuestro sistema de justicia tiene poca credibilidad, pero al menos ha dado muestras de querer adelantarse a los hechos, de querer hacer bien su trabajo y prevenir acciones que pudiesen desviar la investigación", manifestó.
La politóloga refirió que por lo escuchado en los audios se desprende la existencia de delitos como el tráfico de influencias. Solo queda - apuntó - determinar que el material no haya sido manipulado.
"La justicia debe mejorar en el Perú. A partir de estos casos se determinará cómo se manejan las principales esferas del país. Creo que muchas personas en el gobierno tendrán más cuidado también al elegir a sus trabajadores de confianza. Tú no puedes confiar en cualquier persona, pues te pueden dar la apuñalada por la espalda", opinó.
Chiclayo
En el plano local, se refirió a la gestión del burgomaestre de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, sobre quien cuestionó que no haya cumplido con los objetivos trazados en su plan de gobierno y no tenga la capacidad de liderar la gestión municipal.
"Los chiclayanos estamos hartos de caminar por las calles y encontrar desagües nauseabundos. No tenemos la calidad de vida que deberíamos. Es una mala gestión, no podemos tapar las cosas. No aprovechó los recursos asignados, no estuvo preparado para el cargo. Que no nos sorprenda si tenemos otro alcalde encarcelado", anotó.
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