El 30 de septiembre el presidente Martín Vizcarra Cornejo anunció la disolución del Congreso de la República tras la negativa de este de aprobar la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo para modificar la modalidad de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, procediendo a la elección de uno de los magistrados.
Sumado a ello, el mandatario convocó a nuevas elecciones parlamentarias, las cuales según el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones se realizarán el 26 de enero próximo. Al respecto, dos especialistas coinciden en que este Congreso debe ser copado por nuevos rostros que realicen las reformas políticas que quedaron pendientes en el disuelto parlamento.
“El Congreso que disolvió Vizcarra era deleznable, tuvo una conducta sumamente condenable, sobre todo en la Comisión de Ética, donde blindó a algunos personajes como el exjuez César Hinostroza o el todavía fiscal supremo Pedro Chávarry. Además, la prepotencia de la bancada mayoritaria le generó un desprestigio a la institución parlamentaria que, dicho sea de paso, se mantiene desde 1995. Creo que el presidente estiró al máximo la Constitución planteando la negación fáctica”, sostiene el especialista en derecho constitucional Freddy Centurión González.
Por su parte, el especialista en innovación y gestión empresarial Marco Alvitez Monteza refiere: “Este Congreso fue decepcionante, se vieron disputas de personas que buscaron su propio interés y no el del pueblo que los eligió, eso motivó que se llegue a un punto límite donde el único camino para avanzar era la disolución”, asevera.
ELECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Centurión González menciona que el próximo Congreso tiene muchos temas pendientes para un tiempo muy reducido, pues solo tendría tres legislaturas ordinarias para trabajar. “Se pueden hacer reformas constitucionales, sí, pero solo parciales, el plazo no alcanzaría para que se haga más”, comenta.
Indica que uno de los temas que debe priorizarse en el Parlamento es la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, dado que desde su instalación, en 1996, no se ha cumplido una continuidad en lo periodicidad de los tribunos.
“Inicialmente se eligieron a siete magistrados, pero luego el gobierno de Alberto Fujimori expulsó a tres vocales, con lo cual el Tribunal quedó mutilado. Recién en el 2001 se integró a tres magistrados, lo cual generó una línea de tiempo distinta respecto a los otros cuatro, pues los segundos terminaban su período en un tiempo distinto a los primeros. Más adelante, en los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala, no se eligió a los tribunos en el año que debía hacerse, hasta llegar al punto que en el 2013 solo había uno con derecho para seguir en el cargo (Óscar Urviola), y seis por elegir”, menciona.
Señala que debe debatirse la modalidad en la elección de los miembros del Tribunal, pues si bien en el Congreso disuelto se designó a algunos juristas que tenían contactos con los parlamentarios, el modelo meritocrático también tiene un problema que radica en la tergiversación de la que fue víctima, pues en la práctica el Congreso terminó maltratando a los letrados que, tras pasar una serie de exámenes, llegaban al pleno.
“Los congresistas que entrevistaban a los candidatos lo hacían desde un plano de superioridad. Con qué nivel un congresista que – por ejemplo – falsifica sus estudios va a debatir con un abogado que está encargado de interpretar la Constitución. A nadie le gusta que lo humillen”, menciona.
REFORMAS
Asimismo, Freddy Centurión considera complicado que se realice la reforma electoral, aunque refiere que es primordial debatir la forma de representación en el Congreso, pues en la elección del 2016 Fuerza Popular alcanzó 73 escaños con el 39 % de los votos en primera vuelta, mientras que la agrupación que ganó los comicios presidenciales solo obtuvo 18 curules.
Además, apunta que no ve factible que el próximo Congreso elimine la inmunidad parlamentaria, mas sí considera que debe limitarla, pues es una figura que protege al congresista ante cualquier persecución ocurrida en virtud de su labor fiscalizadora, pero que ha terminado convirtiéndose en sinónimo de impunidad.
INFORMALIDAD
Por otro lado, Alvitez Monteza menciona que el nuevo Congreso debería tener en propuestas legislativas su agenda que ayuden a enfrentar la informalidad en el sector empresarial.
“Actualmente constituir una empresa en el Perú demora entre 21 y 24 días, mientras que en Chile tarda solo un día y en Finlandia dos horas. ¿Por qué nos demorarnos tanto si en otros países lo hacen en mucho menos tiempo?”, cuestiona.
Explica que es inadmisible que para la búsqueda y reserva de un nombre (primer paso para el proceso de constitución de una empresa) el empresario se tarde entre uno a tres días, cuando eso podría hacerse en dos minutos si se digitaliza, lo mismo que la elevación de la minuta en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, la cual tarda siete días hábiles.
Añade que el Congreso también debe trabajar en comunicar lo que hace, pues se han emitido normas positivas como la Ley Nº 30309 – Ley de Promoción de la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica, pero el emprendedor por lo general no conoce de estos beneficios.
“Es cierto que el Congreso ha dado leyes en favor de la innovación, pero no se están comunicando adecuadamente. Estas normas no las conoce el pueblo. En Lambayeque hay 81 mil negocios, de los cuales solo 138 son grandes empresas, medianas 56 y el resto son Micro y Pequeña Empresa - MYPE, pero si tú le preguntas a alguno de los MYPE si conoce los beneficios que brinda el Estado, te dirán que no”, asevera.
Asimismo, menciona que también deben hacerse esfuerzos por comunicar el Decreto Legislativo Nº 1269, por medio del cual se establece el Régimen MYPE Tributario que agrupa a quienes obtienen rentas de tercera categoría y sus ingresos no superan las mil 700 Unidades Impositivas Tributarias – UIT.
INCENTIVOS
Añade que debe legislarse desde el Congreso normas que brinden beneficios tributarios a los pequeños empresarios, ya que las estadísticas revelan que existen 200 mil negocios informales, lo cual representa un promedio mayor (80 %) al de la media nacional de 66 %.
“Si tenemos ese nivel de informalidad es porque algo estamos haciendo mal. Tal es este la situación que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, se hospedó en Lambayeque. Desde el Congreso pueden hacerse cosas para que el empresario ya no haga tantas colas, pague de forma virtual y, por ejemplo, se le deduzcan los impuestos del último mes si paga de forma puntual sus impuestos”, comenta.
AFP
Por otro lado, Alvitez Monteza menciona como tema pendiente para el próximo Congreso la reforma del sistema de pensiones, la cual no debe involucrar necesariamente la devolución del dinero de las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP, a los pensionistas, pues eso generaría inestabilidad económica.
“Hay congresistas que proponen legislar para la devolución de todos los aportes, eso me parece adecuado, siempre y cuando haya un límite. Una alternativa razonable sería que pueda retirarse parte del fondo y que sea destinado hacia un banco, bajo una cláusula de que no puedas retirar todo tu dinero”, indica.
Explica que si todos los pensionistas empiezan a retirar sus fondos, habrá mucho dinero en el mercado y eso propiciaría la desvalorización de la moneda, lo cual a la postre generaría inflación. “Si la idea es quitarle a las AFP el fondo, está muy bien, pero otra entidad lo debe resguardar”, anota.
ELECTOR
Marco Alvitez refiere que en los próximos comicios los electores deben analizar los antecedentes de los candidatos, incluidos los penales, así como su formación académica y las propuestas que ofrecen, las cuales deberán ser diferenciadas de simple populismo.
A su turno, Centurión González apunta que el elector no debe dejarse llevar por la oratoria del candidato, sino por su eficacia, sobre todo si ya ha sido parlamentario.
“La eficacia de un congresista no se mide necesariamente por su producción legislativa, porque hemos visto casos de proyectos donde piden que se declare de interés histórico las supuestas momias humanoides de Nasca. Un legislador puede tener 120 proyectos, pero ¿cuántos se convierten en leyes y de estas cuántas se llegan a aplicar? Hay otras funciones como la de representar y fiscalizar, cuestiona.
Señala que espera de este próximo Congreso sangre nueva, lo cual no implica necesariamente cuestiones etarias, pues pueden haber personas que no sean jóvenes, pero con las competencias necesarias para formar parte del parlamento.
“El elector en principio debe informarse, si el sistema político peruano no representa adecuadamente a la ciudadanía ni resuelve los problemas sociales, no solamente es culpa de los gobernantes, sino también de nosotros por haberlos elegido”, sentencia.
El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseveró que la gestión de su gobierno está dirigida a generar crecimiento y bienestar a todos los peruanos con transparencia y responsabilidad. Al presidir la ceremonia de presentación de las medidas del gabinete conducido por Vicente Zeballos, indicó que el Poder Ejecutivo afrontó una crisis política y abrió una nueva etapa.
Sostuvo que para hacer frente a este reto y reencausar al país, el Ejecutivo estableció cinco ejes de gobierno, que fueron plasmados en un decreto supremo en 2018 y que son la hoja de ruta seguida desde el primer día.
Dichos ejes, precisó el mandatario, comprenden la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional, el crecimiento económico, desarrollo social y regionalización.
Asistieron a la ceremonia gobernadores regionales, alcaldes del interior del país, representantes de los partidos políticos, gremios empresariales y sociedad civil.
"Este acto es la expresión firme y clara de nuestro más alto respeto y consideración al pueblo peruano", puntualizó el jefe del Estado.
REACTIVACIÓN DE OBRAS
El presidente Martín Vizcarra anunció que el gobierno ha acogido la propuesta de decreto de urgencia de la Contraloría, con medidas de inmediata aplicación para la reactivación de obras paralizadas a escala nacional.
Según explicó, la reactivación de obras paralizadas es una de las medidas que lleva adelante el Ejecutivo en cumplimiento del Plan de Gobierno.
"Gestionamos día a día, sin descanso, para atender las demandas y necesidades de los peruanos, pero este esfuerzo requiere del aporte de todos: instituciones, empresarios, trabajadores, estudiantes, peruanos de costa, sierra y selva pueden y deben aportar a esta causa", enfatizó.
A su turno, el presidente del Consejo de Ministros señaló que el gobierno se ha propuesto la meta de culminar en el 2024, como máximo, la ejecución de los 52 proyectos comprendidos en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad.
Indicó que estos proyectos representan unos 100 mil millones de soles en inversiones.
“Queremos sacar adelante estos 52 proyectos que serán culminados como máximo en el 2024”, anotó.
Refirió que se tienen que destrabar las obras de inversión pública, pues actualmente existen 867 obras paralizadas que representan más de 16 mil millones de soles.
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
Vicente Zeballos dijo que a fines del presente gobierno el 100 % de los peruanos contará con un seguro de salud, objetivo que se sustenta en los derechos fundamentales.
Dijo que pronto se emitirá un Decreto de Urgencia sobre el aseguramiento universal y que en el 2020 se destinará un presupuesto de 900 millones de soles para concretar ese objetivo.
Citando cifras de la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD, el funcionario recordó que a la fecha hay cerca de cuatro millones de peruanos sin ninguna cobertura de seguro en salud. En tanto, el 88.36 % de los ciudadanos ya tiene algún tipo de cobertura.
El titular del Consejo de Ministros manifestó que en la búsqueda del desarrollo social de todos se ha identificado que uno de los principales problemas de la población es el acceso a los servicios de salud y por eso "nos hemos propuesto trabajar por el acceso universal al aseguramiento".
Además, Zeballos anunció que en los próximos días el Ministerio de Salud – MINSA, presentará un modelo de cuidado integral de la salud para las personas, familias y comunidad en general.
Dicho plan se culminará este año, se implementará el año 2020 y para el 2021 debe estar funcionando en su totalidad, aseguró.
SUELDO MÍNIMO
El presidente del Consejo de Ministros precisó también que el gobierno promoverá un aumento de la Remuneración Mínima Vital – RMV, para el primer trimestre del 2020.
“Como gobierno promoveremos para el primer trimestre del próximo año, un incremento de la Remuneración Mínima Vital ante el Consejo Nacional de Trabajo que obedezca al real costo de vida de todos los peruanos”, manifestó.
Adelantó, además, que el Ministerio de Trabajo, con la validación del Consejo Nacional, promoverá un Decreto de Urgencia que institucionalice un proceso periódico y regular la evaluación y determinación de la Remuneración Mínima Vital.
“Esto en base a criterios objetivos y técnicos, aislando los ajustes de la negociación política y otorgando predictibilidad a todas las partes”, subrayó.
TÍA MARÍA
Asimismo, aseguró que el gobierno no impondrá el proyecto minero Tía María en la región Arequipa.
"Reafirmamos que nuestro gobierno no va a imponer el proyecto minero Tía María sino existen las condiciones ambientales y sociales para su desarrollo", enfatizó.
Asimismo, anunció que una comisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA, hará una supervisión documentaria in situ para evaluar si las condiciones de viabilidad contenidas en el estudio de impacto ambiental del proyecto aún sigue vigentes.
Tras recordar que el Consejo de Minería, que es autónomo del Poder Ejecutivo, se expresó sobre Tía María, dijo que el Ejecutivo reconoce la importancia de la inversión privada social y ambientalmente responsable, que beneficie a la población local, regional y nacional.
ELECCIONES LIMPIAS
Vicente Zeballos, dijo también que es decisión del gobierno garantizar la imparcialidad absoluta de las elecciones congresales que se desarrollarán el 26 de enero del 2020.
Por ello, remarcó, desde el Ejecutivo se garantizarán los fondos que necesitan para la realización del proceso electoral y no participará en ninguno de los actos que promuevan los partidos que participan en las elecciones.
"Nos comprometemos a que ninguna instancia del Estado sea utilizada para favorecer o perjudicar a alguno de los participantes en esta contienda", añadió Zeballos.
"Ese país que soñamos sí lo podemos lograr, pero requiere de nuestra unidad y compromiso, ya hemos hecho grandes cosas", enfatizó tras remarcar que hay reserva moral para ello.
"Hay miles de funcionarios y trabajadores públicos que apuestan por el país y que nunca han estado comprometidos en un hecho de corrupción. Hay muchísimos jueces y fiscales honestos, correctos que administran justicia eficientemente", refirió.
De igual forma, subrayó que hay empresarios, emprendedores, trabajadores, agricultores, jóvenes y estudiantes que se esfuerzan por estudiar, trabajar y salir adelante y que incluso actúan como voluntarios en decenas de actividades.
"Todos ellos son hombres y mujeres que apuestan por un nuevo país", puntualizó Zeballos.
CONOCER A LOS CANDIDATOS
Del mismo modo, anunció que en diciembre próximo se publicará la Plataforma de Seguimiento de Candidatos que participarán en las elecciones parlamentarias del 2020 para un voto mejor informado.
Indicó que dicha medida forma parte de los compromisos asumidos por el gobierno en la lucha contra la corrupción.
Mediante dicha plataforma, Zeballos precisó que, el electorado podrá obtener información sobre los procesos penales, corrupción, tráfico ilícito de droga y terrorismo, que afrontan los candidatos que postulan a las elecciones congresales del 2020.
"En diciembre, se publicará la Plataforma de Seguimiento de Candidatos, que permitirá a la ciudadanía acceder a información clave sobre los procesos penales corrupción tráfico ilícito de drogas y terrorismo, que afrontan los candidatos que postulan a las elecciones congresales extraordinarias 2020", sostuvo.
Asimismo, dijo que el Poder Ejecutivo se encuentra trabajando en un conjunto de normas que regularán la política de regalos y cortesías en la administración pública, en la consolidación de un marco normativo sobre las declaraciones juradas de intereses y se creará el sistema administrativo de integridad.
De otro lado, señaló que uno de los retos al 2021 es lograr que todas las áreas naturales y zonas de amortiguamiento protegidas por el Estado estén libres de narcotráfico y minería ilegal.
Reconstrucción
De otro lado, refirió que las obras y proyectos vinculados a la reconstrucción de la infraestructura dañada por el Fenómeno del Niño Costero adquirirán un nuevo impulso.
“El nuevo impulso en la Reconstrucción se manifiesta con la incorporación, a partir de la fecha, de parte del equipo directriz de los Panamericanos Lima 2019 en la conducción de esta entidad”, subrayó.
Indicó que hasta la fecha se ha transferido más de 10 mil 600 millones de soles para la atención de seis mil 610 intervenciones y 37 mil 621 soluciones de vivienda, en 13 regiones.
“Este año se tienen previsto culminar cerca del 50 % del total de intervenciones financiadas, es decir alrededor de tres mil intervenciones y para el año 2020 esperamos culminar más del 75 % de intervenciones previstas”, puntualizó.
Fuente: Andina.
Según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES, del 2017, el porcentaje de niños de seis a 35 meses con anemia en el Perú alcanza al 44.4 %. Esta cifra se ha mantenido casi igual en los seis años anteriores al 2017: en el 2012 (44.5 %), 2013 (46.4 %), 2014 (46.8 %), 2015 (43.5 %) y 2016 (43.6 %).
Estas cifras se acentúan en el plano rural, donde el 2012 la anemia alcanzó el 53 %; el 2013, 51.7 %; el 2014, 57.5 %; el 2015, 51.5 %; el 2016, 53.4 %; y el 2017, 52.6 %.
“Este gobierno se fijó como meta ambiciosa reducir la anemia al 19 %, pues cuando está por encima del 20 % se considera un tema de salud pública y sobre el 40 % de salud pública grave, pero es importante que cada gobierno regional también se ponga su meta y diga a cuánto aspira bajarla”, comenta Lena Arias Ramírez, oficial de Nutrición del Programa Mundial de Alimentos.
Según datos de la Gerencia Regional de Salud – GERESA, en Ferreñafe el 46 % de los niños menores de cinco años tiene anemia, en Lambayeque el 35 % y en Chiclayo el 27 %.
HIERRO DE CALIDAD
Al respecto, revela que una de las causas de estas cifras es el bajo consumo de hierro hemínico de calidad, pues se necesitan 10 miligramos por kilo de peso corporal en menores de tres años, pero el consumo promedio en el Perú está entre tres y cuatro.
Explica que no todas las fuentes de origen animal proporcionan un hierro de calidad, ya que este se encuentra principalmente en las carnes rojas, las vísceras, la sangrecita y los pescados de carne oscura; a diferencia del pollo, el huevo o la leche, alimentos en los que este mineral se encuentra en menor concentración.
“Por lo general las carnes rojas son más caras que las blancas, lo cual hace que muchos hogares no puedan acceder a su consumo. Sin embargo, hay otros alimentos como las vísceras que sí son cómodos. Aquí el problema es que no siempre podemos encontrarlas en los mercados, por lo que el reto es trabajar con los diversos sectores productivos para que los abastezcan siempre de productos con alto contenido de hierro”, sostiene.
Indica que, además de la deficiencia del consumo de hierro, la anemia también puede darse por otras causas como las enfermedades genéticas o crónicas. Sin embargo, corresponden a un porcentaje mínimo, pues los índices de anemia se reducen considerablemente cuando se trabaja la prevalencia del hierro.
ACCIONES
Arias Ramírez asegura que desde el Programa Mundial de Alimentos se accionan distintas iniciativas para ayudar al Estado Peruano a reducir los índices de anemia, sobre todo en articulación con el sector privado.
Uno de estos es el programa ‘Empresarios por el Hambre Cero’, mediante el cual buscan que los fondos de responsabilidad social de las organizaciones sean destinados a cruzadas contra la malnutrición y la anemia, tendiendo un puente con el sector gubernamental.
“Hay corporaciones que, pese a ser muy grandes, tienen dentro de su planilla a colaboradores, cuyos hijos padecen anemia y problemas de nutrición, pues esta deficiencia no distingue de estratos sociales”, comenta.
Asimismo, menciona que otra de las acciones que ha tomado el Programa Mundial de Alimentos es la emisión del programa ‘Cocina con Causa’, el cual se transmitía todos los viernes a través del canal del Estado y presenta recetas e historias de vida que han generado cambios en la nutrición de las familias.
“Para emitir este programa tuvimos todo el respaldo del Ministerio de Salud – MINSA, y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, gracias a los cuales recorrimos distintas partes del Perú difundiendo información para mejorar los hábitos alimenticios de la población para combatir la anemia”, sostiene.
DIETA
La especialista explica que un niño menor de tres años debe tener un equilibrio entre carbohidratos, grasas y proteínas, todo lo cual debe ser parte de una combinación de alimentos de origen animal.
“Los peruanos no tenemos una dieta deficiente en la mayoría de nutrientes, en lo que debemos mejorar es en la inclusión de alimentos de origen animal, particularmente los ricos en hierro hemínico. Está bien que consuman huevos y lácteos, pero por lo menos cuatro veces a la semana deben recibir un alimento rico en hierro como las carnes rojas, vísceras y sangrecita”, sostiene.
Agrega que, si bien puede ser complicado para algunas familias cubrir la canasta básica familiar con el sueldo mínimo vital (930 soles), cuando existe información adecuada se pueden distribuir acertadamente los recursos hacia una buena nutrición.
“Es importante escoger qué vas a consumir y para quién está dirigido el alimento, pues un niño no necesita un filete de 500 gramos, sino una porción más pequeña, entonces la madre puede decidir: en vez de comprar medio kilo de carne, llevar a casa una menor cantidad y usar el restante para adquirir fideos y algún otro producto. Además, debe también priorizar, no podrá darle carne a toda la familia, pero sí, por lo menos, al menor de tres años que está en la etapa más crítica del crecimiento”, sostiene.
Apunta que los suplementos de multinutrientes entregados por el Estado – las conocidas chispitas – son efectivos en la reducción de la anemia, siempre y cuando se acompañen de otros alimentos ricos en hierro.
DESNUTRICIÓN CRÓNICA
A diferencia de la anemia, Arias Ramírez señala que la desnutrición crónica sí ha disminuido considerablemente, pues en el 2005 era del 25 % y ahora está en aproximadamente 12 %.
Explica que la desnutrición crónica no siempre está asociada a la anemia, sino más bien al estancamiento del crecimiento del niño, la cual no solo se percibe en la estatura, sino en que los órganos vitales como el cerebro reducen su crecimiento.
Señala que a comparación de otros países, el Perú está mejor que Chile, Ecuador, Bolivia y Brasil en materia de desnutrición crónica.
Según el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, el Perú se encuentra por encima de Bolivia (16 %), Nicaragua (17.3 %), Panamá (17.3 %), Honduras (22.6 %), Ecuador (25.3 %) y Guatemala (46.5 %).
Además, según el ENDES del 2017, el cual divide en cinco cuantiles los estratos sociales (muy pobre, pobre, no pobre, rico y muy rico), el porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de cinco años es de 27.8 %, 11.6 %, 6.5 %, 3.9 % y 2.9 %, respectivamente.
FACTORES EXÓGENOS
Por otro lado, apunta que hay evidencia de que la deficiencia en agua y saneamiento es un factor importante en la prevalencia de desnutrición crónica, por lo que el Estado ha emprendido el Programa Nacional de Saneamiento Rural.
“Hay una tarea de los gobiernos locales por mirar de cerca a las poblaciones rurales que son las responsables de las Juntas Administradoras de Agua, pero es innegable que se ha mejorado. El reto hoy está en la selva, donde la situación es mucho más compleja”, asevera.
MITOS
Por otro lado, Arias Ramírez menciona que hay una serie de mitos que son necesarios desterrar respecto a la nutrición. Apunta que uno de ellos es la creencia de que todo producto rojo como la betarraga o el rabanito mejora la hemoglobina, lo cual no es cierto.
Añade la creencia de que consumir hojas verdes ayuda a combatir la anemia. “Es cierto que tienen un poco más de hierro, pero para cubrir las necesidades alimenticias sería necesario comer kilos y kilos de albaca o espinaca, por eso insisto en el consumo de alimentos ricos en hierro de origen animal”, asevera.
Adiciona el relacionado al arroz plástico dentro del arroz fortificado, lo cual señala no tiene ningún fundamento científico, pues el proceso de fortificación consiste en convertir los granos de arroz partido en harina, al cual se le añade micronutrientes y por medio de un proceso industrial se vuelve a formar el grano. “El arroz plástico no existe”, indica.
“Por lo general solo entre un 1 % y 3 % del arroz que llega al plato son granos fortificados. Desde el punto de vista práctico para nadie sería rentable hacer arroz de plástico, pues cada uno de estos costaría más que uno fortificado”, sostiene.
La especialista aconseja que luego de consumir alimentos ricos en hierro, como las carnes, arroz o las lentejas, se evite tomar café, pues inhibe parte de la absorción del hierro.
A mes y medio de que la Gerencia Regional de Trabajo de Lambayeque transfiera totalmente el área de fiscalización a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, el gerente Abel Gonzales Sánchez afirma que se han inspeccionado a tres mil 600 Micro y Pequeñas Empresas – MYPES, en lo que va del año, de las cuales alrededor del 30 % han sido sancionadas.
Explica que estas sanciones obedecen a la renuencia para formalizar de sus trabajadores, la inasistencia a comparecencias y el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo.
“Antes nos encargábamos de la inspección de todas las empresas, incluidas las del régimen general. Sin embargo, ahora solo vemos a las MYPE y ya hemos avanzado en el proceso de trasferencia del área de fiscalización para que desde el 13 de diciembre la SUNAFIL se haga cargo de esta labor”, menciona.
Refiere que antes la Gerencia de Trabajo contaba con ocho inspectores, pero ahora solo cuenta con dos para todo el departamento, los cuales no se dan abasto para cubrir a todas las MYPE, lo que ha hecho que haya un número considerable de expedientes sin resolver. No obstante, apunta que están avanzando para lograr una transferencia saludable y ya solo dedicarse a las orientaciones.
La transferencia obedece a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 069-2019-TR, del 1 de marzo de este año, mediante la cual se establece que las competencias de funciones, personal, y acervo documentario, así como la fiscalización inspectiva y potestad sancionadora del gobierno regional pase temporalmente a la SUNAFIL.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gonzales Sánchez indica que una de las sanciones más emblemáticas que han impuesto es a la Municipalidad Provincial de Lambayeque, la cual obedeció a la muerte de un obrero de limpieza pública por no contar con el respaldo de los implementos de seguridad y salud en el trabajo. Dicha sanción correspondió a una multa por más de 629 mil soles.
“Nosotros orientamos a las organizaciones tanto públicas como privadas para que mejoren sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo, no para que eviten las sanciones, sino los accidentes que pueden ocasionar un daño irreversible”, menciona.
Apunta que de forma conjunta con la SUNAFIL también inspeccionaron una fábrica de reciclaje camino a Lambayeque en la que encontraron a trabajadores encerrados bajo llave en un almacén.
“Incluso encerraron a nuestro personal de fiscalización durante 30 minutos para intentar ocultar las pésimas condiciones en las que laboraban sus trabajadores, pues la falta de higiene y seguridad era evidente”, sostiene.
Afirma que por ahora la gerencia no certifica a las empresas que cumplen con los estándares de seguridad y salud en el trabajo, pero se está trabajando para emitir dichos documentos, pues es una política del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
TRABAJO INFANTIL
Del mismo modo, comenta que en lo que va del año han detectado a tres empresas que mantenían a menores de edad trabajando. Refiere que justamente uno de estas es la fábrica recicladora, donde hallaron a un niño de nueve años.
Menciona que las otras empresas donde se encontraron menores laborando fue en una ladrillera camino al sector Chacupe en La Victoria, una empresa dedicada a la extracción de yeso en Mórrope y un restaurante en las inmediaciones del terminal de Ormeño.
Explica que todos estos operativos se realizan en conjunto con la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, Migraciones y el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Prevención del Delito. Las multas impuestas ascienden a 200 mil soles por cada menor encontrado, las mismas que no son reducibles.
FOMENTO DEL EMPLEO
Por otro lado, Gonzales Sánchez indica que este año se han inscrito seis mil jóvenes en el programa del Certificado Único Laboral para Jóvenes – CERTIJOVEN, cifra que esperan aumentar en dos mil más al culminar el año.
Refiere que este programa tiene por objetivo que los jóvenes de entre 18 a 29 años pueden sacar sus antecedentes policiales, judiciales, certificados de estudios y de trabajo (en caso haya tenido alguno) de forma gratuita.
Comenta que para acceder a este beneficio solo hace falta que el joven se acerque con su Documento Nacional de Identidad – DNI, al Centro de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo, donde le otorgarán un usuario y una contraseña, con lo cual podrá acceder a cualquier convocatoria de manera oportuna, ya sea en una entidad pública o privada.
Afirma que también trabajan en mesas de diálogo con las personas con discapacidad en aras de promover su empleabilidad, a través de la bolsa de trabajo o la Semana del Empleo, actividades en las que han convocado a empresas que requieren contar con este personal.
“Uno de los problemas que hemos detectado es que las empresas ponen requisitos muy elevados en el perfil para una persona con discapacidad, limitando así su acceso”, comenta.
PARALIZACIONES
Por otro lado, indica que este año han sido 10 los gremios sindicales que han solicitado ante la Gerencia de Trabajo la autorización para realizar una paralización, de las cuales solamente se les ha brindado la autorización a dos: al gremio de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lambayeque y a los de la empresa Agroindustrial Cayaltí.
Apunta que, en el caso de la paralización del Sindicato de obreros de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, esta fue declarada ilegal porque el gremio no podía dejar de lado las áreas vulnerables de la ciudad en aspectos como el recojo de la basura, además que no avisaron con la suficiente anticipación al empleador.
Añade que, aparte de autorizar las paralizaciones, también la gerencia interviene como mediador para encontrar una solución pacífica a las medidas de protesta, tal como ocurrió con los trabajadores de la Agroindustrial Cayaltí, quienes se encontraban siete meses impagos, pero tras la mediación se llegó al compromiso de que la empresa cumpla con el pago progresivo de las remuneraciones devengadas, beneficios sociales y cuotas sindicales en un plazo de seis meses.
CONSTRUCCIÓN CIVIL
De otro lado, señala que este año se han desarrollado dos mesas de diálogo con los sindicatos de construcción civil, una a inicios de año en Pomalca y otra entre mayo y junio, en la que solo participaron cuatro directivas de los 52 inscritos formalmente.
Explica que de los 52 sindicatos inscritos, 42 son los que se encuentran en actividad. Para trabajar en el rubro, el sindicato debe tener la autorización de la gerencia y contar con el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil – RETCC, a fin de ser habilitado para formar parte de una obra.
“Lo que nosotros hacemos es orientar al sindicato para que se formalice y pueda acceder de manera pacífica a una obra de construcción civil”, sostiene.
Asimismo, señala que tienen en cartera varios proyectos como abrir una dependencia del Centro Integrado Formaliza Perú para asesorar a los empresarios en materia de formalización, así como instituir el Consejo Regional de Trabajo, en el cual deberán participar representantes del sector público, privado, sindicatos de empresas como Electronorte, EPSEL, las municipalidades, universidades, entre otros.
El Estado Peruano, con la Ley de Alianzas Público – Privadas – APP, concesionó hace diez años la ejecución de la Autopista del Sol, vía que debe conectar a Sullana con Trujillo para descongestionar la Panamericana Norte. Pese al tiempo transcurrido, los avances de la obra, concesionada a CONVISOL, llegan solo al 43 %. ¿La razón? Según un informe de la Contraloría General de la República, no se ha entregado la totalidad de terrenos para los trabajos.
Siendo así, el balón está en cancha de la Oficina de Derecho de Vías de Provías Nacional, que es la responsable de la liberación y entrega de áreas (servidumbres) para que la concesionaria proceda a la construcción de los tramos.
FALTA DE PAGOS
Lo que sucede, actualmente, es escandaloso. José Carlos Torres Coronado, jefe zonal de Provías – Lambayeque, señala que hasta el momento, aun cuando han pasado diez años desde la entrega de la concesión, la entidad no cumple con el pago total de los justiprecios a los afectados, lo que permitiría la disponibilidad de áreas para la construcción de la autopista.
Por ejemplo, en el Tramo VI, que abarca desde Guadalupe hasta Cerro Blanco, aproximadamente entre el kilómetro 702 y 717 de la Panamericana, hay 215 afectados a quienes debe justipreciarse los terrenos que se tomarán para la ejecución de la obra. Hasta el momento solo se ha cumplido con el pago a 97 de estos, faltando 118, quienes teniendo expediente de pago aún no reciben el desembolso correspondiente.
En el tramo que abarca del kilómetro 723 al 742, específicamente es el límite de Lambayeque con La Libertad – Peaje de Pacanguilla, se ubican 96 afectados. Únicamente han sido compensados 49.
En el tramo del kilómetro 742 al 747 hay 164 afectados. Solamente se ha pagado a 89, mientras que en el Tramo VII, de los 514 afectados que se encuentran en dicho trayecto, solamente se ha pagado a 83. Es decir, quedan 431 propietarios a los que debe atenderse.
Otro tramo que está por ejecutarse es el de Mocupe, donde las afectaciones a la municipalidad y al centro de salud aún no han sido compensadas. En esa zona se va a construir un óvalo con dirección norte-sur.
“En el caso de Reque no hay un trazo definitivo todavía. A pedido de la población se ha planteado la modificación del trazo original. Eso todavía está en observación y no ha sido aprobado por el área de Derecho de Vías”, justifica Torres Coronado.
INFORME DE CONTRALORÍA
La Contraloría General de la República realizó un proceso de control concurrente para determinar si la ejecución de la rehabilitación y la entrega de terrenos para la ejecución de las obras obligatorias de la Autopista del Sol, correspondientes al tramo Evitamiento Chiclayo-Lambayeque, se desarrollan de acuerdo a lo establecido en el contrato de concesión y la normativa aplicable.
De la revisión efectuada, se identificó una situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de objetivos vinculados a la inversión.
“El concedente no ha cumplido, a la fecha, con la entrega de terrenos necesarios para la ejecución de la obra obligatoria del Evitamiento Chiclayo-Lambayeque, de acuerdo a los plazos estipulados en el contrato de concesión, lo cual genera retrasos en el inicio de su ejecución en perjuicio de los usuarios de la vía concesionada”, señala el informe de control concurrente.
La Contraloría señala que el Acta de Entrega Parcial del tramo Piura-Sullana fue suscrita el 3 de octubre del 2014 y el plazo máximo para la entrega de terrenos, dentro de los que se encuentran los correspondientes a Evitamiento Chiclayo-Lambayeque, era de 240 días. El plazo venció el 31 de mayo del 2015.
Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por el concedente –según el informe de Contraloría– la longitud de predios por liberar: 13.86 kilómetros (que representan un 53.78 % del total), se terminará “a más tardar en diciembre del 2019”.
Ante ello, la Contraloría ha recomendado al Ministerio de Transportes (MTC) adoptar “acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional”, para lograr los objetivos de entrega de terrenos.
“Debe comunicar al Órgano de Control Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Control Concurrente”, se menciona.
LA CONCESIÓN
Según información del Organismo Supervisor de la Inversiones en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, el inicio de la concesión de la Autopista del Sol fue en el 2009, con un tipo de financiamiento autosostenible y un plazo de concesión de 25 años.
En un último reporte de OSITRAN, sobre inversiones reconocidas en los contratos de concesión a setiembre 2019, se indica que la Autopista del Sol presenta un avance del 43.12 %. En lo que va del año –a setiembre– se han invertido cuatro millones 592 mil 695 dólares. Solo en septiembre se gastó un millón 700 mil 661 dólares.
Desde el inicio de la concesión hasta la fecha se ha invertido 171 millones 639 mil 308 soles, incluidos impuestos.
EL PROYECTO
La Autopista del Sol corresponde al tramo de la Panamericana Norte, desde el kilómetro 557+011 hasta el kilómetro 1032+000, que abarca las ciudades de Trujillo, Chiclayo, Piura y Sullana. La carretera es originalmente de una calzada y tiene una extensión de 475 kilómetros. En su recorrido se encuentran cinco estaciones de peaje y tres estaciones de pesaje.
“El proyecto generará un ahorro de aproximadamente dos horas en el recorrido del trayecto entre Sullana y Trujillo, con el consiguiente ahorro en los costos de operación de los vehículos de transporte comercial y privado, mayor seguridad para los usuarios de la vía, así como para los pobladores de las ciudades que se beneficiarán con la construcción de las vías de evitamiento”, señala la concesionaria.
Se añade que la Autopista del Sol fortalecerá el desarrollo de la región norte del Perú y del país en su conjunto, “ya que constituye un eje de integración de las regiones de La Libertad, Lambayeque y Piura con los ejes binacionales; propiciará el crecimiento comercial y económico, impulsará la agroindustria, la minería y el turismo. El proyecto persigue contribuir con el desarrollo del eje turística en las áreas de influencia de la denomina Ruta Moche, con manifestaciones arqueológicas y culturales muy importantes como: Chan-Chan, Huacas del Sol y de la Luna, El Brujo y Pakatnamú, entre otras; así como playas emblemáticas del norte peruano como Colán, Norura, Santa Rosa, Pacasmayo, Pimentel, San José y Huanchaco, entre otras”.
OBRAS
De acuerdo a información de la concesionaria, el proyecto comprende la ejecución de ocho tramos de carretera de segunda calzada, con una longitud de 174 kilómetros en el tramo Trujillo – Chiclayo y Piura – Sullana; nueve evitamientos de dos calzadas con excepción del evitamiento de Piura.
Asimismo, mil 800 metros lineales de puentes, pontones, pasos a desnivel e intercambios viales, dos estaciones de peaje y 40 puentes peatonales.
Actualmente, la concesionaria trabaja en la segunda calzada de la autopista, sub tramo Paiján – Pacasmayo. El año pasado se realizó el intercambio vial La Legua, el tramo evitamento Chocope, el tramo continuo San José de Moro – Mocupe, el paso a desnivel Relleno Sanitario – Reque y el evitamiento Piura.
En el 2017 se trabajó en el tramo continuo Mocupe – Chiclayo, así como la construcción del paso a desnivel Chiquitoy. En el 2016 el Puente Canal Dren y el intercambio vial – desvío Paita. En el 2013 se realizó el tramo continuo Piura – Sullana.
En el Perú existen dos mil 94 circunscripciones territoriales. Esa es la sumatoria del total de distritos (mil 874), provincias (196) y departamentos (24). De estas, el 80 % no tiene límites definidos por ley, principalmente en la costa y sierra. La diferencia con la selva es que muchas de las circunscripciones son de creación reciente.
La ausencia de límites definidos al interior del territorio nacional es un problema que se arrastra desde el nacimiento de la República. De hecho, la nueva de demarcación territorial es del 2002 y esta señala que les compete a los gobiernos regionales analizar el territorio y sanearlo.
LÍMITES INTERDEPARTAMENTALES
En el caso de Lambayeque, la demarcación de límites con los departamentos vecinos se encuentra en un proceso avanzado, que de continuar con los pasos establecidos en la norma podría originar que a inicios del 2020 se cierren los acuerdos con Piura, Cajamarca y La Libertad, respecto a las delimitaciones.
Por ejemplo, con Piura, se tiene el 100 % del tramo de límites saneado y el acuerdo entre los gobernadores regionales ya fue suscrito. Solo se espera que dichos acuerdos sean ratificados por los consejos regionales para adquirir rango de ley.
Con Cajamarca, los acuerdos de límites a nivel de equipos técnicos están al 70 %. Con el vecino departamento falta definir las fronteras concernientes a Ferreñafe y Chiclayo con las provincias de Santa Cruz y San Miguel. Actualmente existe un área de controversia debido al proyecto de creación del distrito de Udima, en jurisdicción de Cajamarca, cuya extensión se superpondría sobre espacios considerados dentro de la provincia de Chiclayo, en las nacientes del valle del río Zaña.
Respecto a La Libertad, el tramo de límites está saneado y los acuerdos a nivel de equipos técnicos se encuentran al 95 %. El asunto pendiente entre Lambayeque y La Libertad es el de Punta Chérrepe, cuya pertenencia – como se ha demostrado histórica y documentalmente – es a la provincia de Chiclayo.
SENSIBILIZACIÓN DE AUTORIDADES
Gisella Santibáñez Anto, subsecretaria de Demarcación y Organización Territorial de la Presidencial del Consejo de Ministros – PCM, comenta que el objetivo con las nuevas autoridades regionales y locales, que ingresaron a gestión hace diez meses, es se pueda emprender un proceso de largo aliento para continuar en la tarea del establecimiento de límites en las circunscripciones a nivel nacional.
“Hemos encontrado buen ánimo en ellas y esperamos que ese buen ánimo se mantenga durante todo el período de gestión, porque parte del trabajo que está haciendo justamente la PCM es visitar departamento por departamento y sensibilizar e informar sobre este trabajo a todos los actores. Vemos un escenario interesante para cerrar todos aquellos procesos en los que ya falta muy poco”, menciona.
De acuerdo a la norma vigente, para que un proceso de establecimiento de límites se concrete de manera eficaz debe sustentarse en dos herramientas: el Estudio de Diagnóstico y Zonificación – EDZ, en el que se identifica la situación particular de límites y organización territorial de una provincia; y el Saneamiento y Organización Territorial – SOT, documento que contiene los expedientes individuales de las acciones de demarcación necesarias para el saneamiento de límites y la organización del territorio que hayan sido declaradas procedentes. Ambos son elaborados por el órgano técnico de demarcación territorial del gobierno regional y aprobados por el consejo regional, previa opinión favorable de la Secretaría de Demarcación y Ordenamiento Territorial de la PCM.
LA ADECUACIÓN
Empero, existen casos de autoridades que han acordado la definición de límites sin seguir los pasos establecidos por la norma técnica, lo que les resta legalidad, mas no legitimidad. Al respecto, Santibáñez Anto refiere que se trabaja para que dichos acuerdos se adecúen a lo establecido por el marco legal, a fin de preservar la expresión de voluntades entre las partes.
“Todo acuerdo de límites debe encuadrarse en procesos que la propia normativa establece, pero en la PCM también somos conscientes que ha habido mucha desinformación en el trámite de estos procesos que a veces son complicados, multiactor y por eso estamos tratando de buscar mecanismos que permitan que donde hay acuerdos o logros avanzados se pueda retomar, pero ya con lo que dice la norma. Esos acuerdos deberían ser inválidos, pero como estamos formulando el nuevo reglamento de la Ley de Demarcación Territorial, estamos tratando que los acuerdos previos se adecuen”, explica.
La labor se centraría – añade – en la ratificación de los avances por parte de los consejos regionales.
“La idea es involucrar a los consejos regionales y que sean ellos quienes tomen la decisión política de que aquellos procesos avanzados o acuerdos previos se incorporen al proceso regular. Para eso estamos dando una disposición muy específica, que justamente permitiría que aquellos acuerdos de límites que se hayan hecho en años posteriores puedan incorporarse en el expediente de Saneamiento y Organización Territorial, a fin de salvarlos”, manifiesta.
REQUISITOS MÍNIMOS
En lo que sí es muy clara la norma es en que no se admiten concesiones. Esto, sobre todo para la creación de nuevas circunscripciones territoriales.
Por ejemplo, entre el 2016 y el año pasado se presentaron en el Congreso de la República tres iniciativas legislativas para la creación de distritos en Lambayeque. La primera, el Proyecto de Ley N° 0217/2016-CR, presentado por el excongresista Héctor Becerril Rodríguez, para la creación del distrito de Pampa Grande, que se desmembraría de Chongoyape.
Dicho proyecto carece de viabilidad, debido a que uno de los requisitos para la creación de nuevas circunscripciones es que exista una dinámica poblacional creciente y de acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, la población de Pampa Grande no crece.
Otro caso es el del Proyecto Legislativo N° 2787/2017-CR, para la creación del distrito de Penachí, al separarse de Salas, presentado por el excongresista Marvin Palma Mendoza y, por insistencia, por los exlegisladores Milagros Takayama Jiménez y Héctor Becerril Rodríguez. El proyecto también es inviable, debido a que propone que el distrito nazca con una capital de 572 habitantes.
De acuerdo a la norma vigente, una nueva capital distrital debe tener, como mínimo dos mil 500 habitantes.
Eso sucede también con el Proyecto Legislativo N° 3433/2018, para la creación del distrito de Tongorrape, al desprenderse de Motupe, también presentado por Milagros Takayama. La iniciativa planteó crear el distrito con una capital de 748 habitantes.
Actualmente, a nivel nacional existen en promedio 400 distritos con menos de 500 habitantes.
A ello se suman dos proyectos legislativos más: la creación de la provincia de Zaña, que incluiría a los actuales distritos de Oyotún, Nueva Arica, Cayaltí, Zaña y Lagunas; y la creación de la provincia de Olmos. Ambos son del 2016.
En tiempos recientes se han presentado más de 160 proyectos de ley para la creación de distritos y ninguno ha calificado de acuerdo a los requisitos que establece la norma. Por otro lado, de mil registros de límites distritales que existen en el país, solo 156 han calificado como tal.
TAREA DEL EJECUTIVO
“Se necesita mayor educación y orientación y la PCM tiene la tarea de salir a explicar los procesos. Lo que planteamos es que con el próximo congreso podamos trabajar con la Comisión de Descentralización a fin de coordinar acciones. Hay muchas propuestas que son populistas y no tienen mayor fundamento. Lo que queremos es informar a la población y que esta tenga una idea, por lo menos, general del tema, de tal manera que cuando escuche ofrecimientos referidos a la demarcación de límites o creación de nuevas circunscripciones, sepa claramente qué es posible y qué no”, menciona.
Anota que otro aspecto que se debe tener muy presente es que la creación de nuevas circunscripciones no necesariamente significa la asignación de nuevas cargas presupuestales al Estado. Una nueva provincia o un distrito reciben el presupuesto que proporcionalmente se recorta a la jurisdicción de la cual se desprenden.
“La definición de límites es una tarea estrictamente del nivel ejecutivo en sus distintos niveles (nacional, regional y municipal). El apoyo de los actores políticos es importante, pero las competencias son estrictamente ejecutivas”, manifiesta.
Ante los pobres resultados del proceso de reconstrucción en el departamento, tras el Fenómeno El Niño Costero 2017, el vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque y presidente de la Asociación Regional de Exportadores – AREX, Olivio Huancaruna Perales, cuestionó la ineficacia de los responsables de la ejecución de proyectos y reconoció que las organizaciones de la sociedad civil no han hecho lo suficiente para lograr que se agilicen las obras.
Según el reporte presentado por el gerente regional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, Ángel Pérez Santa Cruz, el gobierno nacional – a través de sus ministerios – deberá ejecutar en Lambayeque mil 774 millones de soles, de los cuales se han transferido hasta este mes 239 millones, aproximadamente el 31 %.
El Gobierno Regional de Lambayeque tiene el encargo de ejecutar 974 millones, pero hasta el momento solo ha recibido la transferencia de 58 millones, de los cuales solo 12, el 21.6 %, ha gastado.
A nivel de gobiernos locales, el total a transferir asciende a 542 millones en todas las municipalidades distritales y provinciales, de los cuales se ha desembolsado 191 millones y gastado 102 millones.
AUTOCRÍTICA
“Lo que pasa con la reconstrucción amerita una autocrítica, porque no corresponde sino un calificativo de ineficientes, porque no hemos hecho lo suficiente para que las cosas se concreten. Yo no sé qué es más dañino, ¿si la corrupción o la ineficiencia? Avanzar con la reconstrucción no está en manos, criterio ni voluntad de nuestra burocracia. La burocracia no le puede echar la culpa a los demás de que no se hagan las cosas. Sus resultados son un adefesio”, cuestiona el representante del empresariado.
Tras el Niño Costero, para el departamento han sido asignados, en total, tres mil 338 millones de soles para financiar mil 138 intervenciones de reconstrucción y prevención ante situaciones similares a las ocurridas en el verano del 2017.
“Nos dieron tres mil millones de soles pero no se ven en absoluto. Dicen que la plata está en la caja, que está ahí, pero no nos han dado la clave o la llave para gastarla. ¿Qué hacemos? Rascar las puertas de la caja y no se logra nada. ¿Quién tiene la llave? La burocracia. El día en que se logre destrabar la caja, ya no habrá plata”, refiere.
RESPONSABILIDAD DE TODOS
De acuerdo a información dada por Pérez Santa Cruz, la mayor lentitud en la ejecución de los recursos de la reconstrucción se ubica en los ministerios y programas del gobierno nacional, principalmente para la realización de proyectos en salud, educación, transportes, vivienda y agricultura. Otro cuello de botella se ubica en los gobiernos regionales y municipios.
“Esto no puede seguir así, todos queremos un Perú mejor, todos queremos una región desarrollada. ¿Cómo es posible que no hagamos lo que nos toca y que pase un año, dos años, tres años y hasta ahora no se hayan concretado obras realmente de impacto para nuestras ciudades y encima le echemos la culpa a otros por nuestra ineficacia? Quienes forman parte de la burocracia no merecen ocupar los cargos que tienen, porque cada año se muestran en contra del desarrollo, en contra de la región, del país, de la gente”, reclama Huancaruna Perales.
El presidente de AREX Lambayeque lamenta que no exista de parte de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios voluntad de reconocer que hasta el momento son mínimos los avances en el departamento, si se compara los resultados obtenidos en Piura y La Libertad.
“¿Dónde está la autocrítica de los responsables de la reconstrucción? Ya hemos perdido mucho tiempo y reconozco que desde la cámara también hemos perdido tiempo, por eso estamos donde estamos. Ya no se trata de venir a engañarnos, de buenos modales, de abrazos. No. Hay que decir las cosas como son. No tiene sentido que siga pasando el tiempo, que se consuman los presupuestos y no se haga nada. Los de la reconstrucción nos dicen 10, 20 verbos, pero ninguno de esos significa que se están haciendo las obras físicas, solo hablan del escritorio y el papel. Nos dicen: ‘Estamos evaluando’, ‘Estamos coordinando’, pero nunca dicen: ‘Esto estamos haciendo ahora’. Nunca hablan de metas físicas”, asevera.
Finalmente, el dirigente de los exportadores señala que faltan pocos meses para el inicio del 2020, la situación del departamento difícilmente cambiará.
“Lambayeque, por los problemas de siempre, es como un cadáver y nosotros, me incluyo, somos los médicos legistas. Ya empieza el 2020 y seguiremos en lo mismo. Es necesario que se sinceren las cosas y los responsables de la reconstrucción nos digan cómo podemos ayudar para que las obras avancen, porque lo que está haciendo la burocracia, consumiendo recursos y postergando las obras, no tiene nombre”, enfatiza.
Luego de haber concluido exhaustivas órdenes de fiscalización de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, con resultados óptimos en los períodos 2014 (OF160011497110), 2015 (OF 170011551590) y 2016 (OF 180011588490), el ente recaudador declaró procedente la devolución dineraria a favor de la empresa Alimenta Perú SAC.
La SUNAT, el 12 de julio pasado, emitió la Resolución N° 012-0180-0019684, amparando la solicitud de devolución presentada por Alimenta Perú SAC por concepto de saldo a favor del Impuesto a la Renta - Tercera Categoría, correspondiente al período 2016, por la suma de 564 mil 993 soles, con cheques emitidos por el Banco de la Nación.
Asimismo, con Resolución SUNAT N° 012-180-0019759, del 19 de julio, se procedió a la devolución por concepto del saldo del Impuesto Temporal de los Activos Netos – ITAN, por 98 mil 244 soles.
Del mismo modo, por Liberación de Fondos de Detracciones, acumuladas entre enero y julio, la empresa recibió la devolución de 680 mil 407 soles.
LA EMPRESA
Fundada en el 2010 en Chiclayo, Alimenta Perú SAC desarrolla sus operaciones a nivel nacional, especialmente en Lima y en la zona norte del país. La compañía, de capitales lambayecanos, provee productos de consumo masivo de alta rotación como azúcar, aceites, arroz, harinas y otros, contando con distribución exclusiva de los productos que fabrican los ingenios azucareros del departamento a través de su red de mercadeo, con puntos de venta estratégicos y una amplia lista de clientes de prestigios.
“Alimenta Perú es una empresa que ya tiene 11 años en el mercado lambayecano, tiene operaciones a nivel nacional, inclusive hemos tenido operaciones internacionales con Alemania y Estados Unidos. Nosotros estamos actualmente trabajando en lo que es el rubro de comercialización, en el rubro de alquiler de maquinaria y dando trabajo a gente de la zona”, señala Euler Zune Montalvo, gerente general de la empresa.
La compañía se ha convertido, en la actualidad, en uno de las fortalezas económicas y técnicas en el proceso de reflotamiento de la Empresa Agroindustrial Tumán, toda vez que ha otorgado a esta una línea de crédito como anticipo de ventas, lo que permite que la azucarera cumpla con el pago de planillas, reparación de fábrica, renovación de campos y disponga de maquinaria.
“Alimenta Perú es parte del Grupo Flores y precisamente el accionista mayoritario, Ernesto Flores Vílchez, es uno de los cinco inversionistas que trabajan en la recuperación productiva y económica de la excooperativa”, remarca Zune Montalvo.
CUMPLIMIENTO CON EL ESTADO
El funcionario destaca que las cifras de la empresa están en azul y se respaldan con los Informes de Auditoria Internacional de Pazos, López de Romaña, Rodríguez SCRL - BDO y Baker Tilly Perú.
Además, Alimenta Perú ha ganado premios “Empresa Peruana” en el 2016 y 2017, otorgado por el Colegio de Administración de Lima y Latinoamérica, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Ricardo Palma.
También ostenta el Premio Internacional 2018 a la Buena Gestión Empresarial dado por la CONACO en México.
“Alimenta Perú siempre ha cumplido no solo con sus obligaciones tributarias, sino de también con sus obligaciones laborales y eso está demostrado en las diversas auditorias que nos han hecho no solamente la SUNAT, también las auditoras que son empresas internacionales que han certificado todas las operaciones económicas de la empresa. Estamos certificados”, refiere.
El gerente general manifiesta que las devoluciones autorizadas por la SUNAT confirman el desarrollo de operaciones transparentes por parte de la firma.
“Para nosotros ha sido como nuestro certificado de buena conducta. Eso significa que somos una empresa que hace las cosas bien y que es reconocida no solamente por las cosas internas que hacemos, sino también para agentes externos, sobre todo por el Estado Peruano. Estamos cumpliendo y actuando en el camino correcto, eso es para nosotros. Además, SUNAT nos ha nombrado principales contribuyentes eso nos puede dar fe de la calidad de cumplimiento que tenemos con ellos”, indica Euler Zune.
Alimenta Perú mantiene relaciones comerciales con bancos como el BBVA Continental y el GNB, la Caja Metropolitana de Lima y con entidades internacionales como JEBSEN & JEBSEN y CAT Financial.
Otro aspecto que se destaca del desempeño de la compañía es que no mantiene adeudos con la seguridad social ni el sistema de pensiones público y privado.
SEGUIR INVIRTIENDO
Euler Zune manifiesta que las empresas que trabajan desde la formalidad y honrando sus compromisos con el Estado deben seguir invirtiendo para generar empleo, bienestar y desarrollo en el país.
“Mi llamado a los empresarios es que sigan apostando por esta región. Lambayeque es una región en la cual hay mucho futuro, hay mucho por hacer. Creo que la descentralización que se ha dado en el Perú es una mejor muestra que hay y tanto ciudades como Chiclayo y como Piura están en amplio crecimiento. Que el empresario peruano siga apostando por esta zona”, remarca.
