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DEBIDO A LA CUARENTENA FOCALIZADA: AUMENTAR脕 MOROSIDAD EN EL SECTOR MICROFINANCIERO

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1191

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  • El año pasado, las financieras cerraron con un índice de morosidad de 10.8 %.
  • En algunas financieras los desembolsos bajaron de 80 % a 65 % entre diciembre del año pasado y enero del presente.

 

La segunda ola por el COVID-19 motivó que desde el gobierno central se tomara nuevamente como medida de contención la implementación de una cuarentena, aunque esta vez focalizada. Esto ha hecho que distintos sectores productivos se vean perjudicados, lo cual ha ido en detrimento de la banca, toda vez que los empresarios debieron reprogramar nuevamente sus deudas y otros simplemente dejaron de pagar ante la presión financiera que generó el cierre temporal de sus negocios. En esa línea, un informe de Semana Económica da cuenta sobre cómo esta nueva cuarentena generaría presiones en los resultados de las microfinancieras, a través de mayor morosidad y nuevos plazos de reprogramación.

 

Según el informe, al cierre del año pasado las financieras alcanzaron un índice de morosidad del 10.8 %, mientras que las cajas municipales cerraron con 5.08 %.  La diferencia entre ambas radica en que los programas de apoyo financiero a las Micro Y Pequeñas Empresas – MYPE, impulsados por el gobierno central, mantuvieron controlada la morosidad en las cajas.

 

Cautela

Este año el sector microfinanciero volverá a tener un crecimiento minoritario por las restricciones de la crisis sanitaria, lo cual generará que focalicen sus colocaciones solo en aquellos clientes con mejor perfil crediticio, para disminuir los riesgos.

Algunos de los entrevistados por Semana Económica, como Ralph Guerra, director ejecutivo de Compartamos Financiera, señalaron que a diciembre del año pasado se alcanzó un nivel de desembolso del 80 %, pero con la cuarentena en enero se bajó nuevamente a entre el 60 % y 65 %.

En esa línea, el gerente general de Financiera Efectiva, Juan Carlos de Alcázar, indicó que este año será de mucha competencia, pues habrá menos sujetos de crédito en el mercado, lo cual originará una disputa por dicho cliente.

“Los clientes que vendrán son los de mejor calidad y los que ya tenemos en el portafolio, es decir, los de buen comportamiento de pago”, aseguró.

Por su parte, Omar Maldonado, director de la clasificadora de riesgos Apoyo & Asociados, mencionó que entre el 3 % y 5 % de la cartera ya programada por las financieras y cajas municipales podría caer en mora.

 

Reprogramación de deudas

Asimismo, Ramiro Postigo, gerente central de Finanzas y Planeamiento de Caja Arequipa, destacó que el 2020 se reprogramaron alrededor del 70 % de las deudas de las MYPE, cifra que para diciembre ya había disminuido a entre el 30 % y 35 %. Sin embargo, esta ineludiblemente aumentará este año y serán necesarios mayores plazos para las reprogramaciones.

En virtud de ello, la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS, permitió la prórroga del pago de las deudas por tres meses adicionales, aunque para eso serán necesarias mayores provisiones, a fin de resguardar la cartera. Por ejemplo, Juan Carlos de Alcázar menciona que las provisiones en su entidad fueron de 43 millones de soles en diciembre, pero para enero se hizo un adicional de 34 millones.

 

Gobierno

Para paliar esta situación, el gobierno central anunció la creación de un nuevo Programa de Apoyo Empresarial para las MYPE, el cual contará con un fondo de dos mil millones de soles para promover el financiamiento de capital de trabajo hasta por 36 meses, con un período de gracia de un año.

El ministro de la Producción, José Luis Chicoma Lúcar, explicó que este nuevo programa combina los mecanismos del Fondo de Apoyo Empresarial – FAE MYPE, y Reactiva Perú, con la finalidad de garantizar los créditos de capital de trabajo de los sectores productivos.

En el caso de los créditos hasta 20 mil soles, el gobierno dará un aval que garantizará el pago de hasta el 98 %, mientras que en los créditos de hasta 60 mil soles, el aval será del 90 %. Todo esto se traduce en bajas tasas de interés.

No obstante, no pueden participar las empresas vinculadas a las entidades financieras que otorgan el crédito ni aquellas comprendidas en casos de corrupción o inhabilitadas para contratar con el Estado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE.

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NIEGA DOLO EN DEMANDA DE H脕BEAS DATA: PJ DA LA RAZ脫N A ABOGADO JOS脡 ASUNCI脫N

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1191

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  • ICAL, en la gestión de José María Balcázar, lo sanción a través del Comité de Ética por un hecho que ha sido desestimado en el Poder Judicial.
  • Abogado anuncia acciones legales contra Balcázar Zelada y Elmer Fustamante.

 

El Poder Judicial, a través del Juzgado Penal Unipersonal de Talara, que despacha el juez Omar Reyes Jiménez, de le dio la razón a los abogados José Asunción Reyes, gerente general del Estudio Jurídico Asunción y Abogados, y a Daniela Campaña Sampén, integrante de dicho estudio, al absolverlos de la imputación por el presunto delito contra la fe pública - falsificación de documento privado, en la modalidad de uso de documento falso. Por dicha imputación, ambos fueron sancionados por el Ilustre Colegios de Abogados de Lambayeque – ICAL, de manera arbitraria.

 

En tal sentido, Asunción Reyes advierte el inicio de acciones penales, demandas civiles indemnizatorias y el resarcimiento moral y económico contra el exdecano del ICAL, José María Balcázar Zelada, y el expresidente del Comité de Ética de la orden profesional, Elmer Fustamante Gálvez, quienes impusieron sanción en su contra, inhabilitándolo para el ejercicio de la profesión.

El Consejo de Ética del ICAL emitió una resolución en la cual se les impuso, tanto a José Asunción Reyes como a Daniela Campaña Sampén, la inhabilitación por dos años para el ejercicio profesional al haber incurrido supuestamente en faltas éticas previstas en el Inciso 1 del Artículo 6 y el Inciso 10 del Artículo 20, del Código de Ética del Abogado.

Sin embargo, las presuntas faltas éticas han quedado desvirtuadas con la decisión del juzgado de Talara.

 

Firma

El Ministerio Público solicitaba dos años de pena privativa de la libertad para ambos abogados por presuntamente haber falsificado la firma del ciudadano Ramón Risco Vite al presentar el 15 de septiembre del 2016 una demanda de Hábeas Data en representación suya ante la Oficina de Normalización Provisional – ONP, a fin de requerir copias certificadas del Expediente Administrativo N° 00201032793.

La demanda interpuesta fue redactada el 9 de septiembre del 2016 y estaba suscrita por los abogados Asunción Reyes, Campaña Sampén y Elizabeth Segura Vásquez. En esta se contenía la presunta firma de Ramón Risco Vite. Sin embargo, tal como consta en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, el administrado había fallecido el 23 de enero del 2016.

Al respecto, Asunción Reyes señaló que su estudio jurídico no tuvo conocimiento del fallecimiento de Risco Vite, quien meses antes, en pleno uso de sus facultades, había autorizado la acción de Hábeas Data.

Según la defensa legal de Asunción Reyes y Campaña Sampén, el Ministerio Público presumía que la firma plasmada en la demanda atribuida a Risco Vite era falsa solo porque fue presentada meses después a su fallecimiento, pero en vida el suscrito había contratado los servicios profesionales de los letrados, con la finalidad de que el estudio consiguiera el recálculo de sus pensiones.

“No se pretendía sorprender a la ONP con documentación falsa; se pretendía solicitar información para el recálculo de la pensión del señor Ramón Risco Vite, por eso se solicitó copias del expediente administrativo a efectos de analizar su caso y, luego de un análisis jurídico, plantear las acciones legales, pero la ONP hizo caso omiso, es por ello que se promueve la acción de Hábeas Data. Si esto es así, no se puede cuestionar que la demanda no correspondía a la voluntad de Risco Vite, porque fue presentada a favor de él y como un acto válido”, alegó César Quiroga Odiaga, abogado de los acusados.

 

Análisis

Para el juez Omar Reyes Jiménez no hubo duda e incluso consideró que no era necesaria una pericia grafotécnica previa para concluir que el documento, es decir, la demanda de Hábeas Data, contenía un hecho falso, toda vez que en esta se presentaba a Risco Vite como una persona viva, que pretendía copias de su expediente administrativo, por lo cual se cumplían todos los elementos objetivos del tipo penal por el que se acusó a Asunción Reyes y Campaña Sampén.

Sin embargo, el juzgador señaló que al ser la falsificación un delito de figura dolosa el inconveniente verdadero radicaba en definir en qué consiste el dolo en esta clase de delitos. Tras la revisión de fuentes académicas, expuso en los argumentos de su sentencia que se puede afirmar que una persona actúa con dolo cuando, además de conocer que el documento es falso, sabe que puede ocasionar un perjuicio.

“En el caso materia de análisis, en mérito a la prueba actuada en juicio, no se ha podido determinar que el uso del documento falso, consistente en la interposición de la demanda de Hábeas Data para obtener copias de parte de la ONP un expediente administrativo, para así evaluar si la pensión que gozaba el señor Risco Vite había sido otorgada, tomando en cuenta todos sus años de aportación, haya tenido la conciencia y voluntad de querer causar un perjuicio a la ONP. Tampoco se advierte que exista la posibilidad de causar un daño a esta entidad estatal. En consecuencia, corresponde afirmar que no concurre el elemento subjetivo del tipo penal imputado”, indicó.

En virtud de ello, el juez Omar Reyes Jiménez absolvió a los letrados, que habían sido acusados. En el caso de Elizabeth Segura Vásquez, el Ministerio Público había retirado la acusación fiscal, por lo que el juzgador solo aprobó el retiro de la misma.

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L脫PEZ ALIAGA ES UN CASO AT脥PICO EN LA POL脥TICA PERUANA: CANDIDATO POSTULA PARA EVITAR QUE SE REPITA EN PER脷 LA TRAGEDIA DE VENEZUELA Y SUBE EN LAS ENCUESTAS

Escribe: Semanario Expresi贸n
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  • El candidato presidencial de Renovación Popular propone trasladar la presidencia de Lima a Junín.
  • Rafael López Aliaga se precia de ser el único candidato que no es político.

 

Rafael López Aliaga, candidato en pleno repunte para las próximas elecciones presidenciales del 11 de abril, afirmó que el Perú ya vivió una tragedia similar a la de Venezuela y que solo pasando por “sobre su cadáver” y el de la mayoría de peruanos cabría la posibilidad que este desastre se repita.

 

Orígenes

Su historia empezó desde cero y se convirtió en uno de los hombres más acaudalados del Perú. A regañadientes, reveló que su fortuna supera los mil millones de dólares, pero más de la mitad de esta la ha donado a programas sociales, en especial de alimentación, salud y educación.

Reveló que su deseo de postular a la presidencia del Perú se produjo hace algunos meses, cuando vio los estragos causados por la división política en el país, la corrupción, los monopolios y la ineficiencia. Así, dejó de lado sus empresas, refundó el partido Solidaridad Nacional y pasó a ser Renovación Popular, donde formó un equipo capaz para asumir quizás el reto más formidable de su vida.

Con 60 años, López Aliaga es un hombre que se hizo solo. Estudió en la universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y trabajó moliendo caña de azúcar para juntar dinero y poder graduarse como ingeniero industrial en la Universidad de Piura, a la que calificó de excelente labor académica.

A los 19 años dio un giro a su vida y asumió el celibato para dedicarse a Dios. Desde entonces no ha parado. Y su plan de gobierno se basa en un programa que pone énfasis en el hambre cero, salud, educación y libertad de empresa, todo ello en el marco de un enfoque social cristiano.

 

Polarización

Muchos consideran que las próximas elecciones del Perú, en la que por ahora hay 16 candidatos y dos tachados, pero con opción de apelar, serán una lucha entre la izquierda y la derecha y una batalla crucial en la que se asegura que el eje de Venezuela, Maduro y Cuba tratarán de establecer una cabecera de playa en un nuevo país.

“En el Perú no van a volver las ideas de Venezuela, pues ya pasaron”, exclamó López Aliaga. “Ya vivimos las expropiaciones, la inflación, el terrorismo y la corrupción. No vamos a permitir que en el Perú ocurra lo mismo que en Venezuela. Hemos sufrido tanto para superar esas etapas que no vamos a retroceder. La población no lo va a permitir. Ni hablar”, continuó.

 

Empresas

López Aliaga hizo su fortuna centavo a centavo, desde el nivel más bajo moliendo caña, hasta siendo empleado en un banco local, donde el sueldo le alcanzaba solo para tener un traje que enviaba a la lavandería los viernes en la noche y lo recogía el domingo para ir a trabajar bien atildado el lunes a primera hora de la mañana.

En la Universidad de Piura se había graduado con el primer puesto, su trabajo en el banco fue destacado y luego ingresó a las ligas mayores, cuando fue contratado por CityBank. Más adelante, pasó a la corporación de Dionisio Romero, por entonces el hombre de mayor fortuna en el Perú.

Tras manejar la parte de inversiones de la compañía, decidió bailar con su propio pañuelo: abrió un banco de inversiones, luego adquirió una empresa de trenes quebrada del tramo Cuzco-Puno y la convirtió en un ferrocarril de alta gama. Construyó seis hoteles de cinco estrellas, invirtió en hidroeléctricas y ganó y compartió sin pausa.

 

Atípico

A lo largo de su historia republicana, que llegará a los 200 años este 28 de julio, el Perú ha tenido 55 presidentes, cuatro en el último período, todos ellos con diferentes profesiones: ingenieros, arquitectos, economistas, abogados, militares, pero nunca un gerente. En consecuencia, la administración del Estado fue siempre un desastre: injusta, corrupta, ineficiente, trabada y burocrática.

Las propuestas de López Aliaga son atrevidas, toman por las astas una situación desesperada como consecuencia de la pandemia y del caos político provocado por el fujimorismo, desde que Keiko Fujimori perdió las elecciones del 2016 y provocó la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

“No soy político, soy empresario, me he forjado solo y tengo 45 años de experiencia trabajando en la empresa privada y en el gobierno público; he construido mil 400 kilómetros de vías férreas, mis empresas emplean a 10 mil personas y me especializo en tomar decisiones urgentes al instante”, explicó López Aliaga.

 

Propuestas

“Si salgo elegido presidente, lo primero que voy a hacer será resolver el hambre de la población con el apoyo del voluntariado de los jóvenes; enfocarme en la seguridad ciudadana, el cuidado de la salud con la reactivación de las postas médicas, la educación y la eficiencia en el gasto”, resaltó

También hay otros planes de mayor envergadura, como por ejemplo mover la presidencia de Lima a Junín. El centralismo en el Perú es tan clamoroso, que Lima supera los 10 millones de habitantes, y los departamentos que más se acercan son La Libertad y Piura con dos millones cada uno.

“Al mover el poder al centro del país cambiarán las cosas, se creará una red de autopistas que replicará en cierta forma la ancestral vía de unión de los Caminos del Inca”, explicó López Aliaga.

“Se podría crear una ciudad inteligente en las campiñas de Junín, se propiciará un inmenso desarrollo en la sierra y construiríamos un aeropuerto internacional que descongestionaría el de Lima, que ya no da más. Nuestro modelo es Brasilia”.

Asimismo, planteó unir ministerios y repartirlos de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, llevar el Ministerio de Cultura al Cuzco. Propuso un tren de costa a costa de más de dos mil 300 kilómetros, desde las fronteras con Ecuador y Chile, para abaratar el transporte de carga y pasajeros con energía limpia.

De igual forma, señaló que en Lambayeque se podría ubicar al Ministerio de Agricultura para desarrollar grandes proyectos de desarrollo agrícola, que potencie al norte peruano con toda la producción que desde los departamentos del norte y nororiente conecten con el departamento.

Sobre la problemática de industria azucarera de Lambayeque, resaltó que estas volverán a sus trabajadores, pero no serán ellos quienes las manejen, serán gerenciadas por los mejores especialistas en administración de empresas y que se buscaría no solo la siembra de caña sino que se apostaría por otros cultivos alternativos que aseguren el desarrollo sostenido para los miles de trabajadores de las alicaídas empresas azucareras.

Por otro lado, López Aliaga adelantó que de ser elegido presidente la primera dama sería una mujer ejecutiva, que se encargaría de apoyar los programas solidarios.

 

Encuestas

Al comienzo de su campaña, hace unos meses, López Aliaga no aparecía en las encuestas y ahora asegura que figura como el número uno, aunque el sondeo de Ipsos que publican los medios nacionales lo ubica en quinto lugar y a quien consideran como el puntero de las encuestas es a George Forsyth, exarquero de Alianza Lima, con 11 %, representando a Victoria Nacional.

Confesó que lleva recorridos 19 de los 25 departamentos que tiene el Perú y revela que cada vez que visita uno nuevo sube en las encuestas.

“Mi objetivo es ganar la presidencia y tener un buen número de congresistas en el parlamento”, explicó López Aliaga. “Me tomó 90 días elegir entre 500 personas a los 160 candidatos, todos pasaron por un riguroso tamiz. Me acompaña gente que trabaja y que tiene un compromiso con el Perú”.

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TIENEN DIFERENCIAS ABISMALES: CIFRAS COVID-19 ENTRE EL MINSA Y REGIONES NO CUADRAN

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1191

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  • La Red de Medios Digitales del Perú analizó los reportes y conversó con los directores y responsables de la información.

Al escándalo de las tan pontificadas “listas nominales” del MINSA, con las cuales se debía vacunar al personal de primera línea en las diferentes regiones y provincias, y que ahora están siendo cambiadas –incluso a mano- se suma la diferencia de las cifras entre las que día a día sube el sector de Salud a través de la Sala Situacional Covid-19, día a día y las que exhiben, también de manera oficial, las direcciones o gerencias.

La situación es dramática toda vez que esta información indica no solo el número de muestras, casos positivos y negativos, sino también el número de personas fallecidas siendo las diferencias abismales entre las cifras del Minsa nacional y las cifras de las direcciones o gerencias regionales.

Tal es así que el científico matemático Ragi Burhum, voluntario de Opencovid-Perú (grupo de científicos e investigadores que analiza datos oficiales sobre la pandemia para informar al Perú) ha advertido que existe una diferencia entre los datos abiertos de los diferentes organismos del Estado sobre la pandemia. Así también ha señalado que, frente a la actual cuarentena que es focalizada, no se han especificado los valores de los indicadores diarios que permiten saber por qué se entra o se sale de una cuarentena pidiéndole transparencia al gobierno.

“Hemos encontrado falencias en la información y también lamentablemente errores en la seguridad de los datos lo cual es poco negligente y nos preocupa la cantidad de procesos manuales que existen en la generación de los reportes y hay muchos más problemas. Uno de ellos, es el desfase de las cifras entre el Minsa nacional y las Diresas o Geresas, siendo ambas instituciones del Estado”.

Asimismo, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, en declaraciones anteriores confirmó que el Gobierno ha solicitado al Ministerio de Salud hacer un nuevo esfuerzo para sincerar las cifras para que la población conozca el número real de defunciones por el virus en el Perú.

En ese sentido remarcó que, varias de las víctimas murieron en sus viviendas al no poder ser trasladadas a un centro de salud, por lo que no se les pudo realizar una prueba de descarte. Aseveró que dichos casos son considerados como “casos sospechosos”.

La Red de Medios Digitales del Perú, ha preparado este informe –de siete, de las nueve regiones que la integran- basado no solo en cuadros estadísticos sino también buscando la opinión de quienes están al frente de las Salas Situacionales del covid-19 y que enfrentan la muerte de los peruanos y a los familiares de quienes ingresaron con vida a los hospitales y muchas veces, no vuelven a salir.

Nota: Si bien las cifras comparativas de los cuadros, corresponden al día lunes 8 de febrero del 2021, éstas son un reflejo de los reportes anteriores y los que se siguieron dando hasta que se publicó este informe.

 

Piura

El titular de la Dirección Regional de Salud – DIRESA, de Piura, Eddy Leyva Villalonga, señaló que las cifras de la Covid-19 que maneja el Ministerio de Salud – MINSA, presentan un desfase de al menos dos meses frente a los datos reportados por la entidad deparamental.

“Nosotros, a través de la Dirección de Epidemiología, enviamos data diariamente al CDC MINSA, pero ellos tienen otros parámetros de evaluación y tienen un desfase de más o menos 2 a 3 meses. Mientras nosotros tenemos ahorita más de 81 mil casos confirmados, ellos tienen 54 mil. Nosotros reportamos ahorita 3.9 % de letalidad y ellos, 4.9 %. Esos datos son de noviembre”, sostuvo Eddy Leyva durante el acto de recepción del primer lote de vacunas Sinopharm para la región Piura.

El director de Salud agregó que esta situación de desfase es similar en otras regiones. Según dijo, “todas las regiones nos hemos quejado, hemos mandado documentos reiterativamente [para] que pongan la data actual, [pero] no podemos tener mayor injerencia en el nivel central”. Consideró, además, que esto va a afectar directamente en la distribución de las vacunas en las regiones.

 

Puno.

El presidente del Cuerpo Médico del Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, Stalin Ramos, solicitó al Ministerio de Salud realizar un esfuerzo para sincerar ante la población el número real de defunciones por el virus en el Perú, especialmente en la región Puno.

Dijo que le sorprendió que hasta el 8 de febrero MINSA reportó 501 fallecidos, y la Dirección Regional de Salud Puno registró 1031 muertos por covid.

A su parecer, existe descoordinación entre el Ministerio de Salud y DIRESA Puno, por ello existe un desfase en el conteo de cifra de fallecidos a causa del Covid-19.

Indicó que, para la adecuada catalogación de la región ante Covid-19, se tiene que informar las cifras reales por parte de las dos entidades que rigen la salud, no tiene que haber ocultamiento de datos para maquillar la gestión del gobierno nacional o gobierno regional.

 

Ayacucho

En conversación con el director regional de Salud Elvyn Diaz Tello con la página digital Ensartes de Ayacucho, el funcionario reconoce que existe en efecto una diferencia entre las cifras que proporciona el Ministerio Nacional de Salud y las que entrega la Dirección Regional de Salud de Ayacucho.

Dicha diferencia se debería, afirma Elvin Diaz, a la actualización de los datos que hace cada entidad, la DIRESA tiene los datos más actuales porque tiene la información de primera mano, el ministerio en cambio recibe esta información con un retraso que podría estimarse de entre uno o dos días, indica el funcionario.

 

Cusco

El medio digital CuscoPost habló con el Director de Inteligencia Sanitaria de la GERESA Cusco, médico Javier Ramírez, para indagar sobre la gran diferencia entre los acumulados de las estadísticas que muestra la sala situacional del Ministerio de Salud – MINSA, y la sala situacional de la entidad regional.

Ramírez indicó que de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 171-2020-MINSA que indica la Directiva Sanitaria para el manejo de cadáveres por Covid-19, el personal de salud hace un control exhaustivo de todos los fallecidos de la región a quienes, luego de determinar que no haya indicios de criminalidad en su muerte, se les toma la muestra de hisopado nasal para determinar si estaba infectado con coronavirus antes de morir.

Si el fallecido, da positivo a la prueba molecular y está dentro de los siete días de infección, se le registra como muerte por Covid 19 e ingresa a las estadísticas de la sala situacional. En ese sentido, todos los fallecidos diagnosticados a través de una prueba de laboratorio son contados como muertes por coronavirus. Esto en el caso de muertes ocurridas fuera de los centros de salud.

En el caso de los hospitalizados o personas que llegan con cuadro clínico de síntomas de la enfermedad a los diferentes centros de salud de la región, se les toma una prueba de descarte al momento de ingresar para determinar si el paciente estaría con complicaciones a causa del virus o serían afecciones propias de otras enfermedades que también causan muerte.

Además, según indica el funcionario, para realizar las estadísticas de la sala situacional se hace un cotejo con los certificados de defunción que emite el Sistema Informático Nacional de Defunciones – SINADEF, para actualizar la información, es por eso que muchas veces en el cuadro que publica la entidad aparece un número alto de defunciones pero este, en realidad, es un acumulado de dos días, tiempo que demora el SINADEF en emitir el certificado de defunción con la causa de muerte.

Sobre las estadísticas del MINSA señala que desconoce los criterios que tomen para llevar la cuenta, pero puede asegurar que las cifras de la GERESA Cusco son las reales que se presentan en la región.

 

Lambayeque

El reporte regional que elabora la Oficina de Epidemiología de la GERESA Lambayeque se nutre de diversas fuentes.

Al 11 de febrero, la diferencia de fallecidos en Lambayeque que reporta la Sala Situacional Covid es de mil 315 menos que la cifra consignada por el Comando Covid Sipán, que elabora la Oficina de Epidemiología.

La Sala Situacional reporta que Lambayeque tiene dos mil 78 fallecidos, mientras que el Comando Covid, tres mil 393. De estos últimos, los casos confirmados son tres mil 236 y los sospechosos 157. Aún restando el número de casos sospechosos, la diferencia es de mil 158.

En diálogo con Expresión, la jefa de la Oficina de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque – GERESA, Dafne Moreno Paico, señaló desconocer cómo es que desde el nivel central se están manejando las cifras, pero aseguró que el reporte elaborado a escala regional es el más cercano a la realidad.

Explicó que este reporte consigna la cifra de los fallecidos covid con prueba confirmada de laboratorio o de quienes hayan estado en contacto directo con casos confirmados. Para ello la GERESA cuenta con más de 200 unidades notificadoras.

“En los distritos, sobre todo en los que teníamos información que había más defunciones, hemos contactado a nuestros responsables de Epidemiología. A varios de ellos se les ha dado la contraseña para que ingresen la información al sistema, a otros les hemos pedido que nos envíen la información”, detalló.

Precisó que la información se cruza con el RENIEC, para confirmar el fallecimiento, y luego ese dato se coteja con los resultados de laboratorio, a través del sistema NETLAB.

Asimismo, destacó que se está fortaleciendo el Sistema Nacional de Defunciones – SINADEF, para lograr una mayor precisión en la cifra de decesos, lo mismo que con los equipos recojo humanitario de cadáveres.

Por su parte, el gerente regional de Salud, en calidad de encargado, Félix García Ahumada, señaló que el problema en la diferencia de cifras ha sido una constante desde el año pasado, por lo cual solicitó al Ministerio de Salud un esfuerzo por actualizar y sincerar las cifras, a fin de tener una mejor herramienta para el seguimiento epidemiológico.

 

La Libertad

En la región La Libertad también existe una enorme diferencia entre el registro de casos y de fallecidos por covid-19 que reporta la Gerencia Regional de Salud de La Libertad – GERESA, y las cifras que publica el Ministerio de Salud a través de la Sala Situacional.

A la fecha, en el número de casos, la GERESA indica que existen 35 mil infectados más que los que maneja el MINSA. Respecto de quienes han perdido la vida, la GERESA también anota que existen 1800 fallecidos más que los que indica el MINSA.

Ana María Burga Vega, responsable de la oficina de Epidemiología e Información de la Gerencia Regional de Salud La Libertad, lamentablemente tampoco halló respuesta.

“No lo sé. Nosotros registramos todos los casos. Registramos incluso los sospechosos. En el caso de fallecidos tenemos todos los certificados de defunción. Esa información la ingresamos al sistema (Notiweb). En el caso del Minsa recopila la data de fallecidos que cuentan con certificado y los casos positivos que cuentan con prueba (Covid). Minsa debería tener incluso más casos (de fallecidos) porque yo no puedo registrar casos y fallecidos de (centros de salud) privados, del ejército, sanidad. Mis casos de fallecidos difieren mínimamente del que muestra SINADEF, es que las muertes no se pueden ocultar como información, la mayoría de muertes se registran”, anotó.

Explicó también que los fallecidos como sospechosos de covid alcanzan entre un 15 y 20 % en la región, los demás fallecidos tienen prueba covid. “En los casos de pacientes positivos no puedo saberlos todos porque entre otras cosas muchos se enferman en sus casas sin acudir o llamar a un centro de salud, otro número son infectados asintomáticos que no son conscientes siquiera de tener la enfermedad, contabilizo solo lo captado en un centro de salud”, finalizó.

En cuanto a las últimas medidas dictadas para la región dijo que las decisiones del Ejecutivo se están dando de acuerdo al registro de muertes de SINADEF y que al menos con este gobierno no ha habido ninguna consulta a la región para sus decisiones, con el anterior gobierno sí.

 

Arequipa

Jorge Velarde Larico, director de Epidemiología del Minsa, precisó que Arequipa también tiene un desfase en las estadísticas sobre el Covid-19, pero que, revisando la información de otras regiones, se evidencia lo mismo. “De las 25 Diresas, Geresas y Diris del país, 20 no coinciden. Cinco que son las de Lima, del Callao de repente, porque están ahí. Después todas las demás, toditas difieren y fuerte. Habría que preguntarle al ministerio cómo hacen su chequeo de estadísticas. Nosotros lo que hacemos es bajar la información del SIS covid que son para pruebas rápidas y del Netlab que es para pruebas moleculares y eso es todo”, señala.

“Después depuramos los duplicados porque hay gente que se ha hecho tomar dos o tres veces, solamente ponemos una, de ese mismo paciente, sino ahorita ya no tendríamos un millón de pruebas sino el doble. Depuramos eso e igual hacemos con los fallecidos”, añade.

Velarde precisó que revisando las estadísticas de las otras regiones, de las 25 Diresas, Geresas y Diris del país, 20 no coinciden. “Cinco que son las de Lima, del Callao de repente, porque están ahí. Después todas las demás, toditas difieren y fuerte”, anota.

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POR PRESUNTOS MALOS MANEJOS: PIDEN QUE SE SINCERE INGRESO DE RECURSOS A LA RESERVA CHAPARR脥

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1191

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  • Fiscalía pide cárcel para directivos por tráfico de tierras.

La Reserva Privada de Chaparrí está asentada sobre tierras de la Comunidad Campesina Muchick Santa Catalina de Chongoyape. Nació como una iniciativa pionera en el país para la conservación de especies de flora y fauna, caracterizada por la presencia del bosque seco. Sin embargo, en los últimos años se ha mantenido un conflicto recurrente por el adecuado manejo de los recursos, ensombrecido por acusaciones de tráfico de tierras y delitos ambientales.

El fiscal José Tejada Ramos de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lambayeque ha solicitado al Poder Judicial llevar a juicio a varios exdirigentes de la comunidad, así como a comuneros vinculados al presunto delito contra los recursos naturales en su modalidad de delitos contra los bosques o formaciones boscosas.

Entre los denunciados están los hermanos Hermenegildo y Porfirio Torres Perales, Segundo Fabián Culqui Mendoza, Dociteo Tafur Díaz, Américo Laboreano Ramos y Juan de Dios Carrasco Fernández. Se incluye también a Genaro Vera Roalcaba y Miguel Ángel Becerra Fernández.

Para estos, la fiscalía pide cuatro años de prisión por haber modificado el paisaje natural del área de conservación de Chaparrí.

 

Reparto de tierras

“La problemática de Chaparrí viene de hace muchos años. Nosotros hicimos las denuncias el 2017 por tráfico de tierras, tala de bosques, una serie de delitos cometidos por los expresidentes. Nosotros hicimos las denuncias pertinentes y ya hay una acusación por parte de la fiscalía ante el Poder Judicial, en la cual están pidiendo cuatro años de cárcel contra aquellos que cometieron delitos contra nuestra comunidad”, señala Marco Díaz Castillo, ex vicepresidente de la comunidad campesina.

A los imputados se les sindica de haber lotizado un área en el tercer sector de la reserva, denominado El Mirador, autorizando la construcción de un canal de riego con concreto y sus respectivos ramales, alterando el paisaje natural.

En la carpeta fiscal obran recibos que acreditarían la venta de las áreas lotizadas dentro del Sector El Mirador. La construcción del canal se corroboró con el acta de constatación fiscal realizada el 15 de septiembre del 2017.

Otro hecho que cuestiona el Ministerio Público es la construcción de una trocha con corte del cerro, en el sector La Montería, con un ancho aproximado de cinco metros; le levantamiento de un cerco en un área en el que se ha habilitado una posa cubierta con geomembrana y el cambio de uso de un espacio para crianza de ganado, terreno que antes fue parte del bosque seco.

También se denuncian alteraciones en el sector La Cascada, donde se construyó una mini central hidroeléctria, además de las construcciones de ladrillo con cemento que sirven de oficinas y almacén, baños y duchas. También construcciones de madera que sirven como dormitorios. De la misma forma se verificó la remoción de tierra, que según, se iba a realizar la construcción de habitaciones de ladrillo, y áreas de bosque quemadas.

Contra Segundo Culqui Mendoza, ex directivo de la comunidad, se le cuestiona haber autorizado a la Asociación de Productores Agropecuarios La Montería, re

A Juan Carrasco Fernández, se le acusa por haber realizado alteración del ambiente, puesto que en el terreno que posee como comunero, ubicado en el Cerro Racarrumi, se ha verificado la construcción de dos ambientes de abobe sin techo terminado, solo con guayaquiles, los cuales iban a servir de hospedajes. Asimismo, se observó la construcción de una cancha de fútbol y con ello la pérdida de especies forestales en regeneración.

 

Manejo de la comunidad

Marco Díaz Castillo denuncia que en la actualidad existen otros problemas relacionados a la comunidad y a la reserva, como el relacionado con Edibar Carrasco Vásquez.

Según explica, este habría tomado la presidencia de la comunidad de forma fraudulenta tras la realización de elecciones en las que no habrían podido ejercer el derecho a voto aproximadamente 300 comuneros.

“Circuló un nuevo padrón en el que incluyó a nuevos supuestos comuneros, con personas que no son de Chongoyape, con un proceso maniatado con un juez de Paz. Registros Públicos presentó una serie de observaciones, pero faltando dos meses para que culmine su mandato como presidente de la comunidad se logró inscribir con el mandato de un juez de Paz Letrado de Pucalá. Durante esos dos meses hizo una serie de irregularidades, como permitir la minería ilegal en La Montería, la depredación de más de cinco hectáreas de roca y tierra sólida, lo cual ha sido constatado por el Ministerio de Energía y Minas, y en la actualidad se ha dedicado a repartir terrenos dentro del área de la comunidad en el sector Picón”, denuncia.

Según el comunero, Carrasco Vásquez estarían vendiendo lotes, que están marcados y con nombres, como lo ha constatado la Policía Forestal.

“Han encontrado tala indiscriminada, con un perjuicio cuantioso, pese a que Registros Públicos le ha dicho al señor Carrasco Vásquez que ya caducó su mandato y que tiene que llamar a nuevas elecciones. Hasta la actualidad no llama a elecciones y se aferra al cargo y sigue comiendo una serie de delitos, incluso difamación y calumnia contra mi persona, amenazándome al igual que a mi familia. Responsabilizo a Edibar Carrasco, así como a los señores Heinz Plenge y Javier Ruiz de estar detrás de toda esta depredación. Ellos se decían salvadores de Chaparrí, lo cual es totalmente falso. Los estamos desenmascarando”, asevera.

 

Mesa de trabajo

Díaz Castillo comenta que se formó una mesa de trabajo técnico, en la que ha participado el Gobierno Regional de Lambayeque, la Policía Forestal, SERFOR, SERNANP y la Fiscalía Ambiental, para llegar a una solución pacífica y se evite lo que ahora se está viendo.

“El señor Edibar Carrasco está repartiendo las tierras como si fuera su charra, siendo Chaparrí el pulmón de todos los chongoyapanos y uno de los más importantes del Perú. Defendamos nuestros bosques secos, estos señores usan la pantalla de salvar Chaparrí o defender Chaparrí, pero lo único que defienden son sus bolsillos, porque todo el dinero que sacan de las ONG va para sus bolsillos. En nuestra comunidad nunca ha habido un proyecto de desarrollo o reforestación”, manifiesta.

Señala que otro aspecto a investigar es la administración de los recursos que genera la reserva y las donaciones que esta recibe.

“Al señor Heinz Plenge se le planteó que debía pagar por la servidumbre a la comunidad. La reserva es manejada por un grupo llamado ACOTUR, que estableció un convenio tripartito, pero cuando ese acuerdo se firmó la comunidad era presidida por el papá del presidente de ACOTUR. Todo era en familia. En la mesa técnica se le propuso al señor Plenge que se exponga la realidad y se establezca un cerco de las áreas de conservación privada para evitar problemas de invasión y todo lo demás. Puso el grito al cielo, porque decía que nosotros estábamos reduciendo el área de conservación privada, que íbamos a desaparecer Chaparrí. Venían incluso congresistas contra nosotros”, rememora.

Refiere, además, que en sector La Montería se vendieron dos mil 560 hectáreas a la empresa minera La Granja, área que la empresa después devolvió a la comunidad. Sin embargo, nadie saber qué se hizo con el dinero resultado de la venta, más de 350 mil soles.

“Otra propuesta nuestra fue que se generen áreas de expansión urbana de los pueblos que están dentro de la reserva, porque el hecho de estar dentro del área de conservación les impide desarrollarse, como es el caso del sector La Ramada, que no tiene servicios básicos. Se gestionó para que la municipalidad de Llama pueda realizar la instalación de servicios, pero la ley impide que se realicen ese tipo de trabajos dentro de un área de conservación privada”, menciona.

Relata que en la misma situación están Paredones, Majín, Mojonazgo, Tablazos y otros, pueblos que no se habrían beneficiado con la reserva.

“Los ingresos de Chaparrí solamente han servido para beneficio de un grupo, por eso hemos denunciado los malos manejos de la comunidad. Pedimos cuentas claras de los aportes que otorgan las ONG para Chaparrí, y que esos recursos se inviertan en el desarrollo de la comunidad”, enfatiza. 

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