La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, formuló denuncia contra los exfuncionarios involucrados en la contratación de la obra de mejoramiento y renovación de los Emisores Principales de Chiclayo, valorizada en 89 millones de soles. A estos se les imputan los delitos de colusión agravada y malversación de fondos.
Debido a la necesidad de mejoramiento de los emisores principales de la ciudad de Chiclayo, EPSEL inició el procedimiento de contratación n.° 001-2014-EPSEL.SA/SG, denominado “Contratación de la ejecución de la obra mejoramiento de los emisores principales de la ciudad de Chiclayo”.
La adjudicación fue otorgada al Consorcio Saneamiento Sipán, conformado por las empresas Carea Contratistas Generales y Roaya SAC Contratistas Generales, con la que el 19 de septiembre del 2014 se suscribió el contrato de ejecución por 85 millones 169 mil 835.98 soles, para ser ejecutado en un plazo de 540 días calendarios.
En tanto, la supervisión de la obra fue adjudicada al Consorcio del Note, integrado por Kukova Ingenieros SAC e Investigación y Control de Calidad – SA, sucursal Perú.
Ambos procesos de contratación ya son investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Pago de valorizaciones
Sin embargo, EPSEL, a través de su apoderado judicial, Ángel Gamarra Uceda, ha denunciado ante la misma fiscalía, por el delito de colusión agravada, a Víctor Rodríguez Zelada, quien se desempeñó como gerente de Proyectos y Obras de la empresa de saneamiento entre el 25 de junio del 2014 y el 13 de mayo del 2015; y a Eduardo Vásquez Figueroa, quien laboró como sub gerente de Obras y luego Gerente de Proyectos y Obras entre agosto del 2014 y marzo del 2016.
También se comprende Juan Crisóstomo Alfaro Terrones, jefe de supervisión del Consorcio del Norte; Manuel Castillo Orihuela, residente de obra perteneciente al Consorcio Saneamiento Sipán, y los demás que resulten responsables.
La denuncia tiene como base hechos que se presentaron en la ejecución de la obra, específicamente en el pago de valorizaciones por trabajos no ejecutados o realizados defectuosamente, hallazgos del Informe Pericial Técnico – Financiero del proyecto de los emisores, emitido en mayo del 2022.
En dicho documento se detallan los montos que no debieron pagarse al Consorcio Saneamiento Sipán, estableciéndose, por ejemplo, que en el Emisor General el perjuicio económico fue de dos millones 37 mil 497.23 soles; en el Emisor Norte, 271 mil 632.47 soles; en el Emisor Norte Note, siete millones 314 mil 226.219 soles, y en el Emisor Sur, 10 millones 28 mil 935.66 soles, sumando un total de 19 millones 652 mil 191.56 soles.
Además, se habría desembolsado dinero para Gastos Generales, la instalación de nueve buzones, así como marcos y tapas de concreto para buzón. De esto modo, se concluye que el perjuicio generado es de 27 millones 352 mil 647.62 soles.
“Con la pericia se acreditaría, por lo menos a nivel inicial, que los funcionarios denunciados habrían permitido o habilitado el pago de valorizaciones pese a que no se reflejaban en la realidad, generándose así un beneficio indebido al ejecutor de la obra”, señala la denuncia.
Gastos ajenos a la ejecución
Gamarra Uceda también ha denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios el delito de malversación de fondos, comprendiendo a María Núñez Zuloeta, quien se desempeñó como gerente de Administración y Finanzas de EPSEL desde el 2 de octubre del 2014 al 4 de febrero del 2016; Leopoldo Vásquez Casas, en el mismo cargo desde el 23 de mayo del 2016 hasta el 8 de septiembre de ese año, y Milton Calle Díaz, quien tuvo la misma designación entre el 8 de septiembre del 2016 y el 17 de octubre del 2017, habiéndose, además, desempañado como subgerente de Contabilidad y Finanzas, entre diciembre del 2014 y septiembre del 2016.
Otra denunciada es Jesús Malca Pedraza, quien fue subgerenta de Contabilidad y Finanzas desde el 8 de septiembre del 2016 al 8 de agosto del 2017.
De acuerdo al apoderado legal de EPSEL, la empresa pagó al Consorcio Sipán 75 millones 789 mil 873.21 soles y al Consorcio Norte, dos millones 333 mil 264.93 soles, como ejecutor y supervisor de la obra de los emisores, respectivamente, destinando para ello recursos que el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento transfirió a la empresa como parte del Convenio n.° 796-2013/VIVIENDA/VMCS/PNSU, suscrito el 21 de junio del 2013 y sus respectivas adendas.
Sin embargo, el ministerio transfirió a la empresa un total de 87 millones 503 mil 101 soles, todo destinado al proyecto de emisores, de los cuales se ha detectado que 156 mil 215.68 soles fueron usados en fines que no corresponden a la ejecución y/o supervisión de la obra, esto según el Informe n.° 062-2022-EPSEL.SA.GG/GAF/SGC/CLD, del 2 de septiembre pasado.
“En dicho informe se ha indicado además que los S/156,215.68 sean candeladas con recursos propios de EPSEL S.A. y este retorne a los fondos de emisores principales de la ciudad de Chiclayo”, señala el apoderado de la empresa.
Pagos realizados
Lo que se ha establecido es que con los recursos para la ejecución de la obra se pagaron consultorías como la “Elaboración del expediente técnico para estudio de impacto ambiental del proyecto Mejoramiento de Emisores Principales de Chiclayo”, por 22 mil soles; el “Expediente técnico de servidumbre para obra de Mejoramiento de los Principales Emisores de la ciudad de Chiclayo”, por 11 mil soles; a la proveedora Ceyra Pasapera Rojas, por seis mil 900 soles; el “Monitoreo arqueológico de la obra Mejoramiento de los Emisores Principales de la ciudad de Chiclayo”, dos pagos por 10 mil 500 soles; la “Consultoría Especializada en Actualización y Adecuación de Expediente Técnico de seis cruces de vías”, por seis mil soles; el “Fondo económico para trabajos de verificación de topografía”, por 600 soles, y la “Consultoría de asesoramiento especializado para la obra mejoramiento de los emisores de Chiclayo”, por 28 mil 500 soles.
Además, la elaboración del expediente técnico “Construcción de 3 sifones y 1 puente peatonal que cruzan el DREN D-3400”, por 15 mil soles; “Consultoría para la elaboración de peritaje técnico para el arbitraje con el Consorcio Sipán”, dos pagos: uno por seis mil 400 y otro por 25 mil soles; “Fondo económico para la adquisición de materiales”, por mil 500 y la “Eliminación de desmonte obra de mejoramiento de emisores”, por 11 mil 695.68 soles.
Según la denuncia, para la autorización de dichos pagos intervinieron los funcionarios que ostentaban los cargos de gerente de Administración y Finanzas, Subgerente de Contabilidad y el Tesorero de EPSEL.
Si ustedes pensaron que el paiche, pez de agua dulce de una alta demanda, solo se cría en la amazonía peruana, se equivocaron, porque esta especie ha empezado a tomar importancia en los últimos años en la región Lambayeque. Por ello, un grupo de agricultores -convertidos ahora en acuicultores- viene pasmando con relativo éxito el emprendimiento de cultivar el paiche como una alternativa importante para su economía.
Este proyecto se consolida de a pocos en el Centro Poblado La Traposa, del distrito de Pítipo, en la provincia lambayecana de Ferreñafe. En febrero de 2020, catorce agricultores agrupados en la Asociación de Productores Agropecuarios y Acuícolas para el Desarrollo de Lambayeque, postularon al financiamiento de su idea asesorados por el biólogo y gestor Miguel Julca Díaz ante el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA, del Ministerio de la Producción, logrando su objetivo con una inversión de 125 mil soles.
Así, los agricultores recibieron la capacitación técnica en el manejo adecuado del paiche, monitoreo de la actividad acuícola, asistencia técnica administrativa y la entrega de 150 alevines (paiches bebés), entre otras acciones que les permitió ejecutar el proyecto.
Al año siguiente, los dos estanques que se acondicionaron para cultivar los 150 paiches bebés, produjeron 1.2 toneladas de esta especie que se comercializó en un restaurante de la zona promovido por ellos mismos, impulsando la “Ruta Turística del Paiche” en esta región.
Proyecciones importantes
Los emprenderos con esta actividad fomentan la diversidad de platos a base del paiche, entre los que destacan el cebiche, sudado, paiche frito, tortilla y chicharrón de paiche. Su carne, considerada como "muy deliciosa", se puede degustar en el centro campestre Ticuy en dicho centro poblado, a cargo de Reyner Saavedra.
El biólogo Julca Díaz explica que a la fecha se ha logrado obtener paiches que superan los 40 kilos en corto tiempo, pero esta especie puede llegar a pesar hasta 250 kilos tras el quinto año de su cultivo. “En el 2021, la producción llegó a 1,200 kilos; en el 2022 se logró 1,100 kilos y en el presente año estimamos que podamos obtener 1.5 toneladas".
Precisa que los estanques, donde se desarrolla la actividad acuícola, aprovechan el agua producto de la filtración del río La Leche que se encuentra cerca, por tanto el agua ingresa y sale las 24 horas. “Se reaprovecha el agua, lo que integra la actividad acuícola y agrícola, pues el líquido que usan en los estanques la reaprovechan para regar sus parcelas agrícolas a las cuales llegan con nutrientes que benefician a los sembríos", refirió.
El paiche (Arapaima gigas), también conocido como pirarucu, es uno de los peces de agua dulce más grandes en el mundo, tiene una carne rica en proteína 21.5% y destaca su alto contenido de omega 3, 6 y 9, su alto valor proteico, tiene cero colesterol, y posee un alto contenido de ácidos grasos DHA y EPA.
A solo dos semanas del inicio del año escolar 2023, la incertidumbre se apodera de la comunidad estudiantil del emblemático colegio Mater Admirabilis, ubicado en el distrito de José Leonardo Ortiz, ya que la reconstrucción de este plantel, que se inició en marzo del año pasado, quedó inconcluso con solo 17% de avance, y hasta el momento sus autoridades no encuentran un lugar adecuado para levantar módulos prefabricados donde los alumnos reciban sus clases.
Uno de los más preocupados con esta situación es el director del centro educativo, Jorge Muñoz Linares, quien con pesar precisa que el 2022 concluyeron el año escolar con 1700 estudiantes, pero luego se retiraron 200 alumnos, y hasta febrero de este año tienen registradas unas 280 solicitudes de traslado, pues los padres han decidido retirarlos. “La población escolar ha disminuido producto de esta incertidumbre que pone en riesgo nuestra existencia como colegio”.
Muñoz recuerda que en marzo del año pasado se inició la reconstrucción del colegio, teniendo como ente ejecutor a la municipalidad de JLO, pero para sorpresa de todos hasta el mes de octubre la empresa constructora solo había avanzado 17%, es por esa razón que la comuna decide rescindir el contrato con intervención de la Contraloría y de ellos como parte interesada, y entre octubre y diciembre no se dejó comprometido el presupuesto para el plan de contingencia.
“Ese plan suponía la construcción de módulos en el estadio Carlos Castañeda, pero nunca se activó. El 30 de diciembre solicitamos al exalcalde de JLO, Wilder Guevara, que comprometa el presupuesto y evitar que revierta al Estado, pero no ocurrió así, la indiferencia y negligencia del exburgomaestre impidió que esos recursos se comprometieran”, subrayó.
No hay lugar para módulos
Precisó que desde el 2 de enero han venido solicitando a la nueva gestión edil la activación del plan de contingencia; pero ello va a ser difícil porque las cuentas recién se aperturan en marzo, y de acuerdo al RCC el colegio ha pasado a la última posición, lo cual hace más compleja la situación.
El director explicó que el gobernador regional de Lambayeque se ha comprometido a financiar la construcción de los módulos, pero ahora tienen que definir el lugar. La propuesta inicial del estadio de JLO ha quedado descartado, porque desde el punto de salubridad es riesgoso para los estudiantes, ya que allí se guardan los carros recolectores de basura, y a parte hay otros cuatro colegios instalados, lo cual haría muy hacinado el espacio.
Muñoz Linares dijo que existe una posibilidad en la parte posterior del Instituto Superior Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús, que es un lugar no utilizado, pero se han encontrado con la negativa de la directora que se muestra renuente a ceder ese espacio. Otra alternativa era el colegio Juan Tomis Stack, pero no es posible porque en tres meses ellos van a comenzar la reconstrucción de su plantel.
Otra propuesta era el local de la UGEL Chiclayo, pero ello significaría un alto costo social y económico para los padres, ya que desde JLO tendrían que trasladarse a otro espacio un tanto distante. “En la actualidad no tenemos definido el lugar para construir los módulos y estamos a dos semanas del inicio del año escolar. Esto es muy preocupante”, refirió.
Gerente indiferente
La autoridad educativa informó que con el director de la UGEL Chiclayo han salido a recorrer para ver un espacio para los módulos, se ha comprometido con nosotros; pero la gerente regional de Educación, Magdoyri Arce Reyes, al parecer no está involucrada en solucionar este inconveniente, porque el ISP Sagrado Corazón jerárquicamente depende de su administración y ella puede decidir al respecto.
Recordó que la obra, valorizada en 12 millones de soles, ha ingresado a un proceso de arbitraje, lo cual retrasará el inicio de la construcción, y lamentó que el expediente técnico tuviera fallas y más de cien observaciones.
El juez superior José Edilberto Rodríguez Tanta asumió la presidencia de la Corte de Justicia Superior de Lambayeque el pasado 2 de enero, cargado de expectativas y con un proyecto ambicioso que conduzca a promover cambios que permitan mejorar el actual sistema de justicia. Señala que hay un plan estratégico institucional del Poder Judicial al 2030, donde hay ejes sobre los cuales tienen que trabajar y retos que tienen que asumirse.
En entrevista con Expresión, refirió que la gestión que lidera tiene que ser planificada, transparente, basada principalmente en resultados. Es decir, que las acciones que se pongan en práctica realmente plasmen los cambios esperados, porque si no estarían demás. “Por ejemplo, hay que cambiar los temas burocráticos y apoyarnos mucho en el desarrollo tecnológico, aplicado al mejoramiento del servicio de justicia”, señala.
La autoridad judicial sostiene que a veces los presupuestos del Estado no son los óptimos para el adecuado funcionamiento de una institución. “Por ejemplo, para este año la Corte lambayecana tiene asignados 98 millones de soles de presupuesto inicial de apertura; pero cuando uno revisa los componentes el 90% es para planillas, entonces no tenemos gran cosa que hacer”, sentencia.
Cuando inicia la gestión, ¿Cómo encontró la carga procesal y qué acciones han tomado para tratar de reducirla?
Nosotros somos una Corte grande, estamos entre las cinco más grandes del país, tenemos 126 órganos jurisdiccionales, 154 jueces y una problemática de cerca de 1400 trabajadores. Uno de los problemas más fuertes es el manejo de los trámites, anualmente ingresan a la sede unos 88 mil expedientes, de los cuales se resuelve unos 70 mil y queda un porcentaje que incrementa la carga cada año, entonces allí hay un asunto por resolver. ¿Qué estamos haciendo para contrarrestar ello? primero hemos hecho un diagnóstico, módulo por módulo, porque hay que ver cuál es el origen y las circunstancias que se están dando. Por ejemplo, se habla de falta de personal, pero una de las salidas importantes que estamos dando es la conformación de los módulos en penal, laboral, y estamos entrando a la oralidad civil, que implica que el juez ya no trabaja con el secretario, sino es todo un conjunto de profesionales. Si falta uno, entra el otro, porque la idea es seguir trabajando. Con el sistema antiguo el secretario era dueño del expediente, y si este se enfermaba o estaba de vacaciones, el otro secretario no quería asumir esa labor porque tampoco tenía el expediente, y decía que espere que venga el titular. La idea del módulo es que nadie es dueño del expediente, hay un trabajo en conjunto; no es fácil, pero estamos entrando en ese esquema.
¿En qué áreas se concentra la mayor carga de expedientes?
En penal hay un congestionamiento fuerte, los dos colegiados penales de primera instancia ya no se abastecen, por eso hemos ido sede por sede y hemos conversado con los jueces para ver cómo resolvemos esa problemática, allí se podría gestar un nuevo colegiado. El tema de la creación de órganos jurisdiccionales también está en la perspectiva, hay que ver dónde falta, pero también hay que dimensionar y ver su reubicación. Por ejemplo, tenemos un órgano transitorio de Familia en Lambayeque que nos han prorrogado por tres meses más, pero nos han ordenado que solo maneje 300 expedientes, entonces allí estamos tratando de potenciar mejor ese juzgado con mesas de trabajo. También nos han creado nueve juzgados (dos constitucionales, uno de Familia -los tres que existen tiene una carga de dos mil expedientes-; otro en Ferreñafe, uno de Paz Letrado en Pimentel y otro en Olmos) que serán un alivio grande, solo falta el tema presupuestal. Ya hemos tocado las puertas de los alcaldes para que nos apoyen con locales y lo están haciendo de manera diligente. Esperamos que estos juzgados descongestionen la carga procesal que tenemos.
La problemática en el área laboral se concentra en que tenemos juzgados que tramitan contenciosos administrativos, es decir procesos laborales con el sector público, y tenemos juzgados laborales que con la nueva ley tramitan el régimen privado. Entonces hemos detectado que los juzgados contenciosos han bajado bastante su carga, en cambio los del régimen laboral privado tienen agenta hasta el 2024. Teniendo ocho juzgados contenciosos, siete en Chiclayo, podríamos solicitar a Lima que los cambiemos y podamos potenciar. Estamos trabajando para solucionar este problema; sin embargo, hay un tema de vocación y de amor propio de los magistrados para resolver a tiempo los juicios.
Marcada expectativa
Usted ha fijado como uno de sus objetivos hacer viable el tema de la oralidad civil para dar celeridad al sistema de justicia, ¿Cuál es el beneficio más importante de ello?
El tema de la oralidad civil es un compromiso con la institución, yo vengo de esa cantera, por ello se ha designado a una administradora y se está conformando el módulo. Su aplicación integral comprende cuatro etapas: la gestión anterior dejó las dos primeras consistentes en la implementación de las salas de audiencia ubicadas en la sede de 7 de Enero. Pero ahora falta concretar la aplicación misma, que es convencer a los abogados, al trabajador y a los jueces sobre los beneficios de la oralidad. La idea es formar bien a los abogados, porque si ellos no están bien preparados definitivamente no nos va a ayudar mucho. El modelo implica que todo se resuelve en una sola audiencia, la parte demandante lleva su teoría del caso y tiene que saber exponerla, y el que contesta de igual modo, entonces el juez irá resolviendo las excepciones, las nulidades, hasta llegar a la etapa de medios probatorios, para luego sentenciar. La oralidad recién empezó en marzo del año pasado, y ya hemos tenido experiencia, como segunda instancia hemos desarrollado audiencias y en veinte minutos hemos resuelto casos.
La oralidad civil es el cambio más profundo para resolver casos en el menor tiempo, porque si vamos a seguir con las demoras quiere decir que no hemos avanzado nada. El juez tiene que estar bien preparado como verdadero director del proceso, escuchando a las partes y resolviendo de manera inmediata, si eso ocurre habremos ganado. El expediente físico va a desaparecer y prevalecerá el expediente judicial electrónico, todo se hace en el sistema. La tercera etapa implica que la oralidad civil también se aplique en los juzgados de provincias, ya hemos recorrido Jaén y San Ignacio para ver su implementación, porque así estaríamos hablando en el mismo lenguaje. Hay abogados que por su inexperiencia no pueden ingresar un archivo a la mesa de partes electrónica, de allí la necesidad de vincularnos con ellos para formarlos en esta nueva realidad.
Usted le da mucha importancia al tema tecnológico como un soporte al trabajo que realizan en la Corte.
Nosotros tenemos que apoyarnos mucho en el desarrollo tecnológico aplicado al mejoramiento del servicio de justicia, que venimos implementando en estas primeras semanas. Hemos creado una Oficina de Desarrollo Tecnológico, que forma parte de Informática, con dos personas inicialmente. Siempre he sostenido que Informática no es para cambiar el mouse de la computadora ni para bajar un programa, entonces estos profesionales se van a dedicar a gestar aplicativos que nos faciliten y ayuden a ser más eficiente el servicio. Por ejemplo, desde diciembre hemos tenido una dificultad con el Banco de la Nación (BN), que no admitía el pago directo de los depósitos judiciales, porque ellos querían como contraposición llamar al juez, al secretario o al administrador de los módulos para que les confirmen si el monto era cierto (el año pasado hubo una situación ilícita en el BN que está en investigación, de personal que duplicó depósitos judiciales). Eso en la práctica implicaba que un usuario haga su cola y al llegar a ventanilla le digan que iban a preguntar al juez, y si este no contestaba le decían que regrese mañana. Entonces aquí viene la importancia de tener una oficina de Tecnología, se ha elaborado un aplicativo que tiene una contraposición entre nosotros y el BN, nosotros ingresamos el número de depósito con el DNI y se ingresan todos los datos, y como estamos vinculados con la Reniec cuando abran el aplicativo del BN encontrará el número del depósito y hasta la imagen de la persona que está cobrando. Esa es nuestra humilde contribución para cambiar este estado de cosas.
Déficit de 120 trabajadores
¿El personal con que cuentan es el conveniente o tienen carencia?
Tenemos un déficit que está en el orden de los 120 trabajadores, pero esto puede aminorar con un tema de gestión. Por ejemplo, hay un mecanismo por el cual la Corte que más invierte puede jalar los recursos de otras sedes que no invierten, lo que nos podría facilitar a contratar personal a partir de marzo, así se reduciría esa brecha inicial. El presidente de la Corte Suprema ha observado la contratación del personal CAS, el cual ha sido cubierto sin haberse hecho un concurso, entonces se va a convocar considerando el tema de la meritocracia. Nosotros hemos tenido solo dos de estos casos, que ahora lo estamos convocando, uno de ellos es de un secretario del juzgado de Cutervo que el año pasado renunció y nos generó todo un problema, porque los concursos CAS demoran casi un mes y lo tiene que autorizar la sede central. Por eso he pedido que postulen los abogados que trabajan en esa provincia para que no estén renunciando y creando todo un problema. También hemos formado una comisión de meritocracia, para que tengamos una lista de trabajadores aptos, de tal manera que a la hora que se requiere un juez designarlos a ellos. Eso fomentará la competitividad y nos hará más transparentes.
¿Qué otras acciones realizan para optimizar la gestión?
Estamos haciendo reuniones con las distintas áreas de la sede en el propósito de que se integren, también les he pedido que compitan en editar sus propios boletines (la Presidencia ya sacó el primero), lo que queremos es que compitan, que se integren y se motiven, que los jueces expliquen una resolución. Siempre les digo que nosotros somos transitorios, que como servidores públicos tenemos el deber servir a la gente. Eso es lo que quiero que se impregne en ellos.
A pocos días del inicio del año escolar 2023, el decano de Colegio de Profesores del Perú, Pablo Ocaña Alejo, sostuvo que la crisis social y política que atraviesa el país ha afectado considerablemente al magisterio, porque se ha dejado de nombrar a 87 mil maestros que estaban expeditos para seguir con ese proceso, al haber obtenido el puntaje en el examen docente de diciembre de 2022.
En diálogo con Expresión, señaló que esta difícil coyuntura también ha impedido el ascenso de escala de un promedio de cien mil profesores, y el concurso para directores y especialistas, lo que significa menos inversión del Ministerio de Educación (Minedu) en términos de sueldos y beneficios.
Esta convulsión además ha afectado a los estudiantes en la medida que los padres no han logrado ubicar vacantes para la continuidad de sus hijos, así como el reparto de los materiales educativos y la paralización de obras. “Hay regiones como Puno, Cusco, Apurímac que hasta la semana pasada no se repartían los materiales por el tema de los bloqueos de carreteras y porque no hay presupuesto. En Amazonas, por ejemplo, los materiales están depositados en los locales de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), en Lambayeque todavía están en 50 %. Esperamos que este reparto se haga en el tiempo deseado”, refirió.
Problemática sin atender
¿En la actualidad cuál es la brecha de profesores en el país?
En promedio hay 260 mil docentes nombrados y 140 mil en condición de contratados, de este número 87 mil debieron nombrarse este año; pero con esta postergación ahora tienen que esperar hasta el 2024. Esto perjudica a la estabilidad emocional y la tranquilidad social del maestro, y también de los padres de familia, porque a partir de este año se pudo haber tenido a profesores estables para trabajar con tranquilidad en las zonas más alejadas del país. En cuanto a infraestructura también tenemos grandes problemas, el propio ministro de Educación nos ha dicho que un 70 % de los centros educativos necesita ser remodelado, y de esta cifra un 40 % tiene que ser derrumbado y construido de nuevo. Pero los recursos que tenemos son insuficientes, el presupuesto para el 2023 es deficiente, no se está cumpliendo con la norma constitucional que señala que el presupuesto para Educación debe ser el 6 % del PBI, pero actualmente tenemos el 4.8 %, cuando el 2022 fue del 4.12 %.
¿El profesor está preparado para cumplir con las exigencias de una educación de calidad?
Los maestros del Perú trabajan con pasión y emoción, y su labor no tiene frutos inmediatos; por el contrario, es un proceso permanente, continuo, para lograr la formación de la personalidad del estudiante y contribuir en el desarrollo de la familia. A nivel nacional somos 650 mil docentes afiliados, 70 mil trabajan en la educación superior (universidades e institutos), unos 200 mil lo hacen en escuelas privadas, y 390 mil en escuelas públicas. El 70% lo constituyen mujeres, por lo tanto está en manos de ellas el futuro del país; esto no es casualidad, porque hoy vemos a educadoras dirigiendo instituciones educativas, direcciones regionales de Educación, UGEL, o asumiendo direcciones de unidades en el Ministerio de Educación. Esa es una muy buena señal, porque la maestra además de impartir conocimiento y convicción, impone valores tan necesarios hoy en día. Las mujeres tienen una presencia muy importante y dinámica en la educación peruana.
¿En los últimos años se ha sostenido que la educación privada es mejor que la pública, esto siguen siendo así?
Hay que destacar que un alto porcentaje de nuestra educación está en las zonas rurales alejadas, y en esos lugares los resultados disminuyen hasta en un 20 % y 30 % respecto a las ciudades. Los colegios privados, aquellos donde se hacen grandes inversiones y atiende a los sectores A y B, son los que tienen mejores resultados respecto de las escuelas públicas; pero aquellos planteles privados que atienden a los sectores C y D sus resultados están por debajo de la escuela pública. Hay un estudio que hizo el exministro de Educación, Ricardo Cuenca, quien señala que un 30 % de resultados educativos del sector privado está por debajo del sistema público. Eso nos hace ver que la escuela pública merece mejor atención y el presupuesto que asigna el Estado debe ser lo suficiente para garantizar infraestructura, materiales, capacitación, acompañamiento, remuneraciones, contratación de psicólogos, para brindar una mejor atención a niños y niñas.
Conectividad a escuelas
¿Cuál es la posición que tiene el Colegio de Profesores frente a las evaluaciones a los docentes?
Consideramos que las evaluaciones son positivas en la medida que respondan a las necesidades de desarrollo profesional, la docencia es una de las profesiones más evaluadas, pero necesitamos que se haga bien para reforzar y acompañar esa labor. El docente es evaluado permanentemente por el director y por los mismos padres, uno siente satisfacción cuando a fin de año el padre solicita que uno siga siendo el profesor de sus niños. Como maestros tenemos que tener más compromiso, trabajar con liderazgo, dedicación, autocapacitarnos, mejorar las prácticas pedagógicas, porque la docencia es la profesión más actualizada que debe haber. Muchos se involucran en esos procesos, principalmente los de la ciudad; pero quienes trabajan en zonas rurales, donde no hay conectividad, lamentablemente por más que quieran no pueden hacerlo, de tal manera que el Estado tiene la responsabilidad de promover ello.
Como Colegio de Profesores hemos planteado la necesidad de que se instale conectividad en todas las escuelas y se entreguen herramientas digitales a los docentes, a los estudiantes, para que este proceso sea de manera integral. Nosotros hemos entregado un proyecto a la PCM, al ministro de Educación, indicando que sí es posible entregar herramientas digitales y conectividad al 100 % a los alumnos de la escuela pública, lo que equivaldría a un promedio de 2,500 millones de dólares, que es perfectamente viable. Pero además se requiere el compromiso de los gobiernos regionales y municipalidades, para organizar un ecosistema educativo digital como hay en otras naciones desarrolladas. Nosotros teniendo los recursos no somos capaces de ingresar a esos procesos que necesitan los educadores del Perú.
¿Han planteado alguna reunión con el ministro de Educación para abordar la problemática del sector?
Tan pronto asumió funciones el ministro de Educación le enviamos un documento con cuatro puntos importantes para el diálogo, entre ellos el desarrollo docente, la capacitación y formación continua, y presupuesto y eficacia en las inversiones. En los últimos diez años el Minedu ha dejado de gastar 74 mil millones de soles, porque no tiene funcionarios capacitados y tampoco hay proyectos que sustenten la inversión de esos recursos. A octubre de 2022 solo habían gastado el 3 % de los fondos de proyectos de inversión, somos un sector que tiene tantas necesidades, pero a la vez tantas dificultades para invertir los escasos recursos. El ministro dijo que se iba a reunir con nosotros, pero hasta hoy seguimos esperando su convocatoria.
¿Cuántos maestros tienen colegiados?
En la actualidad tenemos 510 mil maestros colegiados, pero la cifra puede ser superior, si no fuera porque el Minedu dispuso que esto no sea obligatorio, pero estamos trabajando para que esto termine. El Minedu aprovechó un proceso judicial para decir que no era obligatoria la colegiación, pero esto ya terminó y pronto estaremos disponiendo que ello sea obligatorio para ejercer la docencia. Esto debe significar de nuestra parte mejorar nuestros procesos de atención, de capacitación, de formación continua, evaluación en términos éticos y morales. No podemos admitir que hayan profesores que incumplan con sus deberes morales y deontológicos, tenemos que aportar por una mejor educación con profesores ética y profesionalmente bien formados.
Destaca papel del SUTEP
¿Cuál es su opinión sobre el papel de juega el SUTEP?
El SUTEP es una organización histórica, con más de 50 años de creación, que ha estado a la altura de las circunstancias luchando por la reivindicación de los maestros, en defensa de la escuela pública, por una educación integral y humanista vinculada a la producción y la productividad. El expresidente de la República, Pedro Castillo, trató de desconocer su institucionalidad aprobando otros sindicatos que nunca salieron a dar la cara con sinceridad cuando hubo necesidad de hacerlo. Más bien lo que hicieron esos sindicatos afines a Castillo fue enviar sus cuadros al Minedu, para que los nombren funcionarios u ocupen cargos en las gerencias regionales y en las UGEL, lo que melló la gestión en favor del sector. Con el ministro Carlos Gallardo se politizó el Minedu, confundió la labor sindical con la gestión.
En un momento había dos colegios de profesores, que incluso fueron a la instancia judicial, ¿Cómo se resolvió ese tema?
La casación ha salido a favor nuestro en la tercera instancia, desde noviembre de 2021 el 29° Juzgado Civil de Lima debería citar a las partes, pero hasta la fecha no nos han convocado con el argumento de que tienen demasiada carga procesal. Pero ese juicio ha terminado y nos han dado la razón, nosotros tenemos la legitimidad ante los maestros.
