En diálogo con Expresión el abogado Julio García Torres, defensor de los clubes Juan Aurich y Unión Huaral, afirmó que existen pruebas suficientes que acreditan el trato discriminatorio de la Federación Peruana de Fútbol contra ambos equipos respecto a su participación de la Liga 2, acción que – dijo – tiene como protagonista al presidente del gremio, Agustín Lozano Saavedra.
El Juan Aurich ha recurrido al Tribunal de Arbitraje Deportivo - TAS a través de una medida cautelar, a fin de lograr que este habilite su participación en la Liga 2 del fútbol peruano, la misma que ya ha jugado siete fechas.
“Los resultados deberíamos tenerlos la próxima semana. Si bien a partir de este viernes habrían terminado todos los plazos para que haya un pronunciamiento, el tribunal arbitral se está terminando de conformar y en las próximas horas se conocerá quién lo presidirá. La semana pasada hemos añadido nuevas pruebas para acreditar la defensa del Juan Aurich y confiamos en que a más tardar el martes se conocerá la decisión y que será favorable a nuestra postura. Hay fundadas razones para pensar con optimismo”, precisó.
García Torres indicó que si bien no es fácil lograr una medida cautelar, más cuando involucra los derechos de un club en un torneo que ya se está desarrollando, existe confianza en que se pondrá en salvaguarda el derecho del Aurich.
“Nosotros hemos demostrado con razón y fuerza que hay una discriminación en perjuicio del club Juan Aurich, como también del club Unión Huaral, tal como se confirma con recientes informes de la Gerencia de Licencias de la federación, que nos da la razón respecto al trato discriminatorio contra dos clubes que integran el Grupo 1 de la Liga 2, grupo que hoy por hoy solamente tiene siete equipos. ¿Por qué un grupo está jugando con nueve clubes, con más partidos, y otro grupo con siete?”, cuestionó Julio García.
Informes reveladores
La Gerencia de Licencias de la FPF emitió los informes técnicos 156-2024 y 157-2024 sobre los Clubes Deportivo Municipal y Binacional, actualmente en competencia. Estos concluyen que ambos equipos no cumplieron con acreditar con la Declaración Jurada de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias y Previsionales.
Es decir, de la documentación brindada y conforme a lo indicado en la plataforma de la SUNAT (consulta RUC), se advierte que mantienen a la fecha deudas tributarias vencidas e impagas, no habiendo cumplido con subsanar dicho requisito indispensable, conforme al artículo 86 del Reglamento de Licencias, para poder mantener la licencia durante el Campeonato de la Liga 2 -2024.
Esto probaría el trato desigual y discriminatorio que vienen sufriendo los clubes Juan Aurich y Unión Huaral, toda vez que estos clubes no obtuvieron la licencia sujeta a subsanar las obligaciones vencidas, como sí ocurrió con los Clubes Deportivo Municipal y Binacional que actualmente participan en torneo de Liga 2.
El abogado informó que aun cuando ya se han jugado siete fechas del torneo, sí es posible que el Aurich se integre a la competencia.
“A pesar que han pasado siete fechas hemos considerado que hay tiempo suficiente para poderlas programar, hemos planteado cómo podría hacerse sin perjudicar a otros clubes y obviamente soportando el Juan Aurich una mayor intensidad de trabajo. Si Aurich está solicitando la medida cautelar, manifiesta a la vez que está dispuesto a asumir ese reto”, precisó.
Influencia del presidente
Por otro lado, Julio García afirmó que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol ha tenido una conducta arbitraria en perjuicio del equipo chiclayano.
“Agustín Lozano es la persona responsable de lo que sucede con el Juan Aurich. Me hago responsable de mis dichos en todas las instancias que sean necesarias. El presidente Lozano se ha acostumbrado tanto al tema judicial que quizá es un camino para él advertir querellas. Es un hecho que las facultades y atribuciones que los estatutos de la federación le confieren a su presidente pueden ser usadas muchas veces de manera no correcta para responder a otros fines que no son los institucionales. Ese poder, en este caso particular, lo ha usado de manera arbitraria. Estoy en capacidad de demostrarlo. Espero que no termine siendo el verdugo del Aurich y no se concrete su mala intención”, aseveró.
Finalmente, no descartó la posibilidad de que la conducta de Lozano Saavedra tenga como fin favorecer a su propio club.
“Él ha dicho formalmente en una entrevista que es dueño del club Juan Pablo II. Es inevitable no llegar a la conclusión de que lo que buscaría es beneficiar a su equipo. Hay dos grupos: uno de siete equipos para seis cupos y el otro con nueve equipos para seis cupos, con ello evidentemente hay un grupo que está en ventaja, impactando directamente sobre el club del presidente de la federación”, enfatizó.
La buena surte acompaña a la Constructora Romasi SAC, empresa que integró el Consorcio Vial VI, ganador de la buena pro para la ejecución de la carretera Ferreñafe – Hacienda Mamape, en cuya oferta de incluyeron facturas falsas, caso que es investigado por el Ministerio Público y contrato que ha sido declarado nulo por el Gobierno Regional de Lambayeque. Esta semana, la constructora, con sede en Amazonas, volvió a salir beneficiada, esta vez como integrante del Consorcio Norte R&C, con una adjudicación de más de 19 millones de soles para ejecutar una obra de pistas y veredas en José Leonardo Ortiz.
El 20 de mayo se registró en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el otorgamiento de la buena pro para la ejecución de la obra “Recuperación del servicio de movilidad urbana en las vías locales de la urbanización San Carlos, distrito de José Leonardo Ortiz”.
El comité de selección estuvo integrado por José Valerio Alcivar (presidente); Sergio Tineo Huancas (primer miembro) y Jhon Maco Tuesta (segundo miembro).
Al proceso se presentaron 22 postores, de los cuales el comité dejó fuera de competencia a ocho. Los 14 postores restantes alcanzaron una calificación de 100 puntos, procediéndose al sorteo para la evaluación y calificación según orden de prelación. El comité descalificó a los dos primeros: Consorcio Wara y Consorcio San Agustín, resolviendo otorgar la adjudicación al Consorcio Norte R&C, cuyo representante legal es Johmer Julca Noriega. El consorcio está integrado por las empresas: Consaga Ingenieros Contratistas Generales S.R.L., con una participación del 51 %, y Constructora Romasi S.A.C., con una participación del 49 %.
El consorcio ganó la contratación ofertando 19 millones 496 mil 705 soles, dos millones de soles menos que lo indicado en el valor referencial de la obra, establecido en 21 millones 663 mil soles.
La consorciada
La Constructora Romasi SAC tiene como propietario a Simón Correa Vásquez, quien fue representante común del Consorcio Vial VI.
El 22 de febrero pasado, el Gobierno Regional de Lambayeque, representado por el jefe de la Oficina Regional de Administración, Carlos Escalante Gómez, y Correa Vásquez, suscribieron el Contrato de Obra N° 000001-2024-GR.LAMB/ORAD (325252037 -2), con la finalidad de ejecutar la obra “Mejoramiento del servicio de servicio de transitabilidad vial interurbana en la carretera Ferreñafe (EMP LA 111) – Mamape (EMP LA-709) – Hacienda Mamape en la Provincia de Ferreñafe”, valorizada en ocho millones 974 mil 546.42 soles.
Ello pese a que días antes, el 13 de febrero, el consultor en contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, informó mediante carta al gobernador regional, Jorge Pérez Flores, que el Consorcio Vial VI había ganado la buena pro de la obra incluyendo en su oferta dos facturas de la Serie n.° 000352 y 360, emitidas el 25 de marzo del 2019 y el 15 de agosto del 2019, las mismas que eran falsas, pues la Superintendencia de Administración Tributaria – SUNAT, había confirmado que estas eran “no autorizadas” para su impresión y, por ende, para su emisión.
La inobservancia del gobernador a la advertencia y la inacción del organismo responsable de las contrataciones en el gobierno regional para realizar el control que permita establecer la veracidad de los documentos presentados por el Consorcio Vial, motivaron a Chávez Pita a formular la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, donde se abrió la carpeta fiscal contra los que resulten responsables.
Adelanto y nulidad
Dos meses después, con Resolución Ejecutiva Regional n.° 000241-GR.LAMB/GR, del 20 de abril, el gobernador Jorge Pérez Flores declaró la nulidad del Contrato de Obra n.° 0001-2024-GR.LAMB/ORAD, suscrito con el Consorcio Vial VI.
La decisión del gobernador regional se dio a pesar que el Gobierno Regional de Lambayeque hizo entrega del 10 % del costo del contrato al referido consorcio; es decir 897 mil 457.64 soles, pues decidió continuar con el contrato aun cuando tenía conocimiento y ya se investigaba a nivel fiscal la existencia de documentación falsa en la oferta del consorcio.
Un mes después, la Constructora Romasi SAC, que integró el Consorcio Vival VI y ahora integra el Consorcio Norte R&C, es beneficiada con la adjudicación de la obra en José Leonardo Ortiz, a un costo superior a los 19 millones de soles.
Con fecha 2 de febrero del 2024, la Cooperativa Agraria de Producción Úcupe LTDA, representada por su presidente, José Torres Bello, junto a Leoncio Guevara Cabrera, interpuso una denuncia contra Santos Álvarez Chero, Sigifredo Ricardo Piminchumo Huerta y Carlos Tello Chicoma, este último en su condición de juez de Paz de Nuevo Mocupe, por la comisión de los presuntos delitos de falsificación de documentos, uso de documento falso y falsedad ideológica.
Según la denuncia, las personas señaladas habrían fraguado la realización de supuestas asambleas de la Cooperativa Agraria de Producción Úcupe LTDA, que supuestamente se realizaron los días 24 de octubre y 5 de noviembre del año 2023, en las que se habría elegido un comité electoral y a un nuevo Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia de la organización, redactándose las presuntas actas que certificaban dichas decisiones.
Los denunciantes refirieren que, al tomar conocimiento de la presentación de estos documentos por el denunciado Santos Álvarez Chero ante la Oficina Registral de Chiclayo para su inscripción, se apersonaron a las oficinas de los Registros Públicos de Chiclayo para realizar la lectura del título en trámite, encontrando que quien aparece convocando a una de esas supuestas asambleas era el denunciante Leoncio Guevara Cabrera.
Guevara Cabrera afirma que nunca convocó a dicha asamblea, que no ha participado de ninguna reunión de esa naturaleza, que además no había firmado ninguna constancia de convocatoria y que la firma que aparece en la constancia de convocatoria, de fecha 13 de noviembre de 2023 y que figura certificada por el juez de Paz de Nuevo Mócupe, no le pertenece.
Aparecen fallecidos
Además, el presidente de la Cooperativa manifiesta que revisando la relación de los supuestos asistentes se advierte que habían participado y firmado asistencia 7 personas fallecidas en los años 2002, 2003, 2007, 2020, 2021 y 2022, por lo que era materialmente imposible que personas difuntas hace 20 años aparezcan suscribiendo actas de asistencia a asamblea.
Para acreditar este hecho presentaron ante el fiscal a cargo de la investigación las 7 fichas RENIEC que daban cuenta que eran personas extintas.
Reconocen delitos
Todos estos hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público y a la fecha se tramitan en la Carpeta Fiscal N° 871-2024, ante la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo.
En su declaración rendida el 25 de marzo del 2023 ante el Fiscal Máximo Medina Lucano, a cargo de la investigación, el denunciado juez de Paz de Nuevo Mocupe, Garcilaso Tello Chicoma, reconoció haber cometido el delito imputado en su contra y que el denunciante Leoncio Guevara Cabrera no había asistido a su despacho judicial a certificar su firma y menos había tenido el DNI de Guevara Cabrera para certificar su firma. Asimismo, atribuyó la responsabilidad de los hechos a su codenunciado Santos Álvarez Chero, de quien dijo fue a su despacho judicial a las 9:30 de la noche del día 13 de noviembre del 2023 con los documentos y que este le pidió que certificara los mismos, ante lo que aceptó sin tener ningún documento original a la vista.
Asimismo, el denunciado Santos Álvarez Chero en su declaración en sede fiscal realizada el día 5 de marzo de 2024, reconoció ante el fiscal haber cometido el delito de uso de documento falso y de falsificación de documentos, pues respondió de la manera siguiente a una de las preguntas: “Es cierto, hemos presentado documento falso como la convocatoria a asamblea en la que falsifiqué la firma del señor Leoncio Guevara Cabrera”.
Principio de oportunidad
Santos Álvarez Chero ha presentado un escrito ante el fiscal Medina Lucano solicitando acogerse al Principio de Oportunidad, figura jurídica que utilizan las personas que cometen delitos, aceptan la culpabilidad y reparan el daño causado.
El abogado Eduard Becerra, defensor de Leoncio Guevara Cabrera, explica que este beneficio no le correspondería porque habría cometido dos delitos y la pena para el delito de falsificación de documentos tiene un máximo de 10 años, por lo que excede en exceso el límite permitido.
Adelantó que se opondrá a dicho pedido y solicitará que se sigan realizando actos de investigación y que se sancione ejemplarmente con la pena que corresponda a quienes han reconocido haber cometido los delitos denunciados en perjuicio de los denunciantes.
