Durante más de cinco años, la fe católica en Ciudad Eten se vio ensombrecida por una disputa que trascendió lo espiritual para convertirse en un intrincado proceso judicial. Lo que inició como el sueño de un obispo, Robert Prevost Martínez -hoy Papa León XIV- de convertir a Eten en una “Ciudad Eucarística”, se encontró con una barrera inesperada: un Comité Multisectorial que, sin título de propiedad y bajo métodos cuestionables, pretendió adueñarse de los terrenos donde se erige la histórica capilla del Divino Niño del Milagro.
Esta semana se conoció la Resolución 043, fechada el 20 de mayo último y firmada por la jueza Ana Sofía Pérez Santa Cruz, del 5° Juzgado Civil, que archiva definitivamente la causa y remite al archivo central para su custodia. Tal disposición se da en base a la sentencia N° 096-2025 (Resolución N° 33 del 5 de septiembre de 2025), firmada por el juez del 4° Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de Lambayeque, Juan Francisco García Mayorga, que resolvió declarar infundada en todos sus extremos la demanda de prescripción adquisitiva interpuesta por el Comité Multisectorial de Ciudad Eten, representado por Ítalo Chafloc Neciosup contra el Obispado de Chiclayo, Gobierno Regional de Lambayeque, la Procuraduría pública del Gobierno Regional y el Ministerio de Cultura.
La piedra en el zapato
Santa María Magdalena en Ciudad Eten. Estuvimos en el oficio y grabamos su homilía en video, precisamente al lado de la imagen del Niño. “Este hermoso regalo de ese gran Dios que ha dado a Eten, es para vivir esa alegría, de estar unidos en la comunión de la iglesia con el Niño del Milagro, a quien celebramos hoy”, escuchamos.
Allí, monseñor Prevost recordó que ese año, en enero, comenzó con la visita del Papa Francisco al Perú y que entre las imágenes de la celebración estaba el Niño del Milagro. Aquí incidió: “No queremos ser fieles a una imagen. Queremos ser fieles a Jesucristo. Y esto es muy importante, porque no se pueden dividir las dos cosas. La imagen no es lo importante. Lo importante es Jesucristo”, afirmó.
En la misma homilía, el obispo de Chiclayo confesó: “Vengo con una tremenda piedra en el zapato. Y lo voy a mencionar porque un comité multisectorial (en Ciudad Eten), busca ser reemplazo de la iglesia. Si el comité ha dicho que quiere hablar con el obispo, pues aquí estoy; siempre hemos estado atentos a las necesidades del pueblo; buscando promover esa fidelidad con Jesucristo; entonces, si ellos manifiestan ese deseo de estar unidos con Jesucristo, no hay ninguna dificultad”.
Se refería a un comité creado el 15 de agosto de 1981 para trabajar con instituciones representativas de la localidad y con acciones que redunden en beneficio y desarrollo del distrito. En un primer momento, de acuerdo a los estatutos del comité, sus acciones no estaban orientadas a celebrar la feria en honor al Niño del Milagro. Las primeras directivas, contribuyeron al ornato y limpieza de la ciudad y a ejecutar obras, especialmente en instituciones educativas. Pero, con los años, los directivos mal orientaron esa finalidad; se apropiaron de la capilla y entablaron juicio al Municipio de Ciudad Eten, al Gobierno Regional, al Ministerio de Cultura y al Obispado de Chiclayo.
Ese día de 2018. Monseñor Prevost, con la dulzura que lo caracterizaba en sus conversaciones personales y especialmente en sus homilías, entonces alzó la voz, exigiendo a los fieles que abarrotaban la nave de la iglesia: ¡Hermanos, no se dejen engañar! Reiteró el regalo que se dio en Eten como signo de expresión de la verdadera presencia de Jesucristo en la eucaristía, cuando apareció el Niño. “Y Jesús vuelve a invitarnos a vivir este milagro todas las veces que participamos en la santa misa; pero no cualquier misa celebrada por falsos sacerdotes, porque allí no hay comunión. No lo olvidemos, busquemos encontrar a Cristo en esa comunión, que vivimos solo cuando estamos unidos alrededor de Él y no buscando otros fines, que pueden ser mundanos, lucrativos, de beneficios, etc., que no tienen nada que ver con Cristo en la iglesia”.
Fue una bomba. ¿Falsos sacerdotes? En efecto, terminada la misa, monseñor Prevost enrumbó a la capilla, al suroeste de Ciudad Eten, cerca de la playa, buscando al comité multisectorial que había reclamado su presencia. Pero ese mismo día, a esa misma hora, en la capilla acababa de terminar una misa con falsos sacerdotes, como el haitiano Dameus Vikese, quien años atrás había sido detenido en Ecuador por estafas relacionadas con falsos servicios religiosos y laborales.
Los directivos del comité multisectorial recibieron al obispo fuera de la capilla, con la puerta enrejada, cerrada con llave. Adentro permanecían varias personas y se divisaba una nueva imagen del Niño del Milagro que habían mandado confeccionar, pues la original se hallaba en la iglesia del parque principal luego que retornara de Trujillo bendecida por el Papa Francisco.
“La iglesia católica está abierta, no cerrada. Soy un servidor, nombrado por el Papa Francisco, el obispo de la iglesia católica en la Diócesis de Chiclayo, que viene a esta capilla y me cierran la puerta. Quiero que sepan que, sin autorización del obispado, no hay misa católica. ¡No se dejen engañar!”, manifestó Prevost a los directivos y a quienes se encontraban entre ellos.
Más adelante reiteró: “Es mi deber, como obispo de la Diócesis de Chiclayo, preocuparme por el culto católico. A mí me han entregado fotografías de supuestos sacerdotes”. El obispo pidió tomar nota de que había ido por una preocupación, por los fieles de la familia católica que pedían ver si se pueden dar garantías para celebrar la santa misa aquí; “pero me han cerrado las puertas con llave”. Monseñor Prevost se retiró hasta donde había estacionado su movilidad, brindando allí su manifestación a la policía.
El Santuario del Niño
Hoy, este fallo, elimina el principal obstáculo legal que impedía la construcción del anhelado Santuario Divino Niño del Milagro Eucarístico en Ciudad Eten. Es una victoria para la devoción y abre definitivamente la luz para concretar el sueño impulsado por el Papa León XIV, quien siempre ha abogado por reconocer a Eten como una “Ciudad Eucarística” y el gran centro de peregrinación que merece.
El proyecto del santuario busca honrar el único Milagro Eucarístico reconocido del Perú, ocurrido hace 377 años. Fue en 1649 cuando, durante la exposición del Santísimo Sacramento en la Hostia Consagrada, se hicieron visibles, primero el rostro del Niño Jesús, y luego los tres corazones que simbolizan a la Santísima Trinidad. Esta manifestación de fe, conservada por siglos, fue fervientemente apoyada por el entonces obispo Robert Prevost, quien no solo impulsó el proceso de reconocimiento oficial del milagro ante el Vaticano, sino que también aseguró las 11 hectáreas necesarias para edificar un complejo que albergaría a millones de peregrinos, incluyendo la propia basílica y un futuro hospital.
El Santuario no solo será un monumento a la fe, sino un polo de turismo religioso y desarrollo para la región Lambayeque, perpetuando el legado del Papa León XIV y garantizando que la luz del Divino Niño del Milagro Eucarístico siga iluminando a generaciones venideras.
“Aparte del daño que el comité multisectorial de Ciudad Eten ha hecho a la fe católica, desde que se adueñó de la capilla del Niño del Milagro, impidió el ingreso del hoy Papa León XIV y contrató falsos sacerdotes para las misas, entablaron juicio contra quienes se oponían a su invasión, han sembrado grass y riegan una zona que podría destruir toda la estructura de adobe de la enterrada iglesia donde hace 376 años apareció el Niño Jesús en la hostia consagrada”, dijimos.
El área que estaba en disputa se encuentra cedida en uso a favor del Obispado de Chiclayo que, mediante Resolución Ministerial N° 796-86-ED el 30 de diciembre de1986, del Ministerio de Educación (antes de que existiera el Ministerio de Cultura, que recién inició actividades el 2010) y la Resolución Jefatural N° 509 del 1 de setiembre de 1988, emitida por el Instituto Nacional de Cultura, se establece declarar como monumento a la Iglesia del Milagro de Eten, en el distrito de Eten, Chiclayo, Lambayeque. “Con la cual, se puede corroborar de forma indubitable que nos encontramos ante un Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza religiosa, por lo que el destino y utilización que deberá otorgarle el Estado Peruano deberá estar dirigido a ser netamente a salvaguardar dicho patrimonio”, señalaba uno de los dispositivos judiciales.
Dentro del marco normativo de la Constitución Política del Perú, en el caso de los bienes culturales no descubiertos ubicados (…) en el territorio nacional, la propiedad de estos es del Estado, la que es inalienable e imprescriptible; “por lo que sus argumentos (del comité multisectorial), quedan desvirtuados para pretender la usucapión del predio.
En el Informe N° 000110-2023-SD-PCICI-YRD/MC del 14 de septiembre del 2023 la Subdirección de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales e Interculturalidad de la Dirección Desconcentrada de Lambayeque determinó que el área materia de prescripción se encuentra en superposición con patrimonio histórico inmueble de los restos de la arquitectura colonial denominada Iglesia del Milagro de Eten. En tal sentido, se determinó que la superposición entre el polígono del predio en consulta –el bien inmueble sub litis– y la aplicación web de Google Earth, se registró una superposición total del bien inmueble materia de prescripción con la denominada Iglesia del Milagro de Eten. En consecuencia, por tratarse de un bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la Nación, le asiste el atributo de imprescriptibilidad previsto en la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación – Ley N° 28296.
--------------
* Director del portal de noticias Mira Por Ellos.
* Periodista
* Decano del Colegio de Periodistas de Lambayeque
- Fotos: Larcery Díaz.
Un total de 1421 casos ha atendido la Defensoría del Pueblo en lo que va de este año en Lambayeque, según dio a conocer el jefe de la Oficina Defensorial en la región, Carlos Rodas Quintana. De estos, 611 corresponden a quejas, 748 a consultas y 62 a petitorios. La cifra dista de lo reportado el año pasado que cerró con 3082 casos en total.
De los 1421 casos atendidos este año hasta el corte del 22 de junio, 1124 tienen la condición de concluido: queja (339), consulta (738) y petitorio (47). Mientras que 297 se encuentran en trámite: queja (272), consulta (10) y petitorio (15).
“Nuestro propósito es proteger los derechos fundamentales de las personas, estar pendientes de cualquier problema que tiene la población. También nos encargamos de supervisar las funciones administrativas públicas para salvaguardar la tranquilidad de nuestra región”, explica Rodas Quintana.
Entidades más quejadas
El reporte de la Defensoría del Pueblo destaca que entre las entidades más quejadas se encuentran las municipalidades con un total de 165 quejas, de las cuales 80 ya se han concluido y 85 se encuentran en trámite. En total, las quejas hacia las gestiones ediles representan el 27 % del total.
A estas les sigue el sector salud con 129 quejas, lo que constituye el 21.1 % del total. Aquí 84 quejas ya tienen el estado de concluidas y 45 siguen en trámite. los principales establecimientos quejados son el Hospital Regional de Lambayeque, Hospital Regional Docente Las Mercedes, Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo y el Hospital Luis Heysen Incháustegui.
Entre los hechos reportados como vulnerados a los pacientes se encuentra el acceso al servicio, la calidad de atención al usuario, la calidad de prestación del servicio de salud, la derivación inadecuada a una clínica, la infraestructura en mal estado, negligencia, falta de disponibilidad de medicamentos básicos u oncológicos, atención en ambientes inadecuados, la interrupción en la atención o tratamiento de pacientes y problemas de cobertura o alcance del servicio.
“A la semana recibimos un promedio de 10 a 15 casos del sector salud. La mayoría corresponden a quejas y son por falta de atención, por falta de medicamentos, porque no existen los especialistas adecuados y la deficiente infraestructura. Tratamos de buscar la salida siempre en coordinación con las autoridades de turno para que la población esté tranquila. Es un tema que ocurre día a día y estamos pendientes para buscar una salida”, afirma el jefe de la oficina defensorial.
Le siguen en quejas las empresas públicas o privadas de servicios públicos con 85 (13.4 %), el sector educación con 55 (9 %), gobiernos regionales con 50 (8.2 %), sector justicia y derechos humanos con 39 (6.4 %), sector interior con 15 (2.5 %), Poder Judicial con 14 (2.3 %) sector mujer y poblaciones vulnerables con 10 (1.6 %) y organismos constitucionales autónomos también con 10 (1.6 %).
Logística y personal
Rodas Quintana señala que actualmente la Oficina Defensorial de Lambayeque cuenta con ocho comisionados, incluyéndolo, quienes ven diferentes problemáticas de acuerdo a sus especialidades. Además, cuentan con dos servidores administrativos, tres practicantes y dos voluntarias. No obstante, la debilidad subyace en el recurso logístico, pues -por ejemplo- cuentan con una sola unidad móvil para recorrer territorialmente toda la región.
“Estamos tratando de estar las 24 horas del día en los 38 distritos de la región. Trabajamos de lunes a domingo en tres turnos. Damos la cara al 100 %, pero a veces los temas logísticos no nos permiten estar presentes en todas las localidades. Sin embargo, nos esforzamos por ello”, señala.
Agrega que el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, ha aprobado una resolución defensorial para crear el módulo defensorial de Ferreñafe. En virtud de ello, se está buscando un local donde pueda instalarse y la población de dicha provincia tenga un mayor acercamiento con la Defensoría del Pueblo.
“También estamos trabajando para crear un módulo defensorial en Lambayeque y ver qué más se necesita en lo logístico para intervenir. La idea es coordinar con las autoridades para que busquemos la salida a los problemas de los ciudadanos”, asevera.
Casos relevantes
Rodas Quintana señala que la acción de la Defensoría del Pueblo ha permitido ampliar la atención y reducir las colas en los hospitales de EsSalud en Chiclayo, consiguiendo más citas y mejores condiciones para los usuarios y el personal de salud.
Asimismo, señala que los comisionados recorrieron los principales hospitales y centros de salud de la región para adoptar medidas inmediatas ante las fuertes lluvias. Así, se verificó la infraestructura, los servicios y el abastecimiento; se coordinó con las autoridades para la adopción de medidas urgentes y se continúa en el monitorio de zonas vulnerables ante la venida de nuevas precipitaciones.
En línea con las lluvias, se hizo un recorrido conjunto con diversas instituciones públicas por la ribera del río Mórrope, a fin de constatar que las obras de los muros de contención no habían sido culminadas. Lo mismo se hizo en el badén Juana Ríos, en Chongoyape. En ambos casos, la supervisión de campo permitió la identificación de riesgos y exhortar el compromiso a las autoridades locales para la ejecución de las obras de protección y la adopción de medidas preventivas inmediatas.
En cuanto a la urbe, destaca que la Defensoría del Pueblo convocó a las autoridades de Chiclayo y distritos cercanos para abordar la problemática de contaminación acústica por ruidos excesivos en bares y discotecas. El encuentro permitió analizar la situación, compartir experiencias y acordar acciones conjuntas en beneficio de la ciudadanía.
De igual forma, se realizó una reunión para promover el cumplimiento de la norma sobre retiro del cableado en desuso en la región. De esta forma, se coordinó con las empresas operadoras de telecomunicaciones el impulso de entornos urbanos más seguros y ordenados, así como un plan de seguimiento para asegurar el cumplimiento de los compromisos adoptados.
Agrega que la Defensoría advirtió que la ocupación indebida de vías públicas por vehículos y motocicletas afecta la movilidad, seguridad y calidad de vida de la ciudadanía. De igual forma, se alertaron deficiencias en colegios antes del inicio del año escolar y -con motivo de elecciones- se supervisó 427 locales de votación en la región en coordinación con la ONPE y las autoridades electorales.
Feminicidios
De otro lado, el informe ‘¿Qué pasó con ellas?’, elaborado por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señala que a abril del 2026 se han reportado 267 mujeres adultas desaparecidas, de las cuales 13 corresponden a Lambayeque, lo que ocupa a esta región en el cuarto lugar a nivel nacional.
“Esta es una alarma para nosotros. La población piensa que se puede reportar a una persona desaparecida después de 24 horas, pero la nueva ley señala que se le considera como desaparecida cuando no se ubica a una persona en su domicilio habitual. Si alguien sale de su domicilio a su centro de labores y no llega en un plazo, supongamos, de dos horas, uno puede denunciar su desaparición a la Policía. Si esta se niega, como Defensoría intervenimos de manera inmediata. Los casos de desaparición están ligados a trata de personas, violencia y feminicidio”, señala Mariella Carrillo Aguilar, comisionada de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque.
De igual forma, destaca que en lo que va del año se han reportado tres feminicidios, lo cual ubica a Lambayeque también como la cuarta región a nivel nacional con más casos. En ese marco, la Defensoría del Pueblo impulsa el programa ‘Rompiendo Cadenas’, el cual protege a niñas, niños, adolescentes y jóvenes priorizados: aquellas víctimas indirectas de feminicidio, violencia sexual, criminalidad, hijos de población penitenciaria, de fallecidos por Covid-19, con discapacidad o adicciones.
Se encienden las alertas en la agroindustria lambayecana ante el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y afectaciones en la infraestructura agrícola.
El posible desarrollo de un nuevo evento del Fenómeno El Niño vuelve a colocar al agro peruano en estado de alerta. En la región Lambayeque, una de las principales zonas agroindustriales del país, la preocupación crece por el impacto que podrían sufrir los cultivos, la infraestructura hidráulica y las vías de acceso necesarias para sostener la campaña agrícola.
Ante este escenario, Azucarera Pomalca anunció el fortalecimiento de su Plan de Contingencia y Respuesta con el objetivo de reducir riesgos operativos y asegurar la continuidad de sus actividades productivas.
Riesgos para la producción agrícola
Lambayeque concentra importantes cultivos orientados al mercado nacional e internacional como arándano, uva de mesa, limón, mango y caña de azúcar. Aunque este último cultivo presenta mayor capacidad de adaptación frente al incremento de temperaturas, especialistas advierten que el exceso de humedad, la menor radiación solar y las dificultades para cosechar oportunamente podrían afectar la concentración de sacarosa y disminuir el rendimiento industrial.
El gerente de Campo de Azucarera Pomalca, ingeniero Fernando Rodríguez, señaló que un evento de El Niño podría generar precipitaciones intensas, incremento de caudales, desbordes, inundaciones y daños en infraestructura crítica.
“Uno de los mayores riesgos está en las vías de comunicación. Históricamente, el desborde de ríos como La Leche, Motupe y Chancay ha dejado aisladas importantes zonas agrícolas. Cuando se interrumpe el tránsito, también se dificulta el traslado oportuno de la caña hacia la fábrica para su procesamiento”, explicó.
Rodríguez advirtió además que este escenario elevaría significativamente los costos operativos debido a la rehabilitación de caminos, limpieza de canales, recuperación de áreas afectadas y mayores exigencias logísticas.
Plan preventivo ante escenarios extremos
Frente a la incertidumbre climática, la empresa ha diseñado una estrategia orientada a anticipar riesgos y fortalecer su capacidad de respuesta.
Entre los principales factores identificados destacan:
Acciones en marcha
Como parte de las medidas preventivas, Azucarera Pomalca ejecutará labores de limpieza y descolmatación de canales y drenes, reforzamiento de puntos vulnerables mediante estructuras de protección y la instalación temporal de sistemas de bombeo en sectores críticos.
En el componente agrícola, se elaborarán mapas de vulnerabilidad, se ajustarán cronogramas de siembra y cosecha y se priorizará la molienda en las áreas con mayor exposición al riesgo.
Asimismo, se fortalecerán los sistemas de alerta temprana, la actualización de protocolos de evacuación y la capacitación permanente del personal para responder ante emergencias.
La estrategia contempla también un monitoreo continuo de variables climáticas e hidrológicas para facilitar decisiones oportunas y minimizar impactos.
Trabajo articulado con instituciones
La empresa informó que promoverá una coordinación permanente con entidades como el Gobierno Regional de Lambayeque, ANA, INDECI, SENAMHI, MIDAGRI, ANIN y gobiernos locales para ejecutar acciones preventivas.
Entre las prioridades figuran inspecciones conjuntas en puntos críticos, descolmatación de cauces y drenajes, además del impulso de proyectos de protección ribereña y reducción del riesgo de desastres.
Para conducir estas acciones se conformará un comité especializado integrado por representantes de la Gerencia General, Campo, Fábrica, Recursos Humanos, SSOMA, Ingeniería, Geotecnología y Logística.
Con estas medidas, Azucarera Pomalca busca fortalecer su capacidad de respuesta frente a un eventual Fenómeno El Niño, proteger a sus trabajadores y reducir el impacto sobre una actividad agrícola clave para la economía de Lambayeque.
Una seria preocupación existe en los productores de azúcar, arroz y maíz amarillo duro, tras la caída sostenida de los precios en chacra, que en muchos casos quedan por debajo de los costos de producción. Alberto Salinas Barba, presidente de la Asociación Nacional de Defensa del Agricultor Peruano, señala que urgen medidas por parte del gobierno para evitar que esta caída siga afectando al bolsillo de los hombres de campo en la región.
“Nosotros hemos tenido la oportunidad de vender caña de azúcar hasta por S/ 140 la tonelada, pero a la fecha se está pagando entre S/ 40 y S/45 por tonelada. Es un abuso el que está cometiendo con nosotros porque con la caña no solo se produce azúcar, sino también melaza, alcohol y bagazo. Este último produce tanta energía que no solo la usan para la transformación de los jugos a azúcar en los calderos, sino que las empresas venden la energía eléctrica que producen”, revela Salinas Barba.
Azúcar
Precisa que en el valle Chancay Lambayeque hay un promedio de 2000 agricultores dedicados a la caña de azúcar, quienes tienen un promedio de 8000 hectáreas sembradas. Para abonar una hectárea de terreno ellos necesitan en promedio entre 18 a 20 bolsas de urea, la cual se vende en el mercado a 160 soles, motivo por el cual exigen un subsidio al gobierno.
“Para ser competitivos tendríamos que tener un subsidio del Estado, pero no contamos con esa suerte. El Estado no nos subsidia nada. Se debería bajar el precio de la bolsa de urea a máximo 80 soles. Si no echamos urea, no cosechamos prácticamente nada porque la planta no se desarrolla”, afirma.
Añade que otro problema es la importación de azúcar. En el 2024 se reportó el ingreso de más de 302 mil toneladas de azúcar del exterior y se estima que el año pasado ingresó una cifra similar. Esta azúcar ingresa a un precio promedio de S/ 2 el kilo, mientras que la oferta en el mercado de la azúcar local está entre S/ 2.80 y S/ 3.
En virtud de ello, el gremio azucarero propone al gobierno entrante la aprobación de un régimen especial de beneficios tributarios similar al de otros cultivos, activar y ajustar la franja de precios para compensar el ingreso de azúcar importada muy barata, aplicar normas de protección frente a importaciones subsidiadas con medidas de salvaguardia y ampliar el crédito agrario con tasas bajas y plazos acordes al ciclo de cultivo.
Arroz
Respecto a la caída del precio del arroz, señala que el aumento de la producción global hizo que el valor internacional llegara a su nivel más bajo en diez años, sirviendo de referencia para los precios locales. Así, en el 2024 se aumentaron en más del 22 % las importaciones y en el 2025 se llego a picos de 48 % con arroz proveniente principalmente de Brasil y Uruguay.
Además, los buenos precios del 2023 y el 2024 motivaron a ampliar las siembras, coincidiendo con el ingreso de arroz extranjero y provocando una caída histórica de valores.
A esto se suma lo que ellos consideran una asimetría en la negociación, dado que consideran que los acopiadores y molinos tienen mayor poder de negociación, por lo que los agricultores se ven obligados a aceptar precios bajos ante la necesidad de vender prontamente su cosecha, la misma que también se ve condicionada por el alto costo de los fertilizantes.
Al respecto, proponen que el Estado compre directamente el excedente de cosecha a precio justo para abastecer programas sociales, ejecutando con agilidad los S/ 100 millones ya asignados; ajustar y aplicar la franja de precios para proteger el mercado nacional; y otorgar beneficios tributarios a productores y empresas que financien la actividad en el campo.
También proponen que se permita el acceso al agua, usando la cosecha futura como garantía, permitiéndoseles así pagar después de la venta, medida que se complementa con la creación de un fondo de estabilización que regule los valores de la chacra.
Los arroceros proponen intensificar controles aduaneros para frenar el contrabando y garantizar la trazabilidad del grano, así como brindar información anticipada sobre áreas sembradas y precios para evitar la sobreproducción.
Maíz amarillo duro
En cuanto al maíz amarillo duro, señala que el precio de referencia en el Perú cayó debido al aumento de la producción en Estados Unidos, Argentina y Brasil. Hoy, solo el 23 % del consumo nacional se cubre con producción local, mientras que el resto se hace con importación, lo que da a la industria avícola un poder de negociación muy superior.
Al igual que en los dos productos antes mencionados, refieren que la siembra se realiza sin planificación, dado que todos amplían sus cultivos cuando los precios suben, generando exceso de oferta y caída de valores. El encarecimiento de insumos y la dificultad para acceder a la semilla certificada también reducen el rendimiento y la rentabilidad.
Debido a esto, proponen fijar un precio mínimo de referencia y activar la franja de precios para equilibrar el valor de lo importado, aplicar incentivos tributarios a productores y empresas que firmen contratos de compra anticipada y facilitar el acceso al agua con garantía de cosecha futura.
También piden que se distribuya semilla certificada a precio subsidiado o con pago posterior a la cosecha y que el Estado adquiera parte de la producción para programas públicos y reservas estratégicas.
Exigen también que se regulen los contratos de siembra y se apoye a la formación de asociaciones para negociar en conjunto, además de brindar información permanente sobre la demanda y las áreas recomendadas para sembrar.
Fenómeno El Niño
De otro lado, Salinas Barba indica que no se puede calcular a ciencia cierta a cuánto ascenderían las pérdidas que dejaría el Fenómeno El Niño para el agro lambayecano, debido a que no se tiene certeza sobre la magnitud del evento climático.
“No sabemos de cuánto sería, pero sí tenemos claro que será cuantioso., En Ferreñafe, por ejemplo, se inunda cantidad de terreno con el agua del ‘Río Loco’ que trae metros y metros cúbicos. Toda la parte de Pítipo, todos los afluentes desembocan allí y se quiebra la carretera, lo que ocasiona un perjuicio inmenso para los agricultores. Los cultivos que estarían en riesgo serían aquellos permanentes, porque el arroz ya se ha cosechado, pero los de panllevar como la caña de azúcar o las menestras sí se verían afectados”, señala el dirigente.
En esa línea, piden al gobierno que también agilice las obras de prevención en cuanto a limpieza del cauce de los ríos, de los drenes, de canales y la ejecución de obras de defensas ribereñas.
No obstante, en Lambayeque se encuentran pendientes dos proyectos de defensas ribereñas que iban a ser ejecutados por la Autoridad Nacional de Infraestructura - ANIN. Se trata de los ríos La Leche y Motupe. Los contratos para estas obras fueron suscritos en diciembre de 2020 bajo el mecanismo Gobierno a Gobierno entre Perú y el Reino Unido, pero recién este año mediante las Resoluciones Directorales N.° 000008-2026-ANIN/DIME y N.° 000007-2026-ANIN/DIME, respectivamente, la ANIN formalizó la aprobación administrativa de los expedientes técnicos (diseños definitivos) de ambos proyectos.
Al concluir el procesamiento y la contabilización del 100 % de las actas electorales oficiales por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, se ratificó de manera definitiva que Keiko Sofía Fujimori Higuchi asumirá la presidencia de la república del para el período constitucional 2026-2031. Esta definición se concreta tras una densa campaña y la participación del electorado nacional, así como de los ciudadanos peruanos residentes en el exterior. El respaldo en los distritos electorales de la diáspora incidió de manera directa en el resultado final del balotaje, otorgándole la ventaja matemática necesaria para consolidar su elección en este cuarto intento con una diferencia de poco más de 49 mil votos.
Luego de la difusión de las cifras oficiales que sellaron el término del conteo físico de los sufragios, la presidenta electa ofreció su primera entrevista formal al periodista Ismael Cala. Durante este encuentro, que marca el inicio de sus apariciones públicas como jefa de Estado electa, Fujimori Higuchi abordó diversos aspectos de su trayectoria personal y pública, detalló los lineamientos metodológicos de su formación familiar, expuso su posición respecto a la institucionalidad del Estado y expuso las discrepancias metodológicas y operativas que mantiene con la gestión desarrollada por su padre, el expresidente Alberto Fujimori. La conversación sirvió como plataforma para analizar el quiebre de la tradicional regla política de "la tercera es la vencida", requiriendo en su caso una cuarta candidatura consecutiva para acceder al sillón presidencial.
Su rol en la década del 90
Durante el diálogo, Fujimori Higuchi abordó la secuencia de hechos que la llevaron a asumir funciones públicas a los 19 años, en agosto de 1994, en el contexto del proceso de divorcio de sus progenitores, Alberto Fujimori y Susana Higuchi. Según explicó, la propuesta inicial provino de una llamada directa de su padre desde el Palacio de Gobierno, quien le planteó la posibilidad de acompañarlo en los compromisos oficiales y recepciones internacionales tras la separación conyugal. La respuesta inicial de la entonces estudiante de segundo año de la Universidad de Boston fue la negativa. Sobre este punto, recordó haberle dicho: "De ninguna manera, estoy estudiando en la universidad y me parece una responsabilidad muy grande que no voy a poder asumir por la edad, por las circunstancias en la que estoy y porque no quiero hacerlo en medio del divorcio de los dos".
Posteriormente, la decisión varió tras una consulta directa con su madre. La presidenta electa manifestó que Susana Higuchi respaldó la iniciativa y, empleando un tono de ironía, la instó a aceptar la posición. Según el relato, su madre le expresó: "Oye, me parece una excelente idea. Sería lo único bueno que hace tu papá".
Ante este panorama, Keiko Fujimori llamó nuevamente a su progenitor para comunicarle la decisión final: "Mi mamá está totalmente de acuerdo. Así es que, bueno, si voy a tener el respaldo de ambos, voy a asumir esa oportunidad". Tras obtener la conformidad de ambos padres, se procedió a la formalización de sus actividades como primera dama, las cuales se iniciaron de manera oficial en el marco de la Cumbre de las Américas, foro internacional presidido por la entonces primera dama estadounidense, Hillary Clinton. En dicho foro, a pesar de las recomendaciones iniciales de mantener un perfil bajo, decidió intervenir activamente para exponer sobre la importancia de la educación pública.
Respecto a la dinámica posterior entre sus progenitores, que, tras varias décadas de interrupción en los canales de comunicación directos y un divorcio complejo, se produjo un acercamiento y un proceso de perdón en los años finales de sus vidas. Detalló que, tras recuperar su libertad mediante un indulto humanitario, Alberto Fujimori se trasladó a residir a su domicilio y que el deceso del exmandatario aconteció en la habitación y en la cama que correspondía a Susana Higuchi, quien había fallecido cuatro años y medio antes debido a un cuadro oncológico.
Fujimori Higuchi relató que, antes de la partida de su madre en la unidad de cuidados intensivos, se coordinó una llamada telefónica desde el centro penitenciario para que el expresidente pudiera expresarle palabras de despedida, un hecho que, según su declaración, precedió en ocho horas al fallecimiento de Higuchi. Recordando las palabras de su padre, citó: "Susana, tenemos cuatro hijos hermosos. Cinco nietos maravillosos, hemos cumplido, Keiko y Kenji se han reconciliado porque además estuvimos peleados mi hermano y yo. Se han reconciliado. Si tienes que partir, anda yendo y me esperas".
Diferencias institucionales con Alberto Fujimori
Uno de los puntos centrales de la exposición de Keiko Fujimori se centró en la delimitación de su propio perfil político respecto al legado de la administración de la década de 1990. Al evaluar las descripciones de la prensa internacional —mencionando coberturas de medios impresos estadounidenses como el Wall Street Journal y el Washington Post que la vinculaban directamente con el régimen autocrático de su padre bajo la denominación de "hija de un dictador"—, argumentó que su propuesta busca establecer un lineamiento original y diferenciado en la conducción del Estado. Si bien manifestó un sentimiento de "profundo orgullo, orgullo, satisfacción, alegría de saber que mi padre hizo muchísimo por nuestro país con sus defectos, con sus virtudes, pero hoy el Perú es otro y es gracias a él", subrayó que su gestión gubernamental no será una réplica de dichos métodos.
Al ser consultada sobre los elementos de la gestión de Alberto Fujimori que no adoptará en el período 2026-2031, la mandataria electa señaló de manera directa la falta de institucionalidad como una de las principales falencias de dicho periodo histórico.
"Mi padre en su pragmatismo no fue tan institucional. Y se ven en varias de sus decisiones en su pésima relación con la prensa, en su mala relación con los partidos políticos". En contraposición a dichos antecedentes, Fujimori Higuchi afirmó poseer una formación de carácter institucional, con un respeto estricto al estado de derecho y a los mecanismos de la democracia representativa. Señaló que su labor en los últimos años se ha enfocado en la edificación de un partido político formal, Fuerza Popular, afirmando que "estoy en el esfuerzo de construir un partido político formal que perdure en el tiempo, que vaya más allá de mi apellido. Fuerza Popular tiene que ser un legado para mi país. Ya eso es una primera gran diferencia; habrán muchas seguramente".
Lineamientos de gobierno
Inquirida sobre el diagnóstico de la realidad nacional y el nivel de influencia ejercido en el pasado, desestimó la premisa de que su agrupación política haya ejercido labores de gobierno de manera fáctica en los periodos legislativos previos a su elección, a pesar de haber contado con mayorías parlamentarias sustanciales. Explicó que la acción gubernamental se circunscribe de forma exclusiva a la administración del Poder Ejecutivo, el cual posee la facultad constitucional de diseñar e implementar políticas públicas, ejecutar infraestructura escolar y vial, administrar el presupuesto nacional y optimizar las prestaciones del sistema de salud en las regiones periféricas del territorio.
Añadió que el rol desempeñado por su bancada en el Congreso de la República se limitó a las funciones constitucionales de legislación, representación y fiscalización de los Gobiernos de turno.
"Es verdad también que en un momento caímos en el círculo vicioso de la confrontación, por supuesto. Pero de eso aprendimos, Ismael. Y yo creo que lamentablemente todavía en el Perú está muy polarizado y el odio y el insulto ha formado parte también de esta última campaña", señaló.
Para la gestión que se inicia el 28 de julio, Fujimori Higuchi identificó a la inseguridad ciudadana y al accionar de la delincuencia común y organizada como los principales desafíos del país, desplazando el eje de preocupación histórica del terrorismo clásico hacia el control del orden interno contemporáneo.
"En lo esencial creo que vamos a trabajar muchísimo por recuperar la paz porque hoy hay un miedo, no de terrorismo, un miedo frente a la delincuencia, la inseguridad. Es muchísimo el mayor problema, la inseguridad de Perú", dijo.
Aseguró que su prioridad estará orientada a la recuperación de la seguridad pública y a la generación de condiciones de confianza para la inversión y el desarrollo social. "Tengo un reto similar, recuperar el orden, pero también de devolverle la confianza y la esperanza a la gente. Ese es mi gran reto. Ese es mi gran objetivo, devolverle la confianza y la esperanza, la ilusión a las personas", añadió.
Al analizar la polarización reflejada en los resultados de la jornada electoral, donde diversos sectores geográficos, particularmente en la zona sur del país, mostraron un respaldo adverso y mayoritario hacia opciones opositoras, la mandataria electa reconoció la existencia de divisiones profundas en el electorado. Sostuvo que su estrategia durante el desarrollo de la última campaña evitó la réplica a las descalificaciones de sus opositores y concluyó que el principal encargo de su administración será la conducción de un proceso de reconciliación y unidad nacional orientado a mitigar las tensiones políticas de la sociedad peruana.
Voto del exterior
Un componente determinante en el resultado definitivo validado por la ONPE fue el comportamiento electoral de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero. Keiko Fujimori enfatizó que el voto de la diáspora representó un soporte cuantitativo crucial para revertir las tendencias desfavorables registradas en algunas regiones del interior del país, particularmente en el sur.
"Si uno analiza, por ejemplo, los votos del sur que han sido adversos en esta elección, han sido muchos más. Y yo tengo mucho por agradecer a los que votaron por mí y a los que no votaron por mí", dijo.
Este fenómeno demográfico y electoral evidencia la dualidad del respaldo civil con el que contará al iniciar su mandato, dividida entre una fuerte resistencia interna en sectores rurales e históricos y una sólida aceptación en las colonias de migrantes en el exterior.
Fujimori Higuchi concluyó señalando que los periodos de reclusión preventiva y los sucesivos reveses electorales sufridos en los procesos previos funcionaron como un factor de maduración personal y política que modificó su aproximación al liderazgo. Manifestó que esta experiencia previa le permitirá asumir la conducción del Estado con una perspectiva de mayor serenidad, evitando las dinámicas de confrontación directa que caracterizaron la política peruana reciente, con el objetivo de establecer canales de diálogo con los sectores que no respaldaron su candidatura.
“Hoy estoy más madura, efectivamente. Yo creo que a mí los momentos tan difíciles me forjaron, me hicieron más fuerte, no solamente a mí. Lo veo en mis hijas. Más serena, más fuerte y con ganas de trabajar y de transformar el Perú", enfatizó.
Son 16 las candidaturas que se han presentado ante el Jurado Electoral Especial de Chiclayo para la alcaldía provincial de la “Ciudad de la Amistad”. De estas, seis llevan a candidatos conocidos y con historial político, en tanto 10 son lideradas por rostros nuevos. La siguiente es la información contenida en las declaraciones de hoja de vida de los aspirantes a alcaldes de la capital departamental.
El próximo 4 de octubre, más de 700 mil electores de Chiclayo acudirán a las urnas para elegir a las próximas autoridades municipales de la provincia. Sobre estas recaerá la responsabilidad del gobierno local para los próximos 4 años, así como el reto de resolver los problemas que retrasan su desarrollo.
Somos Perú
El partido del corazón ha inscrito como candidato a Elber Requejo Sánchez, natural de Santa Cruz – Cajamarca y exalcalde de José Leonardo Ortiz, quien en el 2022 incursionó en política como candidato de Juntos por el Perú.
Ingeniero de Sistemas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y maestro en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus ingresos ascienden a 238 mil soles al año y reporta la propiedad de tres predios valuados en 627 mil soles, así como acciones en dos empresas educativa.
Acción Popular
Por Acción Popular se ha solicitado la inscripción de Jorge Arboleda Ñeco, chiclayano y abogado de profesión, quien en el 2006 postuló para alcalde de Pimentel y en el 2014 para burgomaestre de Chiclayo, siempre por el partido de la palana y ambas veces sin éxito. Aunque es conocida su actividad empresarial en el rubro hotelero, ha declarado como última experiencia laboral haber trabajado en la azucarera Tumán hasta el 2019. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo.
Tiene una sentencia por homicidio culposo firme desde el 2003, ha declarado ingresos por 180 mil soles al año, la propiedad valuada en medio millón de soles y un vehículo en 120 mil soles. Asimismo, un consultorio médico que se encuentra en litigio.
Renovación Popular
El pomalqueño Carlos Peñara Reluz es el postulante de Renovación Popular. En el 2011 postuló para congresista por Lambayeque por Cambio Radical, en el 2016 como candidato al Parlamento Andino por Alianza para el Progreso y en el 2020 al Congreso por Podemos Perú. Ha sido militante de Perú Moderno.
Abogado, dedicado a la defensa libre, estudió Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo y tiene una diplomado en Imagen Internacional y Comunicación Política por la Universidad ESAN. Sus ingresos ascienden a 60 mil y ha reportado 65 predios e inmuebles como propiedad, uno de ellos valorizado en 700 mil soles, asimismo dos vehículos y acciones en la azucarera Pomalca.
Alianza Para el Progreso
APP postula al actual alcalde de La Victoria, Edwin Vásquez Sánchez, al sillón provincial. En su historial hay cinco candidaturas, tres de las cuales ganó. Fue regidor de Chiclayo elegido en el 2002 por Acción Popular y en el 2010 por Alianza para el Progreso.
Nacido en Cutervo, Cajamarca, es ingeniero de Sistemas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y ha concluido estudios de maestría en Administración con mención en Gerencia Pública. Tiene una sentencia contractual y ha declarado ingresos de 127 mil soles al año y un vehículo valorizado en 50 mil soles.
Fuerza Popular
El partido naranja lleva como candidato al dos veces alcalde de Chiclayo Miguel Ángel Bartra Grosso, quien tiene un amplio historial político. Postuló en 1989 por el Fredemo, en 1993 y 1995 por Acción Popular; en 1998 por Adelante Chiclayo, en 2026 por Siempre Adelante, en el 2010 por Fuerza Popular, en el 2014 por Alianza para el Progreso y en el 2022 por Somos Perú. En el 2018 no fue inscrito por Acción Popular y también ha militado en el Frente de la Esperanza.
Su trabajo más reciente fue como asesor legal del Hospital Las Mercedes de Chiclayo. Es abogado egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Tiene una sentencia contractual, ha declarado ingresos por 69 mil soles al año y una camioneta valorizada en 50 mil soles.
Partido Popular Cristiano
Natural de Huancabamba, Piura, Luis Felipe Romero Peña es el candidato del PPC para esta elección. Su trabajo más actual es como periodista y gerente de TLN TV SRL. Tiene título profesional en Periodismo por la Universidad Particular de Chiclayo. Tiene en su haber dos condenas: la primera por difamación y calumnia, que data de 1998 y la segunda por difamación, dada en el 2002.
Ha postulado cuatro veces a cargos de elección popular, todas sin éxito: en el 2021 como congresista por Somos Perú; en el 2002 como regidor por el Partido Aprista Peruano; en el 2018 como alcalde de Chiclayo por Somos Perú y en el 2022 como alcalde provincial por Avanza País.
Asimismo, tiene una sentencia por alimentos y otra por tenencia compartida. Sus ingresos suman 63 mil soles al año y ha declarado la propiedad de un automóvil valuado en cinco mil soles, así como acciones en dos empresas.
Otros candidatos
También buscan llegar a la alcaldía provincial de Chiclayo: Marixa Quispe Izquierdo (Visión Perú), Luis Cabrejos Orellana (Primero la Gente), Duber Fernández Silva (Pueblo Consciente), Jorge Rioja Cruzado (PRIN), Edinson Lozano Ramírez (Partido del Buen Gobierno), Manuel Calvay Salinas (Partido Aprista Peruano), Felis Gamarra Reyez (Juntos por el Perú), Agustín Villarreal Granados (Frepap), César Rodríguez Valderrama (Fe en el Perú) y Héctor Aguinaga Fernández (Avanza País).
A inicios de mayo, un grupo de alumnos del colegio Santa Lucía de Ferreñafe decidieron esperarse a la salida de las clases para ir al parque del Algodonal. Allí se enfrascaron a puño limpio en una gresca que era azuzada por señoritas de la misma institución, quienes apreciaban expectantes la improvisada jornada pugilística. El hecho quedó registrado por la cámara de uno de los vecinos, quien luego difundió ese video en redes sociales. En Lambayeque, hechos como estos se han repetido en alrededor de 180 ocasiones durante este año, según refiere Carlos Yampufé Requejo, gerente regional de Educación.
“Entre las tres Unidades de Gestión Educativa Local – UGEL, estamos bordeando los 180 casos de violencia escolar en todos sus protocolos. Son siete los protocolos por los siete tipos de violencia existentes. Todos estos se han reportado en la plataforma SíSeVe del Ministerio de Educación.
Psicólogos en acción
A pesar de lo elevada de la cifra, la autoridad del sector Educación señala que el año pasado por estas fechas Lambayeque era la séptima región con mayores casos reportados de violencia, pero hoy se ubica en la décima posición, lo que evidencia una ligera disminución.
No obstante, se ha logrado la contratación de más psicólogos para atender a las distintas instituciones educativas. En total, a la fecha se cuenta con un batallón de cien profesionales de psicología quienes promueven el bienestar y previenen la violencia, pues en el 70 % de los casos se trata de violencia entre escolares, ya sea física o psicológica.
Pero hay una cifra aún más alarmante. Y es que se ha dispuesto la separación preventiva de 20 docentes de las instituciones educativas, debido a procesos internos que se les ha abierto por denuncias de violencia infringida contra sus propios alumnos. De estos, siete corresponden a violencia sexual y trece a física o psicológica.
Mantenimiento de colegios
De oro lado, Yampufé Requejo señala que el 60 % de los más de 2000 locales escolares públicos se encuentran en malas condiciones para enfrentar las lluvias de un eventual Fenómeno El Niño. Se trata de locales que no cuentan con infraestructura moderna y que en muchos casos no son siquiera de material noble.
“Son instituciones que requieren de serias reestructuraciones debido a su antigüedad o su material. Están mayormente en zonas rurales y altoandinas. Desde el Gobierno Regional de Lambayeque se han implementado cinco estrategias para hacer frente a las lluvias, una de las cuales se denomina ‘Compromiso social compartido’, la cual consiste en la inyección de un presupuesto de S/ 10 000 para cada institución, el cual es adicional a los S/ 3000 o S/ 3200 que manda el Ministerio de Educación a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – Pronied”, señala.
Al respecto, el coordinador de esta estrategia, Ulises Guevara Paico, realiza un despliegue técnico para ver el avance físico y el uso transparente de los materiales entregados a estas instituciones tales como la I.E. 10248 – Tungula, la I. E. 10791 - La Tranca, la I.E. 10082 Sagrado Corazón de Jesús (Uyurpampa) y la I.E. 10860 Virgen de Guadalupe (Amusuy), todas estas pertenecientes al distrito de Incahuasi.
Añade que la estrategia de coordinación territorial del Ministerio de Educación les está permitiendo identificar a cada una de las instituciones educativas que requieren con urgencia este presupuesto. Asimismo, se coordina con el Pronied para que los locales escolares con mayores deficiencias reciban también un presupuesto adicional, independientemente del que entregará el gobierno regional.
+ NOTICIAS:
La carrera hacia las elecciones regionales y municipales de 2026 empieza a calentar. Luego de una exitosa gestión en la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, Elber Requejo Sánchez ha emprendido su campaña hacia el sillón provincial de Chiclayo en las filas de Somos Perú, cargo al que espera llegar para – según dice – sacar a la “Capital de la Amistad” del “hoyo en el que se encuentra”.
Requejo Sánchez afianza su candidatura provincial enfocado en la reestructuración técnica y financiera de la municipalidad de Chiclayo, el candidato busca capitalizar el caudal político obtenido en uno de los distritos históricamente más complejos de Lambayeque, proyectando replicar sus estrategias en la comuna provincial, que arrastra severos problemas desde hace décadas.
El salto a la provincia
El núcleo de la propuesta de Elber Requejo para la provincia de Chiclayo se sostiene sobre el concepto de la experiencia trasladable. Desde su perspectiva, la problemática de la capital provincial no dista mucho del escenario crítico que encontró en José Leonardo Ortiz al iniciar su mandato. El candidato de Somos Perú asegura que la crisis operativa de Chiclayo requiere un enfoque de gestión de tiempo completo, técnico y alejado de las dinámicas tradicionales de la política local.
"Lo que hemos hecho en José Leonardo Ortiz, esa experiencia, ese trabajo 24/7 que hemos desarrollado, la vamos a trasladar para sacar adelante a Chiclayo. Ese es nuestro deber, porque yo a Chiclayo le debo muchísimo. He venido a la edad de 16 años, soy ingeniero graduado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, he crecido aquí y tengo bastante gratitud. Le vamos a dar toda el alma y el corazón para sacar a Chiclayo del hoyo en el que está metido", asegura.
El candidato exhibe los logros alcanzados durante su mandato en el distrito leonardino, donde se ha revertido la situación de atraso que se tenía hasta antes del 2023. En tres años y medio de labor edil se puso en marcha un plan de mejoramiento de servicios básicos, limpieza pública, seguridad ciudadana y ejecución de obra pública.
Infraestructura y saneamiento
Elber Requejo señala que José Leonardo Ortiz era un distrito caracterizado históricamente por el colapso del sistema de saneamiento y la acumulación de residuos sólidos. Según el candidato, el principal avance de su gestión no se limitó a obras superficiales, sino a intervenciones profundas en la red de alcantarillado que no son visibles a simple vista pero que garantizan la viabilidad urbana a largo plazo.
Entre estas acciones, destacó el destrabe del Emisor Norte-Norte, una obra paralizada por más de 26 millones de soles que era señalada como la causa principal de los colapsos sistemáticos de desagüe en el distrito. Asimismo, detalló la rehabilitación integral de los colectores y subcolectores de las zonas norte y sur de José Leonardo Ortiz, complementada con la sustitución de conexiones domiciliarias en las principales arterias viales del distrito, incluyendo las calles y avenidas España, Bolívar, Kennedy, Argentina y México.
Para organizar de manera eficiente el crecimiento urbano y las inversiones, la gestión implementó una ordenanza municipal que dividió las 198 habilitaciones urbanas del distrito en 42 sectores diferenciados. A través de esta reestructuración, el postulante de Somos Perú argumenta que dejó las bases listas para que la administración siguiente dé continuidad a los perfiles de proyectos de pistas y veredas que ya cuentan con redes de agua y desagüe renovadas.
Estrategia financiera y reordenamiento
Uno de los puntos más críticos es la viabilidad económica de los gobiernos locales en Lambayeque. Al asumir la alcaldía de José Leonardo Ortiz, la comuna enfrentaba una deuda acumulada que superaba los 100 millones de soles, situación que mantenía al municipio al borde del colapso operativo y con retrasos significativos en los pagos de planillas y beneficios sociales de los trabajadores.
Durante el periodo de su mandato, la gestión logró reducir la deuda pública heredada de gestiones previas a un aproximado de 80 millones de soles, consiguiendo al mismo tiempo ordenar las cuentas internas y poner al día las obligaciones laborales de los trabajadores municipales, impidiendo la generación de nuevas deudas por beneficios sociales. A este proceso de saneamiento financiero se sumó la digitalización de los trámites y el fortalecimiento institucional del Servicio de Administración Tributaria – SAT, de José Leonardo Ortiz, logrando una recaudación anual estimada en 25 millones de soles en el último periodo.
El candidato utilizó este balance para trazar un paralelo con la Municipalidad Provincial de Chiclayo, cuya deuda estimada se sitúa por encima de los 300 millones de soles. Requejo Sánchez sostuvo que una entidad pública nunca quiebra si se aplica un control estricto entre el ingreso y el egreso corriente, complementado con una agresiva estrategia de gestión presupuestal ante el Ejecutivo. Explicó que el Fondo de Compensación Municipal - Foncomun de JLO promediaba apenas 15 millones de soles anuales frente a un gasto corriente que superaba los 50 millones, una brecha que se afrontó mediante la eficiencia en la recaudación local y el destrabe de inversiones externas articuladas con el gobierno regional y central mediante expedientes técnicos rigurosos.
Intervenciones en Moshoqueque
El mercado de abastos Moshoqueque, uno de los centros de comercio ambulatorio y mayorista más grandes del norte del país, también fue abordado durante la gestión de Requejo Sánchez. El candidato explicó que el principal obstáculo para intervenir dicho recinto era la falta de saneamiento físico-legal, una situación de informalidad jurídica que impedía históricamente la viabilidad de cualquier proyecto de inversión pública por parte del Estado, debido a que el predio no pertenecía legalmente a la municipalidad.
Paralelamente a las acciones legales que tomaron cerca de año y medio para formalizar la propiedad del mercado a favor del distrito, Elber Requejo detalló la instalación de infraestructura básica de salubridad para el beneficio de comerciantes y usuarios de los cuatro sectores del complejo.
"No solo nos encargamos del saneamiento físico legal del mercado, también instalamos los baños en los cuatro sectores de Moshoqueque, que son ocho baterías distribuidas en todo el complejo. No son ocho baños individuales como decían aquellos que alimentaban el morbo para confundir a la población; son ocho baterías completas de servicios higiénicos que benefician a miles de comerciantes y usuarios”, comenta.
Con este saneamiento normativo y físico terminado, el candidato afirma que el centro de abastos queda expedito para recibir proyectos de inversión de gran envergadura por primera vez en décadas, superando las trabas administrativas de administraciones pasadas.
Respuestas a la oposición
El Jurado Nacional de Elecciones emitió la resolución que oficializó la salida de Requejo Sánchez de la alcaldía leonardina, una decisión que catalogó como el resultado de una interpretación netamente administrativa y no como una sanción vinculada a actos de corrupción o malversación de fondos públicos.
En términos jurídicos, la resolución del máximo organismo electoral se enfoca en responsabilidades de índole política y administrativa dentro de la corporación municipal. Requejo Sánchez fue enfático al señalar que el documento emitido por el JNE no halla responsabilidad penal ni atribuye delitos contra el patrimonio del Estado o favoritismos personales.
"A mí, y que quede claro, no me vacaron por corrupto. No me vacaron porque me he coludido, o porque haya recibido alguna coima. Yo fui a servir, a trabajar y he cumplido con José Leonardo Ortiz. El Jurado Nacional de Elecciones hace sus argumentos, sus sustentos y ha tomado una decisión, pero en la argumentación no encuentra absolutamente nada de responsabilidad personal. No es por nepotismo ni por colusión”, explica.
