El 18 de enero de este año José María Balcázar Zelada juramentó como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Junto a él hizo lo mismo su Consejo Directivo. Casi tres meses después, en abril, dicho consejo logró su inscripción ante Registros Públicos, por lo cual exhortó al decano que se hicieran diariamente los depósitos del dinero ingresado en Caja a las cuentas bancarias de la institución. Poco más de un mes después, el 4 de junio, Balcázar Zelada ordenó que a la directora de Economía, Rosa Pizarro Piscoya, no se le brinde información respecto al dinero de la orden. Desde entonces, han transcurrido tres meses en que no se rinden cuentas económicas del gremio profesional.
No obstante, los conflictos en el ICAL empezaron antes de que el Consejo Directivo logre su inscripción ante Registros Públicos. Pizarro Piscoya cuenta que para ella era una “tortura” realizar la revisión de las cuentas de la orden, pues al no estar debidamente inscritos no podían hacer los depósitos diarios del dinero ingresado en Caja a las cuentas bancarias del colegio, tal como lo exige el estatuto.
Prueba de ello es la Carta Nº 002/ICAL/2019, del 27 de febrero, en la que Pizarro Piscoya le requirió a Balcázar Zelada que todos los gastos por comisión de servicios sean autorizados por Decanato y Dirección de Economía, a fin de verificar la provisión de los recursos. Se señala en la misiva que una vez autorizada la entrega de dinero debía efectuarse, a través de Gerencia, la rendición respectiva en un plazo no mayor de ocho días. En cuanto a los gastos administrativos, el plazo de rendición era de tres días. Fue un intento de regularizar las cuentas en lo que se certificaban las firmas ante los bancos.
“En el ínterin para conseguir la inscripción, para mí fue una tortura revisar las cuentas, pues cuando me acercaba a Caja me daba con la sorpresa de que ya se había dispuesto dinero para tal o cual fin. Yo estaba pintada, por eso mi principal preocupación era lograr el registro para tener la vigencia de poderes actualizada y certificar mi firma en los bancos”, sostiene.
DIPLOMADO
Tras lograr su inscripción ante Registros Públicos, Pizarro Piscoya le envío un documento el 6 de mayo a la responsable de Caja, Sinthia Renquifo Villegas, manifestándole que, dentro de sus funciones, se encontraba depositar diariamente al Banco de Crédito del Perú – BCP, el dinero ingresado a las arcas del ICAL.
Pizarro Piscoya señala que el primer hecho irregular con el que se topó fue que el dinero ingresado por concepto del Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal que desarrollaba el Colegio de Abogados no ingresaba a Caja y, por ende, tampoco era depositado en la cuenta del BCP que tiene la orden.
Tal como informó Expresión en su edición 1116, el Artículo 108 del Estatuto del ICAL demanda que el dinero ingresado a Caja debe ser depositado el mismo día de su recepción, bajo responsabilidad de la directora de Economía y el trabajador administrativo pertinente (área de Caja).
No obstante, Pizarro Piscoya afirma que Renquifo Villegas le informó que “por orden del decano”, dicho dinero no ingresaría a Caja, sino que se manejaría de forma paralela. Al calificar el diplomado como rentas, según el numeral 4 del Artículo 106, dicho dinero debió ingresar al sistema de caja. El monto de inscripción para el curso era de 300 soles.
Ante esta situación, el Consejo Directivo le requirió el 31 de mayo a José María Balcázar el sustento de los ingresos y gastos ocasionados por la realización de dicho diplomado. Días antes, el 29 de abril, los directivos ya le habían hecho llegar su incomodidad al decano por la contratación de un asesor externo de diplomados sin que esta haya sido autorizada por el Consejo.
“Por allí empezaron las fricciones entre el decano y el Consejo Directivo, pues el diplomado empezó en marzo, pero nunca supimos siquiera cuántos participantes acudían. Él nunca quiso dar cuentas de nada, a pesar de que era un curso que desarrollaba exclusivamente el Colegio”, asevera.
SECRETISMO
La tensa relación entre el decano del Ilustre Colegio de Abogados y la directora de Economía terminó por romperse el 4 de junio, cuando – según cuenta - Renquifo Villegas le refirió a Pizarro Piscoya que por órdenes del decano, ella ya no le rendiría información. Del hecho existe un acta firmada por la misma Renquifo Villegas.
Desde entonces, la directiva no ha vuelto a tener acceso a la revisión de las cuentas.
“La Dirección de Economía se encarga puntualmente de ejercer control del dinero que ingresa a la orden, mas no la disposición. Por ejemplo, usted va a pagar una colegiatura o una habilidad, y ese dinero debe ingresar al sistema de caja, el cual me rinde un estado de cuenta y, conforme lo ordena el estatuto, ese mismo día debe depositarse a la cuenta bancaria de la orden, que en este caso es del BCP”, revela.
Pizarro Piscoya indica que según los últimos reportes a los que tuvo acceso el Colegio manejaba un ingreso diario de siete mil soles, sin contar los días de colegiaturas. “La última colegiatura que yo pude cotejar fue de 69 colegiados. Cada uno de ellos paga mil 510 soles, es decir, más de cien mil en total”, refiere.
Al respecto, indica que la Comisión Revisora de Cuentas, cuyos integrantes pertenecen a la lista que lideró Carlos Palomino Guerra, quien quedó detrás de Balcázar Zelada en las elecciones del ICAL, tiene ya conocimiento de los hechos suscitados al interior de la orden profesional, pues ella personalmente entregó un expediente de todo lo acontecido. Sin embargo, indica que hasta el momento dicha comisión no ha actuado.
SUSPENSIÓN
El 5 de agosto en sesión extraordinaria, el Consejo Directivo resolvió declarar la vacancia de José María Balcázar Zelada en su condición de decano y de Elmer Fustamante Gálvez como director de Ética Profesional, ambos por inasistencias injustificadas a tres sesiones.
No obstante, a través de la Resolución de Decanato Nº 6/D/ICAL/2019, Balcázar Zelada declaró la vacancia de los 10 miembros del Consejo Directivo que lo habían vacado a él, entre quienes se encuenta Pizarro Piscoya. En la misma se informa que la directiva se encontraba suspendida de su cargo por “autoprestarse dinero de tesorería y negarse a devolver, así como falsificar un cheque de la institución”.
Al respecto, Pizarro Piscoya a señala que ella ya cumplió con absolver las imputaciones presentadas en el proceso en su contra, pero hasta la fecha, a pesar de tener casi dos meses de haber hecho sus descargos, la Comisión de Ética, presidida por Fustamante Gálvez, no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, toda vez que solo emitió una medida cautelar suspendiéndola del cargo en lo que dura la investigación.
“¿Qué podría hacer yo si está demostrado que no tengo acceso ni siquiera a revisar las cuentas? Para yo disponer del dinero de la orden necesito la firma del decano, puesto que la cuenta es mancomunada”, afirma.
En virtud de lo señalado, menciona que el decano intentó inscribir su suspensión del cargo ante Registros Públicos, solicitud que le fue negada por el ente registral, pues ese es un procedimiento administrativo del cual Rosa Pizarro goza incluso del derecho de reserva.
“Lo que ha pretendido Balcázar es inscribir una supuesta suspensión de mi cargo. Quiere sacar a Economía porque mientras yo tenga vigencia necesita de mi firma para sacar dinero del banco. Hasta donde recuerdo yo dejé en la cuenta del gasto corriente un promedio de 300 mil a 400 mil soles y en la del fondo mortuorio alrededor de 800 mil”, sostiene.
ASAMBLEA
Por otro lado, Pizarro Piscoya explica que hay un ente superior que es la Asamblea de Delegados, la cual podría facultar, por ejemplo, que el decano disponga del fondo mortuorio que es intangible. Asimismo, este ente interviene en la reforma de estatutos y regulaciones de normas.
No obstante, afirma que el Consejo Directivo no está obligado a pedir la aprobación de la Asamblea para ejecutar la vacancia del decano, pues el estatuto prevé que simplemente se dé cuenta del acto.
Respecto a la vacancia que luego ejecutó Balcázar Zelada en contra de ella y nueve directivos más, indica que esta tampoco puede ser convalidada por la Asamblea, pues para que se apruebe y designe un nuevo Consejo es necesaria la renuncia de los actuales integrantes, cosa que no ha sucedido.
“En Lambayeque somos casi nueve mil abogados colegiados que pagamos 10 soles mensuales por nuestra habilidad. Como consejo venimos enfrentando tantas mentiras e infamias y personalmente me siento muy agredida. En mis 16 años como abogada nunca me habían tratado así, difamándome y poniéndome por los suelos tan solo por tener la responsabilidad de revisar las cuentas”, finaliza.
