En un contexto en el cual distintas entidades públicas en Lambayeque han sido señaladas por actos de corrupción, la Red de Estudios para el Desarrollo – REDES, reportó que la región perdió más de S/ 664 millones debido a actos de corrupción e inconducta funcional en el 2022, según datos de la Contraloría General de la República.
Al respecto, Almendra Rodríguez, politóloga e investigadora de REDES, indicó que este costo por los casos de corrupción reportados en el departamento pudo cubrir la brecha de pobreza de Lambayeque, calculada en un total de S/ 195 millones por la Contraloría en el año 2022. De hecho, esta cifra representa el 29 % del costo de la corrupción en la región.
"Los actos de corrupción no solo disminuyen la confianza en las instituciones públicas, sino que también impactan negativamente en la confianza de los agentes económicos, como los inversionistas. En un contexto en el que hemos enfrentado una caída de la inversión privada, es importante generar confianza entre los distintos agentes económicos, además de propiciar un clima de estabilidad política", explicó la especialista de REDES.
Los datos de la Contraloría muestran que la Municipalidad Provincial de Chiclayo fue la entidad con el puntaje más alto de corrupción en la región. Le siguen el Gobierno Regional de Lambayeque y la Dirección Regional de Educación de Lambayeque.
Las brechas que ha generado la corrupción en el departamento son muy profundas, no sólo se ha postergado en desarrollo de los pueblos más necesitados y sumido a las ciudades principales, entre ellas Chiclayo, en el más completo abandono, sino también ha motivado la pérdida de confianza en la gestión pública por parte de la ciudadanía.
De la capital departamental tenemos 2 alcaldes presos por corrupción: Roberto Torres Gonzales y David Cornejo Chinguel, en tanto el exalcalde reciente, Marcos Gasco Arrobas, es procesado también por corrupción. Además, el exgobernador regional Humberto Acuña Peralta fue sentenciado por corrupción y actualmente es procesado el exgobernador Anselmo Lozano Centurión.
En semanas recientes, la vacada alcaldesa de Mórrope, Janet Morales Pasache, y el alcalde de Ferreñafe, Polanski Carmona Cruz, fueron enviados a prisión preventiva por corrupción, en tanto dos exfuncionarios de la actual gestión regional son investigados por el presunto cobro de coimas.
Solo en el 2023, el Perú perdió por corrupción más de S/ 24 000 millones. Esto significa que, de cada S/ 100 que se gastan en el país, S/ 13 se pierden por prácticas corruptas. Además, según el último reporte del Barómetro de las Américas (2023), el 87 % de peruanos cree que más de la mitad o todos los políticos son corruptos.
En ese contexto, la especialista de REDES sostuvo que urge recuperar la confianza. Para ello, continuó, es necesario reconocer que la corrupción la ha afectado profundamente. Si bien la macrocorrupción (ocasionada por altos funcionarios y con grandes cantidades de dinero) ha perjudicado la confianza durante años, es importante observar que en nuestro país también está presente la microcorrupción, que ocurre en las interacciones cotidianas entre la ciudadanía y los funcionarios públicos. “Según Proética, el 12 % de peruanos reconoció haber entregado alguna coima, regalo o pago indebido. La visibilización de estas acciones también es necesaria para la lucha contra la corrupción”, apuntó Rodríguez.
Precisamente, la especialista recordó que se detectaron casos de trabajadores del sector público que aceptaron pagos indebidos por parte de la ciudadanía. Por ejemplo, se conoció que hubo trabajadores que aceptaron una coima con tal de facilitar la cama UCI a algún familiar. Ello generó desigualdad en el acceso a los servicios que ofrece el Estado y atentó también contra los derechos fundamentales de la persona.
“No hay duda de que combatir la corrupción es un desafío complejo que requiere esfuerzos concertados y coordinados que involucren a las entidades públicas, funcionarios, y a la ciudadanía. Una forma efectiva de combatir la corrupción es a través de la promoción de una educación basada en la ética que permita inculcar tanto a los funcionarios públicos como los ciudadanos el valor de la integridad y la cultura de la transparencia”, concluyó Rodríguez.
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