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Según todas las encuestas la desaprobación del Congreso de la República supera el 90 %, principalmente porque sus miembros no legislan a favor del pueblo, y defienden sus propios intereses o de grupos económicos. Ante esta realidad le pedimos al parlamentario Carlos Anderson, un rostro destacable dentro de tanto personaje cuestionado, que haga una autocrítica a la labor de este poder del Estado.
Sin tapujos y yendo directo a la yugular, señaló que en el Congreso no hay transparencia y se impone un sistema antidemocrático. “Después de 19 meses puedo decir lo que falla en el Parlamento. Uno llega a través de un proceso democrático, los partidos se forman en bancadas que más parecen asociaciones de intereses, y en ese instante uno deja de tener derechos. Por ejemplo, yo no puedo ser presidente de la comisión de Economía, a pesar de tener la mayor trayectoria y formación, porque no tengo bancada; pero si están otros que no tienen el mínimo conocimiento en materia económica”, aseveró.
Vamos con otro ejemplo. Anderson indica que en julio habrá elecciones para la Presidencia del Congreso, pero tampoco podrá presentarse porque no tiene bancada, “entonces esto se convierte en un sistema antidemocrático”. “Se ha criticado por el tema de los gastos innecesarios, pero a mí nunca me preguntaron si se debía cambiar la alfombra o el proveedor de servicios alimenticios. Jamás se me consultó”.
Su crítica fue más allá y alcanza al Ejecutivo, que recientemente transfirió cerca de 50 millones de soles al Legislativo. “No me explico para qué se ha transferido ese monto, cuando el presupuesto del Congreso es de 890 millones soles, o sea gastamos más de 70 millones de soles mensuales y no sabemos en qué. Hay un grupo de congresistas que tiene 10 y hasta 20 viajes al exterior y nosotros ni nos enteramos. No hay transparencia, no hay un análisis crítico”, afirmó.
El legislador cuestionó que esa institución tenga unos cuatro mil trabajadores, y más de cien solo en el área de comunicaciones. “Yo nunca los he visto y no creo que el manejo de la imagen del Congreso justifique esa cantidad de personas. Es evidente que los recursos son utilizados por los partidos para pagar favores”, expresó.
Se ha tirado a brazos de la derecha
Carlos Anderson admitió que Dina Boluarte es la presidenta constitucional del país, la cual lamentablemente en el ejercicio del poder se ha ido deslegitimando, y ello se ha producido por el mal manejo de las protestas sociales. “Ella sabía que no iba a ser fácil su gobierno, porque hay grupos asociados al expresidente Castillo que iban a defender su régimen, pese a que durante 18 meses tuvo en vilo al país”.
“Ese grado de identidad ha hecho que vean que la caída de Castillo fue un atentado contra ellos, había un sentido de pertenencia muy fuerte, emocional, hasta casi irracional. Durante todo este tiempo el expresidente y su entorno promovieron el odio y la división en un sector de la población, para llegado el momento defiendan sus intereses”, manifestó.
El parlamentario explicó que en una reunión que sostuvo con Boluarte le dijo que tenía que reconocer que era una presidenta débil, porque no tiene partido, ni bancada en el Congreso, no tiene popularidad ni influencias en el segmento militar. Entonces ella debía convertir sus debilidades en fortalezas, y la manera más adecuada era adelantando las elecciones, convirtiéndose en un gobierno de transición, porque así iba a estar legitimada.
También le pidió que no deje que los violentistas le pongan fecha de caducidad a su gobierno, que tome el toro por las astas, que no olvide que había sido elegida en una plancha de izquierda, y que tenía la oportunidad de atender las demandas sociales con gente proba mientras convocaba a elecciones; pero no le hizo caso y se fue para el otro lado (a los partidos de derecha).
Recuerda que la presidenta Boluarte hasta un día antes del golpe de estado de Castillo, fue parte de ese gobierno con una visión de izquierda, ella fue cómplice por acción o por inacción. “Ahora mucha gente dice cómo es posible que se haya tirado a los brazos de la derecha; pero es por una cuestión de supervivencia política”.
Fallido crecimiento económico
Consultado sobre el estado de abandono y de olvido de la clase política tradicional respecto a las regiones del sur, Anderson precisó que durante todo este tiempo se ha vivido una fantasía, todos estos años de crecimiento económico no necesariamente significó beneficios para todos, se crearon bolsones de modernidad, pero no se llegó a esos sectores del sur del país, no se crearon polos de desarrollo.
“Esa bonanza que llegó básicamente por el precio los minerales, no llegó al resto del país, no hubo mejoras en servicios básicos, entonces de qué sirve consolidar un sistema democrático si tres millones de personas no tienen agua y seis millones no tienen alcantarillado, si el 62 % de colegios tiene una infraestructura pésima. Allí empieza el rechazo, esa desconexión con la democracia, que tiene que permitir que la gente mejore sus condiciones de vida”, sostuvo.
Puntualizó que en estos 30 años se ha santificado a la Constitución de 1993, y a la vez hubo un proceso de descentralización mal organizado, donde se trasladaron facultades sin capacidades, recursos sin control, y como resultado de todo ello es que habido una descentralización de la corrupción.
Por otro lado, el legislador se refirió a la oferta electoral que producen los partidos, la cual calificó de pésima, porque representan básicamente a intereses privados, partidos con dueños. “Lo que se tiene que hacer es modernizar el sistema de partidos, hacerlos más representativos, abrir espacios de diálogo, de debate; pero también urge tener una prensa mucho más acuciosa, independiente (porque a veces responden a intereses privados)”.
Agregó que se tiene que tomar conciencia del costo que significa desperdiciar los recursos públicos, y es muy negativo que se haya normalizado que todos los años 25,000 millones de soles vayan a parar a la corrupción. “Por ejemplo, ni nos inmutamos que la refinería de Talara haya costado 11 mil millones de soles, cuando con ese dinero se pudo haber puesto agua y desagüe a todo el país”.
Por ello, dijo Carlos Anderson, que está promoviendo un Consejo Económico y Social, que sea un gran foro de debate sobre estos temas, porque desde el Legislativo se proponen leyes populistas y si hablas con la verdad te califican de derechista o antiderechista. Ahora, en plena emergencia, se pretende cambiar a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) por la Autoridad Nacional de Infraestructura, sin que haya alguna discusión, sin saber si esto es mejor que lo anterior.
Apostar por equipos y no caudillos
El legislador detalló que en futuras elecciones se tiene que apostar por equipos y no por caudillos, porque cuando llegan al poder lo más probable es que sean víctimas de intereses, de presiones, y no tienen control del Estado.
Manifestó que él ha desarrollado la teoría de los 3, 30, 300 sobre cómo gobernar un país. Indica que cualquier persona que aspira a gobernar debe tener tres personas en su entorno: para que lo quieran bien, lo conozcan bien y sean capaces de decirle sus verdades cuando se equivoca, porque uno de los problemas con el poder es que la gente se endiosa y nadie le quiere decir nada.
“Cuando digo 30, que pueden ser 50 personas, de donde un presidente pueda sacar sus ministros; pero tiene que ser gente reconocida, que comparta una misma visión. Y cuando digo 300, que según los estudios pueden ser 500 personas, que compartan tu visión, tus valores, con eso se maneja eficientemente un Estado. Eso es más importante que buscar un caudillo, alguien que dice aquí estoy porque tengo plata; pero eso no es todo”, sentenció.
Anderson reconoció que los intentos por formalizar a los partidos han fracasado, porque en el Perú hecha la ley, hecha la trampa, con elecciones internas fraudulentas, y lo que él promueve es el voto independiente, “porque si seguimos en esta lógica burocrática que le hace mucho daño a la democracia, se seguirá alejando a los gobernados de los gobernantes”.
José L. Ortiz y su atraso
El legislador declaró que siempre le ha parecido contradictorio que siendo Chiclayo una ciudad tan importante desde el punto de vista comercial, tenga una infraestructura urbana deficitaria, siendo el ejemplo más evidente el distrito de José Leonardo Ortiz, el cual carece de pistas, con un mercado mayorista como Moshoqueque donde predomina la informalidad, la delincuencia y la falta de servicios básicos.
“Estamos en el siglo XXI y eso no puede suceder, para muchas cosas pareciera que estuviéramos en el siglo XVIII, entonces lo que se evidencia es que hay una desconexión entre los que gobiernan y los gobernados”.
Subrayó que lamentablemente en Lambayeque siempre han escogido mal a sus autoridades (varias de ellas hoy están presas), lo que refleja un problema de responsabilidad ciudadana. “Está bien equivocarse una vez, pero no tantas, pareciera que aquí para ser autoridad hay que tener un prontuario policial, judicial y no una trayectoria de servicio al país”.
Anderson aseveró que los lambayecanos tienen que reflexionar y ser más exigentes cuando voten, pero los partidos también tienen que proveer de una mejor oferta electoral, y allí el papel de la prensa es vital para descubrir al mal candidato antes de ser elegido y no después.
El expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, conversó con Expresión sobre la situación del sistema de justicia en el Perú, señalando que la provisionalidad, sobre todo en el Ministerio Público, genera altos índices de desconfianza en los justiciables.
¿Qué está pasando en el país con diversos casos que ahora se ventilan en el Poder Judicial? ¿Por qué la justicia tarda mucho y como muestra reciente tenemos el caso Urresti, en el que 35 años después hay una condena?
Tenemos que reconocer que la justicia ordinaria, la justicia del Estado, funciona con lentitud. Pero es el sistema en general, no solamente el Poder Judicial, porque el sistema de justicia comprende a la Policía Nacional, que es la primera que hace las investigaciones; al Ministerio Público, que tiene ahora un papel protagónico en el proceso penal y, obviamente a los jueces. En el sistema de justicia también está el Instituto Nacional Penitenciario – INPE, el Ministerio de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia. Entonces, debemos ver al sistema como un todo. También se debe contar a los procuradores del Estado.
¿Por qué no avanza un caso? En algunos casos porque no hay jueces o fiscales suficientes o, en otros, porque la gran mayoría no son titulares.
¿La falta de titularidad es un problema para la administración de justicia?
Lo es. Por ejemplo, en el Ministerio Público el 70 % son provisionales. ¿Quiénes son? Los que nunca pasaron por un concurso, nunca dieron una prueba, y ya están allí. Los llamaron quizá porque eran conocidos de algunos de los jefes, pero nunca han dado una prueba de conocimiento.
En el Poder Judicial los provisionales son jueces titulares, pero en el cargo anterior. Puede haber, por ejemplo, un juez superior titular que ante la ausencia de un magistrado en la Corte Suprema sube como juez supremo provisional. En la fiscalía no sucede eso, el provisional viene de la calle y entonces, ¿quién nos garantiza que ese abogado está debidamente preparado para cumplir el cargo?
¿Esto explica las demoras?
Es una de las razones. Los casos demoran por las fallas del sistema y cada una de las instituciones tienen su cuota de responsabilidad. Es muy difícil tener una receta para que todos actúen con eficiencia y los casos se resuelvan de inmediato.
¿Sumaría como otro problema a la falta de imparcialidad?
Muchos jueces, no diré todos porque sería una irresponsabilidad, han abdicado a su deber de imparcialidad. Están abiertamente parcializados con el fiscal y el Ministerio Público, y entonces forman parte del mismo equipo, juegan para el mismo lado. Y esto se agrava con la provisionalidad.
Quienes no son titulares están en el cargo provisionalmente y eso les resta independencia, pues la han recibido la confianza de quienes tienen más autoridad. Están allí no porque hayan ganado el puesto concursando. Para que no se ponga en juego su estabilidad en dichos cargos, ceden y hacer lo que la sociedad quiere; es decir, se guían por las encuestas y lo mediático.
Siendo así se puede concluir que hay magistrados influenciables…
El derecho penal no se guía por encuestas ni por lo que impongan las mayorías. El derecho penal es un conjunto de leyes, de pruebas y de hechos, ante lo cual el magistrado debe aplicar su criterio de consciencia.
Las mayorías funcionan para la política. La justicia no se puede resolver en base a encuestas, pero actualmente los jueces primero ven o escuchan los titulares de los medios y después condenan.
Como he dicho, en el Ministerio Público hay mucha provisionalidad. La gran mayoría de fiscales sin provisionales y eso no garantiza idoneidad en el cargo, porque no han sido calificados ni medidos en sus conocimientos y razonamientos, eso genera un clima de desconfianza. Si a eso agregamos que hay jueces que se convierten en mesa de partes de los fiscales, la situación deja mucho que deseas.
La responsabilidad recae en la Junta Nacional de Justicia, porque es la llamada a resolver la provisionalidad…
Exactamente. La Junta Nacional de Justicia debe hacer, semanalmente, concursos para fiscales y jueces para acabar la provisionalidad. Cuando un magistrado es titular adquiere mayor tranquilidad y resuelve sin presiones. Siendo provisional no sucede eso, porque si toma una decisión que no le gusta a quien lo designó, a la mañana siguiente ya no está en el cargo.
¿Los que ganas con la provisionalidad en la justicia son los poderes fácticos?
En cierto modo sí, porque como no hay una investigación objetiva, resulta que se termina condenando abiertamente a inocentes. La estadística ha demostrado, a nivel mundial, que el 5 % de condenados son inocentes. Si en el Perú hay 130 mil presos, entonces más de seis mil son inocentes.
¿Quién determina si una persona es inocente o culpable? El juez. El fiscal es una parte parcializada, persecutoria, porque así es su rol. Si el fiscal dice que todos son culpables y la defensa que todos son inocentes, el juez se alza como tercero imparcial y es el llamado a resolver la disputa.
Usted, actualmente defiende al expremier Aníbal Torres Vásquez en la investigación por el presunto delito de rebelión, tras el fallido golpe del 7 de diciembre del expresidente Pedro Castillo. ¿Cuál es su opinión del caso?
Lo importante es conocer el caso. Si no se conoce el caso es imposible tener las herramientas para formular una buena defensa. Yo ingresé casi a última hora en este caso, y lo hice por una razón bien concreta, distinta a la que algunos piensan que es por razones económicas: El doctor Torres Vásquez fue miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que me nombró juez supremo titular el 2007. No lo conocía y no le estoy devolviendo un favor, por la sencilla razón de que yo fui nombrado por todos los integrantes del CNM en votación unánime.
Soy grato y no le estoy devolviendo el favor. Él fue justo conmigo sin conocerme y yo estoy haciendo una defensa solidaria. Asumí el caso y tras exponer ante el juez este resolvió no enviarlo a prisión, sino mantenerlo en libertad como corresponde.
¿Hay jueces que no creen en la presunción de inocencia?
Por regla, una persona debe ir a la cárcel cuando ya ha sido declarada culpable, no antes. La prisión preventiva no es declaración de culpabilidad, es una medida que se da cuando recién está empezando el proceso.
Sin embargo, qué está pasando: muchos jueces de investigación preparatoria, de 100 requerimientos que reciben de la fiscalía para prisión preventiva, otorgan los 100 porque están sometidos a la presión mediática y son mesa de parte de la fiscalía.
Todo el mundo sabe que la prisión preventiva es excepcional y que la libertad es la regla, es decir que un investigado afronte la investigación en libertad. Ahora funciona al revés. Los jueces quedan bien con la colectividad, que exige mano dura, a costa de la libertad de las personas.
¿Desde cuánto la calle administra justicia? ¿Desde cuándo las barras bravas administran justicia? La justicia la administran los jueces, que con un comportamiento ecuánime e imparcial deben resolver conforme a ley.
¿La prisión preventiva de Pedro Castillo no es legal?
No diría que no es legal, porque obviamente los magistrados que han tomado la decisión se apoyan en normas. Sin embargo, a veces, mucho pesan los prejuicios. Lo más difícil para un juez es ser difícil de él mismo. Puede ser independiente del poder económico, del poder mediático, del poder fáctico, pero lo más difícil es que sea difícil de sus prejuicios, simpatías y antipatías.
¿Cómo superar todas estas taras?
Lo más recomendable es que se implementen los jurados de consciencia, que sean ciudadanos comunes y corrientes quienes acudan a los juzgados, en número de 12 y por única vez, legos en Derecho, para escuchar a las partes e informar al juez cuál es su criterio frente a un caso y ya el juez, con conocimiento de las normas, fijar la condena.
Funciona en el sistema anglosajón y norteamericano, así como en varios países de Europa y no hay cuestionamientos sobre la idoneidad. Una de las razones es porque el jurado no tiene que temer de la OCMA, la ODECMA o los medios de comunicación, solo le da cuenta a su consciencia. Como los jueces del Perú no son imparciales, es mejor implementar los jurados.
La Estación de Servicios Líder SRL viene participando en algunos procesos de selección que son convocados por entidades públicas con la finalidad de adquirir ingentes cantidades de combustibles para ser utilizadas por las unidades vehiculares a su cargo. Dicho proveedor declara bajo juramento cumplir con los requisitos establecidos, cuando la información presentada no se ajusta a la verdad.
La adquisición de combustibles, indefectiblemente, en una primera instancia debe ser convocada y llevada a cabo bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica, en la cual deben participar como mínimo dos proveedores que realicen la actividad comercial inherente al objeto de la convocatoria (venta de combustibles al por menor), quienes deben contar por lo menos con una estación de servicios (grifo) en la jurisdicción y la distancia que las bases del proceso establezcan.
El desarrollo procesal
La Subasta Inversa Electrónica se basa fundamentalmente en una mejora de precios sobre el valor estimado considerado para la adquisición de los carburantes, los cuales son producto de un estudio de mercado que conlleva a establecer el valor de la adquisición que, por cierto no es pública, el cual debe ser mejorado a favor de la entidad convocante y, bajo esta condición, el participante que oferte el menor precio a través de los lances que logre realizar (pujas), el sistema electrónico determina quien ocupó el primer lugar y su oferta sea sometida a su evaluación.
Los requisitos para ser participante
En la fecha indicada, los proveedores del rubro que pretenden postular en el proceso registran su participación y presentan sus ofertas en forma electrónica, para luego realizar la mejora de precios, ofertar el menor que le permita obtener el primer lugar en el orden de prelación. Luego, el comité de selección procede a evaluar la documentación contenida en las ofertas de por lo menos dos participantes, para luego otorgarle la buena pro al postor que no solo ofertó el menor precio, sino que presentó su oferta en las condiciones previstas en las bases.
La irregular participación
Cuando se trata de la adquisición de combustibles por parte de las entidades públicas, las bases proponen el requisito obligatorio de que los postores cuenten con una estación de servicio (grifo) a cierta distancia de la Entidad convocante, esto es una zona cercana a la misma.
En ese sentido, la Estación de Servicios Líder SRL, vulnerando este requisito, ha participado, por lo menos en dos procedimientos sin cumplir con este requerimiento; es decir, sin contar con la distancia requerida, a pesar de haber suscrito una declaración jurada, entre otros aspectos, declarando bajo juramento que sí lo cumplía.
Los procesos
El primer proceso en el cual participó la Estación de Servicios Líder SRL fue convocado por el Gobierno Regional de Lambayeque, cuyo objeto consistió en la compra de 21 mil 600 galones de Diésel B5-S50 (petróleo. El referido proveedor ofertó el menor precio. Sin embargo, fue descalificado por no contar con una Estación de Servicios ubicada en una radio de 5 Km de la sede del Gobierno Regional de Lambayeque, toda vez que su domicilio consignado tanto en la SUNAT como en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), se encuentra ubicado en la Av. México N° 274 Urb. Urrunaga, en el distrito de José Leonardo Ortiz.
El segundo procedimiento en el que ha participado dicho proveedor fue convocado por la Municipalidad Provincial de Lambayeque. En este participaron tres postores, entre ellos la Estación de Servicios Líder SRL, que luego de los lances respectivos ofertó el menor precio en los dos ítems convocados para adquirir 38 mil 789 galones de petróleo y 10 mil 602 galones de gasohol 90, ocupando el primer lugar. Sin embargo, también fue descalificado por el comité de selección por la misma causal del proceso anterior, en este caso no cumplir con la distancia establecida de 6 km.
Opinión
El consultor en Contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, manifiesta que la participación de dicho postor sería sistemática, ya que sabiendo que no cumple con el requisito obligatorio de tener una estación de servicios en las distancias indicadas, participa en los procesos afirmando que sí reúne esta condición.
“Esto llevaría a pensar que el proveedor en cuestión participa con la finalidad de rebajar los precios para ocupar el primer lugar y luego dar motivo a su descalificación, para que el postor que ocupó el segundo lugar se vea favorecido bajo la modalidad de un presunto bloqueo sistemático de los lances que los otros postores podrían realizar”, explicó.
