El expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, conversó con Expresión sobre la situación del sistema de justicia en el Perú, señalando que la provisionalidad, sobre todo en el Ministerio Público, genera altos índices de desconfianza en los justiciables.

¿Qué está pasando en el país con diversos casos que ahora se ventilan en el Poder Judicial? ¿Por qué la justicia tarda mucho y como muestra reciente tenemos el caso Urresti, en el que 35 años después hay una condena?

Tenemos que reconocer que la justicia ordinaria, la justicia del Estado, funciona con lentitud. Pero es el sistema en general, no solamente el Poder Judicial, porque el sistema de justicia comprende a la Policía Nacional, que es la primera que hace las investigaciones; al Ministerio Público, que tiene ahora un papel protagónico en el proceso penal y, obviamente a los jueces. En el sistema de justicia también está el Instituto Nacional Penitenciario – INPE, el Ministerio de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia. Entonces, debemos ver al sistema como un todo. También se debe contar a los procuradores del Estado.

¿Por qué no avanza un caso? En algunos casos porque no hay jueces o fiscales suficientes o, en otros, porque la gran mayoría no son titulares.

¿La falta de titularidad es un problema para la administración de justicia?

Lo es. Por ejemplo, en el Ministerio Público el 70 % son provisionales. ¿Quiénes son? Los que nunca pasaron por un concurso, nunca dieron una prueba, y ya están allí. Los llamaron quizá porque eran conocidos de algunos de los jefes, pero nunca han dado una prueba de conocimiento.

En el Poder Judicial los provisionales son jueces titulares, pero en el cargo anterior. Puede haber, por ejemplo, un juez superior titular que ante la ausencia de un magistrado en la Corte Suprema sube como juez supremo provisional. En la fiscalía no sucede eso, el provisional viene de la calle y entonces, ¿quién nos garantiza que ese abogado está debidamente preparado para cumplir el cargo?

¿Esto explica las demoras?

Es una de las razones. Los casos demoran por las fallas del sistema y cada una de las instituciones tienen su cuota de responsabilidad. Es muy difícil tener una receta para que todos actúen con eficiencia y los casos se resuelvan de inmediato.

¿Sumaría como otro problema a la falta de imparcialidad?

Muchos jueces, no diré todos porque sería una irresponsabilidad, han abdicado a su deber de imparcialidad. Están abiertamente parcializados con el fiscal y el Ministerio Público, y entonces forman parte del mismo equipo, juegan para el mismo lado. Y esto se agrava con la provisionalidad.

Quienes no son titulares están en el cargo provisionalmente y eso les resta independencia, pues la han recibido la confianza de quienes tienen más autoridad. Están allí no porque hayan ganado el puesto concursando. Para que no se ponga en juego su estabilidad en dichos cargos, ceden y hacer lo que la sociedad quiere; es decir, se guían por las encuestas y lo mediático.

Siendo así se puede concluir que hay magistrados influenciables…

El derecho penal no se guía por encuestas ni por lo que impongan las mayorías. El derecho penal es un conjunto de leyes, de pruebas y de hechos, ante lo cual el magistrado debe aplicar su criterio de consciencia.

Las mayorías funcionan para la política. La justicia no se puede resolver en base a encuestas, pero actualmente los jueces primero ven o escuchan los titulares de los medios y después condenan.

Como he dicho, en el Ministerio Público hay mucha provisionalidad. La gran mayoría de fiscales sin provisionales y eso no garantiza idoneidad en el cargo, porque no han sido calificados ni medidos en sus conocimientos y razonamientos, eso genera un clima de desconfianza. Si a eso agregamos que hay jueces que se convierten en mesa de partes de los fiscales, la situación deja mucho que deseas.

La responsabilidad recae en la Junta Nacional de Justicia, porque es la llamada a resolver la provisionalidad…

Exactamente. La Junta Nacional de Justicia debe hacer, semanalmente, concursos para fiscales y jueces para acabar la provisionalidad. Cuando un magistrado es titular adquiere mayor tranquilidad y resuelve sin presiones. Siendo provisional no sucede eso, porque si toma una decisión que no le gusta a quien lo designó, a la mañana siguiente ya no está en el cargo.

¿Los que ganas con la provisionalidad en la justicia son los poderes fácticos?

En cierto modo sí, porque como no hay una investigación objetiva, resulta que se termina condenando abiertamente a inocentes. La estadística ha demostrado, a nivel mundial, que el 5 % de condenados son inocentes. Si en el Perú hay 130 mil presos, entonces más de seis mil son inocentes.

¿Quién determina si una persona es inocente o culpable? El juez. El fiscal es una parte parcializada, persecutoria, porque así es su rol. Si el fiscal dice que todos son culpables y la defensa que todos son inocentes, el juez se alza como tercero imparcial y es el llamado a resolver la disputa.

Usted, actualmente defiende al expremier Aníbal Torres Vásquez en la investigación por el presunto delito de rebelión, tras el fallido golpe del 7 de diciembre del expresidente Pedro Castillo. ¿Cuál es su opinión del caso?

Lo importante es conocer el caso. Si no se conoce el caso es imposible tener las herramientas para formular una buena defensa. Yo ingresé casi a última hora en este caso, y lo hice por una razón bien concreta, distinta a la que algunos piensan que es por razones económicas: El doctor Torres Vásquez fue miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que me nombró juez supremo titular el 2007. No lo conocía y no le estoy devolviendo un favor, por la sencilla razón de que yo fui nombrado por todos los integrantes del CNM en votación unánime.

Soy grato y no le estoy devolviendo el favor. Él fue justo conmigo sin conocerme y yo estoy haciendo una defensa solidaria. Asumí el caso y tras exponer ante el juez este resolvió no enviarlo a prisión, sino mantenerlo en libertad como corresponde.

¿Hay jueces que no creen en la presunción de inocencia?

Por regla, una persona debe ir a la cárcel cuando ya ha sido declarada culpable, no antes. La prisión preventiva no es declaración de culpabilidad, es una medida que se da cuando recién está empezando el proceso.

Sin embargo, qué está pasando: muchos jueces de investigación preparatoria, de 100 requerimientos que reciben de la fiscalía para prisión preventiva, otorgan los 100 porque están sometidos a la presión mediática y son mesa de parte de la fiscalía.

Todo el mundo sabe que la prisión preventiva es excepcional y que la libertad es la regla, es decir que un investigado afronte la investigación en libertad. Ahora funciona al revés. Los jueces quedan bien con la colectividad, que exige mano dura, a costa de la libertad de las personas.

¿Desde cuánto la calle administra justicia? ¿Desde cuándo las barras bravas administran justicia? La justicia la administran los jueces, que con un comportamiento ecuánime e imparcial deben resolver conforme a ley.

¿La prisión preventiva de Pedro Castillo no es legal?

No diría que no es legal, porque obviamente los magistrados que han tomado la decisión se apoyan en normas. Sin embargo, a veces, mucho pesan los prejuicios. Lo más difícil para un juez es ser difícil de él mismo. Puede ser independiente del poder económico, del poder mediático, del poder fáctico, pero lo más difícil es que sea difícil de sus prejuicios, simpatías y antipatías.

¿Cómo superar todas estas taras?

Lo más recomendable es que se implementen los jurados de consciencia, que sean ciudadanos comunes y corrientes quienes acudan a los juzgados, en número de 12 y por única vez, legos en Derecho, para escuchar a las partes e informar al juez cuál es su criterio frente a un caso y ya el juez, con conocimiento de las normas, fijar la condena.

Funciona en el sistema anglosajón y norteamericano, así como en varios países de Europa y no hay cuestionamientos sobre la idoneidad. Una de las razones es porque el jurado no tiene que temer de la OCMA, la ODECMA o los medios de comunicación, solo le da cuenta a su consciencia. Como los jueces del Perú no son imparciales, es mejor implementar los jurados.

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