El Perú tiene hoy 25,7 % de pobreza monetaria, pero sigue siendo más pobre que antes de la pandemia. Mientras tanto, la primera vuelta del 13 de abril de 2026 convirtió a Juntos por el Perú en el portavoz de una ira que el crecimiento no alcanza a calmar. Hirschman lo explicó hace décadas, donde no importa solo si uno avanza, sino si el carril de al lado avanza más rápido.

Albert Hirschman desarrolla en uno de sus ensayos la metáfora de la carretera de dos carriles. Si estamos en un atasco y de pronto el otro carril se libera, la reacción inicial es de alivio, quienes están en el carril lento pueden pensar que pronto les tocará a ellos. Pero, pasado un tiempo, el hecho de que el otro carril avance más rápido empieza a generar frustración, incluso si uno mismo también está avanzando. La tolerancia a la desigualdad, sostenía Hirschman, no es infinita, ya que tiene fecha de vencimiento.

El Perú de 2026 vive exactamente esa escena, la pobreza monetaria afectó al 25,7 % de la población, equivalente a 8 millones 828 mil personas. La cifra bajó 1,9 puntos porcentuales respecto a 2024, y 567 mil peruanos dejaron la condición de pobres en solo un año. Pero al compararlas con 2019, el panorama cambia radicalmente, dado que el país tiene hoy 5,5 puntos porcentuales más de pobreza que antes de la pandemia, lo que equivale a 2 millones 337 mil personas pobres adicionales y casi la tercera parte de la población peruana tiende a ser vulnerable.

Por otro lado, entre 2023 y 2026 los términos de intercambio del Perú subieron 12,5 % anual, con el oro y la plata en máximos históricos desde 1948, y sin embargo la inversión privada apenas creció 3 % y el producto bruto interno no pasó del 2,5 % en promedio. En el período 2003-2013, con términos de intercambio mucho más bajos, el país crecía al 6,2 % anual. La diferencia no es de recursos; sino es de gestión pública y de institucionalidad.

Si bien el gobierno entrante en julio de 2026 recibirá una economía con fundamentos aún sólidos pero frágiles: el sol estable, inflación por encima del rango meta, reservas internacionales de aproximadamente 100.000 millones de dólares y un déficit fiscal que, aunque todavía manejable, enfrenta presiones crecientes por leyes de gasto aprobadas por el Congreso. La herencia macroeconómica es manejable, pero la herencia social, no tanto.

Siendo el crimen organizado considerado un problema económico, no solo de seguridad ciudadana: extorsiones, sicariato y presencia territorial de bandas criminales están inhibiendo decisiones de inversión en varias regiones. Y mientras la informalidad ronde el 60-70 % de la fuerza laboral, cualquier promesa de reducción rápida de la pobreza sin crecimiento sostenido del sector moderno es retórica.

El voto rural

En las elecciones generales del 12 de abril de 2026, Juntos por el Perú y su candidato Roberto Sánchez obtuvieron el segundo lugar de la primera vuelta, apenas por encima de Rafael López Aliaga, con una diferencia inferior a 16.000 votos. Un resultado que habría sido impensable en cualquier ciclo electoral anterior a la pandemia.

Su fuerza se concentró en el sur y el centro del país, en los territorios que más sufrieron la pandemia y que más tardan en recuperarse. Su debilidad fue Lima, donde realizó apenas dos visitas durante toda la campaña. Pero la pregunta no es solo quién votó por Juntos por el Perú, sino por qué su propuesta incluye una asamblea constituyente, la renegociación de contratos como el de Camisea y una crítica sistemática al modelo económico vigente.

Bajo la metáfora de Hirschman en el carril de la continuidad económica representado por Fujimori, los inversores privados esperan señales de estabilidad para reactivar las inversiones paralizadas; el Banco Central de Reserva, con la estabilidad macroeconómicas y las reservas internacionales netas, seguiría siendo el escudo cambiario. En el carril del cambio representado por Sánchez, las promesas redistributivas y la asamblea constituyente generan incertidumbre sobre los contratos ley, la autonomía del BCR y el modelo de apertura comercial.

Las brechas

Un peruano que gana hoy 20 % más que hace cinco años, pero que ve a su vecino ganar 60 % más, no se siente agraciado, dado que se siente estafado. Esa brecha entre expectativa y realidad no entre pobreza y riqueza en abstracto es el combustible del voto de protesta.

El próximo gobierno, sea cual sea, recibirá una economía con motores encendidos, pero con demasiados pasajeros que no sienten el movimiento. Pero lo que si respalda la evidencia científica es que sin crecimiento económico sostenido no hay reducción de pobreza ni mejora en el IDH. Pero el crecimiento que no llega a todos no solo falla en sus objetivos sociales: también produce el combustible para que candidatos que prometen quemar el tablero lleguen a la segunda vuelta con dos millones de votos.

La lección de Hirschman no es pesimista sino es estratégica. Si el carril lento observa durante demasiado tiempo que el carril rápido acelera sin compartir la vía, el resultado no es paciencia. Es congestionamiento y en el Perú del 2026, la bocina ya está sonando

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(*) Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt. Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.

La narrativa del fraude electoral se ha expandido en la última década como una estrategia política impulsada principalmente por sectores de extrema derecha en países como Estados Unidos, Perú, Brasil, Bolivia, Argentina y Colombia. Según diversos informes periodísticos, estas acusaciones sin pruebas, difundidas mediante desinformación en redes sociales y plataformas digitales, buscan desacreditar resultados electorales, debilitar la confianza en las instituciones y profundizar la polarización política.

El caso de Bolivia en 2019 se convirtió en uno de los ejemplos más emblemáticos del impacto de las narrativas de fraude electoral en América Latina. Tras la victoria de Evo Morales, sectores opositores liderados por Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho denunciaron un supuesto fraude sin pruebas concluyentes. Las acusaciones, amplificadas por medios y redes sociales, desencadenaron una crisis política que terminó con la renuncia de Morales y la instalación de un gobierno interino. Años después, diversos estudios cuestionaron la solidez de las denuncias iniciales, evidenciando cómo la narrativa del fraude puede convertirse en un factor de desestabilización institucional.

Estados Unidos

Uno de los principales impulsores de la narrativa del fraude electoral fue Donald Trump, quien tras perder las elecciones de 2020 denunció sin pruebas que los comicios habían sido “robados”. El discurso alcanzó su punto más crítico con el asalto al Capitolio en 2021 y posteriormente se convirtió en un modelo replicado por sectores de extrema derecha en países como Brasil, Perú, Colombia y Argentina.

Brasil 2022

El caso brasileño evidenció el papel de las redes sociales en la expansión de narrativas de fraude electoral. Durante las elecciones presidenciales de 2022, el entonces candidato de derecha Jair Bolsonaro promovió sospechas sobre el sistema de votación electrónica sin presentar pruebas concluyentes. Las acusaciones se difundieron masivamente en WhatsApp, Telegram y otras plataformas digitales. Tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, grupos radicalizados desconocieron los resultados y protagonizaron protestas y ataques contra instituciones democráticas, replicando una estrategia similar a la utilizada previamente por Donald Trump en Estados Unidos.

Colombia

En Colombia, las elecciones presidenciales de 2022 mostraron una dinámica distinta a la observada en otros países de la región. La contienda enfrentó a Gustavo Petro, candidato de izquierda por la coalición Pacto Histórico, y a Rodolfo Hernández, identificado con sectores de derecha y discurso antisistema. A diferencia de otros casos latinoamericanos, las denuncias y sospechas de fraude provinieron de simpatizantes de ambos sectores políticos, evidenciando cómo la desinformación electoral se ha convertido en un recurso transversal en contextos de alta polarización.

Argentina

El fenómeno también se manifestó en Argentina durante las elecciones presidenciales de 2023, en un escenario polarizado entre el candidato peronista de centroizquierda Sergio Massa y el líder ultraderechista Javier Milei. La noche de los comicios, Milei aseguró que existían “cinco mil denuncias de fraude”. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral registró únicamente 105 denuncias ciudadanas, una cifra similar a otros procesos electorales. Aunque las acusaciones no derivaron en una crisis institucional mayor, el caso reflejó cómo la narrativa del fraude puede instalarse rápidamente en el debate público incluso sin evidencia verificable.

Perú

La narrativa del fraude electoral en Perú tuvo como antecedente las elecciones presidenciales de 2021, cuando sectores de derecha y extrema derecha denunciaron sin pruebas un supuesto “fraude sistemático” tras la victoria de Pedro Castillo frente a Keiko Fujimori. Las acusaciones se centraron en cuestionar votos de zonas rurales y andinas, alimentando la polarización y la desconfianza institucional.

Sin embargo, el escenario de las Elecciones Generales de 2026 evidenció un nivel mayor de radicalización. A diferencia de 2021, cuando las denuncias surgieron después de conocerse los resultados, el discurso de fraude comenzó a instalarse incluso antes de la jornada electoral del 12 de abril.

Según Ojo Público, ese mismo domingo 12 de abril, a las 9:48 a.m., el entonces candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, publicó en su cuenta de  X: “Creo que el intento de fraude ya ha comenzado”, pese a no presentar pruebas verificables. Posteriormente, el líder identificado con sectores de extrema derecha difundió acusaciones sobre “mesas ficticias”, “un millón de personas impedidas de votar” y un supuesto “hackeo” del sistema electoral, afirmaciones que hasta ahora no se han podido demostrarse. El discurso replica estrategias usadas por otros actores políticos, sembrar sospechas de fraude para desacreditar posibles derrotas electorales y mantener movilizadas a bases polarizadas.

Las narrativas de fraude electoral se han convertido en una estrategia impulsada principalmente por sectores de extrema derecha para cuestionar resultados, polarizar a la sociedad y debilitar la confianza en la democracia mediante desinformación y discursos conspirativos.

(*) Politólogo.