La narrativa del fraude electoral se ha expandido en la última década como una estrategia política impulsada principalmente por sectores de extrema derecha en países como Estados Unidos, Perú, Brasil, Bolivia, Argentina y Colombia. Según diversos informes periodísticos, estas acusaciones sin pruebas, difundidas mediante desinformación en redes sociales y plataformas digitales, buscan desacreditar resultados electorales, debilitar la confianza en las instituciones y profundizar la polarización política.

El caso de Bolivia en 2019 se convirtió en uno de los ejemplos más emblemáticos del impacto de las narrativas de fraude electoral en América Latina. Tras la victoria de Evo Morales, sectores opositores liderados por Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho denunciaron un supuesto fraude sin pruebas concluyentes. Las acusaciones, amplificadas por medios y redes sociales, desencadenaron una crisis política que terminó con la renuncia de Morales y la instalación de un gobierno interino. Años después, diversos estudios cuestionaron la solidez de las denuncias iniciales, evidenciando cómo la narrativa del fraude puede convertirse en un factor de desestabilización institucional.

Estados Unidos

Uno de los principales impulsores de la narrativa del fraude electoral fue Donald Trump, quien tras perder las elecciones de 2020 denunció sin pruebas que los comicios habían sido “robados”. El discurso alcanzó su punto más crítico con el asalto al Capitolio en 2021 y posteriormente se convirtió en un modelo replicado por sectores de extrema derecha en países como Brasil, Perú, Colombia y Argentina.

Brasil 2022

El caso brasileño evidenció el papel de las redes sociales en la expansión de narrativas de fraude electoral. Durante las elecciones presidenciales de 2022, el entonces candidato de derecha Jair Bolsonaro promovió sospechas sobre el sistema de votación electrónica sin presentar pruebas concluyentes. Las acusaciones se difundieron masivamente en WhatsApp, Telegram y otras plataformas digitales. Tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, grupos radicalizados desconocieron los resultados y protagonizaron protestas y ataques contra instituciones democráticas, replicando una estrategia similar a la utilizada previamente por Donald Trump en Estados Unidos.

Colombia

En Colombia, las elecciones presidenciales de 2022 mostraron una dinámica distinta a la observada en otros países de la región. La contienda enfrentó a Gustavo Petro, candidato de izquierda por la coalición Pacto Histórico, y a Rodolfo Hernández, identificado con sectores de derecha y discurso antisistema. A diferencia de otros casos latinoamericanos, las denuncias y sospechas de fraude provinieron de simpatizantes de ambos sectores políticos, evidenciando cómo la desinformación electoral se ha convertido en un recurso transversal en contextos de alta polarización.

Argentina

El fenómeno también se manifestó en Argentina durante las elecciones presidenciales de 2023, en un escenario polarizado entre el candidato peronista de centroizquierda Sergio Massa y el líder ultraderechista Javier Milei. La noche de los comicios, Milei aseguró que existían “cinco mil denuncias de fraude”. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral registró únicamente 105 denuncias ciudadanas, una cifra similar a otros procesos electorales. Aunque las acusaciones no derivaron en una crisis institucional mayor, el caso reflejó cómo la narrativa del fraude puede instalarse rápidamente en el debate público incluso sin evidencia verificable.

Perú

La narrativa del fraude electoral en Perú tuvo como antecedente las elecciones presidenciales de 2021, cuando sectores de derecha y extrema derecha denunciaron sin pruebas un supuesto “fraude sistemático” tras la victoria de Pedro Castillo frente a Keiko Fujimori. Las acusaciones se centraron en cuestionar votos de zonas rurales y andinas, alimentando la polarización y la desconfianza institucional.

Sin embargo, el escenario de las Elecciones Generales de 2026 evidenció un nivel mayor de radicalización. A diferencia de 2021, cuando las denuncias surgieron después de conocerse los resultados, el discurso de fraude comenzó a instalarse incluso antes de la jornada electoral del 12 de abril.

Según Ojo Público, ese mismo domingo 12 de abril, a las 9:48 a.m., el entonces candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, publicó en su cuenta de  X: “Creo que el intento de fraude ya ha comenzado”, pese a no presentar pruebas verificables. Posteriormente, el líder identificado con sectores de extrema derecha difundió acusaciones sobre “mesas ficticias”, “un millón de personas impedidas de votar” y un supuesto “hackeo” del sistema electoral, afirmaciones que hasta ahora no se han podido demostrarse. El discurso replica estrategias usadas por otros actores políticos, sembrar sospechas de fraude para desacreditar posibles derrotas electorales y mantener movilizadas a bases polarizadas.

Las narrativas de fraude electoral se han convertido en una estrategia impulsada principalmente por sectores de extrema derecha para cuestionar resultados, polarizar a la sociedad y debilitar la confianza en la democracia mediante desinformación y discursos conspirativos.

(*) Politólogo.