Una frase que podría describir perfectamente la situación de la matriz energética del Perú es la que erradamente se le ha atribuido a Antonio Raimondi: “El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”. Y es que, con tanta abundancia de fuentes de energía renovable, en el Perú apenas el 8 % de la energía eléctrica se produce a partir de fuentes renovables, según da a conocer Lizandro Rosales Puño, presidente de los Capítulos de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Colegio de Ingenieros del Perú.
El especialista en hidrocarburos, seguridad industrial y energía revela que más del 70 % de la matriz energética peruana es a base de gas natural y petróleo, siendo este último hidrocarburo escaso en el país, lo que obliga al gobierno a importar. Mientras que la matriz eléctrica está dividida básicamente en dos: en energía hidroenergética y energía térmica producida a partir de la quema del gas natural.
“La energía eólica y la fotovoltaica casi no se utilizan. En realidad, tenemos muy pocos parques eólicos. Tenemos uno en Cupisnique (San Pedro de Lloc – Pacasmayo) y en Cajamarca en Huambos y Duna, que son parques pequeños. Sin embargo, el potencial eólico de la región Lambayeque es inmenso y no se está aprovechando. En el sur se están desarrollando proyectos solares fotovoltaicos que de alguna manera incentivan la mayor participación de las energías renovables”, manifiesta.
Incentivo a la producción
El especialista explica que este tipo de energías son las denominadas renovables no convencionales, debido a la variabilidad que tienen a lo largo del día. Por ejemplo, en el caso de la fotovoltaica, la intensidad del sol es variable a lo largo del día, extinguiéndose en la noche. Lo mismo con la velocidad del viento.
Sin embargo, advierte que hay un tipo de energía que no se está aprovechando que es la geotérmica, pese a que la industria es abundante en el sur del país.
“No tenemos una sola central, un solo proyecto que esté utilizando energía geotérmica. El Estado Peruano en este caso cumple solo la función de promotor, no invierte en proyectos de generación de energía, sino que fomenta que los actores privados hagan esta inversión. Existen proyectos para energías renovables no convencionales. En Lambayeque tenemos uno, en Sechura, Piura, hay otro bastante grande por casi mil millones de dólares”, sostiene.
Añade que, desde el punto de vista de la promoción de energías renovables, lo mejor que puede hacer el Estado es mantener una matriz equilibrada, donde participen los diferentes tipos de energía para mantener un mix óptimo de generación”, sostiene.
Investigación
De otro lado, resalta la importancia de espacios como el Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Ramas Afines – Conimera, para desarrollar investigaciones sobre ingeniería sostenible y seguridad energética para el desarrollo del país.
“Desde el punto de vista de la seguridad energética, somos vulnerables. Esto quiere decir que las energías fósiles a partir del gas natural y del petróleo siguen siendo mayoritarias dentro del ingreso de la energía primaria a transformación. Pero cuando miramos el panorama de la producción local, vemos que al petróleo y sus derivados debemos traerlos de afuera. No producimos ni siquiera un tercio de la demanda nacional, todo lo demás debe venir de afuera”, apunta.
Señala que el principal recurso energético que tiene el país es la energía hidroenergética, pero no se está aprovechando, dado que las investigaciones arrojan que solamente se aprovecha el 8 % de toda el agua que se va a la cuenca amazónica.
“¿Cómo queremos tener un país sostenible a partir de quemar gas natural? Ya se dio el 1 de marzo la emergencia nacional por este accidente en los dos tubos que traen gas de Camisea a Lima, pero las demás regiones están ausentes prácticamente del consumo, salvo Ica y Arequipa que llevan gas natural licuado desde la planta de Melchorita”, asevera.
Una de las consignas más recurrentes en la reciente campaña política fue hacer que el Perú se vuelva un país competitivo. Aunque con más vehemencia que propuestas, esta consigna se basa en un diagnóstico con cifras: entre 69 economías del mundo, el Perú se ubica en el puesto 60, según el Ranking Mundial de Competitividad publicado en el informe del Institute for Management Development (IMD).
Al respecto, el decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, Edwin Chávarri Carahuatay, refiere que lo poco competitivo del país obedece a que no se han podido cerrar las brechas en materia de infraestructura, lo cual -sumado a la falta de gobernalidad- hace que el crecimiento económico no se refleje en la calidad de vida de los ciudadanos.
“Las inversiones generan un impulso a la economía en el país, pero hay indicadores como el de gobernabilidad y el cierre de brechas que no se han atendido como debe ser. La infraestructura no se ha planificado o ejecutado bien y en lo que concierne a gobernabilidad basta con mirar todos los problemas políticos”, señala Chávarri Carahuatay.
Quinquenio perdido
Explica que este quinquenio se perdió en cuanto a eficiencia técnica, gubernamental y normativa, lo cual ha hecho que otros países de la región saquen ventaja sobre el Perú.
“Hemos visto como el tren del desarrollo pasa por otros países como Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, México y no por nosotros. Hemos desaprovechado la oportunidad histórica que tenemos al ser un país que está en los ojos del mundo. Felizmente, seguimos siendo un país geopolíticamente importante para el mundo y eso a la vez es nuestro desafío, allí vienen los retos de la ingeniería peruana”, advierte.
Conectividad
De otro lado, señala que la obra del megapuerto de Chancay no tendrá el impacto esperado si no se le construyen las vías de acceso necesarias en el norte y sur del país, pues la importancia del puerto no radica solo en importar productos en menor tiempo, sino en mejorar la producción exportadora para el desarrollo nacional.
“Tenemos que conectar el puerto con el norte y sur del país, con cabotajes, nuevas carreteras y trenes que conecten no solo a la costa peruana, sino a la sierra y la Amazonía. Todos los países del mundo han invertido en infraestructura para conectar sus ciudades de forma ordenada, estratégica y planificada”, menciona Edwin Chávarri, quien agrega que, a un año de la construcción del puerto de Chancay, el gobierno de Brasil ya está construyendo su línea férrea para acercarse a la costa peruana en el punto de Acre, en Pucallpa, mientras que el gobierno del Perú no ha definido ni siquiera el trazo que debería tener la vía ferroviaria.
Precisa que el Perú tiene apenas 2000 kilómetros de vías para trenes, pero se necesitan 60 mil kilómetros para conectar a todo el país, de modo que se generen ejes transversales entre las líneas férreas para fomentar nodos productivos que permitan tener polos energéticos, turísticos y de desarrollo con otros países del continente como Brasil, Colombia, Ecuador, etc.
“Esa es la mirada del mundo, así se planifica el mundo. Nosotros desde el Colegio de Ingenieros, sobre todo en esta especialidad de ingeniería mecánica eléctrica, estamos apostando por ello. La ingeniería ya resolvió muchos problemas del mundo y sigue trabajando para resolver otros con innovación tecnológica”, manifiesta.
Inaugurado en el 2011, el Hospital Regional de Lambayeque es uno de los nosocomios referentes en el norte del país. Diariamente, entre 600 a 700 personas son atendidas por consulta externa, quienes llegan no solo de Lambayeque, sino de Chachapoyas, Jaén, Tarapoto, Juanjuí, los distritos del norte de La Libertad, Cajamarca y el mismo Piura. Además, alrededor de 150 pacientes son atendidos al día por Emergencia, lo que hace de este establecimiento un verdadero desafío para su gestión.
Expresión conversó con Ernesto D’Angelo Ramos, director de este establecimiento, quien asumió hace tres meses las riendas del mismo y ha emprendido una reingeniería para satisfacer la alta demanda de pacientes, a fin de seguir salvando vidas con médicos altamente capacitados y equipos de última generación.
Médicos especialistas
Ernesto D’Angelo precisa que een el Hospital Regional trabajan alrededor de 1800 personas, entre personal asistencial, administrativo y de servicio. De ellos, 300 son médicos especialistas, entre 600 a 800 son enfermeras y técnicas en enfermería, alrededor de 400 son personal administrativo y otros 300 son profesionales de otras áreas de la salud como nutriólogos, psicólogos, tecnólogos médicos, entre otros.
Sobre los médicos especialistas, señala que el establecimiento requiere de al menos unos 80 galenos más, sobre todo de las especialidades de Cardiología, Endocrinología, Medicina Física, Neurología, Nefrología, Neurología Pediátrica, Cirugía Cardiovascular, Oftalmología, Urología, Oncología, Cirugía De Cabeza Y Cuello, Cirugía Plástica, entre otras. De igual forma, indica que también se necesitan enfermeras de estas especialidades.
“Los médicos de este hospital no son médicos generales. Un tiempo tuvimos médicos generales que fueron los CAS Covid. Esos 30 a 40 médicos pasaron a diferentes áreas, algunos quedaron en triaje, pero ahora estamos dándoles la especialidad. El año pasado muchos de ellos tuvieron la oportunidad de ser residentes. La idea es darles la capacitación para que logren la especialidad”, comenta.
Emergencia
De otro lado, apunta que se está haciendo una reingeniería total en la Emergencia del hospital, cambiando y capacitando al personal. Se ha mejorado también el sistema de atención para que esta sea de forma inmediata y los pacientes no se queden sin solución a sus problemas médicos.
“Hicimos un estudio diagnóstico de todo lo que ocurre en la Emergencia y vimos, por ejemplo, que muchos de estos pacientes que vienen por hemodiálisis no son nuestros. Es decir, son pacientes de otras regiones o pacientes que se atendían de forma particular pero que terminan llegando a nuestro hospital. Son gente que si no se dializan cada tres días se mueren, entonces vienen al Hospital Regional porque saben que es el único que les abre las puertas”, explica.
Reconoce que, aunque casi todos los días la demanda supera a la capacidad de atención, n el Hospital Regional tienen una orden expresa del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, de atender a todos los pacientes que lleguen. En esa línea, señala que se trabaja en la ampliación de Emergencia con 40 camas nuevas, las cuales deberán estar instaladas en dos meses.
“En dos meses debemos estar dando solución al problema de Emergencia. Con la reingeniería que estamos haciendo para dar atención inmediata a los pacientes vamos a disminuir el flujo de gente en la Emergencia. Estamos contratando también a gente nueva. Se me ha dado la oportunidad de buscar a los especialistas idóneos para trabajar en la ampliación y dar solución a este problema álgido”, menciona.
Equipamiento
Asimismo, menciona que mediante el mecanismo de Obras por Impuestos se está viendo la posibilidad de conseguir nuevos equipos como son un tomógrafo y un resonador. Actualmente, el nosocomio cuenta con uno de cada uno operativos.
“Estamos viendo el equipamiento de todo el equipo quirúrgico en las diferentes especialidades: las nuevas máquinas de anestesia, el manejo de todo lo que es quirófano, equipo laparoscópico, equipo para hacer robótica, un cineangiógrafo, camas gama, un acelerador lineal, equipos para oftalmología con lo último en retina, equipos especiales para cirugía de cabeza y cuello, de traumatología. Tenemos ahorita un arco en C, pero estamos pidiendo otro. Estamos viendo todo lo que son nuevas prótesis de traumatología, el manejo de neurocirugía con los nuevos implantes y así con todos los equipos especiales que nos están pidiendo. Estamos renovando todo el hospital, pues la idea es que para septiembre u octubre hagamos de este hospital el mejor equipado no solo de la región, sino del Perú”, manifiesta.
Consultado sobre las muertes de neonatos en el hospital ocurridas en febrero, refiere que se trató de bebés prematuros, incluso de 28 semanas, que no tenían otra opción compatible con la vida que ir a la UCI Neonatal, pero por lo mismo que no tenían su sistema respiratorio completamente desarrollado fallecieron. No obstante, acota que se ha ampliado la capacidad de esta UCI Neonatal.
“El Hospital Regional de Lambayeque no solo tiene una UCI, tiene una UCI pediátrica, una UCI de adultos, una UCI de Emergencia, una UCI de cuidados intermedios y una UCI Neonatal. Y en la UCI Neonatal tenemos nivel uno, dos, tres y cuatro. Hemos tenido que crear una UCI Neonatal 4 por el problema que se presentó hace meses”, destaca D’Angelo Ramos, quien refiere que cuentan con 18 camas, cifra bastante alta a comparación de otros hospitales de la región.
Oncología
En tanto, refiere que durante el 2025 se atendió a 54 mil 199 pacientes oncológicos, entre oncología clínica, radioterapia, cirugía oncológica y gineco-oncología.
“A nivel mundial los casos de patologías oncológicas se incrementaron en 10 %, pero en nuestro hospital tenemos diferentes especialidades para hacer frente a esto. Tenemos Oncopediatría, Oncología Paliativa, Cirugía Oncológica, Gineco-Oncología. Y ahora estamos viendo otras subespecialidades para garantizar la atención de más pacientes. Estamos salvando las vidas de muchos pacientes con cáncer”, afirma.
Investigación
Finalmente, explica que el Hospital Regional cuenta con tres unidades: la Dirección de Salud, la Dirección de Docencia y la Dirección de Investigación. Sobre esta última, precisa que son catorce los médicos dedicados a esta rama en el nosocomio.
“Durante la época del Covid el área de Investigación ayudó muchísimo con los exámenes de laboratorio para encontrar las causas relacionadas a esta enfermedad. Con la unidad de reducción de tejidos hemos visto los cultivos de piel, hueso y músculo. Estamos trabajando investigaciones científicas con las universidades. Tenemos al doctor Mario Valladares que ha ganado premios como uno de los mejores científicos del Perú y que actualmente se desempeña como jefe de Calidad”, indica.
Señala que este hospital fue construido para atender casos de alta complejidad, pero con el pasar de los años y por la necesidad de la población empezó a recibir pacientes con diferentes patologías. Hoy, con 15 años de servicio, señala que la meta es convertirse en el mejor hospital del Perú, con los mejores médicos y los equipos más sofisticados, a fin de garantizar la atención de toda la macrorregión norte del país.
A casi 12 años de su mediática captura en octubre de 2014, la figura de Roberto Torres Gonzales, exalcalde provincial de Chiclayo, ha transitado de ser el eje del poder político local a convertirse en un símbolo de la fragilidad humana dentro del sistema penitenciario. Señalado en su momento por el Ministerio Público como el presunto cabecilla de la red criminal "Los Limpios de la Corrupción", Torres Gonzales hoy ocupa nuevamente la atención, pero no por sus procesos judiciales, sino por un estado de salud que su defensa califica como agónico.
El abogado Javier Cieza Vásquez, quien asumió la defensa técnica de la exautoridad hace poco más de un año, ha encendido las alarmas sobre lo que considera un desenlace fatal inminente. La situación en el establecimiento penitenciario de Chiclayo, ubicado en el distrito de Picsi, ha pasado de la reclusión administrativa a una crisis humanitaria. Según Cieza, el deterioro de Torres Gonzales es de tal magnitud que la familia ha depositado sus esperanzas en un indulto humanitario que parece haberse extraviado en los pasillos de la burocracia estatal.
Estado de salud
El estado físico del otrora poderoso alcalde de Chiclayo es, según los relatos de quienes lo visitan, irreconocible. La información vertida por su defensa técnica y confirmada por allegados a la familia dibuja un cuadro clínico devastador. Roberto Torres ha perdido una cantidad alarmante de peso, situándose actualmente en un rango que oscila entre los 56 y 57 kilogramos.
Sin embargo, el dato que más preocupa a la defensa es la reactivación de un cuadro oncológico que se creía bajo control médico. "Hasta hace aproximadamente año y medio, cuando tomé contacto con él por primera vez, tuve conocimiento de que su cáncer estaba un tanto controlado. Pero desde finales del año pasado los médicos confirmaron que la enfermedad se había reactivado nuevamente", explicó Cieza Vásquez en entrevista con Expresión. Afirma que esta reactivación, sumada a las precarias condiciones de atención médica dentro de un centro penitenciario, agrava exponencialmente el pronóstico del interno.
A este cuadro oncológico se suma una discapacidad sensorial progresiva: la pérdida de la visión. El abogado relató con preocupación cómo la ceguera ha comenzado a mermar la autonomía básica de su patrocinado. "La última vez que fui a verlo en persona, hace unas dos o tres semanas, pude notar que ya no ve bien. Se cansa excesivamente; cuando tiene que trasladarse de un ambiente a otro dentro del penal, debe detenerse, sentarse y esperar a que su visión se aclare un poco", detalló el letrado.
Torres Gonzales, de 66 años, tiene diagnóstico certificado por médicos del INPE de hipertensión arterial severa, diabetes mellitus tipo II y taquicardia sinusal. Asimismo, especialistas del Hospital Regional de Lambayeque diagnosticaron cáncer de próstata en etapa IVB, habiéndose expandido a ganglios y huesos.
El laberinto de los tres años
Para comprender por qué Roberto Torres sigue recluido a pesar de haber pasado más de once años tras las rejas, es necesario adentrarse en la compleja selva de los procedimientos judiciales peruanos. Torres fue capturado en octubre de 2014 bajo una medida de prisión preventiva dictada en el marco de un expediente primigenio y voluminoso referido al caso “Limpios de la Corrupción”, presunta organización desarticulada el 30 de septiembre de ese año, teniendo dos delitos madre: asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.
No obstante, un formalismo legal tiene trabado el cómputo de la carcelería. De los más de once años y medio que Torres Gonzales lleva en el penal, solo ocho años y medio se le computan formalmente como cumplimiento de condena efectiva. La razón radica en que los tres primeros años de su reclusión fueron bajo la figura de prisión preventiva (36 meses), esto dentro del expediente que, hasta la fecha, no ha recibido sentencia definitiva.
Es decir, si bien Roberto Torres ha recibido condenas, aún no ha sido llevado a juicio y condenado por los delitos que dieron pie a la investigación fiscal: asociación ilícita y lavado de activos, pese a que por más de 10 años el caso tuvo al fiscal Sergio Zapata Orozco a dedicación exclusiva.
"La sala de Lambayeque utiliza un criterio impuesto por la Corte Suprema de la República que establece que el tiempo cumplido por prisión preventiva solo puede ser descontado si ese expediente específico termina en una sentencia condenatoria", precisó Cieza Vásquez.
El problema es que el expediente original de "Los Limpios de la Corrupción" ha sido fragmentado en numerosos procesos menores o "desacumulados". Torres Gonzales ya ha sido condenado en seis de estos procesos paralelos, recibiendo penas que, tras un proceso de acumulación jurídica, se fijaron en un total de 14 años de cárcel. Sin embargo, como el expediente "madre" aún no tiene acusación fiscal ni sentencia, esos tres años iniciales de preventiva permanecen en una especie de limbo legal, sin poder ser utilizados para reducir el tiempo restante de su condena acumulada. Es, en palabras de su abogado, una espera incierta que podría prolongarse por cinco o diez años más.
Una alternativa
La defensa de Roberto Torres ha decidido implementar una estrategia legal que roza la paradoja: buscar una condena rápida para obtener la libertad. Esta táctica consiste en acogerse a la figura de la terminación anticipada en uno de los delitos pendientes dentro del expediente principal, específicamente el de asociación ilícita.
"Lo que estamos haciendo actualmente es tramitar un acuerdo con la fiscal del caso. Queremos que él sea condenado al menos por un delito dentro de ese expediente inicial, aceptando su responsabilidad. El objetivo es que, al tener una sentencia condenatoria en ese proceso, podamos finalmente acumularla a los 14 años ya existentes y, por ley, ahora sí utilizar esos tres años de preventiva que hoy están en el aire", detalló Cieza Vásquez.
Si este plan procesal tiene éxito, el tiempo de reclusión efectiva de Torres saltaría automáticamente de 8 años y medio a 11 años y medio. Con este nuevo cálculo, la defensa planea solicitar beneficios penitenciarios por redención de pena a través del trabajo y la educación dentro del recinto. Bajo el sistema de redención de 5x1 (cinco días de labor por uno de libertad), Roberto Torres podría alcanzar el umbral de los 14 años de condena este mismo año.
"Nuestra meta es que pueda salir por beneficio de excarcelación en octubre, cuando cumpla 12 años reales de internamiento, que redimidos equivaldrían a su pena total", puntualizó el abogado.
El indulto humanitario
La familia de Roberto Torres insiste en la vía del indulto humanitario. Este recurso es una potestad exclusiva de la Presidencia de la República y se otorga por razones estrictamente de salud y humanidad, independientemente del avance de los procesos judiciales. A pesar de los mitos que rodean esta figura, Cieza Vásquez aclaró que el hecho de que el exalcalde tenga procesos abiertos no impide legalmente la concesión del indulto.
"No estamos solicitando un indulto para alguien que solo tiene prisión preventiva. Roberto Torres ya cuenta con seis sentencias condenatorias firmes. El indulto procede sobre las penas ya impuestas; los casos que siguen en curso y que podrían durar años son cuerdas aparte que no bloquean la posibilidad de la gracia presidencial", enfatizó el letrado. La defensa ha expresado su desconcierto ante la demora de la Comisión de Gracias Presidenciales, que lleva más de un año solicitando informes complementarios sin emitir un pronunciamiento definitivo.
"Pedimos que las autoridades del Ejecutivo revisen el expediente y den una respuesta lo más pronto posible, sea a favor o no, pero que la den", remarca.
El abogado es consciente de que, de no prosperar la terminación anticipada o el indulto, a su patrocinado le restarían al menos cinco años y medio de prisión efectiva, un tiempo que, dado su estado actual, parece una sentencia de muerte encubierta. "Esperamos que no haya un desenlace fatal, pero la situación es esa. Por eso estamos agotando todas las vías, incluso la de aceptar culpas en procesos que aún no terminan, solo para forzar una sentencia que nos permita usar el tiempo que ya cumplió", concluyó.
La historia de Roberto Torres Gonzales en el penal de Chiclayo es, en última instancia, un reflejo de las profundas contradicciones de un sistema judicial que, en su afán de rigurosidad, a veces se enreda en sus propios formalismos, y de un sistema penitenciario que no siempre está preparado para gestionar el final de la vida de quienes purgan condena.
La Universidad Particular de Chiclayo – UDCH, atraviesa uno de los momentos más críticos y determinantes de su historia institucional. Tras el cese oficial de sus actividades académicas, ocurrido el pasado 19 de agosto de 2024, la casa de estudios se encuentra en una fase de transición caracterizada por una deuda laboral millonaria, procesos judiciales de ejecución de garantías y la búsqueda de un nuevo licenciamiento ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu.
Roque Calonge Rojas, asesor legal externo y apoderado de la UDCH, expuso a Expresión detalladamente la compleja arquitectura jurídica que sostiene a la universidad en la actualidad.
"La situación legal es que la universidad es una universidad con licencia denegada. El 23 de julio de 2019, la Sunedu emitió la resolución 109 denegando el licenciamiento institucional y, a partir de ahí, la universidad entró en la fase de cese de actividades", precisó el abogado. Esta situación ha condicionado no solo el presente administrativo de la institución, sino también su capacidad de maniobra económica.
A pesar de la paralización de las clases presenciales y virtuales, la gestión actual sostiene que la institución ha mantenido un estándar de cumplimiento bajo la lupa del ente rector. Calonge Rojas destaca que la institución ha cumplido con el plan operativo supervisado por Sunedu durante los últimos cinco años.
"La Sunedu ya nos ha supervisado en los últimos cinco años hasta el 19 de agosto del 2024. Actualmente, la universidad se encuentra sin dictar clases porque se acabaron las actividades académicas, solamente está para entregar grados y títulos", explicó el letrado.
El caso Samuel Dyer
Uno de los puntos de mayor controversia y que ha generado incertidumbre en la opinión pública lambayecana es la aparición del empresario Samuel Dyer Ampudia en el escenario financiero de la universidad. Roque Calonge fue enfático al aclarar que Dyer no ha adquirido la propiedad de la ciudad universitaria, sino que ha asumido la posición de acreedor en un proceso judicial específico de ejecución de garantías.
El expediente 317-2021 corresponde a una deuda que la UDCH mantenía con el banco BBVA por la construcción de un edificio, ascendente originalmente a un monto cercano a los 7 millones de soles. Tras un pago parcial ejecutado por la universidad que cubrió aproximadamente 3.5 millones, el banco inició un proceso judicial por el saldo restante, poniendo como garantía la ciudad universitaria. "El BBVA nos ha comunicado que ha vendido la deuda de los 3 millones al señor Samuel Dyer Ampudia. Él es un sucesor del expediente; el sucesor significa que, como el BBVA ha vendido su deuda a través de la cesión de derechos, él sería el nuevo acreedor", detalló Calonge Rokas.
Ante esta situación, la defensa legal de la universidad ha procedido a observar la resolución judicial que reconoce esta sucesión de derechos. El abogado indicó que han tomado contacto con el nuevo acreedor para explorar posibilidades de financiamiento o pago, dado que la prioridad de la gestión es limpiar el patrimonio para el nuevo proyecto de licenciamiento.
"Hemos procedido a observar esa resolución a través de una apelación, porque hemos encontrado unas observaciones respecto a la escritura pública de cesión de derechos", afirmó el abogado, enfatizando que la titularidad del inmueble (ciudad universitaria) sigue perteneciendo íntegramente a la universidad.
El patrimonio de la UDCH
Un aspecto fundamental para comprender la imposibilidad de una "venta" o "toma de control" convencional de la universidad es su naturaleza jurídica. A diferencia de otras instituciones educativas constituidas bajo el régimen de sociedades anónimas (S.A.C.), la Universidad de Chiclayo es una asociación civil sin fines de lucro creada por ley específica.
"La universidad no tiene propietarios. Es una asociación creada por ley, por lo tanto, se maneja conforme a las normas del Código Civil. No puede ser sometida a Indecopi porque solo las empresas (SAC o EIRL) se someten a procesos concursales", explicó Calonge Rojas.
Esta característica ha sido un arma de doble filo: por un lado, protege a la institución de una liquidación mercantil directa; por otro, ha dificultado la llegada de inversores estratégicos, ya que no existe la figura de compra de acciones o transferencia de propiedad mayoritaria que garantice el control a un tercero.
El patrimonio de la institución no se limita únicamente a la infraestructura de la ciudad universitaria ubicada en la carretera a Pimentel. La defensa legal sostiene que la UDCH posee otras propiedades inmobiliarias que forman parte de sus activos. La estrategia actual de los directivos es utilizar estos otros bienes para negociar con los acreedores y liberar la sede principal de cualquier carga judicial.
Respecto al valor actual de la ciudad universitaria, Roque Calonge reveló que se espera una nueva tasación judicial, dado que el último remate fallido de 2023 se basó en una valoración del año 2014 de 13.5 millones de dólares. "Tenemos una tasación [reciente] de cerca de 21 millones de dólares", indicó, sugiriendo que el valor real del mercado actual es muy superior a las deudas civiles vigentes.
La deuda laboral y el "pacto de buena vecindad"
Más allá de los acreedores financieros, el mayor pasivo que arrastra la Universidad de Chiclayo es de carácter social y laboral. Se estima la existencia de aproximadamente 2000 expedientes judiciales en curso, la gran mayoría provenientes de gestiones administrativas anteriores a la actual dirección de Danilo Escobar Gutiérrez. La deuda acumulada en este sector es considerable, con estimaciones que oscilan entre los 20 y 25 millones de soles.
Calonge Rojas explicó que estos trabajadores tienen un derecho preferencial sobre cualquier otro acreedor en caso de una liquidación o remate de activos. "Existe en ese expediente un promedio de 20 trabajadores que se han apersonado al juzgado. En la eventualidad de que se remate la ciudad universitaria, el juez tiene que primero pagar a estos trabajadores las acreencias laborales y después al acreedor hipotecario", señaló, recordando que el orden de prelación legal protege los beneficios sociales por encima de las deudas bancarias o comerciales.
Un factor determinante que ha evitado el colapso total de la institución ha sido el comportamiento del sindicato de trabajadores no docentes. El asesor legal destacó que los administrativos han mantenido una actitud de espera estratégica para permitir la operatividad mínima necesaria para el licenciamiento.
"Ellos, con un pacto de no agresión o una política de buena vecindad, decidieron no activar sus procesos laborales a la espera de que la universidad pueda licenciarse. Ese pacto de caballeros ha permitido que la universidad camine estos años sin muchos embargos", reconoció Calonge Rojas, valorando este gesto como una pieza clave en la supervivencia de la UDCH en el último lustro
El factor económico crítico
El objetivo central de la actual administración es el "renacimiento" de la casa de estudios a través de un nuevo proceso de licenciamiento institucional. Roque Calonge informó que el expediente técnico necesario para este fin presenta un avance significativo, habiendo seguido las recomendaciones de la SUNEDU para ajustar la oferta académica a la realidad financiera de la institución.
"Nos han orientado, por ejemplo, habilitar cuatro o cinco carreras, siguiendo sus lineamientos. El expediente de licenciamiento está a un 60 % o 7 0% listo", manifestó el abogado. No obstante, admitió que el punto más crítico de la evaluación será el financiero. La Sunedu exige que la presentación del expediente se realice con la "contabilidad histórica", lo que obliga a la universidad a declarar transparentemente la totalidad de sus deudas acumuladas. "Somos conscientes de que va a haber una observación de Sunedu respecto al sostenimiento económico", admitió.
La falta de un flujo de caja constante es el principal obstáculo. Sin el ingreso por pensiones de enseñanza, la universidad depende exclusivamente de los recursos generados por los trámites de grados y títulos de sus egresados.
La tesis de la defensa legal y de la alta dirección es que la aprobación del licenciamiento es la única vía real para honrar las deudas. "Una vez que se obtenga ese nuevo licenciamiento, vuelve a haber pensiones y ya se podrá establecer alguna fórmula o cronograma de pagos", concluyó Calonge Rojas.
El abogado finalizó reafirmando que la UDCH, con más de 30 mil profesionales egresados desde 1985, es un "patrimonio cultural de la ciudad de Chiclayo" y que su recuperación es un imperativo para la región.
Según un estudio publicado por la firma de consultoría EY-Parthenon y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico - CIUP, la brecha de infraestructura en el Perú supera los 110 mil millones de dólares. Sin embargo, anualmente el país pierde 24 mil millones de dólares por actos de corrupción, dinero que podría ayudar a recortar esta brecha. Para el decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, Pedro Reyes Tassara, para revertir esta situación es importante tener ministerios técnicos que se encuentren alejados de la política, a fin de que exista una dedicación exclusiva al avance de expedientes técnicos que permitan concretar obras.
“La política no debe pasar a un segundo plano, pero sí debería haber ministerios donde se aborde lo técnico. Para frenar y reducir las brechas de infraestructura se necesita de un ministerio que nada tenga que ver con la política. Se requiere de una institución como el Banco Central de Reserva del Perú, donde su presidente se mantenga en un horizonte de tiempo hasta que todo mejore, que se garantice la construcción de nuevas represas, vías modernas, ferroviarias, de obras de saneamiento, agua y desagüe las 24 horas, el asfaltado de calles, que ya no existan más expedientes mal ejecutados”, menciona.
Planeamiento
Reyes Tassara sostiene que se debe planificar un país a largo plazo, uno en el que los cambios de gobierno no frenen las grandes obras que se pongan en marcha. Así, propone que en este eventual Ministerio de Infraestructura se trabaje un banco de proyectos en el que participen consultores, tanto nacionales como extranjeros, a fin de que los expedientes salgan bien hechos para que luego -bajo una excelente supervisión- los proyectos se concreten y generen desarrollo.
“Un país que no planifica está ciego, no va a avanzar en el tiempo. Necesitamos un ministerio que trabaje expedientes técnicos, donde participen consultores de verdad, no los que salen de la universidad y ya se están consorciando para ser favorecidos. Si debemos traer a profesionales extranjeros, que vengan y se fortalezcan las capacidades de los consultores nacionales. Los colegios profesionales como el nuestro están preparados para aportar a la culminación de expedientes”, sugiere.
Gestión
En esa línea, exhorta también a los alcaldes a que se conviertan en verdaderos gestores y acudan no solo a los ministerios para el financiamiento de sus obras, sino también al apoyo internacional. Resalta que, terminado el proceso electoral, todas las autoridades electas deben trabajar de forma mancomunada, deponiendo los intereses partidarios.
“Una vez que termine la segunda vuelta y acaben en octubre las elecciones regionales y municipales, todos debemos trabajar unidos. Ya no deberían renacer los partidos que no pasaron la valla electoral. La participación política se está volviendo más comercial, se desnaturalizan las ideologías. Cuando eran tres o cuatro partidos políticos todos luchaban por sus ideales, pero ahora aparecen por todos lados candidatos. Debería darles vergüenza hacer política de esa manera”, apunta.
Refiere que como Colegio de Ingenieros se vienen acercando a las diferentes autoridades para ofrecer su apoyo consultivo antes de la ejecución de una obra, a fin de evitar que haya problemas después.
“En aras de la transparencia nos estamos acercando, para que sean los especialistas de los colegios profesionales los que lideren y den opinión antes de la ejecución de una obra. Estamos poniendo a nuestros mejores especialistas para garantizar técnicamente la alerta a tiempo ante un vicio oculto que pudiera haber”, afirma.
