El próximo 6 de junio el exalcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, se sentará en el banquillo de los acusados, toda vez que para ese día se ha programado el inicio del juicio oral en su contra por el caso Veólia. Gasco Arrobas fue acusado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por los delitos de negociación incompatible y colusión.
En el 2019, a meses de haber iniciado su gestión, la gestión de Marcos Gasco declaró el desabastecimiento inminente del servicio de limpieza pública, para con ello contratar de manera directa a la empresa Veolia para el alquiler de 10 compactadoras, por más de un millón 800 mil soles.
El proceso estuvo lleno de irregularidades, según confirmó a fines de ese año la Contraloría General de la República, determinando un perjuicio económico al municipio por más de 240 mil soles.
Acusación fiscal
De acuerdo al requerimiento, presentado al juez del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción de Chiclayo, la fiscal Karim Ninaquispe formuló la acusación por la presunta comisión del delito de colusión agravada (seis años de prisión), alternativamente negociación incompatible (cuatro años), en agravio del Estado.
Los implicados en la acusación son Marcos Gasco Arrobas, alcalde de la comuna; Cinthya Flores Huamanquispe, exgerente de Asesoría Jurídica; el también gerente de Asesoría Jurídica José Flores Cabanillas, los exgerentes del municipio Cristian Rosenthal Ninapaytan; Ricardo Romero Rentería y Luis Ponce Ayala; Juan Ibáñez Álvarez, ex gerente de Administración; Óscar Ahumada Ramos, ex jefe de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos; Adriana Ghersi Burga, jefa de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos; Edgardo Siaden Ortega, jefe de la Unidad de Logística; Juan Bendezú Zevallos y Ralph Montoya Vega.
El caso
La fiscal dio cuenta al juez que el 14 de enero del 2019, Gasco Arrobas, en su condición de alcalde de Chiclayo, solicitó al entonces gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano, un convenio de cooperación interinstitucional entre el municipio y la región consistente en el apoyo de maquinaria pesada (volquetes y cargador frontal), para retirar la acumulación de residuos sólidos en los puntos críticos en las vías de acceso y zonas urbanas de la ciudad, debido a la inoperatividad de más del 60 % de la maquinaria de la comuna. Dicho convenio se firmó el 22 de enero.
Estando vigente el convenio, el mismo que se prolongó hasta marzo de ese año, el 28 de febrero se realizó la sesión de concejo liderada por Gasco Arrobas en la que por mayoría, con 12 votos a favor, se aprobó el desabastecimiento inminente del servicio de recojo de residuos sólidos por un período de 90 días. Los tres votos en abstención fueron de los regidores: Jhony Piana Ramírez, Percy Espinoza Gonzales y Orlando Puell Varas.
En base a ese acuerdo, el 11 y 12 de marzo, el área de Logística solicitó cotizaciones para la contratación de maquinaria, obteniendo el mismo 11 de marzo la respuesta de Veolia Servicios Perú SAC, que ofertó el recojo de tonelada de basura a 140.42 soles. Tres días después, el 14 de marzo, la empresa bajó su oferta a 136.88 soles por tonelada.
Otras dos empresas ofertaron 130 y 122 soles por tonelada.
Orientación de oficio
Frente a lo estaba sucediendo en la comuna, el Órgano de Control Institucional comunicó al alcalde el Informe de Orientación de Oficio N° 289-2019-MPCH/OCI, en el que indica que los informes que sustentaron el acuerdo de declaratoria de desabastecimiento inminente del servicio de residuos sólidos “no determinan con precisión cuál es el bien o servicio cuya ausencia inminente compromete la continuidad de las funciones de la entidad (…) no se identifica cuál es el hecho o situación extraordinaria e imprevisible que determinó la ausencia inminente del bien o servicio y que los hechos generan el riesgo que la entidad realice una contratación directa al margen de la normativa de contrataciones, contraviniendo el principio de legalidad con que deben actuar las autoridades administrativas y la correcta administración pública”.
Y fue justamente lo que sucedió. El 15 de marzo el concejo volvió a sesionar y aprobó nuevamente 12 a 3, especificaciones a su acuerdo inicial, para allanar el camino a la contratación directa, señalando que el “proceso de desabastecimiento inminente implicará la contratación del servicio de 10 máquinas compactadoras para el servicio de recojo de residuos sólidos por el período de 90 días”.
Contratación directa
El 25 de marzo, Edgardo Siaden Ortega, subgerente de Logística, volvió a requerir cotizaciones, pedido reiterado al día siguiente a Veolia, empresa que finalmente respondió el 27 de marzo, junto a la empresa Eco-Rin SAC. También se tenía la cotización de Interaseo Perú.
Adriana Ghersi Burga, jefa de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos, indicó el 27 de marzo que las cotizaciones de las dos primeras empresas eran viables, mas no la de Interaseo Perú, “porque en calidad de área usuaria las compactadoras municipales de 19 m3 manejan una capacidad de 10 toneladas, no de 13 como indica la propuesta”.
El 4 de abril, por invitación, Veólia presentó su propuesta por un millón 896 mil 750 soles, suscribiéndose el 22 de ese mes el Contrato N° 001-2019-MPCH/A para la prestación del servicio. Los firmantes fueron: Marcos Gasco Arrobas, como alcalde de Chiclayo, y Juan Bendezú Zevallos, representante de la empresa.
El 16 de diciembre del 2019, OCI emitió el Informe N° 029-2019-2-0425-AC, en el que se confirma que la contratación fue irregular y que la pericia contable arrojó un perjuicio económico de 218 mil 733.14 soles.
Los regidores Piana, Espinoza y Puell presentaron la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo del 2019 y recién en octubre del 2021 la fiscal Karim Ninaquispe declaró el fin de la misma. Desde entonces, demoró seis meses en formular el requerimiento acusatorio.
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