Resulta alarmante la proyección de la sequía que amenaza al norte del Perú. La escasez de agua que sufre la región de Lambayeque y áreas colindantes no es simplemente un fenómeno climático aislado, sino el resultado de una compleja interacción de factores económicos, institucionales, políticos y medioambientales. Su análisis integral es imprescindible para entender tanto el impacto actual en la producción agropecuaria y el bienestar de las comunidades, como para diseñar soluciones sostenibles que eviten una crisis crónica.
El problema es particularmente grave en Lambayeque, donde la agricultura representa alrededor del 10 % del Producto Bruto Interno (PBI) regional y emplea a más del 30 % de la fuerza laboral rural (según estimaciones basadas en la Encuesta Nacional de Hogares del INEI para 2021). La disminución de las precipitaciones, el bajo nivel del reservorio de Tinajones (situado en la cuenca del río Chancay-Lambayeque) y la desigual distribución del recurso han generado una situación en la que la producción agrícola podría caer entre un 10 % y 20 % en años de sequía severa, con pérdidas económicas directas de hasta 200 millones de soles anuales. A esto se suman las consecuencias indirectas: menor oferta de empleo rural, incremento de la migración interna, tensiones sociales y mayor inseguridad alimentaria.
Desde una perspectiva económica, la escasez hídrica no solo erosiona la productividad del sector agrario —particularmente en cultivos clave como el arroz, maíz amarillo duro, caña de azúcar y frutales de exportación—, sino que también impacta las cadenas de valor, la competitividad de las agroexportaciones y la estabilidad de los mercados locales de alimentos. La dinámica competitiva entre pequeños productores, grandes empresas agroindustriales, comunidades locales y el Estado, ha dado lugar a asimetrías de poder notorias, reflejadas en denuncias de acaparamiento de agua y prácticas poco transparentes.
Diagnóstico cuantitativo de la sequía
La región de Lambayeque está influenciada por un régimen climático costero árido, con precipitaciones promedio anuales que no suelen superar los 100-120 mm. Sin embargo, datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) muestran que, entre 1980 y 1990, el promedio anual se situaba alrededor de 110 mm, mientras que entre 2010 y 2020 bajó a unos 85 mm. Esta reducción (cercana al 20-25 % en promedio) no solo disminuyó la recarga superficial, sino que, combinada con episodios de El Niño cada vez más erráticos, generó un patrón de mayor variabilidad interanual.
El reservorio de Tinajones, con una capacidad útil aproximada de 331 millones de metros cúbicos (MMC), ha sido tradicionalmente el pilar para el riego de unas 85 000 hectáreas registradas. Sin embargo, informes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) señalan que en los años 2018-2020 el volumen embalsado en época crítica se redujo hasta un 35% de su capacidad. La demanda total de agua para riego, según las Juntas de Usuarios, supera los 900 MMC por temporada en la cuenca, mientras que la oferta se ha vuelto irregular y en ocasiones se estima en menos de 400 MMC en temporadas secas. Esta brecha entre oferta y demanda es el núcleo del problema económico. Al año se calcula que se usan hasta 1000 MMC de agua, incluyendo agua para sector agropecuaria, más consumo humano, más consumo industrial.
Participación sectorial en el uso del agua
Datos del MIDAGRI e informes de la ANA indican que cerca del 85% del agua disponible en la región se destina a la agricultura, menos de 10 % a uso doméstico y el restante a usos entre industriales y otros. Dentro del sector agrícola, el cultivo de arroz, altamente demandante de agua, representa cerca del 40 % del consumo total. Esta concentración en un cultivo que requiere entre 7,000 y 10,000 m³/ha/ciclo se vuelve insostenible en períodos de sequía prolongada.
La mayor tensión surge entre pequeños productores y grandes empresas agroindustriales. Mientras los pequeños agricultores (con parcelas de 1 a 5 hectáreas, según el Censo Nacional Agropecuario) carecen de sistemas de riego tecnificado y dependen de canales abiertos con pérdidas por filtración de hasta el 30 %, las grandes empresas pueden costear pozos profundos, tecnologías modernas y maniobrar políticamente para asegurar concesiones de mayor caudal. Si bien no hay cifras oficiales exactas sobre el acaparamiento, las denuncias de organizaciones locales apuntan que algunas empresas logran extraer volúmenes de agua hasta un 20 % por encima de lo asignado legalmente, un dato difícil de verificar por la debilidad en la fiscalización.
Desigualdad en el acceso al agua
Desde un punto de vista de economía institucional, el agua es un recurso común sujeto a problemas de asignación ineficiente en ausencia de derechos de propiedad claros y enforcement efectivo.
Esta desigualdad puede llevar a juicios de valor y conclusiones moralmente cuestionables, y económicamente ineficientes. La teoría económica sugiere que, en ausencia de mercados eficientes o una intervención estatal apropiada, los recursos podrían estar asignarse de forma subóptima, generando pérdidas de bienestar social.
Impacto económico sobre la agricultura, la producción y la competitividad
Pérdida de valor agregado en el agro:
La agricultura en Lambayeque aporta alrededor del 10 % del PBI regional en un año sin ruidos. Una disminución del 10-15 % en la producción agrícola anual, atribuible a la falta de agua, implica pérdidas directas superiores al 5 % del PIB local. Esta cifra no incluye efectos multiplicadores en las cadenas de valor. Estudios del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) muestran que cada punto porcentual de caída en la producción agrícola puede reducir en 0.2-0.3 puntos el crecimiento económico regional.
Efectos en la agroexportación
Lambayeque y la costa norte han emergido como polos exportadores de frutas y hortalizas de alto valor, como arándanos, paltas y uvas. Estos sectores demandan riego estable y de calidad. Un descenso en la disponibilidad hídrica encarece la producción, ya que las empresas deben recurrir a pozos más profundos o tecnologías más costosas. Según la Asociación de Exportadores (ADEX), la producción de arándanos, por ejemplo, podría ver incrementados sus costos de producción en hasta un 15% en años de sequía severa. Esto reduce la competitividad internacional y, a mediano plazo, podría desincentivar la inversión extranjera y nacional en el sector.
Empleo y distribución del ingreso
El sector agrícola absorbe una porción significativa de la mano de obra rural no calificada. En Lambayeque, entre el 30 % y 35 % de la fuerza laboral depende directa o indirectamente de la agricultura. La sequía no solo disminuye el volumen cosechado, sino que reduce la demanda de jornaleros para la siembra, cuidado y cosecha. Una caída del 10-15 % en la producción se traduce, según modelos de equilibrio parcial, en una pérdida de entre 5,000 y 8,000 empleos temporales en épocas de pico productivo. Esto afecta mayormente a hogares de ingresos bajos, incrementando la pobreza rural, que aún ronda el 25-30 % de la población (según la ENAHO, 2021).
Al deteriorarse la oferta laboral, la masa salarial se contrae, reduciendo la demanda interna de bienes y servicios. Este efecto de segunda ronda genera una espiral negativa: menos producción agrícola, menos empleo, menos consumo, menor dinamismo comercial en los pueblos rurales, y por ende, mayor vulnerabilidad social.
Precios y seguridad alimentaria
La menor disponibilidad de agua reduce los rendimientos por hectárea, restringiendo la oferta de alimentos básicos a nivel local. Esto puede presionar al alza los precios internos en el corto plazo. Por ejemplo, el arroz —alimento de la canasta básica— podría encarecerse entre un 5 % y 10 % en años de sequía, afectando el poder adquisitivo de los hogares pobres, que dedican un porcentaje elevado de su gasto a la alimentación.
La seguridad alimentaria está en juego. El Perú, pese a ser un exportador de algunos productos, depende en gran medida de la producción interna de granos básicos. Una caída en la producción local empuja a mayores importaciones, incrementando la vulnerabilidad a las fluctuaciones de precios internacionales. A largo plazo, esta mayor volatilidad encarece la vida de la población y aumenta la probabilidad de malnutrición en las zonas más desfavorecidas.
Falencias institucionales y gobernanza del agua
Debilidad regulatoria y falta de enforcement
La Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338) reconoce el agua como un bien público, pero en la práctica, la capacidad del Estado para regular su uso y sancionar excesos es limitada. La ANA y las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) tienen recursos humanos y presupuestarios escasos. De las 200 a 300 intervenciones que deberían realizar anualmente para auditar caudales, verificar concesiones y medir extracciones, apenas logran completar un 30-40 %, según informes internos.
Esta debilidad crea un entorno con incentivos negativos: las empresas que pueden presionar políticamente o cuentan con mejores contactos tienen ventajas para asegurarse concesiones o ignorar disposiciones. Desde el punto de vista económico, esto se interpreta como una “renta” que obtienen ciertos actores gracias a fallas institucionales, lo cual distorsiona el mercado del agua y genera ineficiencias.
Ausencia de mercados hídricos eficientes
En teoría, la creación de mercados de derechos de uso del agua podría mejorar la eficiencia asignativa, permitiendo que el recurso fluya hacia aquellos que le den un mayor valor productivo. Sin embargo, la experiencia internacional (como en Australia o partes de EE.UU.) muestra que implementar mercados de agua requiere definir claramente los derechos, instalar medidores confiables, contar con instituciones sólidas que prevengan la especulación y el acaparamiento. En Lambayeque, la ausencia de tales condiciones hace que hablar de mercados de agua resulte prematuro.
Participación ciudadana y transparencia
La falta de participación ciudadana efectiva en la asignación hídrica agrava la situación. Las Juntas de Usuarios, las comunidades campesinas y los pequeños productores reclaman espacios de deliberación vinculantes. Desde un punto de vista económico, la inclusión de todas las partes interesadas en la toma de decisiones reduce la probabilidad de conflictos costosos, mejora la legitimidad de las políticas y puede conducir a soluciones cooperativas (basadas en la teoría de bienes comunes de Elinor Ostrom).
La publicación en tiempo real de datos sobre disponibilidad, asignaciones y extracciones efectivas de agua sería una medida de bajo costo y alto impacto. La transparencia elimina asimetrías de información, impide manejos discrecionales, y facilita la fiscalización ciudadana. Un “portal hídrico” administrado por la ANA, con datos abiertos alimentados por PEOT, podría ser el primer paso.
Conflictos sociales y costos de la inacción
Externalidades negativas del acaparamiento
Cuando una empresa acapara agua, genera una externalidad negativa sobre los demás usuarios. El costo marginal privado que enfrenta no refleja el costo social total. Esto puede inducir a un uso excesivo del recurso. Si a ello sumamos una situación climática adversa, la brecha entre demanda y oferta se amplía, aumentando la posibilidad de tensiones y conflictos.
La teoría de la economía del conflicto sugiere que cuando un recurso escaso se disputa, los agentes pueden destinar parte de sus esfuerzos y recursos a la apropiación violenta o la defensa del recurso, en lugar de la producción. Esto genera “rentas de conflicto” (costos muertos) que reducen el bienestar total. Aunque todavía no hemos visto conflictos armados en gran escala, las protestas, amenazas y bloqueos de carreteras pueden multiplicarse si la sequía persiste. Estimaciones preliminares indican que un conflicto significativo, con bloqueos prolongados, podría costar a la región varios millones de soles semanales en pérdidas económicas.
El rol de las Fuerzas Armadas como un parche costoso
Algunos proponen el despliegue de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura hídrica. De hecho, ya ha tenido que hacerlo. Desde un punto de vista económico, la militarización de la gestión del agua es costosa y no aborda las causas fundamentales. El presupuesto para seguridad se incrementaría sin resolver la falta de regulación, la mala asignación del recurso ni la inequidad. Esto sería equivalente a subvencionar una ineficiencia institucional.
Costos a largo plazo por inacción
No actuar ahora tiene un costo de oportunidad enorme. Las proyecciones climáticas apuntan a que la frecuencia e intensidad de las sequías aumentarán con el cambio climático. Si las instituciones no se reforman y las políticas no cambian, y no elegimos bien las autoridades en Municipalidades, Gobierno Regional, Gobierno Nacional y Juntas de Regantes, el riesgo de caer en una trampa de pobreza hídrica es alto. Una vez que las tensiones escalen y la producción disminuya de forma permanente, salir de ese círculo vicioso podría ser más costoso que prevenirlo.
Opciones de política
Mejorar la información y la medición del agua
La primera política a implementar es la instalación generalizada de medidores de caudal y sistemas de monitoreo remoto. La inversión inicial (estimada en unos 20-30 millones de soles para cubrir las principales bocatomas y puntos de extracción en la cuenca del Chancay-Lambayeque) generaría beneficios significativos al permitir asignaciones más justas, reducir el abuso de concesiones y aumentar la confianza.
Un análisis costo-beneficio simplificado sugiere que si esta medida reduce apenas en un 5 % las pérdidas económicas por uso ineficiente, ya se justificaría la inversión. Además, la información recopilada serviría como base para diseñar sistemas de precios o intercambio de derechos más adelante.
Reforma institucional y fortalecimiento de la ANA
La ANA y las AAA necesitan mayor presupuesto, personal calificado y capacidades para imponer sanciones efectivas. Estimemos que duplicar el presupuesto anual de la ANA en la región (actualmente de alrededor de 5 millones de soles) podría incrementar la capacidad de fiscalización en un 50%. El retorno de esta inversión sería notable, dado que cada fiscalización adicional que impide la extracción ilegal ahorraría decenas de miles de soles en daños a la producción de otros agentes.
Además, se podría crear una Defensoría del Agua, independiente, con poder para recibir denuncias, proponer sanciones y mediar en conflictos. Su costo operativo podría rondar el millón de soles anuales, un monto ínfimo frente a las pérdidas económicas por sequías mal gestionadas. Podría estar anexa incluso a la Defensoría del Pueblo, aunque está no pasa por su mejor momento.
Política de precios y mercados de agua
A largo plazo, una política de precios para el agua (tarifas volumétricas) podría mejorar la asignación. Cobrar por el uso del recurso, con tarifas escalonadas que penalicen el consumo excesivo, incentivaría la adopción de tecnologías de riego más eficientes. Sin embargo, esto debe hacerse con cuidado, protegiendo a los pequeños productores mediante subsidios focalizados o asignaciones básicas gratuitas, para no dañar su sustento.
La introducción de mercados de agua (traspasos voluntarios de derechos entre usuarios) podría considerarse cuando exista un marco sólido de medición y regulación. Países como Australia han mostrado que los mercados pueden incrementar la eficiencia, pero también requieren salvaguardas para evitar acaparamiento especulativo. Un experimento piloto en una cuenca menor podría ser un paso prudente.
Inversión en infraestructura hídrica resiliente
La construcción de nuevas represas, microreservorios y la modernización de canales pueden aumentar la oferta de agua regulada. Sin embargo, esta infraestructura no debería ser controlada por un pequeño grupo. Modelos de gestión compartida (público-comunitaria) reducirían el riesgo de apropiación por intereses privados. El costo de un nuevo embalse pequeño-medio (capacidad de 50-100 MMC) podría oscilar entre 100 y 200 millones de soles. Si este proyecto garantiza la disponibilidad en épocas críticas, su impacto podría reflejarse en mejoras de productividad y estabilidad de ingresos.
Además, la adopción de tecnologías de infiltración, siembra y cosecha de agua, y la restauración de ecosistemas altoandinos son medidas con alta relación beneficio-costo. Estas iniciativas, de menor escala y costo (varios millones de soles anuales en total), pueden mejorar la retención hídrica natural, recargar acuíferos y reducir la dependencia de la infraestructura gris. El papel de la Universidad Pedro Ruiz y Universidades privadas es aquí urgente, de la mano de colegios profesionales.
Diversificación productiva y cambio tecnológico en la agricultura
La agricultura norperuana podría migrar gradualmente hacia cultivos menos demandantes de agua. Por ejemplo, sustituir parte del arroz (requiere hasta 10,000 m³/ha/ciclo) por frutales con requerimientos hídricos moderados (3,000-4,000 m³/ha/ciclo) o por granos andinos resistentes a la sequía. Esto no se logrará sin incentivos. Programas de capacitación, acceso a créditos blandos para invertir en riego tecnificado, asistencia técnica para explorar nuevos mercados y seguros agrarios contra la sequía podrían acelerar la transición. Esto podría ser un interesante rol para la futura ARD Lambayeque.
Estimaciones sugieren que una reducción del 10% del área dedicada a arroz en favor de cultivos menos intensivos en agua, acompañada de mejoras en eficiencia, podría liberar decenas de millones de metros cúbicos anuales, reduciendo la presión sobre el sistema hídrico.
Pagos por servicios ecosistémicos y adaptación al cambio climático
Los ecosistemas que regulan el ciclo hídrico (humedales, páramos, bosques altoandinos) brindan servicios ambientales poco valorados. Un esquema de pago por servicios ecosistémicos en el que las empresas agroexportadoras, beneficiarias de la disponibilidad de agua, contribuyan financieramente a la conservación de cuencas, tendría un costo anual de unos pocos millones de soles, pero generaría beneficios en forma de mayor estabilidad hídrica y menor sedimentación de reservorios.
La adaptación al cambio climático requiere inversiones en investigación, desarrollo de semillas más resistentes a la sequía y sistemas de alerta temprana. Un plan integral de adaptación, con un presupuesto de 30-50 millones de soles anuales, podría prevenir pérdidas por cientos de millones a largo plazo.
Perspectivas internacionales
La experiencia internacional muestra que la sequía puede abordarse con un conjunto de políticas bien diseñadas. Australia, tras su “Big Dry” (1997-2009), impulsó mercados de agua, fuertes regulaciones y transparencia. Israel invirtió en desalinización, riego por goteo masivo y reutilización de aguas residuales, reduciendo la dependencia de las lluvias. Chile estableció derechos de agua transferibles, con resultados mixtos, evidenciando la importancia de la regulación estatal para evitar la concentración.
El Perú puede aprender de estas experiencias para no repetir errores. Por ejemplo, antes de lanzar mercados de agua, se debe asegurar un marco institucional sólido. Antes de construir grandes represas, es necesario garantizar equidad en su gestión. Y antes de pensar en la desalinización (cara y con huella de carbono elevada), vale la pena agotar las soluciones más eficientes en términos de costo-beneficio, como el riego tecnificado y la restauración de cuencas.
Modelos de simulación y escenarios a largo plazo
Por último, imaginemos tres escenarios al 2050:
Escenario “Inercia”: Sin reformas institucionales ni inversiones significativas, la sequía se intensifica, la disponibilidad de agua decrece un 20% adicional y la producción agrícola cae un 15-20% sostenido. El empleo rural se estanca, la pobreza se mantiene o empeora, y aumentan los conflictos. El costo acumulado en 30 años podría superar los 10,000 millones de soles (valor presente), considerando pérdidas en agro, empleos y conflictos.
Escenario “Reforma Parcial”: Con algunos avances (medición del agua, mayor fiscalización y riego tecnificado en el 30% de las hectáreas), la caída de la producción se limita a un 5-10%, se reducen conflictos y se amortigua la pobreza. El costo acumulado baja a unos 5,000 millones de soles. No se logra una solución completa, pero se evita la peor crisis.
Escenario “Transformación”: Se implementa una reforma institucional profunda, mercados piloto de derechos de agua, modernización del riego en el 60% de la superficie, cambio en la matriz productiva hacia cultivos menos intensivos, y restauración de cuencas. El resultado: pese a menores precipitaciones, la productividad se mantiene o incluso mejora, el empleo rural se diversifica, la incidencia de conflictos baja drásticamente. El beneficio neto, comparado con el escenario inercial, supera los 8,000 millones de soles.
Estos ejercicios hipotéticos, basados en supuestos plausibles, iluminan el camino: la inacción es extremadamente costosa a largo plazo, mientras que las reformas generadoras de eficiencia y equidad rendirán beneficios considerables.
La sequía en el norte del Perú, especialmente en Lambayeque, es un recordatorio de la centralidad del agua en la economía y en la vida social. Más que un mero recurso natural, el agua es un factor de producción insustituible, cuyo valor se incrementa cuando escasea. La asignación del agua no es neutra: afecta la productividad, la competitividad, el empleo, los precios de los alimentos, la distribución del ingreso y la estabilidad social.
Hemos visto que la crisis actual es, en parte, resultado de cambios climáticos globales, pero también de fallas institucionales, desequilibrios en la distribución y ausencia de información confiable. La gestión del agua no puede depender de arreglos informales ni del poder fáctico de ciertos grupos. Se requieren políticas inteligentes, basadas en evidencia, que integren el conocimiento de la ingeniería hídrica, la economía, la ecología, las ciencias sociales y las experiencias locales.
La economía ofrece herramientas analíticas potentes para diseñar sistemas de asignación del agua más eficientes y equitativos. Desde el establecimiento de derechos bien definidos, la implementación gradual de precios y mercados regulados, hasta la inversión en infraestructura verde y gris, y el fortalecimiento institucional, todo apunta a que un manejo racional es posible. La clave es entender que el agua no es un bien infinito y que su uso ineficiente implica un costo de oportunidad enorme.
La acción temprana puede prevenir un escenario mucho más doloroso y costoso. Invertir en la ANA, en la medición, en el riego tecnificado y en la restauración de cuencas, no son gastos, sino inversiones con altos retornos sociales. De igual modo, la transparencia, la participación comunitaria y la justicia hídrica no son lujos, sino precondiciones para una paz social sostenible.
Además, atender la crisis hídrica ofrecería oportunidades. El cambio tecnológico hacia cultivos menos dependientes del agua, la adopción de soluciones basadas en la naturaleza, la promoción de mercados de agua transparentes y el acceso a certificaciones ambientales en las exportaciones podrían mejorar la imagen y competitividad de la región. Con ello, Lambayeque podría convertirse en un ejemplo de resiliencia frente al cambio climático y la escasez hídrica, en lugar de ser un caso de estudio sobre el fracaso en la gestión del agua.
En definitiva, la economía nos enseña que el costo de la inacción supera con creces el de las medidas correctivas. La sequía que azota el norte del Perú debe ser la señal de alerta que impulse una reforma integral de la gobernanza del agua. El tiempo corre, y cada temporada seca sin soluciones genera pérdidas irreparables, más pobreza y mayor conflictividad. El momento de actuar es ahora, diseñando estrategias que trasciendan el corto plazo, que integren la ciencia y la economía, y los corazones de modo que pongamos el bien común por encima de intereses particulares.
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(*) Economista y especialista en gestión.
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