La mañana del viernes 17, Marcos Gasco estacionó su camioneta frente a la iglesia Santa María Catedral y se dirigió al templo. Horas antes, en adelanto de fallo, el juez Carlos Larios Manay había resuelto absolver al exalcalde de Chiclayo y once de sus exfuncionarios del delito de colusión agravada por el caso ‘Veolia’. La otrora exautoridad señaló a los profesionales de prensa allí reunidos que iba a agradecerle a Dios por el veredicto que aguardaba con “fe y verdad”. Esa verdad de la que habla el político de 52 años no se condice con los contundentes informes que arrojó Contraloría en el 2019.
El caso ‘Veolia’ se remonta al 28 de febrero del 2019, cuando el Concejo Provincial de Chiclayo aprobó con 12 votos a favor y tres abstenciones declarar el desabastecimiento del servicio de recolección de residuos sólidos, que por aquellos días mostraba serias deficiencias en la ciudad. Dos semanas después, el 15 de marzo, este acuerdo sería refrendado por igual votación, con la precisión de que el desabastecimiento se daba sobre 10 máquinas de recolección.
De esta forma, la gestión del exalcalde Marcos Gasco quedaba habilitada para recurrir a la contratación directa de maquinaria, repuestos, servicios y recurso humano que permitiese atender la emergencia, esto pese a que el Órgano de Control Institucional - OCI, de la comuna había alertado anomalías en la declaratoria.
Así, el 23 de marzo de ese año se firmó el contrato con la empresa Veolia Servicios Perú SAC para el alquiler de diez compactadoras (ocho en operatividad y dos de retén), a fin de que asuman la cobertura del servicio de recolección de basura por 90 días, todo esto a cambio de un millón 800 mil soles. El OCI volvió a alertar deficiencias en el procedimiento preparatorio para el contrato con Veolia, empresa que venía con antecedentes negativos en Trujillo, donde se le había anulado un contrato para el mismo fin.
Irregularidades
Expresión fue el primer medio fue el primero en alertar, en su edición 1111, que Veolia no contaba con la autorización del Ministerio del Ambiente - Minam, para operar en el servicio de recolección de residuos sólidos. El 17 de enero de ese año, mediante la Resolución Directoral n.° 0034-2019, la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos le había negado a Veolia Servicios Perú SAC la inscripción en el Registro Autoritativo de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, debido al incumplimiento de los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Minam, aprobado por Decreto Supremo n.° 007-2010-MINAM y su modificatoria.
Este era un requisito fundamental para que la municipalidad de Chiclayo firmé el contrato, pues según el Artículo 87 del reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos: “las empresas que se constituyen para el desarrollo de las operaciones vinculadas al manejo de residuos sólidos deben inscribirse previamente en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos administrado por el Ministerio del Ambiente.
Además, los Términos de Referencia comprendidos en las bases administrativas del proceso, publicadas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, también consignaban que se debía “contratar a una empresa Operadora de Residuos Sólidos que cuente con las autorizaciones respectivas para que brinde los servicios de recolección y transporte hasta la disposición final de los residuos sólidos”.
Así con todo, el 5 de abril del 2019 la Municipalidad Provincial de Chiclayo otorgó la buena pro en el Proceso de Contratación Directa n.° 001-2019-MPCH a Veolia Servicios Perú SAC para que asuma el servicio de recojo de residuos sólidos en la ciudad por el plazo de 90 días. Lo grave es que los funcionarios de la gestión de Gasco Arrobas suscribieron el acta consignando que la empresa contaba con la autorización del Minam, pese a que eso era falso. Gasco Arrobas, por su parte, defendió públicamente la contratación.
Perjuicio cuantioso
En noviembre del 2019, la Contraloría emitió el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 029-2019-2-0425, a través del cual se determinó que el perjuicio económico que provocó la contratación directa con Veolia para el servicio de recojo de residuos sólidos ascendió a 249 mil 750 soles, “ocasionado por el actuar al margen de la normativa del concejo municipal que aprobó la situación de desabastecimiento y conllevó la contratación directa; así como de los funcionarios y servidores encargados de los actos preparatorios y conducción del procedimiento de selección”.
Entre las conclusiones que arroja la Contraloría de este actuar al margen de la norma se encuentra que la declaratoria de emergencia se aprobó sobre la base de informes que no acreditaban la situación extraordinaria e imprevisible ni la ausencia de algún bien o servicio que comprometa la continuidad de las funciones de la entidad.
Además, se observó que la imprecisión de los términos de referencia y los requisitos de calificación limitaron la concurrencia de potenciales postores, a lo que se aunó que, de las tres cotizaciones que se remitieron al área usuaria, se descartó la de menor costo sin alguna justificación. Eso daba pie a una sospecha de direccionamiento de la contratación.
Finalmente, se admitió y calificó la propuesta de un único postor (Veolia), que “no cumplió requerimientos técnicos mínimos establecidos en las bases de la contratación directa, a quien se le otorgó la buena pro por el monto de S/1 896 750, monto mayor al valor estimado, así como al cotizado que fue retirado sin sustento del estudio de mercado, llevando a que la entidad genere un crédito presupuestal adicional para viabilizar la contratación”.
Vicios en la investigación
Para el regidor Orlando Puell Varas, quien se abstuvo en la votación en la que el concejo provincial aprobó el desabastecimiento inminente del servicio de recolección de residuos sólidos, fue evidente el perjuicio que hubo para la ciudad de Chiclayo y es lamentable que no se haya habido siquiera sanciones administrativas para los funcionarios involucrados.
Jony Piana Ramírez, integrante también de aquel concejo y otro de los que se abstuvo de votar, resalta que Veolia no solo no tenía la autorización del Ministerio del Ambiente para operar en residuos sólidos, sino que había solicitado su registro y se le había denegado. Este hecho no habría sido valorado por el titular del Décimo Juzgado Unipersonal de Chiclayo Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
“Ese punto no ha sido tratado por el juez. Cuando tú quieres que un caso se pierda, hazlo engorroso. Esta era la prueba central, que a esta empresa se le había negado la autorización. Eso lo sabía Veolia y lo sabía el alcalde (Marcos Gasco), porque el Ministerio de Salud también envió un documento diciendo que no tenía que ver en el proceso”, señala el exconcejal en alusión al documento emitido en favor de Veolia por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud, y presentado por la gestión de Gasco como prueba de que la empresa sí cumplía con el requisito. Ese mismo documento de registro advertía líneas abajo que no constituía autorización de funcionamiento u operación.
Aire triunfalista
Antes de agradecer al creador, el exalcalde Marcos Gasco indicó que la fiscalía incurrió en muchas “falsedades y mentiras”, mientras que calificó de “equivocados” los informes de Contraloría, al punto de que el OCI -según su versión- nunca se reunió con él para advertirle de las presuntas anomalías en las que se estaba incurriendo.
En palabras de Gasco Arrobas, se trató de una denuncia política “perversa, mentirosa, falsa, injusta y maquiavélica”.
“Recibo este veredicto con humildad y con perdón hacia todos los que se alzaron contra mí, entre ellos muchos de sus colegas (periodistas). Lo recibo con mucho agradecimiento y perdón. Estoy feliz porque no solo me han declarado inocente a mí, sino a todo mi equipo (…) Yo firmé todo lo que venía ya completamente saneado y así ha quedado demostrado con este veredicto”, señaló con tufillo triunfalista.
Sin embargo, la decisión judicial es de primera instancia y corresponderá a la sala de apelaciones revisar si el criterio del juez Larios Manay fue o no el correcto.
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