A un mes de asumir la Presidencia, Keiko Fujimori enfrenta una realidad distinta a la de los años en que su partido dominó la oposición parlamentaria: ahora debe negociar, responder a interpelaciones y construir consensos en un Congreso bicameral. Las primeras señales muestran un gobierno que todavía busca convertir sus promesas en decisiones concretas.
Keiko Fujimori llegó a palacio con una ventaja que pocos presidentes han tenido: conoce desde dentro cómo funciona el poder parlamentario. Sin embargo, sus primeros 30 días dejan una pregunta inevitable: ¿el fujimorismo estaba preparado para gobernar o simplemente para ganar las elecciones?
El primer mes ha estado marcado por anuncios, rectificaciones, plazos extendidos y promesas que chocan con la realidad. En su mensaje del 28 de julio, Fujimori anunció el incremento de la remuneración mínima vital a S/1300 y la duplicación de Pensión 65 hasta S/700 bimestrales. Sin embargo, la ejecución de estas medidas ha sido trasladada al próximo año.
Algo similar ocurrió con el pedido de facultades legislativas. Aunque fue anunciado desde el inicio de la gestión, recién el 27 de agosto el Consejo de Ministros aprobó la propuesta para legislar durante 120 días en 66 materias, presentada al Congreso el 28 de agosto.
Seguridad ciudadana
La seguridad ciudadana es una de las primeras pruebas para el gobierno. Fujimori asumió prometiendo recuperar el orden y enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Entre el 28 de julio y el 28 de agosto, los registros preliminares del SINADEF contabilizaron 166 homicidios a nivel nacional. En el corte previo, hasta el 24 de agosto, Lima concentraba la mayor cantidad de casos, seguida por La Libertad y Callao, reflejando la persistencia de la violencia en distintas regiones del país.
El 30 de agosto, al cierre del primer mes de gobierno, Trujillo volvió a convertirse en escenario de extrema violencia: cuatro personas fueron asesinadas durante el secuestro de un empresario minero. El empresario fue liberado luego que su familia pagara parte del cupo y la policía dijo haber capturado a varios presuntos implicados. Sin embargo, para una población golpeada por el sicariato, la extorsión y los homicidios, una intervención exitosa después de un hecho criminal no resulta suficiente: se exigen resultados más sólidos y sostenidos que permitan prevenir estos hechos y recuperar la seguridad en las calles.
No se trata de exigir resultados definitivos en apenas un mes, pero sí de contrastar una de sus principales promesas con una realidad que no ha dado tregua. La promesa de recuperar el orden enfrenta, desde el primer mes, una criminalidad que continúa poniendo a prueba la capacidad de respuesta del Estado.
Las reglas que ahora se debe enfrentar
Mientras el Ejecutivo intenta consolidarse, la oposición ya comenzó a ejercer control político, una función legítima y necesaria en democracia. En la Cámara de Diputados, Juntos por el Perú ha impulsado interpelaciones contra los ministros de Defensa, Interior y Energía y Minas. En apenas unas semanas, el gobierno empezó a enfrentar las mismas herramientas parlamentarias que el fujimorismo utilizó durante sus años de oposición.
La paradoja está en que Fuerza Popular conoce muy bien esa dinámica. Desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski protagonizó, junto con otras fuerzas, una oposición confrontacional que condicionó al Ejecutivo, dinámica que también marcó el gobierno de Pedro Castillo, con censuras, interpelaciones y pedidos de vacancia.
Con Dina Boluarte, en cambio, Fuerza Popular pasó a respaldar al gobierno y contribuyó a frenar algunas iniciativas contra la presidenta. En el caso Rolex, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia contra Boluarte a partir de un informe muy cuestionado. La misma posición asumió frente a José Jerí: Fuerza Popular respaldó su permanencia y se opuso a su censura, aunque finalmente el Pleno aprobó su salida.
Hoy Keiko está al otro lado de la mesa
Un ejemplo resulta especialmente revelador. La Ley N.° 31570, aprobada en 2022 durante el gobierno de Pedro Castillo, con el respaldo de Fuerza Popular y otras bancadas, estableció un periodo de dos años para el comandante general de la Policía. Esta norma limita ahora el margen del Ejecutivo para remover al actual jefe policial, Óscar Arriola, pese a los cuestionamientos planteados sobre la seguridad ciudadana.
La paradoja es evidente: reglas y mecanismos que en su momento sirvieron para condicionar a otros gobiernos hoy forman parte del escenario que debe enfrentar el propio fujimorismo.
A ello se suman las controversias alrededor del entorno presidencial. El caso de Damián Valenzuela ha generado cuestionamientos por su cercanía con Keiko Fujimori y su participación durante la campaña. Investigaciones periodísticas han puesto bajo escrutinio sus antecedentes y su proximidad al poder. El episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de transparencia sobre quiénes tienen acceso a la presidenta y qué influencia pueden ejercer, especialmente al inicio de un nuevo gobierno.
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(*) Politólogo.
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