Según el Informe de la FAO Estado Mundial de la Pesca y Acuicultura 2026, publicado en junio de este año, la producción acuícola mundial de animales acuáticos y algas registró un nuevo récord de 142 millones de toneladas en 2024, lo que confirma su contribución en aumento al suministro mundial de alimentos acuáticos. La acuicultura produjo 103 millones de toneladas de animales acuáticos, récord histórico equivalente al 53 % de la producción mundial de animales acuáticos. La producción acuícola sigue estando concentrada: corresponde a Asia en torno al 89 % de la producción acuícola mundial de animales acuáticos, y los cinco países principales (China, Indonesia, la India, Viet Nam y Bangladesh) juntos suponen el 82 % de la producción total.

En cuanto a la producción de acuicultura por países en América Latina y el Caribe al 2024, esta se concentra en 3 países, Chile (31,7 %), Ecuador (27,9 %) y Brasil (19,9 %), haciendo un total de 79,5 %, el resto 20,5 % es producido por 18 países.

Producción nacional

En Perú, la actividad acuícola aún está en desarrollo en comparación de sus pares sudamericanos y representa un pequeño porcentaje de la producción mundial (0,1 por ciento), ubicándose en el puesto 39 a nivel mundial. A pesar de ello, la actividad ha crecido orientándose fundamentalmente a tres especies que concentran el 93,8 por ciento de la producción total: trucha, en acuicultura continental, y concha de abanico y langostino, en acuicultura marina o maricultura.

Desde los 7 539 TM producidas en 2001, la producción nacional alcanzó los 105 324 TM en 2025. El 61 por ciento de cosechas provino del ámbito marino y 39 por ciento del ámbito continental. Por especies, la cosecha de concha de abanico en el 2025 fue de 37 729 TM, mientras que la de trucha de 34 411 TM y de langostino 26 598 TM. Adicionalmente, a pesar de seguir representando un pequeño porcentaje de la producción nacional, la producción de paco y de tilapia fue 2 929 y 2 358 TM, mostrando el paco un desarrollo interesante durante los 3 últimos años. La cosecha nacional según departamentos muestra que los principales productores acuícolas son Piura, Puno, Tumbes y Ancash.

En el año 2025, la exportación de productos acuícolas fue de US$ 348 millones con 46 477 TMB. El langostino, a pesar de representar solo la cuarta parte de la cosecha, representa cerca del 68 por ciento del volumen de las exportaciones acuícolas con 31 610 TMB (US$ 218 millones). Por otro lado, la exportación de concha de abanico representa el 20 por ciento del volumen de las exportaciones totales con 9 513 TMB (US$ 94 millones). En el caso de la trucha, casi toda la producción nacional es comercializada a través de venta interna, siendo exportado un porcentaje bajo de esta especie (11% que corresponden a 5 143 TMB y US$ 34 millones).

Perú cuenta con un alto potencial acuícola, que está basado en sus condiciones climáticas e hidrológicas (tanto en el ámbito marino como continental -cerca de 3 080 kilómetros de litoral con 176 193 hectáreas marinas habilitadas y 12 201 lagos y lagunas distribuidas en el territorio nacional-), así como en la variedad de especies o la disponibilidad de insumos para esta actividad, ya que nuestro país es el principal productor global de harina y aceite de pescado, productos considerados los ingredientes más nutritivos de los piensos (alimento) para peces cultivados.

Retos principales

La distribución de las categorías productivas representa un reto y desafío estructural, pues muestra una asimetría profunda, dado que del número total de derechos otorgados hasta el 15 de agosto 2026 que es de 14 023 (con 30 401,42 hectáreas otorgadas), es la categoría Acuicultura de Recursos Limitados-AREL (hasta 10 toneladas por año) la que cuenta con 10 890 (77,66 % de total de derechos) que corresponden a 1 846,88 hectáreas (6,07 % del área otorgada), la categoría Acuicultura de Micro y Pequeña Escala-AMYPE (hasta 150 toneladas por año), con 2 971 derechos acuícolas (21,19%) y con 14 999,05 hectáreas otorgadas (49,34%), siendo la categoría Acuicultura de Mediana y Gran Empresa-AMYGE con solo 162 derechos otorgados (1,15%) y con 13 555,49 hectáreas otorgadas (44,59%).

En el aspecto productivo se presentan retos como la dificultad para obtener semilla de buena calidad o alimento balanceado a bajo costo, el precio de este sigue presionando los márgenes de rentabilidad del sector. Falta mayor adopción de tecnologías avanzadas en comparación con potencias vecinas de la región. La vulnerabilidad frente al cambio climático y fenómenos como El Niño afectan directamente la actividad. La falta de agua en ciertas zonas de la costa limita la expansión de los centros de cultivo continental. Además, en el tema de la formalización, los trámites para obtener habilitaciones sanitarias, autorizaciones y concesiones siguen siendo largos a pesar de los esfuerzos de simplificación. Asimismo, debería haber una sólida articulación entre la ciencia y la empresa privada, voluntad política y una mayor seguridad jurídica para atraer capitales. El resultado actual es la baja promoción de este negocio y la poca inversión privada respecto al nivel esperado en comparación con otros países de la región.

En este sentido, solucionar los retos actuales y promover la producción acuícola como oferta de alimentos para consumo local y para la creciente demanda internacional, podrían hacer que el sector alcance mejores niveles de producción. De esta manera, su contribución al PBI nacional (actualmente calculado en 0,06%) podría aumentar significativamente en los próximos años y convertirse en una fuente mucho mayor de empleo.

---------------------- 

(*) Biólogo. Director (e) de la Dirección de Acuicultura y Pesca Artesanal de la Gerencia Regional de Desarrollo Productivo-Lambayeque.

El debate tributario peruano suele presentar los incentivos fiscales como una herramienta para sostener la inversión, impulsar las exportaciones y preservar la competitividad. Sin embargo, el informe reciente de OCDE sobre la política tributaria de Perú, detalla si sigue siendo justificable mantener beneficios diseñados para promover su desarrollo de la agroexportación. La OCDE aborda esta pregunta observando especialmente al sector agroexportador y plantea dos reformas: revisar el tratamiento preferencial del impuesto a la renta aplicado a empresas agrícolas medianas y grandes, y rediseñar el drawback para que la devolución corresponda a los aranceles efectivamente pagados.

La OCDE señala que la presión tributaria del Perú alcanzó 16,3 % del PBI en 2024 y continúa siendo baja frente a los estándares internacionales. Al mismo tiempo, advierte que sectores de creciente importancia, como la agroexportación y el turismo, necesitan contribuir de manera más adecuada al incremento de la recaudación. En 2024, la agricultura representó aproximadamente 7 % del PBI, pero generó ingresos tributarios equivalentes a alrededor de 0,25 % del PBI, lo que supone una relación entre impuestos y valor agregado cercana al 3 %.

Entre 2011 y 2024, el valor de las exportaciones agrícolas aumentó aproximadamente 363 %, y las grandes empresas explicaron alrededor del 98,5 % de esa expansión. Para 2024, cerca del 95 % de las exportaciones agrícolas provenía de grandes compañías del subsector de cultivos. La OCDE considera que estas empresas presentan productividad y rentabilidad significativamente mayores que la agricultura familiar y los pequeños productores, caracterizados por elevada informalidad, baja productividad y menor capacidad contributiva.

Los números

Desde esa perspectiva, el informe cuestiona la permanencia de la tasa reducida del impuesto a la renta empresarial. La Ley 32434 extendió hasta 2035 una tasa de 15 % para grandes empresas agrícolas, en lugar de avanzar hacia la tasa general desde 2028, como se había previsto. La OCDE propone considerar la eliminación de la tasa reducida para las empresas agrícolas medianas y grandes. Su argumento central es fortalecer la equidad horizontal: empresas con capacidad económica comparable deberían enfrentar un tratamiento tributario más uniforme. Asimismo, una mayor contribución del sector podría ampliar los ingresos fiscales y reducir parcialmente la dependencia de la recaudación respecto de los ciclos de los minerales.

El segundo punto afecta un mecanismo directamente vinculado con las exportaciones: el drawback. El organismo no plantea eliminar toda devolución arancelaria, sino lo que cuestiona es el método peruano de cálculo, porque el reembolso se determina como un porcentaje fijo del valor exportado y no como la devolución de los derechos arancelarios efectivamente pagados por los insumos importados utilizados en la producción del bien exportado.

Esta diferencia puede producir una sobrecompensación. El informe cita evidencia según la cual, en 2013, el beneficiario promedio recibió devoluciones superiores a tres veces los aranceles pagados; el 25 % recibió más de trece veces y el 10 % más de sesenta y una veces. Además, alrededor de la mitad de los pagos del drawback se concentra en un pequeño grupo de grandes agroexportadores, pese a que los insumos importados representan una proporción reducida de su valor exportado. Para la OCDE, este resultado se aleja del objetivo original de compensar los aranceles incorporados en los bienes destinados al exterior.

En el corto plazo, la OCDE señala que una reducción de la tasa de devolución mediante decreto supremo podría disminuir parcialmente la sobrecompensación. En el plano estructural, recomienda una reforma legislativa que sustituya el porcentaje fijo sobre el valor de exportación por un mecanismo de devolución de los aranceles realmente pagados sobre los insumos importados. El principio es claro: devolver los derechos arancelarios incorporados en la producción exportadora, pero evitar que el mecanismo se convierta en una transferencia superior al costo efectivamente soportado.

Efecto de la agroexportación

Las dos recomendaciones responden a una misma lógica. La OCDE considera que el crecimiento de la agroexportación ha modificado la capacidad contributiva de sus principales empresas y que los instrumentos tributarios deben revisarse ante esa realidad. De hecho, advierte que ampliar todavía más los beneficios para agroexportadores sería contrario al objetivo de ensanchar la base tributaria y elevar la recaudación, especialmente cuando el sector mantiene una baja relación entre impuestos pagados y valor agregado.

El desafío para el Perú será equilibrar competitividad y sostenibilidad fiscal. Mantener incentivos por inercia puede reducir la recaudación y generar diferencias entre contribuyentes. El mensaje central del informe es que la política tributaria debe estar mejor focalizada: las empresas agrícolas medianas y grandes con mayor capacidad contributiva deberían aproximarse al régimen general y el drawback debería compensar lo efectivamente pagado, no otorgar una devolución desvinculada del costo arancelario real. En esa discusión se juega no solo cuánto recauda el Estado, sino también la equidad y coherencia de su sistema tributario.

-----

(*) Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt. Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.

A un mes de asumir la Presidencia, Keiko Fujimori enfrenta una realidad distinta a la de los años en que su partido dominó la oposición parlamentaria: ahora debe negociar, responder a interpelaciones y construir consensos en un Congreso bicameral. Las primeras señales muestran un gobierno que todavía busca convertir sus promesas en decisiones concretas.

Keiko Fujimori llegó a palacio con una ventaja que pocos presidentes han tenido: conoce desde dentro cómo funciona el poder parlamentario. Sin embargo, sus primeros 30 días dejan una pregunta inevitable: ¿el fujimorismo estaba preparado para gobernar o simplemente para ganar las elecciones?

El primer mes ha estado marcado por anuncios, rectificaciones, plazos extendidos y promesas que chocan con la realidad. En su mensaje del 28 de julio, Fujimori anunció el incremento de la remuneración mínima vital a S/1300 y la duplicación de Pensión 65 hasta S/700 bimestrales. Sin embargo, la ejecución de estas medidas ha sido trasladada al próximo año.

Algo similar ocurrió con el pedido de facultades legislativas. Aunque fue anunciado desde el inicio de la gestión, recién el 27 de agosto el Consejo de Ministros aprobó la propuesta para legislar durante 120 días en 66 materias, presentada al Congreso el 28 de agosto.

Seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana es una de las primeras pruebas para el gobierno. Fujimori asumió prometiendo recuperar el orden y enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Entre el 28 de julio y el 28 de agosto, los registros preliminares del SINADEF contabilizaron 166 homicidios a nivel nacional. En el corte previo, hasta el 24 de agosto, Lima concentraba la mayor cantidad de casos, seguida por La Libertad y Callao, reflejando la persistencia de la violencia en distintas regiones del país.

El 30 de agosto, al cierre del primer mes de gobierno, Trujillo volvió a convertirse en escenario de extrema violencia: cuatro personas fueron asesinadas durante el secuestro de un empresario minero. El empresario fue liberado luego que su familia pagara parte del cupo y la policía dijo haber capturado a varios presuntos implicados. Sin embargo, para una población golpeada por el sicariato, la extorsión y los homicidios, una intervención exitosa después de un hecho criminal no resulta suficiente: se exigen resultados más sólidos y sostenidos que permitan prevenir estos hechos y recuperar la seguridad en las calles.

No se trata de exigir resultados definitivos en apenas un mes, pero sí de contrastar una de sus principales promesas con una realidad que no ha dado tregua. La promesa de recuperar el orden enfrenta, desde el primer mes, una criminalidad que continúa poniendo a prueba la capacidad de respuesta del Estado.

Las reglas que ahora se debe enfrentar

Mientras el Ejecutivo intenta consolidarse, la oposición ya comenzó a ejercer control político, una función legítima y necesaria en democracia. En la Cámara de Diputados, Juntos por el Perú ha impulsado interpelaciones contra los ministros de Defensa, Interior y Energía y Minas. En apenas unas semanas, el gobierno empezó a enfrentar las mismas herramientas parlamentarias que el fujimorismo utilizó durante sus años de oposición.

La paradoja está en que Fuerza Popular conoce muy bien esa dinámica. Desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski protagonizó, junto con otras fuerzas, una oposición confrontacional que condicionó al Ejecutivo, dinámica que también marcó el gobierno de Pedro Castillo, con censuras, interpelaciones y pedidos de vacancia.

Con Dina Boluarte, en cambio, Fuerza Popular pasó a respaldar al gobierno y contribuyó a frenar algunas iniciativas contra la presidenta. En el caso Rolex, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia contra Boluarte a partir de un informe muy cuestionado. La misma posición asumió frente a José Jerí: Fuerza Popular respaldó su permanencia y se opuso a su censura, aunque finalmente el Pleno aprobó su salida.

Hoy Keiko está al otro lado de la mesa

Un ejemplo resulta especialmente revelador. La Ley N.° 31570, aprobada en 2022 durante el gobierno de Pedro Castillo, con el respaldo de Fuerza Popular y otras bancadas, estableció un periodo de dos años para el comandante general de la Policía. Esta norma limita ahora el margen del Ejecutivo para remover al actual jefe policial, Óscar Arriola, pese a los cuestionamientos planteados sobre la seguridad ciudadana.

La paradoja es evidente: reglas y mecanismos que en su momento sirvieron para condicionar a otros gobiernos hoy forman parte del escenario que debe enfrentar el propio fujimorismo.

A ello se suman las controversias alrededor del entorno presidencial. El caso de Damián Valenzuela ha generado cuestionamientos por su cercanía con Keiko Fujimori y su participación durante la campaña. Investigaciones periodísticas han puesto bajo escrutinio sus antecedentes y su proximidad al poder. El episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de transparencia sobre quiénes tienen acceso a la presidenta y qué influencia pueden ejercer, especialmente al inicio de un nuevo gobierno.

--------- 

(*) Politólogo.