Videnza Instituto cierra cinco años de trabajo con una trayectoria construida alrededor de una premisa: aportar a una mejor gestión pública en el Perú mediante evidencia, propuestas, comunicación clara y presencia territorial. La asociación sin fines de lucro nació en plena pandemia y en la antesala del Bicentenario, cuando la crisis sanitaria, la incertidumbre económica y política y las brechas en servicios públicos hicieron más visible la necesidad de contar con propuestas técnicas, viables e independientes. Su iniciativa fundacional, Propuestas del Bicentenario, marcó desde febrero de 2021 el inicio de una agenda que posteriormente incorporó nuevas líneas de trabajo, como Rumbo Energético y el acompañamiento a gobiernos regionales.
Durante el periodo, Videnza, dirigida por el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla Rubio, combinó análisis técnico, formulación de propuestas, diálogo, comunicación pública e incidencia. Desarrolló estudios, informes, plataformas de información, propuestas sectoriales, espacios de diálogo, asistencia técnica y contenidos. También fortaleció redes con universidades, cámaras de comercio, organismos multilaterales, medios, especialistas y organizaciones sociales.
Registra 74 publicaciones, entre ellas 71 informes, estudios o documentos técnicos y tres libros de la serie Propuestas del Bicentenario. También contabiliza 317 eventos, conversatorios o espacios de diálogo. En comunicación, registra 20 893 apariciones en medios, con un promedio de 11 por día durante más de cinco años, y 44 % de esas apariciones fuera de Lima, además de un alcance acumulado de 103 millones en redes sociales. La medición de apariciones en medios comprende periodos que se extienden hasta mayo de 2026.
Propuestas del Bicentenario
Pero el eje que mejor explica el nacimiento y la evolución de Videnza es Propuestas del Bicentenario. La iniciativa fue concebida para aportar evidencia y propuestas de política pública frente a problemas económicos, sociales e institucionales, con un enfoque técnico, no partidario y orientado a mejorar la gestión pública. Se estructuró sobre cinco principios: construcción de institucionalidad; estabilidad macroeconómica y sostenibilidad fiscal; construcción de confianza entre Estado, empresa y ciudadanía; un Estado inclusivo y enfocado en el ciudadano; y promoción de la economía social de mercado.
Su primera etapa, entre febrero y julio de 2021, estuvo orientada a brindar, en medio del contexto electoral, una agenda técnica frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia. En ese periodo se publicó el primer libro, Propuestas del Bicentenario: rutas para un país en desarrollo; se lanzó el pódcast Videnza Propone, en RPP; y se elaboraron las “100 medidas para los primeros 100 días de gobierno”. El objetivo fue colocar en la discusión electoral una mirada técnica sobre los desafíos del país.
Entre agosto de 2021 y julio de 2022, la segunda etapa estuvo marcada por el lanzamiento del Observatorio del Bicentenario, plataforma que reunió más de 180 indicadores elaborados a partir de más de 30 fuentes oficiales. La herramienta permitió ordenar información sobre desarrollo económico y social, con foco en las regiones. Videnza amplió su presencia territorial mediante visitas, talleres con periodistas y espacios digitales sobre reforma universitaria, empleo, pobreza, crisis alimentaria, salud pública, inflación y reactivación económica. En esta etapa se publicó el segundo libro, Propuestas del Bicentenario: rutas para el desarrollo regional.
La tercera etapa, de agosto de 2022 a julio de 2023, profundizó la incidencia territorial y amplió la agenda temática. Se realizó un concurso universitario en Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y Puno, dirigido a involucrar a jóvenes en la identificación de soluciones para sus regiones. También se impulsaron acciones de incidencia y asistencia técnica con gobiernos regionales, autoridades, universidades y actores locales. Como parte de ese proceso apareció el tercer libro, Propuestas del Bicentenario: rutas para el desarrollo institucional. Asimismo, Videnza estableció una alianza con la Asociación de Bancos del Perú para adaptar y transmitir, mediante canales de televisión locales, el programa de inclusión financiera Al Toque TV en más de cinco regiones.
Entre agosto de 2023 y julio de 2024, la cuarta etapa se concentró en propuestas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se lanzaron el Índice Regional de Eficiencia en la Inversión Pública (IREI) y el Índice Local de Eficiencia en la Inversión Pública (ILEI), destinados a evaluar la eficiencia de la inversión pública en distintos niveles de gobierno. También se amplió la producción de informes sectoriales sobre desarrollo infantil temprano, inversión estratégica para el futuro, manejo de recursos hídricos en Cajamarca y formas de enfrentar la extorsión en el Perú. El Observatorio del Bicentenario recibió la Distinción al Civismo en la décima edición del Premio Nacional Democracia Digital 2023. TikTok se incorporó como canal de difusión y se fortaleció el trabajo universitario mediante Voz Universitaria y el primer debate universitario.
En la quinta etapa, entre agosto de 2024 y julio de 2025, se consolidaron formatos, informes y comunidad. La producción sectorial se amplió hacia desarrollo infantil temprano, pobreza urbana, inseguridad ciudadana, inversión pública, desarrollo territorial, minería artesanal y de pequeña escala, acceso a salud rural, gestión del agua y agricultura familiar. El pódcast Propuestas del Bicentenario se consolidó como uno de los principales formatos de difusión y alcanzó 37 episodios, con conversaciones sobre estabilidad macroeconómica, pobreza, salud, educación, seguridad ciudadana, minería ilegal, transición energética, gas natural, agroexportación, turismo, infraestructura, inversión privada, inclusión financiera, sistema electoral y gestión pública.
Temáticas analizadas
Propuestas del Bicentenario articuló análisis técnico, seguimiento de coyuntura, vocería, diálogo y difusión. Sus principales líneas fueron economía y sostenibilidad fiscal; gestión pública y provisión de servicios; seguridad ciudadana y economías ilícitas; desarrollo territorial; y, durante la etapa electoral, análisis del sistema político y de los planes de gobierno. Se estudiaron presupuesto, gasto, inversión pública, infraestructura, salud, educación, agua y saneamiento, primera infancia, minería ilegal, extorsión, bicameralidad, Congreso, Senado y riesgos fiscales.
La producción de conocimiento se organizó en nueve ejes: agricultura y bosques, agua, educación, recursos naturales, minería, política económica, desarrollo territorial, salud y seguridad ciudadana. Entre los documentos representativos figuran: Agricultura familiar en el Perú, Agua en cifras, Una mirada a la propuesta de nueva ley de Minería Artesanal y Pequeña Escala, Pobreza urbana, Desafíos en el acceso oportuno a establecimientos de salud rurales y Costo de la inseguridad ciudadana en los negocios de Lima Metropolitana. Estos trabajos sirvieron de base para columnas, entrevistas, eventos, contenidos digitales y espacios de diálogo.
El pódcast reunió a exautoridades, especialistas, representantes del sector privado, líderes sociales, periodistas y actores vinculados con la gestión pública. Las alianzas con medios nacionales y regionales permitieron llevar la agenda fuera de Lima. La iniciativa también contó con una red de aliados estratégicos integrada por cámaras de comercio, academia, centros de investigación, organismos multilaterales y organizaciones de colaboración.
Aporte al país
Al cierre de su ciclo, Propuestas del Bicentenario deja, según la memoria institucional, una base de evidencia, propuestas y herramientas orientadas a mejorar la gestión pública. El Observatorio, los índices IREI e ILEI, los estudios sectoriales, el pódcast, los eventos territoriales, las campañas digitales y la presencia sostenida en medios ampliaron la capacidad de Videnza para participar en el debate público con información clara y propuestas concretas.
En paralelo, Rumbo Energético, lanzado públicamente a fines de 2023, incorporó al debate la transición energética desde una perspectiva que combina sostenibilidad, competitividad y seguridad del suministro. Y en agosto de 2025 Videnza inició un proyecto de acompañamiento a los gobiernos regionales de Arequipa, Cusco y Junín para mejorar la gestión de sus inversiones públicas. Financiado por Instituto Bicentenario y desarrollado junto con Marco Lógico e IMPACTA, combinó asistencia técnica, presencia territorial y herramientas de gestión. Un producto transversal fue una herramienta de seguimiento de la inversión pública en Power BI para visualizar indicadores, proyectos, avances físicos y financieros y distribución territorial.
El resultado del trabajo de Videnza entre 2021 y 2025 no se reduce al número de publicaciones o actividades. La memoria muestra una capacidad institucional para ordenar evidencia, identificar prioridades, formular recomendaciones y llevarlas a los espacios de decisión. En el caso de Propuestas del Bicentenario, esa capacidad evolucionó desde la respuesta técnica a la crisis y al proceso electoral hacia una agenda amplia sobre institucionalidad, economía, servicios públicos, seguridad y desarrollo territorial.
Propuestas del Bicentenario queda como la expresión más amplia de esa apuesta: producir conocimiento para el debate, acercarlo a la ciudadanía y convertirlo en rutas de acción. Su recorrido muestra la evolución de Videnza desde la respuesta técnica a la crisis y al proceso electoral hacia una agenda más amplia, territorial y especializada, con la convicción de que la evidencia debe estar al servicio de mejores decisiones públicas y traducirse en propuestas capaces de contribuir a la mejora de las políticas públicas en el Perú.
En la sociedad peruana contemporánea, la pérdida o el robo de un teléfono móvil ha dejado de ser la simple sustracción de un bien material para convertirse en un grave riesgo patrimonial. Con la rápida consolidación del ecosistema de pagos electrónicos y el uso extendido de la banca móvil, el teléfono inteligente concentra hoy en día el control casi absoluto de la vida económica de los ciudadanos. Perder el equipo implica exponer datos confidenciales, claves secretas y accesos directos a cuentas bancarias. Ante este alarmante escenario, la Asociación de Bancos del Perú – Asbanc, ha venido impulsando intensas campañas de prevención e instrumentos de respuesta inmediata, entre los que destaca la puesta en marcha de la línea unificada 1820.
Esta problemática fue expuesta en detalle por Nancy Figueroa, Defensora del Cliente Financiero de Asbanc, durante su participación en el taller titulado "Periodismo económico: Herramientas para informar mejor", certamen que contó con la cobertura de Expresión. Durante la jornada de capacitación, la especialista presentó un diagnóstico revelador sobre la manera en que el crimen común se ha entrelazado de forma estrecha con la ciberdelincuencia en el territorio nacional.
Según las métricas presentadas en dicho encuentro, las cuales corresponden a reportes oficiales del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - Osiptel, en el Perú se roban más de 4000 celulares al día. Este impacto de la delincuencia común repercute de manera directa sobre el sistema bancario. De hecho, el 6 0% de los reclamos formales que se presentan ante la propia Defensoría del Cliente Financiero tienen su origen inmediato en el robo o la sustracción de un teléfono inteligente.
Fraudes digitales
Figueroa complementó esta impactante radiografía al revelar que, según los registros oficiales del Sistema de Información Policial – Sidpol, de la Policía Nacional del Perú, se contabilizaron alrededor de 42 000 denuncias por fraudes digitales durante el año 2024. A la par de este dato, el volumen general de amenazas informáticas alcanza dimensiones sumamente críticas en el país, pues solo en el primer semestre del año se detectaron aproximadamente 748 millones de intentos de ataques cibernéticos a nivel nacional.
Estas cifras confirman con absoluta claridad que el objetivo principal de los delincuentes tras apoderarse de un dispositivo móvil ya no es la simple reventa del equipo físico en el mercado negro, sino la intrusión no autorizada en las aplicaciones bancarias para la extracción acelerada y sistemática de los fondos de las víctimas.
En lo relativo a la anatomía de la vulneración, Figueroa enfatizó durante su disertación que los cibercriminales generalmente no necesitan vulnerar o romper los complejos sistemas de seguridad tecnológica instalados por las entidades bancarias. En su lugar, la estrategia delictiva se enfoca en manipular y vulnerar de forma deliberada la confianza del propio usuario mediante sofisticadas técnicas de ingeniería social. Frente a este peligroso panorama, la Defensora del Cliente Financiero subrayó la denominada "Regla de Oro", la cual establece que las claves bancarias son de uso absolutamente personal. La especialista advirtió con firmeza que si alguna persona o mensaje solicita dichos datos, no se trata de un procedimiento legítimo de validación, sino de una señal inequívoca de alerta. Ningún banco o entidad financiera solicita claves secretas, códigos token, contraseñas o números de PIN mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o chats institucionales de WhatsApp.
¿Cómo operan?
El modus operandi empleado por los ciberdelincuentes se apoya de forma sistemática en la explotación de tres factores psicológicos recurrentes dentro de la población. En primer lugar, explotan el sentido de urgencia mediante el envío masivo de mensajes falsos donde se exigen pagos inmediatos o se amenaza con el bloqueo inminente de cuentas bancarias o la imposición de supuestas multas de tránsito.
En segundo lugar, recurren a la falsa confianza a través de comunicaciones que suplantan la identidad de empresas de courier para anunciar entregas pendientes o paquetes retenidos, así como suplantaciones de instituciones públicas o entidades bancarias reconocidas. En tercer lugar, aprovechan el factor de oportunidad utilizando el atractivo gancho de promociones de ensueño, la entrega de premios ficticios o la emisión de falsas alertas de seguridad que buscan provocar una reacción apresurada e irreflexiva por parte de la víctima.
Para contrarrestar efectivamente la alta incidencia de estos fraudes, la Defensora del Cliente Financiero remarcó la necesidad imperiosa de incorporar cuatro hábitos fundamentales de prevención digital en la rutina de los usuarios. El primero de ellos consiste en el uso de claves diferenciadas, por lo que se debe evitar rigurosamente la reutilización de contraseñas entre cuentas de correo electrónico, aplicaciones de entretenimiento o uso cotidiano y la plataforma de banca por internet. El segundo hábito es la activación de la autenticación adicional mediante factores complementarios de seguridad, tales como el token digital, el doble factor de autenticación y los registros de reconocimiento biométrico por huella dactilar o escaneo facial. Como tercer hábito se promueve el ingreso exclusivo por canales oficiales, realizando las operaciones mediante la digitación directa de la dirección web en el navegador o empleando las aplicaciones oficiales, evitando ingresar a través de enlaces adjuntos en correos o mensajes de texto. Por último, se recomienda mantener activas las alertas y notificaciones instantáneas de transacciones para identificar cualquier movimiento de dinero no reconocido en tiempo real.
Finalmente, cuando se produce la pérdida o el robo del dispositivo, la víctima se enfrenta a momentos de alto estrés donde la rapidez de reacción resulta determinante para proteger sus ahorros. La primera medida debe ser siempre el bloqueo inmediato de todos los productos financieros asociados. Con el propósito explícito de agilizar este trámite crucial, el sector financiero peruano implementó la línea unificada 1820, una central de emergencia de alcance nacional diseñada para la suspensión rápida de servicios bancarios. Este servicio gratuito funciona de manera ininterrumpida las 24 horas del día y los 7 días de la semana, conectando directamente al usuario con el área de bloqueo de su respectivo banco para congelar tarjetas de débito o crédito, aplicaciones y canales digitales. Se recuerda a toda la ciudadanía que la central 1820 jamás realiza llamadas para solicitar datos personales o claves, consolidándose así como un recurso fundamental de la banca para proteger el patrimonio financiero de las familias peruanas.
Durante la 141.° Cátedra Perú, realizada por la Universidad de San Martín de Porres – USMP Filial Norte, el exministro de la Producción, Alfonso Velásquez Tuesta, abogó por un cambio de paradigma: pasar de la reacción tardía ante los desastres naturales a una gestión prospectiva basada en la innovación agrícola, la acuicultura temporal y la inversión estratégica.
Velásquez Tuesta, quien también se desempeñó como jefe de Sierra Exportadora y presidente de la Asociación Regional de Exportadores de Lambayeque – AREX, expuso una visión analítica e histórica sobre el impacto del Fenómeno El Niño en la economía peruana, formulando propuestas concretas para mitigar sus daños y aprovechar sus recursos hídricos en beneficio de las poblaciones más vulnerables.
Resaltó la necesidad de mirar hacia el pasado y asumir un rol solidario desde el sector privado. Dijo que la región Lambayeque, marcada por altos índices de pobreza, sufre con mayor rigurosidad el embate de las variaciones climáticas. En ese contexto, sostuvo que "los antiguos lambayecanos aprendieron a prepararse, algo que no se hace en tiempos modernos", subrayando que la historia debe servir como referencia para prospectar, organizarse y menguar el impacto socioeconómico en los ámbitos familiar y empresarial.
"Lambayeque ha sabido adaptarse, ha sobrevivido y por supuesto hemos aprendido a innovar y a crecer después de El Niño. Sin embargo, es importante mirar la historia, porque quien no conoce su historia está condenado a repetir los errores", afirmó.
El Niño en las cifras
Para dimensionar la severidad de este evento climático, Alfonso Velásquez repasó los datos oficiales de las crisis pasadas en la economía real. En el evento de 1983, el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú sufrió un desplome del 11.8 %, el sector pesquero cayó un 40 % y la actividad agropecuaria perdió un 8 %. Las pérdidas materiales superaron los 3200 millones de dólares y dejaron a más de 1.3 millones de peruanos en condición de damnificados, borrando prácticamente la infraestructura vial de Piura y Lambayeque.
Un escenario similar se repitió 15 años después, en 1998, cuando el fenómeno generó daños por 3500 millones de dólares —equivalentes al 6.52 % del PBI de la época— y destruyó más de 42 000 viviendas a nivel nacional. En Chiclayo, las precipitaciones alcanzaron los 623 milímetros, es decir, la cantidad equivalente a un año entero de lluvias concentrada en solo 30 días, lo que transformó las arterias urbanas en ríos e inmovilizó por completo la producción.
Frente a esta recurrencia de desastres, el expositor cuestionó la inacción del Estado en materia de prevención estructural. Hizo especial hincapié en la falta de descolmatación de las cuencas hidrográficas en el norte del país, donde la acumulación continua de sedimentos eleva el lecho de los ríos por encima del nivel de las ciudades, impidiendo el flujo natural del agua hacia el mar y provocando inundaciones severas.
"Tras cuatro décadas de trabajo del sector productivo de todos nosotros, ¿por qué Perú, por qué seguimos reaccionando a la emergencia en lugar de anticipar soluciones?", cuestionó Velásquez Tuesta, comparando la realidad nacional con las inversiones técnicas sostenidas e híbridas que ha realizado Ecuador en trasvases y represas de control para que sus ríos fluyan sin destruir las zonas urbanas.
Resiliencia del sector agroindustrial
A pesar de las deficiencias en la infraestructura pública, el sector agroexportador privado ha desarrollado capacidades de adaptación operativa fruto de la experiencia acumulada. Velásquez puso como ejemplo el adelanto de las siembras de determinados cultivos a los meses de septiembre u octubre, así como la aplicación de controladores fisiológicos en la producción de arándanos para evitar la caída de la floración, tal como ocurrió en la campaña de los años 2023 y 2024, cuando el volumen productivo nacional cayó en 40 %.
No obstante, la adaptación agronómica resulta insuficiente si la cadena logística colapsa a causa de las lluvias. El exministro explicó que, aunque una planta procesadora conserve su stock de alimentos en óptimas condiciones, la destrucción de las vías de acceso impide el traslado de las mercancías hacia los principales puertos de salida, como Paita o el Callao, dejando a las empresas inmovilizadas. Recomponer el aparato productivo dañado no es un proceso inmediato ni administrativo.
"Como siempre digo, la recuperación de un fundo, de un proceso industrial, no toma un decreto, nada se cambia por decreto. Requiere entre 3 a 5 años de trabajo continuo para restaurar la capacidad productiva de esa actividad", enfatizó. El fenómeno meteorológico tiene un carácter dual: destruye la infraestructura urbana no planificada, pero a la vez reactiva el vigor vegetativo del desierto costero. De acuerdo con el expositor, el reto consiste en contar con "un Estado que camine a su lado, facilitando, invirtiendo y garantizando mercados", imitando la sabiduría de las culturas ancestrales que sembraban, pescaban y criaban ganado en función de las fluctuaciones del agua.
Agricultura y acuicultura
Una de las propuestas centrales de la ponencia fue la implementación de cultivos de ciclo corto —de 40 a 90 días— como el frejol de palo, frejol Castilla, zarandaja, frejol negro y pallares, los cuales permiten aprovechar la humedad remanente y obtener cosechas de rápida maduración antes de que las condiciones climáticas se degraden. Recordó que durante El Niño de 1997-1998, la decisión estratégica de sembrar leguminosas en plena lluvia permitió a la región abastecer al mercado internacional cuando el resto de competidores carecía de oferta exportable.
Asimismo, planteó articular esta producción con las compras públicas de alimentos a través del Programa de Alimentación Escolar, el cual maneja un presupuesto anual de 2577 millones de soles para atender a más de 4 millones de estudiantes. Según Alfonso Velásquez, es imperativo corregir la distorsión actual donde el Estado adquiere insumos importados de países vecinos por falta de organización y planificación de la agricultura familiar local.
En el plano hídrico y acuícola, propuso el plan denominado "Agua Productiva", un protocolo inmediato para intervenir las lagunas temporales que se forman tras la retirada de las precipitaciones en zonas áridas. "Una laguna temporal de 5 hectáreas bien manejada genera entre 15 y 20 toneladas de proteína animal en 90 días, transformando una amenaza hídrica en un negocio productivo real para las familias", detalló el exministro, sugiriendo la siembra intencionada de alevinos de tilapia y camarón de agua dulce en lugar de depender de especies silvestres de menor valor nutricional o comercial.
Medidas urgentes
Para viabilizar este modelo prospectivo, el expresidente de AREX demandó a las autoridades gubernamentales una acción drástica articulada en tres ejes normativos e institucionales. En primer lugar, exigió una Ley de Drenaje Fluvial Urbano Obligatorio que prohíba financiar obras de pavimentación sin incluir sistemas subterráneos de captación de agua. En segundo término, planteó la aplicación de sanciones presupuestales y penalizaciones a los municipios que muestren cero ejecución técnica en prevención. Finalmente, solicitó el despliegue de paquetes tecnológicos de emergencia que incluyan geomembranas, maquinaria agrícola y kits de semillas y forrajes para la costa norte.
En esa misma línea, Velásquez Tuesta destacó la figura del "alcalde productivo" y el liderazgo de los gobiernos regionales como motores centrales del desarrollo económico local. Señaló que las autoridades subnacionales pueden utilizar hasta el 15 % de su presupuesto de inversión pública a través de los fondos de ProCompite para cofinanciar planes de negocio de productores organizados, adquirir maquinaria e instalar bancos comunales de forraje antes de la llegada de las precipitaciones, evitando esperar decisiones centralizadas desde la capital.
De igual manera, el exministro instó a agilizar los reglamentos de Obras por Impuestos para incorporar la cogestión de proyectos productivos entre el empresariado y el sector público. La clave de toda esta estrategia radica en la velocidad de ejecución y la preparación previa a la emergencia pluvial, puesto que lo que no se organice con anticipación resultará imposible de realizar durante la crisis.
"Lo que no se haga antes de que caiga el agua, no se podrá hacer después", concluyó Alfonso Velásquez Tuesta, haciendo un llamado final a los profesionales, académicos y jóvenes empresarios para poner la técnica al servicio de la resiliencia regional. "El Perú cuenta con la historia, los recursos y el talento para liderar la gestión del clima. Lo que necesitamos es determinación para actuar con anticipación", enfatizó.
El último fin de semana se vivió una jornada histórica en la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque con la realización de la Primera Cumbre Empresarial, actividad que contó con una concurrencia masiva de emprendedores y representantes del gremio. En esta primera cumbre, la gestión liderada por Juan Manuel Scander Chikhani trajo a ponentes de primer nivel entre los que destacan la exvicepresidenta y exministra, Mercedes Aráoz; el viceministro de la Producción, Eloy Durán Cervantes; el presidente del Instituto de Desarrollo Sostenible – IDIS, Jesús Salazar Nishi; y el gobernador regional, Jorge Pérez Flores.
“Estoy feliz porque el empresariado lambayecano ha respondido a un trabajo arduo, incansable y transparente que se está haciendo en el cámara de comercio. Trabajamos para el desarrollo productivo de nuestra región a la que queremos tanto. Somos una cámara centenaria, con 125 años, que hoy por primera vez realiza una cumbre empresarial con expositores de primer nivel”, señaló Juan Manuel Scander, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.
Articulación
El dirigente del gremio empresarial destacó que la Cámara de Comercio busca articular a la micro, pequeña, mediana y gran empresa en un hub logístico donde todos crezcan y fortalezcan sus capacidades, para lo cual incluso dotan de capital semilla gracias a la cooperación internacional.
“Los pequeños empresarios ya se han dado cuenta de que si trabajan en conjunto con la gran empresa ellos también crecen. Tenemos que crecer de forma articulada, de la mano. Los micro y pequeño van perfeccionando sus capacidades porque ahora atienden a empresas internacionales, las cuales tienen parámetros internacionales. Así, los micro y pequeños quedan listos para exportar con el capital semilla que como cámara de comercio les estamos dando a través de la Cooperación de Suiza, Alemania y España”, manifiesta.
Apunta que de esa forma se convierte a Lambayeque en una economía circular, pues van saliendo nuevos exportadores, se generan nuevos emprendimientos y más empresarios formales, quienes le dejan divisas al Perú.
Elecciones
De otro lado, resaltó que junto al Comité Gremial de la Mujer Empresaria Lambayecana se está gestionando la realización de una exposición de propuestas de candidatos, tanto al gobierno regional como a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el cual se realizaría en la explanada de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, con un ingreso totalmente gratuito para la ciudadanía.
“Queremos que la gente pueda apreciar, analizar y sacar sus propias conclusiones respecto a por cuál candidato deben votar. Necesitamos que Lambayeque, que Chiclayo se ponga de pie. Dejémonos ya del atraso, del retroceso. Tenemos que avanzar verticalmente, hacia arriba, con fe, esperanza, con un trabajo limpio y transparente, con ganas de hacer bien las cosas. Es el momento de que Lambayeque crezca”, anhela.
En esa línea, el vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Olivio Huancaruna Perales, y past presidente de la misma institución, coincidió en que el gremio empresarial debe tomar la batuta para la realización de este debate, en el cual los candidatos expongan su visión de desarrollo que tienen para la región.
“La cámara de comercio debe ser la casa por donde pasen todos los que aspiran a liderar los grandes proyectos regionales y nacionales. Por eso queremos realizar esa exposición de propuestas, donde puedan exponer todos los aspirantes, de todos los colores políticos. Nadie debe eludir la responsabilidad. Aquí tienen que compartir qué piensan y cuál es su compromiso para con la macrorregión. Ojo, no solo hablar de la región, sino de la macrorregión, pues tenemos que pensar en desarrollo con visión de país”, manifiesta.
Terminal portuario
En tanto, Huancaruna Perales señaló que eventos como un debate de candidatos o la cumbre empresarial sirven para seguir poniendo en agenda los grandes proyectos que necesita Lambayeque.
“Para hablar de desarrollo tenemos que pensar en el mediano y largo plazo. Nadie puede eludir la responsabilidad de las grandes obras. Nosotros desde la cámara de comercio seguiremos con Puerto Eten hasta el cansancio, hasta que se inaugure, porque estamos convencidos que las embarcaciones que lleguen al Perú en las próximas décadas y siglos deben entrar por Eten. Esto no es un engaña muchachos. La conexión aérea ya la tenemos, nos falta la marítima”, sostiene.
Huancaruna explica que es imposible justificar que se tengan puertos en las regiones vecinas y que Lambayeque, que es la región que no solo más lo necesita, sino que es la mejor ubicada para un puerto, no lo tenga.
“No se justifica que la región que más espacio podría multiplicar en beneficio de la conexión marítima no tenga un puerto. Me parece que hemos tenido mala suerte con nuestros representantes, quienes no han hecho el papel que les correspondía para impulsar el terminal portuario, pero creo que ahora estamos empezando”, asevera.
Al margen de las discrepancias políticas, señala que hoy el empresariado debe apoyar la gestión que está realizando el gobernador regional en aras de conseguir el terminal portuario. “Hoy es el momento en el que todos debemos estar juntos. Así como nos unimos cuando juega la selección y, a pesar que nunca ganamos los partidos seguimos apoyando, este es un partido en el que todos tenemos que estar unidos. Nos corresponde a todos ponernos la camiseta de Lambayeque”, manifiesta.
Cadenas productivas
Por su parte, Eloy Cervantes, viceministro de la Producción, explicó a los empresarios que quieran dedicarse a la agroexportación que los productos deben pasar por una serie de estándares internacionales que incluyen estudios físicos, químicos, microbiológicos y sensoriales para ver qué partículas tienen y así determinar qué componentes no están permitidos en mercados de Asia, Europa y Norteamérica.
“Así sabemos qué cosas exigen ellos, cuáles son las preferencias de los gustos de los mercados internacionales, todo eso se analiza y se mejora el producto. Hace poco, el mes pasado, vino una gran exportadora de La Libertad, quien había hecho pasas de arándanos. Ella quería validar su emprendimiento para ver si eso lo podía exportar a Estados Unidos. Le preguntamos cuántas variedades de arándanos tenía para producir las pasas y nos dijo que trece. Le preguntamos cuáles había preseleccionado y nos mencionó dos. Pero al momento de hacer los análisis nos dimos cuenta que era justo la variedad que no había usado la que era exportable”, relata.
Señala que desde el Ministerio de la Producción realizan ese tipo de acompañamientos con los emprendedores, tiempo después del cual les asesoran la parte de desempeño hacia el mercado exterior: empaques, envases, marca, registro y diseños.
“Los costos son bastante simbólicos. Comprar una máquina para hacer pruebas de laboratorio cuesta 800 mil dólares, pero el Ministerio de la Producción, a través de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE, los facilita. Un emprendedor puede pagar 8000 soles por tres servicios y empezar a exportar”, asevera.
En el caso de Lambayeque, a mediados del año pasado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el gobierno regional suscribieron un convenio específico de colaboración interinstitucional, que permitirá concretar el proyecto de mejoramiento y ampliación del CITE Sipán. Con ello se pretende brindar soporte a más de 3000 artesanos y emprendedores turísticos, promoviendo la innovación, la calidad y la competitividad regional.
Finalmente, el viceministro señaló que es importante la gestión de servicios financieros, a fin de que los emprendedores refuercen el marketing de sus marcas.
En el marco de la Primera Cumbre Empresarial de Lambayeque, desarrollada en la sede de la Cámara de Comercio y Producción de la región, la exvicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz Fernández, analizó los principales retos económicos y de gestión pública que enfrenta el país. Durante la jornada, la exautoridad abordó desde el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo en materia tributaria y laboral hasta los riesgos derivados de la minería ilegal y la vulnerabilidad del norte frente al fenómeno de El Niño.
Sobre la solicitud de facultades realizada por el Gobierno a la Cámara de Diputados para legislar en 66 aspectos —con énfasis en materia tributaria, laboral, seguridad ciudadana y la atención a El Niño—, Aráoz Fernández valoró la iniciativa como una medida orientada en la dirección correcta, argumentando que se requiere una revisión integral tras tres décadas de rigidez normativa.
"En materia tributaria, en particular, voy a hablar de la inserción de las PYMES al sistema sin que sea muy costoso. A las PYMES las tenemos ahorcadas y no pueden crecer adecuadamente porque la tienen obligadas a declarar solo ventas y pagar impuestos sobre sus ventas en vez de pagarlos sobre sus ganancias. Convertir al régimen general, aunque paguen poquito al inicio, va a permitir que crezcan. En materia laboral la propuesta es crear posibilidades de empleo formal, no sancionar o quitar derechos, sino ampliar las posibilidades de personas que no tienen derechos laborales de ingresar a la formalidad. Es una revisión de los regímenes tributarios después de 30 años", mencionó la también expresidenta del Consejo de Ministros.
Al ser consultada sobre las herramientas de inclusión financiera para las pequeñas y medianas empresas, resaltó la urgencia de expandir el mecanismo del factoring hacia todas las regiones para garantizar liquidez inmediata a los productores locales.
"Queremos expandirlo más sobre todo a las regiones, porque es una herramienta de desarrollo y de inclusión financiera muy rápida. El pequeño empresario no se queda sin capital de trabajo esperando que le paguen dentro de tres a seis meses, sino que puede descontar sus facturas rápidamente y aprovechar con ello tener capital de trabajo para seguir produciendo", indicó.
Frente a las críticas de ciertos sectores respecto al mantenimiento de incentivos tributarios para la agroindustria en contraste con los ajustes a pequeños contribuyentes, la también exministra de Economía y Finanzas sostuvo que el foco debe centrarse en dinamizar a las unidades productivas emergentes y mitigar los sobrecostos que entorpecen la contratación formal.
"Las pequeñas empresas y las nuevas inversiones serían las consideradas en este nuevo plazo de cinco años, entendiendo además que hay un sobrecosto como el bono Beta que dificulta la contratación. El sector agroindustrial es un gran contratador de personal de manera formal, y es muy importante ver la oportunidad sobre todo no para la gran empresa, sino para la pequeña y microempresa que se puede incorporar al sistema y que le falta ese apoyo tributario", indicó.
Juego político
En otro punto de la agenda regional y ambiental, Mercedes Aráoz manifestó su firme postura frente a los debates impulsados por el Ministerio de Energía y Minas sobre la eventual prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), alertando sobre el grave impacto ecológico y social que genera la actividad ilegal en las cuencas hidrográficas del país.
"Hay que ver con mucho cuidado lo que se está proponiendo. La idea es que los que realmente están en el REINFO y operando con ciertos permisos se cierren en diciembre, y que no entren más todos los demás que no tienen autorización, los que están en áreas arqueológicas, en áreas naturales protegidas o en la boca de los ríos. Todo eso fuera, y quedarse solamente con aquellas que están contenidas en un número mucho menor al que le podemos dar la formalización", menciona.
Con relación a la gobernabilidad y el rol que le compete asumir a la Cámara de Diputados para viabilizar el ordenamiento económico, la exministra instó a la representación parlamentaria a anteponer las necesidades prioritarias de las regiones por encima de posturas partidarias o cálculos de popularidad.
"Espero que las personas que están ahí no tengan intereses mezquinos con respecto al país, el país es lo más importante. Si están pensando en ser más populares, poblaciones como acá en Lambayeque que quieren un desarrollo de verdad necesitan que les den facilidades para que haya generación de empleo, mayor bienestar y seguridad", aseveró.
El Niño
Finalmente, la exautoridad expresó su profunda preocupación por la falta de ejecución presupuestal y prevención ante la inminencia del fenómeno de El Niño, advirtiendo la urgencia de concretar obras vitales de infraestructura y conectividad para Lambayeque, así como el drenaje pluvial de Chiclayo.
"Es increíble que recién estén buscando una empresa que pueda hacer el proyecto y no haya plata todavía para el drenaje pluvial. Eso ya debería estar presupuestado mediante un decreto de urgencia, como cuando estábamos en el 2017 con la reconstrucción con cambios. Para la ciudad de Chiclayo, el drenaje pluvial es un tema de supervivencia. En el agro y el transporte hay que garantizar los puentes, las carreteras con canalización y la limpieza de los ríos", precisó.
Respecto a los grandes proyectos regionales, Aráoz Fernández concluyó que el desarrollo del Puerto de Eten debe concebirse desde un enfoque territorial amplio que articule parques industriales, redes viales y conectividad integral para dinamizar de forma definitiva el aparato productivo del norte peruano.
El presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible – IDIS, y expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias - SNI, Jesús Salazar Nishi, ofreció un diagnóstico crítico sobre la situación socioeconómica de la región y del país. El representante gremial analizó la inminente llegada del fenómeno de El Niño, la evaluación de los primeros treinta días de gestión gubernamental de Keiko Fujimori y las medidas prioritarias en materia fiscal, laboral y de seguridad ciudadana que requiere el sector productivo para sostener la inversión privada.
Respecto al impacto del fenómeno climatológico en la economía del norte del país, Salazar Nishi advirtió que la elevada concentración productiva de la zona incrementa de manera sustancial su vulnerabilidad, e indicó que la falta de prevención exige una respuesta inmediata enfocada en la mitigación del daño. El representante gremial participó de la cumbre empresarial organizada por la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.
"Hemos estado revisando un poco de los números de Lambayeque antes de venir a este encuentro empresarial y vemos, por ejemplo, que el 95.6 % de las exportaciones de Lambayeque son de la agroexportación y es, desgraciadamente, uno de los sectores que más golpeados van a ser. Por lo tanto, la economía de Lambayeque va a ser golpeada por el fenómeno de El Niño. Lamentablemente, nuestro país no supo prepararse para ello, porque ya lo sabíamos con muchos años. Cuando nos preguntaban cómo nos podemos preparar, yo digo: para un ratito, ya no hay tiempo para prepararnos. Lo que tenemos que hacer es responder ya ante el daño y para ello necesitamos que nuestras autoridades se movilicen", explicó.
Medidas del gobierno
Sobre la coyuntura política y el balance del primer mes de gestión del Ejecutivo —período en el que se anunció un paquete de facultades legislativas enviado a la Cámara de Diputados sobre 66 materias—, el titular del IDIS valoró la solvencia del equipo ministerial en el plano técnico, aunque criticó con dureza ciertos anuncios del discurso presidencial por considerarlos concesiones de carácter populista.
"En líneas generales va bien. Treinta días es muy corto para evaluar positivo o negativamente. Técnicamente sí hay buenas señales, sobre todo en economía y producción. Sin embargo, hay un par de temas que nos ha llamado la atención a los empresarios y creería yo que lamentablemente la presidenta ha sido presa del populismo. Una de ellas, por ejemplo, es anunciar un incremento de sueldo mínimo. Eso es increíble, y ella misma lo sabe y más aún su ministro de Economía, que es uno de los que siempre salió a decir que primero hay que elevar la productividad antes de hablar de un incremento de sueldo", mencionó.
En esa misma línea, cuestionó la falta de coherencia entre los discursos electorales que promovían la reducción de feriados para evitar pérdidas de eficiencia y las decisiones adoptadas al inicio de la gestión, enfatizando que las medidas de mayor beneficio para la fuerza laboral deben orientarse a la atracción de capitales y la competitividad.
"Un feriado es más o menos un punto a la productividad. Esto daña la productividad del país. Y a esto le sumas el incremento de sueldo mínimo, la pregunta es: ¿qué pasó con esa visión de desarrollo, de progreso y crecimiento del país? Las autoridades lamentablemente están condicionadas a la presión popular. La mejor forma de congraciarse con el sector de trabajadores es incrementar la productividad y eso se hace con más trabajo, dando mejores características y condiciones para que la inversión privada llegue. No puede haber crecimiento y desarrollo si no hay inversión privada”, enfatizó.
Clima de la inseguridad
Finalmente, al abordar el problema de la inseguridad ciudadana como la principal traba operativa para las empresas y el desarrollo social, Salazar Nishi instó al Gobierno a ejercer la autoridad del Estado de manera directa, respaldando la presencia de las fuerzas del orden en la vía pública para generar confianza y contener el avance de la criminalidad.
"En campaña electoral escuché decir que desde el primer día se iba a notar el cambio. Ya van treinta y honestamente no notamos el cambio. No estoy diciendo que no están haciendo nada, el tema es que los resultados no se están dando. Hay gente que critica el hecho de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a patrullar; puedo entender esas críticas institucionalistas, pero dígame si no son señales claras de autoridad y de poder del Estado estar en las calles controlando y cuidando la seguridad. Eso es necesario. Las acciones tienen que ser inmediatas y una de ellas es sacar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, que la ciudadanía sienta que la acompaña la fuerza del orden", aseveró Salazar Nishi.
La economía peruana atraviesa una coyuntura marcada por profundos contrastes en los que el optimismo del sector privado convive con un evidente enfriamiento de la producción nacional y el peligro inminente de un nuevo choque climático. Mientras la confianza empresarial ha alcanzado su nivel más elevado en casi una década, la actividad económica real muestra claros signos de desaceleración impulsados por severas caídas en sectores primarios estratégicos.
Esta lectura de la coyuntura nacional fue detallada por David Tuesta Cárdenas, economista y exministro de Economía y Finanzas, durante su exposición en el taller titulado "Periodismo económico, herramientas para informar mejor". El certamen fue organizado de manera conjunta por el Instituto Peruano de Economía – IPE, y la Asociación de Bancos del Perú – Asbanc, contando con la participación de Expresión.
Por un lado, las expectativas del sector privado han registrado una recuperación histórica. Según lo expuesto por Tuesta Cárdenas, el índice de expectativas empresariales a tres meses trepó hasta los 62.3 puntos en julio de 2026. Esta cifra no solo supera holgadamente el umbral de los 60 puntos, sino que representa el punto más alto alcanzado desde noviembre de 2017, fecha en la que el indicador marcó 62.6 puntos. El entusiasmo de los inversionistas y ejecutivos se extiende hacia un horizonte más amplio, ya que las expectativas empresariales a doce meses alcanzaron los 72.1 puntos.
Freno en el PBI
En contraposición a este entorno favorable en la percepción privada, la economía real presenta una trayectoria opuesta. El Producto Bruto Interno (PBI) peruano sufrió un freno al registrar una tasa de crecimiento interanual de tan solo 1.75 % en junio de 2026. Este resultado no solo representa el avance mensual más bajo registrado en lo que va del año, sino que consolida un segundo mes consecutivo de desaceleración productiva.
Durante su intervención, el especialista precisó que el debilitamiento de la economía nacional se concentra de forma directa en las actividades primarias, las cuales han experimentado caídas drásticas. La actividad pesquera registró el desplome más severo con una contracción de -51.9 %. Por su parte, el subsector agrícola dentro del rubro agropecuario cayó en -8.1 %. A su vez, la manufactura primaria anotó una contracción de -6.2 %, acumulando una caída de -18.4 % interanual al cierre de junio.
En contraste con el sesgo negativo de las actividades primarias, la demanda interna mantiene su dinamismo. Este sostenimiento se apoya en el buen desempeño de los sectores no primarios, destacando las expansiones observadas en la construcción, que creció un 9.0 %, y el comercio, con un avance de 7.8 %.
Amenaza natural
A este escenario de ralentización se suma el impacto latente del Fenómeno El Niño (FEN), cuyas manifestaciones ya afectan de forma directa tanto a la oferta exportable como al consumo interno. De acuerdo con proyecciones oficiales y análisis históricos presentados por David Tuesta, socio fundador de RONIN, un evento de El Niño extraordinario de magnitud equivalente al registrado en el año 1983 podría tener consecuencias devastadoras, ocasionando pérdidas estimadas en hasta 4.1 puntos porcentuales del PBI. Asimismo, el impacto en la infraestructura nacional podría representar una pérdida de hasta el 2.5% del producto.
Frente a la inminencia de este evento climático previsto entre los años 2026 y 2027, el exministro se refirió a las respuestas y anuncios oficiales emanados por el Poder Ejecutivo. En primer término, se ha oficializado la creación de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del FEN, instancia que estará presidida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Midagri, y que contará con la Autoridad Nacional del Agua – ANA, a cargo de la secretaría técnica.
En lo que respecta a los ejes centrales de mitigación, las acciones gubernamentales se orientarán hacia la adaptación climática de la actividad agrícola, la implementación de un salvavidas pesquero articulado mediante fondos de compensación, y la garantía de la seguridad hídrica para enfrentar tanto periodos de sequía como de precipitaciones excesivas.
Adicionalmente, el paquete de medidas económicas del Gobierno contempla otros anuncios relevantes, tales como el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/ 1300, el traslado de los días feriados nacionales hacia los días lunes para fomentar el turismo interior, la reestructuración del directorio de la empresa estatal Petroperú y el trámite de una solicitud de facultades legislativas dirigida al Congreso de la República.
Finalmente, al analizar el panorama macroregional y las Proyecciones Macroeconómicas para el periodo 2025–2027, el escenario base presentado incorpora el impacto de un FEN costero de magnitud fuerte, el cual se vería atenuado por un marco de mayor estabilidad política.
Bajo estas premisas, tras haber cerrado el año 2025 con un crecimiento de 3.4 %, se proyecta una leve desaceleración del PBI real a 3.3 % para el año 2026, manteniendo un sesgo al alza, para luego recuperarse a una tasa de 3.4 % en 2027. Por su parte, la inflación cerraría el año 2026 en un nivel de 3.9 %, cifra que reflejaría el choque temporal de oferta causado por el evento climático, antes de moderarse hacia un 2.2 % en 2027.
En materia fiscal, se prevé un reajuste paulatino del déficit, pasando de -2.2 % del PBI en 2025 a -2.0 % en 2026 y alcanzando un -1.8 % en 2027. Respecto a la Tasa de Interés de Referencia, se proyecta una postura de 4.50 % para fines de 2026 y de 4.25 % para 2027. Por último, la cotización del tipo de cambio (USD/PEN) registraría una proyección promedio de S/3.39 por dólar para el presente año 2026 y de S/3.23 para el año 2027.
A pesar de haber realizado más de 50 marchas exigiendo justicia, el fiscal de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – Fecor, Luis Jaramillo Cubas, presentó un requerimiento mixto de sobreseimiento y acusación contra las ex administraciones judiciales de Tumán. Esto, sin embargo, no ha pasado por alto en el Poder Judicial, cuyos magistrados han devuelto el expediente para subsanación de fallas.
En diálogo con Expresión, Segundo Ordinola Zapata, administrador de la empresa azucarera Tumán, cuestiona que el fiscal Jaramillo Cubas haya acusado en su requerimiento a Alejandro Zevallos Gonzales y a Leoncio Egúsquiza Sánchez, mientras que solicita el sobreseimiento contra César Sandoval Lozada, pese a que todos pertenecen a una misma administración judicial.
“Los tres han tenido la misma responsabilidad, los tres han ejercido funciones de manera coordinada. O sobreseía a los tres o acusaba a los tres. Para nosotros esto es una jugada, porque en el proceso primero se verán los sobreseimientos y si archivan el caso para Sandoval, harán lo mismo con los otros dos”, asevera.
Desfalco millonario
Ordinola Zapata señala que se le pidió en reiteradas ocasiones al fiscal Jaramillo Cubas que congele la cuenta bancaria de César Sandoval, donde habría 32 millones de soles de la venta del azúcar y la melaza, pero su pedido siempre cayó en saco roto.
“Eso nos hace suponer que sigue disponiendo del dinero para otros fines como comprar las consciencias de algunas personas. Cada gestión que nosotros hemos denunciado tiene un examen especial de ingresos y egresos que ha sido certificado por el contador Humberto Piscoya Bances, que es un experto auditor. Ese dinero está en la cuenta de César Sandoval”, asegura.
Señala que los otros favorecidos con el sobreseimiento judicial son Daniel Riojas Sánchez y Martín Martínez Valdiviezo, quienes tuvieron dos administraciones judiciales. Ellos -manifiesta- reconocieron una deuda de tres millones 500 mil soles, pagando un monto de interés mensual equivalente al 10 %.
“Ellos luego firmaron un pagaré a favor de Salatiel Marrufo, quien era gerente de Recursos Humanos. Él estaba ligado al grupo de Egúsquiza, de Zevallos, a grupos de izquierda. Él llega como gerente de Recursos Humanos y Riojas y Martínez le dan poderes para que pueda cobrar una deuda inexistente de un millón 800 mil soles con lo cual obtuvieron una nueva administración judicial. Esa es la tercera que está sobreseyendo el fiscal”, explica.
Agrega el cuestionamiento sobre una administración judicial más, la de Eric Benavides Timaná y Santos Flores Vílchez. Señala que con ellos hubo ingresos por 28 millones de soles y nunca se dio cuenta de a dónde fue a parar ese dinero.
“Es una característica de todos ellos no haber elaborado los estados financieros para que así no se conozca el destino de esos fondos. Por eso en las auditorias se ha demostrado que el perjuicio causado a Tumán por las administraciones es de 220 millones de soles. A nosotros nos resulta inaceptable que el fiscal, con todas las evidencias, con las pericias que se han presentado, termine sobreseyéndolos a todos ellos”, expresa.
Influencia e intereses
Para Segundo Ordinola, existe un poder político y económico detrás del fiscal Luis Jaramillo que ha impedido que se sancione a César Sandoval al punto de no congelarle las cuentas ni incluirlo tanto en la acusación de la primera y segunda administración.
Consultado sobre si el exfiscal Juan Carrasco Millones tendría influencia aún en el Ministerio Público, refiere lo siguiente: “no lo puedo afirmar, pero supongo que sí, porque el fiscal Luis Jaramillo ha trabajado con él (…) fueron los fiscales los que hicieron una persecución implacable contra nosotros. Nos acusaron de cinco homicidios y 23 delitos. Nos acusaron en octubre del 2013 de haber mandado a Los Wachiturros a que quemen y hagan explotar las viviendas de ocho dirigentes”.
Resalta que los tribunales de justicia de La Libertad han demostrado fehacientemente que la persecución fiscal liderada por Carrasco Millones habría sido orquestada para quitarle la libertad a Edwin Oviedo y tomar el control de la empresa. “Que no le confisquen los 32 millones que tiene Sandoval en su cuenta me hace suponer que de allí se están financiando incluso algunas campañas políticas”, señala.
Nuevas medidas
Ordinola relata que en Tumán la gente se encuentra desesperada, pues pensaron que por fin se les había hecho justicia con el requerimiento mixto acusatorio, pero al enterarse de que a prácticamente nadie ha sido acusado la desilusión es muy grande.
“El Poder Judicial le ha devuelto el requerimiento para que lo sustente y alcance todos los elementos de convicción. Pero ya prácticamente la mayoría de delitos prescribieron, solo queda el de lavado de activos y organización criminal, que está mal sustentado por el fiscal, a pesar que cada denuncia está justificada con auditoria. Acá no hay odio enfermizo ni rencor contra ellos. Ellos han cometido delitos y deben ser tratados conforme a la justicia”, manifiesta.
Ante esta situación, anuncia que el consejo del asesor legal de los trabajadores, extrabajadores y jubilados de la Empresa Azucarera Tumán es que acudan ante el fiscal de la nación y la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, a fin de solicitar la destitución de Jaramillo Cubas y la intervención de la Fecor en Lambayeque.
“Si es necesario acudir ante la Presidencia de la República, lo vamos a hacer, porque vemos que no hay intención de hacerle justicia a Tumán. Vemos que nuestros esfuerzos de ocho años son estériles. Tenemos la otra carpeta también en la que se investiga a Marcelino Llontop, esa está a cargo de Javier Idrogo Rodríguez. Inicialmente, este fiscal había determinado no formalizar ni continuar la investigación preparatoria porque no encontraba elementos de convicción para continuar con la investigación, algo insólito. Tuvimos que apelar y nuevamente este fiscal la tiene a cargo, pero hasta ahora no resuelve”, apunta.
Canibalización de Tumán
De otro lado, Segundo Ordinola relata que hoy 6000 de las 7600 hectáreas de Tumán han sido invadidas. Y la fábrica, que era considerada en su momento la mejor de Lambayeque y una de las mejores de la industria peruana, ha sido prácticamente desmantelada. Del servicentro donde estaba la maquinaria agrícola tampoco hay casi nada y han desparecido los 110 pozos tubulares que proveían de agua a los campos.
Refiere que actualmente hay una administración de hecho a cargo de Alejandro Zevallos Gonzales, quien carece de representatividad. Indica que a él lo secunda un grupo minúsculo de entre 50 a 60 personas que le permiten mantenerse en la gerencia y dar declaraciones a nombre de la administración de la empresa.
Ordinola estima que para reflotar y poner en operatividad a Tumán se requerirían de unos 250 millones de soles: un promedio de 100 millones para la siembra de los campos, si se tuviesen disponibles las 7600 hectáreas; otros 100 millones de soles para equipar nuevamente la fábrica; y 50 millones más de otros gastos operativos de reactivación.
A su juicio, solamente el Grupo Oviedo cuenta con la experiencia, capacidad y solvencia financiera para sacar a flote nuevamente a Tumán, tal como ya lo hizo hasta mediados del 2015, donde incluso los trabajadores lograron cobrar utilidades tras treinta años de pérdidas consecutivas y se pagó 54 millones de soles en deuda. El escollo está, sin embargo, en que no existen garantías para tamaña inversión.
“No solamente está de por medio la voluntad del grupo de decir voy a regresar, se necesitaría que el Estado intervenga para recuperar las tierras invadidas, ya que son propiedad de la empresa Tumán. Eso solamente se va a recuperar con la participación estatal. Necesitamos que el Estado de un marco de garantía constitucional para que la inversión que ellos realicen no corra peligro”, enfatiza.
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