Tras las decisivas victorias de Junín y Ayacucho, Simón Bolívar transitó hacia un sistema político abiertamente autoritario, bajo el cual, diseñó la Constitución de 1826, la única de la historia peruana en no ser sancionada por un Congreso Constituyente. A dos siglos de la partida de Bolívar del territorio peruano, ofrecemos estos apuntes sobre la Constitución bolivariana y la provincia de Lambayeque.

Desde febrero de 1824, ante la situación de las fuerzas patriotas, Bolívar fue designado por un año dictador del Perú. Vencido el año de poderes dictatoriales con los triunfos de Junín y Ayacucho, el Congreso volvió a reunirse y prorrogó un año los poderes de Bolívar. A continuación, el Libertador convocó a elecciones para un nuevo Congreso, que se reunió en marzo de 1826, suspendiendo sus sesiones hasta el siguiente año tras consultar a los pueblos si se debía o no reformar la Constitución de 1823.

Mientras tanto, el Libertador estableció un gobierno policial de la mano del ministro Tomás Heres, donde deportó, encarceló y hasta fusiló opositores. Bolívar también adoptó medidas impopulares a favor del mantenimiento de la esclavitud y de la restauración del tributo indígena, desconociendo la existencia de las comunidades indígenas, reconocidas y amparadas por la legislación virreinal. En este clima de constantes coacciones, Bolívar envío un proyecto constitucional a cada uno de los Colegios Electorales de las provincias del Perú, que serviles, aprobaron la nueva Constitución, salvo la excepción del Colegio Electoral de Tarapacá (posiblemente por la intervención del subprefecto, teniente coronel Ramón Castilla).

Bolívar buscaba confederar a los países andinos, y el Perú no podía quedar excluido de su proyecto. Para ello, aspiró conciliar los ideales democráticos con la estabilidad de la monarquía, creyendo que podía hacerlo con cuatro poderes del Estado: un ejecutivo vitalicio, un legislativo tricameral, una judicatura independiente y un poder electoral.

La deliberación del colegio electoral lambayecano

En el departamento de La Libertad, la maquinaria administrativa, liderada por el prefecto Luis José de Orbegoso, garantizó que la voluntad del Libertador se tradujera en una adhesión formal, a la par que cumplía con las órdenes bolivarianas de conformar un batallón y juntar recursos para el pago de la tropa.

El 7 de agosto de 1826, sesionó el Colegio Electoral de Lambayeque para analizar el proyecto remitido por el Ministerio de Estado. La sesión, presidida por el coronel Baltasar Muro de Rojas, contó con la participación de autoridades como el intendente Santiago Leguía, y vecinos destacados como José Leonardo Ortiz, Gervasio Arizola, el sacerdote Lázaro de Villasante, los abogados Pedro Antonio López Vidaurre y Francisco Solano Fernández, entre otros.

El acta de la sesión, firmada por los escribanos Juan de Dios Salazar y Meléndez y José Matías Delgado, consigna que la reunión aprobó el proyecto constitucional “a una voz”. Previamente, el texto había sido distribuido para que los miembros meditasen sus puntos. El intendente Leguía y el escribano Delgado fundamentaron esta adhesión vinculando la supervivencia de la República con la figura del Libertador, a quien atribuían exclusivamente la libertad de la Patria, siendo prudente delegar en él todos los poderes para evitar los “trámites de elecciones populares, origen de muchos males”. Sostuvieron que el Perú no tenía leyes estables y que para su sanción no solo se necesitaban conocimientos, sino también carácter y opinión pública, prendas que se hallaban reunidas en el Libertador de Colombia, Perú y Bolivia. Cabe señalar que el documento registró la ausencia de varios miembros por enfermedad o encontrarse fuera de la provincia, lo que matiza la supuesta representatividad de este respaldo unánime al cesarismo consular.

Esta adhesión lambayecana no fue un hecho aislado. El 12 de agosto, el prefecto Luis José de Orbegoso comunicó desde Trujillo (nombrado en aquella época, Ciudad de Bolívar), que el proyecto había sido "generalmente aplaudido" en todo el departamento, asegurando que el espíritu de los pueblos era unísono con el de la capital. Ello fue ratificado en la edición de El Peruano del 23 de agosto: “En todas las actas que hemos leído, sobreabunda el amor al bien público y á Bolívar que lo conquistó”.

El efímero destino del texto constitucional

Sin embargo, el destino de la Constitución Vitalicia fue sumamente efímero. Al partir Bolívar hacia la Gran Colombia en septiembre de 1826, el malestar creció. La Constitución, promulgada por Santa Cruz en noviembre, se juró el 9 de diciembre arrojando monedas al pueblo; ante el grito de un ministro diciendo: "Viva la Constitución", la plebe respondió burlona: "Viva la plata". Apenas duró hasta el 27 de enero de 1827: tras sublevarse las impagas tropas colombianas en Lima, los liberales peruanos exigieron un cabildo abierto en Lima que derogó el texto bolivariano, volviendo a la Constitución de 1823.

El texto que prometía estabilidad eterna apenas sobrevivió siete semanas, demostrando que la imposición autoritaria, aunque respaldada por colegios complacientes como el de Lambayeque, carecía de raíces en la realidad política peruana. La derrota de la Constitución Vitalicia en el Perú marcó el comienzo del fin político del Libertador. Su sueño se derrumbaría como un castillo de naipes, condenándolo al destierro y a la muerte en Santa Marta en 1830.

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(*) Abogado, docente e historiador.

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