El coordinador del Equipo Especial del caso “Lava jato”, Rafael Vela Barba, llegó a Chiclayo el último fin de semana para participar como conferencista en el Primer Congreso Multidisciplinario de Estudiantes de Derecho. El fiscal tuvo severos comentarios contra la sanción impuesta al también integrante del equipo José Domingo Pérez, a quien – asegura – los supremos de la Fiscalía de Control Interno buscarían apartar de las investigaciones.
José Domingo Pérez fue sancionado con el recorte del 10 % de su remuneración por emitir declaraciones “políticas”, de acuerdo a lo señalado por la Fiscalía Suprema de Control Interno, decisión que de quedar firme sería incluida en el legajo profesional del magistrado y un condicionante para su apartamiento de la carrera fiscal.
“Es una sanción en primera instancia y esperamos que sea corregida, porque consideramos que es una arbitrariedad y genera demasiada suspicacia considerando que el doctor Pérez es testigo en la investigación judicial contra el fiscal supremo Pedro Chávarry. Ante las permanentes hostilizaciones, las permanentes aperturas de investigación de oficio que tiene el órgano de control interno, esperamos que eso sea corregido y no permita ni distracciones ni impida que los fiscales puedan ofrecer sus testimonios conforme corresponden”, declaró Vela Barba.
PRISIONES PREVENTIVAS
El coordinador del equipo especial reiteró que no existe de parte del Ministerio Público abusos en contra de los investigados respecto a los requerimientos de prisión preventiva que se presentan ante el Poder Judicial. Como ejemplo citó el caso de los integrantes de Fuerza Popular, cuyo número de investigados son más de 70 y solo tres se encuentran bajo la medida coercitiva: Keiko Fujimori Higuchi, Jaime Yoshiyama Tanaka y Pier Figari Mendoza.
“En muchos casos se trata de opiniones de personas que se encuentran vinculadas con serios conflictos de interés, considerando que o sus abogados o personajes relacionados a los investigados en el aspecto político o personal. Nosotros estamos siempre sometidos a la garantía de judicialidad. No siempre el Poder Judicial nos da la razón, pero en esa misma dimensión siempre debemos recalcar que el Ministerio Público, a través del equipo especial, pretende evitar casos como el del señor Alejandro Toledo, como el del señor Félix Moreno o los intentos que se han producido como el del señor Hinostroza Pariachi”, dijo.
Rafael Vela anotó que el Ministerio Público solicita prisiones preventivas “en orden a lo estrictamente necesario”.
“Objetivamente podemos demostrar que no hay abuso en nuestros requerimientos, porque tenemos más de 700 personas investigadas y solamente tenemos 34 prisiones preventivas. Estadísticamente no hay ningún abuso, porque además el control judicial siempre permite que se pueda decidir en orden estrictamente a la proporcionalidad de la medida”, manifiesta.
Decisión del TC
Sobre la decisión que deberá tomar en los próximos días el Tribunal Constitucional respecto al hábeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori, así como a la sanción propuesta contra el juez Richard Concepción Carhuancho, quien ordenó la medida cautelar para la lideresa de Fuerza Popular, Rafael Vela indicó que los fiscales son respetuosos de las decisiones que se adoptan de acuerdo a ley.
“En un Estado constitucional de derecho nosotros respetamos el que Tribunal Constitucional realice una evaluación. Lo que sí buscamos es concienciar a la población de que el TC no se debe convertir en una forma de administración de justicia paralela a la del Poder Judicial. No debemos olvidar que la medida de prisión preventiva en este caso ha sido confirmada por todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema de Justicia de la República, cuyos jueces supremos han estimado razonable la prisión preventiva dada. Confiamos en que los argumentos de tres instancias deben solventar correctamente los estándares de constitucional y que no se adoptará una decisión con un cariz político, sino estrictamente técnico. Esperamos que el TC no se convierta en una cuarta instancia en relación al Poder Judicial”, refirió.
CASO “METRO DE LIMA”
Sobre la liberación de los exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo y Edwin Luyo Barrientos, vinculados al caso “Metro de Lima”, por vencimiento de prisión preventiva, el coordinador del equipo “Lava jato”, comentó que desde mayo pasado se presentó el requerimiento acusatorio y que debido a “una serie de circunstancias procesales”, entre ellas una decisión de sala superior, aún no se inicia el juicio oral.
Vela Barba explicó que el despacho del fiscal José Domingo Pérez heredó el caso “Metro de Lima” del fiscal anterior, Hamilton Castro, hacia septiembre del año pasado y “en muy pocos meses formuló acusación”.
“Cuando uno hereda un caso lo hereda con activos y pasivos, entonces en esa dimensión sí es verdad que el despacho del fiscal Hamilton Castro no pidió el plazo máximo de 36 meses de prisión preventiva, lo que ha generado un cierto grado de condicionamiento en el desarrollo de las actividades, que finalmente ha determinado una interpretación garantista de la sala superior, que desde nuestro punto de vista debió confirmar la decisión del juez Concepción Carhuancho de prolongar la prisión preventiva, lo que habría permitido que se realice el juzgamiento conforme se había planificado estratégicamente en el equipo especial”, precisó.
PELIGRO DE LOS SUPREMOS
Por otro lado, para el fiscal señaló una vez más que existen intereses subalternos que buscan desequilibrar el trabajo del Equipo Especial “Lava jato”, puestos de manifiesto en el comportamiento de tres fiscales supremos: Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez.
“El primero está sometido a una investigación judicial, el segundo con un pedido de impedimento de salida del país y el tercero también con investigaciones pendientes y graves cargos en el caso ‘Cuellos blancos’. Esa mayoría (la junta de fiscales supremos se compone de cinco integrantes), es una permanente amenaza, porque como resulta evidente la estrategia es utilizar los órganos de control para buscar la suspensión de quienes integramos el equipo”, aseveró.
Dijo que Chávarry y compañía fracasó el 31 de diciembre del año pasado en su intento de desarticular al equipo especial y ahora busca hacerlo utilizando al órgano disciplinario.
“Lo que están buscando es llegar a sanciones drásticas como la suspensión, lo que tendría el mismo efecto. Esto no solo es contra el fiscal Pérez, sucede lo mismo contra el fiscal Juárez Atoche y yo tengo abiertas seis investigaciones en mi contra. De hecho, la estrategia ha cambiado”, refirió.
ACUERDO CON ODEBRECHT
Respecto al acuerdo de colaboración con Odebrecht y la decisión judicial de devolver a la constructora brasilera lo generado por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, Vela Barba detalló que no es cierto que la compañía vaya a disponer de los 524 millones que fueron retenidos por el Estado Peruano.
Manifestó que el proceso de colaboración eficaz con Odebrecht ha sido homologado por el Poder Judicial y tiene la conformidad de todos los que tienen legitimidad para intervenir: la Procuraduría Pública Anticorrupción, el Ministerio Público y la propia empresa.
“Esto resultaba indispensable para poder seguir progresando dentro de los esfuerzos de conseguir nuevas pruebas. Es evidente también que la empresa Odebrecht es un delator premiado en el Brasil y como tal, para nosotros poder mantener activo el sistema de colaboración con Brasil necesariamente se debía llegar a un acuerdo con la constructora. Eso ya se aprobó por parte del Poder Judicial, este lo ha homologado y este considera una serie de precisiones que sostienen la postura la colaboración. Si la persona jurídica no sobrelleva o supera sus problemas económicos es evidente que no seguirá colaborando, entonces el esfuerzo que se ha realizado es para garantizar que la empresa mantenga el acuerdo de colaboración”, indicó.
Anotó que de los 524 millones de la venta de Chaglla deberá pagarse la primera cuota de la reparación civil al Estado, así como las deudas tributarias. En suma, se trata de 140 millones de soles.
“En términos efectivos, como primera parte de la reparación civil el Estado va a recibir 110 millones de soles, la empresa liquidará su deuda tributaria y con ello nosotros podremos exigirle el cumplimiento de todo el acuerdo. Otra cosa que hay que tener presente es que la empresa deberá pagar las deudas a sus acreedores. Odebrecht no tiene ninguna ganancia del acuerdo de colaboración eficaz, todo sirve para que la empresa sostenga su operatividad. Eso ha sido evaluado por la Procuraduría Anticorrupción”, señaló.
Finalmente, en relación al Proyecto Olmos, Rafael Vela declaró que se ha trasladado el caso principal a Lima y se encuentra bajo investigación. Del mismo, se espera la decodificación y recepción de información de los sistemas My Web Day y Drousys, programada para el 11, 12 y 13 de diciembre próximo.
“Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber, lo que hacemos es honrar nuestra obligación como funcionarios públicos. Estamos dentro del respeto de la legalidad, buscando que en un caso de esta envergadura se conozca la verdad, sin ningún tipo de privilegio ni prejuicio. Nosotros tratamos a todos por igual, pero sí de forma rigurosa, con toda la agresividad que la ley permite para develar todos estos graves cargos de gran corrupción y lavado de activos en los que el Perú se vio infaustamente involucrado”, enfatizó.
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