Un secuestro, cuatro asesinatos y una investigación rodeada de contradicciones vuelven a desnudar la crisis de seguridad y la pérdida de confianza en la Policía Nacional.

Lo ocurrido en Trujillo ya no puede ser tratado como un hecho policial más. El secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro de sus acompañantes —entre ellos, según la información difundida, su pareja— constituyen una expresión brutal de hasta dónde puede llegar el crimen organizado cuando percibe a un Estado debilitado.

Pero hay algo todavía más preocupante: después de la tragedia, las autoridades no han conseguido transmitir certeza.

Según las primeras investigaciones, los delincuentes interceptaron durante la madrugada del domingo la camioneta en la avenida Húsares de Junín utilizando prendas e insignias similares a las de efectivos policiales. Cuatro personas fueron asesinadas a tiros y el empresario fue llevado por la fuerza.

La víctima apareció con vida el lunes por la tarde. Y entonces comenzó otra historia: la de las versiones contradictorias.

El Gobierno y la Policía Nacional anunciaron la captura de cinco personas que fueron vinculadas con la organización criminal "Los Pulpos". Pero la familia del empresario cuestionó esa versión. El padre de Lara Tantaquilla ha sostenido que la Policía no fue responsable de la liberación de su hijo y que la familia habría pagado para conseguirla.

Existe, además, otro elemento que no puede ser ignorado: se ha informado que el empresario no habría reconocido a los detenidos presentados por las autoridades.

Aquí corresponde hacer una precisión fundamental: una persona detenida no es necesariamente una persona culpable. La responsabilidad penal debe demostrarse mediante una investigación seria, pruebas y un debido proceso.

Si los detenidos son efectivamente los responsables, el Ministerio Público y la Policía deberán presentar las evidencias que lo demuestren. Pero si fueron detenidos y expuestos públicamente sin contar con elementos suficientes que los vinculen con el secuestro y los homicidios, estaríamos ante un hecho igualmente grave: una investigación deficiente que puede terminar favoreciendo precisamente a quienes cometieron el crimen.

¿A quién debemos creer?  Esa es la pregunta que hoy se hace buena parte de la ciudadanía. ¿A la versión oficial o a la versión de la familia?

Si el rescate fue resultado de una operación policial, el Gobierno debe explicarlo con pruebas y detalles. Si, como afirma la familia, se pagó un rescate para conseguir la liberación, las autoridades deben reconocerlo y explicar por qué el Estado no pudo intervenir.

La Policía, además, ha tenido que aclarar que el vehículo utilizado por los falsos policías tenía una placa clonada y que no pertenecía a la institución ni al Ministerio del Interior.

Pero esa explicación abre otra pregunta: ¿Cómo es posible que delincuentes puedan hacerse pasar por policías para cometer un secuestro y cuatro asesinatos?

La respuesta no puede reducirse a que la placa era clonada. Hay que investigar de dónde obtuvieron los uniformes, las insignias, los vehículos, las armas y la información necesaria para ejecutar una operación de esa naturaleza.

Porque si los delincuentes tienen capacidad para simular una intervención policial, estamos ante un nivel de organización criminal que exige inteligencia, no solamente patrullaje.

La inseguridad ciudadana no se alimenta únicamente de las armas de los delincuentes. También se alimenta de la desconfianza.

Cuando un ciudadano ve un vehículo policial, debe sentirse protegido. Si empieza a preguntarse si detrás de ese uniforme puede esconderse un delincuente, el daño es enorme.

Cuando una autoridad anuncia una captura, la ciudadanía debe creer que existen evidencias. Cuando una persona secuestrada aparece libre, el país debe saber si fue rescatada por el Estado o si una familia tuvo que negociar con sus captores.

Y cuando existen versiones contradictorias, el Gobierno tiene la obligación de aclararlas. No hacerlo significa dejar un espacio que inevitablemente será ocupado por la sospecha.

¿Qué hacemos con nuestra Policía? La respuesta no puede ser destruir a la Policía Nacional ni convertir a todos sus integrantes en sospechosos. Al contrario: hay que recuperar y fortalecer la institución. Pero fortalecerla significa exigirle mucho más.

Necesitamos una Policía con verdadera capacidad de inteligencia, investigación criminal y lucha contra el crimen organizado. Una Policía equipada, capacitada y bien remunerada, pero también sometida a controles rigurosos.

Necesitamos identificar y expulsar a los malos elementos que puedan estar vinculados con organizaciones criminales. Necesitamos proteger a los buenos policías de las presiones políticas y de la corrupción.

Y necesitamos que las investigaciones policiales sean suficientemente sólidas para que los casos no se derrumben posteriormente en los tribunales.

No podemos seguir confundiendo cantidad de detenidos con eficacia policial. Un detenido inocente no es un éxito. Es un fracaso.

El Gobierno tiene que dejar de administrar la crisis. La seguridad no se resuelve con conferencias de prensa, anuncios espectaculares ni fotografías de personas detenidas. Se resuelve con inteligencia, coordinación y estrategia.

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Licenciada en Ciencias de la Comunicación

Editora / directora fundadora.