El decano del Colegio de Arquitectos del Perú, Arturo Yep Abanto, señala que las obras de la reconstrucción en los departamentos afectados por El Niño Costero no responden a planes de desarrollo y ordenamiento, lo que impide que la inversión sea realmente efectiva para reducir la vulnerabilidad frente a fenómenos similares o mejorar las condiciones de vida de la población.
El gobierno nacional acogió la propuesta de la Contraloría General de la República para la reactivación de cientos de obras que están paralizadas por arbitrajes, procesos judiciales o el abandono de los ejecutores, la mayoría por errores en los expedientes técnicos. ¿Qué recomendaciones tiene el Colegio de Arquitectos del Perú para esto sea realmente efectivo a favor de las poblaciones que hace muchos años esperan las obras?
Las recomendaciones que hace la Contraloría General de la República son muy pertinentes porque todas estas obras paralizadas representan un costo para el país. Las obras paralizadas implican una obligación por parte de las entidades contratantes en reconocer gastos generales a las empresas constructoras. Esto se origina porque, como se ha dicho, en la mayoría de casos responde a errores en el expediente técnico.
Efectivamente hay que dar las facilidades, hay que tomar las medidas excepcionales para que, por ejemplo, se puedan corregir especificaciones técnicas. Un caso concreto son los hospitales. Hay muchos hospitales terminados pero no pueden ser entregados simplemente porque la etapa final corresponde a equipamiento y esto se hace con equipamiento obsoleto.
Es absurdo lo que ha estado pasando respecto a los hospitales. Generalmente los proyectos de hospitales incluyen no solo obras, sino también equipamiento. Un hospital se construye entre cuatro y seis años, pero si el equipamiento se rige a un expediente de esa antigüedad lo que se entregará será obsoleto, dado el avance de la tecnología.
Juntar en un mismo expediente técnico las obras civiles y el equipamiento de los hospitales, ¿es un error del Estado?
El equipamiento se debe contratar al final, cuando ya se tiene la obra física. No quiere decir que en el expediente de construcción no se debe contemplar los requisitos técnicos como las instalaciones, por ejemplo. Claro que sí. El expediente debe contener especificaciones respecto a las conexiones eléctricas, de agua y gas, para que se puedan instalar los equipos.
¿El Colegio de Arquitectos ha planteado esta recomendación al Ministerio de Salud que es el que licita la construcción de hospitales?
Hemos tenido oportunidad de explicarlo al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, que es donde se defines los lineamientos estratégicos para la ejecución de proyectos en cada sector. Para los técnicos del CEPLAN fue una sorpresa enterarse de esto, no lo conocían al detalle.
También lo hemos expuesto a los funcionarios del Ministerio de Salud. Sin embargo, la actitud normal de estos funcionarios es que asumen que tienen pleno conocimiento de lo que debe hacerse y no consideran importante lo que hemos planteado, pese a que la ministra sí aceptó la sugerencia.
Los equipos técnicos se creen los suficientes para resolver este tipo de problemas pero ya sabemos que no es así, por eso es importante la intervención de la Contraloría.
El presidente del Consejo de Ministros, durante la exposición de su plan de trabajo, señaló la necesidad de poner el acelerador al proceso de reconstrucción en los departamentos afectados por El Niño Costero 2017. La receta es incorporar al equipo técnico de los Panamericanos en la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios - ARCC. ¿Cree que habrá resultados? ¿No hubo un error en la concepción de la ARCC al no darle la condición de unidad ejecutora?
Tan pronto ocurrió el Fenómeno El Niño Costero nos reunimos con los decanos del norte del país para evaluar las acciones que planteaban los funcionarios de la Reconstrucción con Cambios y alcanzamos sugerencias al gobierno, señalando la importancia de actuar.
Es cierto, hubo una etapa de emergencia, pero después de esta había que trabajar en planificación. La ARCC entendió que planificación era solo el aspecto económico. Nosotros hablábamos de planificación territorial, porque lo que importa en un proceso de seguridad es identificar locaciones importantes o el tipo de edificaciones físicas que deben adaptarse para reducir los riesgos. Ellos entendían que acelerar era asignar recursos económicos a los gobiernos regionales y locales. Nos decían: “Sabemos lo que tenemos que hacer” y a eso se abocaron.
¿Esa no era la respuesta técnica?
Por supuesto que no, porque si se entrega recursos económicos a un gobierno municipal o regional eso no es suficiente para lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, si se quiere hacer el drenaje pluvial antes debe implementarse el plan de ordenamiento y eso significa planificación. Si no se ha trabajado en planificación no se podrá ejecutar el gasto.
Y además tener un plan integral de saneamiento básico que se ejecute a la par de la construcción del drenaje pluvial…
Todas las acciones que tienen que ver con modernización de las ciudades o la rehabilitación de su infraestructura tienen que ver con la planificación; es decir, con el Plan de Desarrollo Urbano o el Plan de Ordenamiento Territorial.
Cuando ellos lo entendieron le dieron la responsabilidad al Ministerio de Vivienda y cuando este asume la tarea también produce una distorsión, porque en vez de elaborar lo que se conoce como planes maestros de reconstrucción lo que hizo fue lanzar un concurso para planes de desarrollo urbano y planes de acondicionamiento territorial.
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
El Plan Maestro de Reconstrucción resuelve el pasivo que se ha asumido con las personas damnificadas, el pasivo que se ha asumido con la ciudad. Significa rehabilitar lo dañado. No se trata de hacer el plan integral de una provincia, porque eso es posterior. El objetivo inicial debió ser atender a las personas damnificadas.
Esta no es una historia nueva, al contrario, ya se ha experimentado en Chile. Dicho país fue azotado por un sismo y un tsunami (2010). Hubo 220 mil damnificados y en un proceso de cuatro años concluyeron no de planificar, porque eso lo hicieron en un mes, sino de atender a la totalidad de los afectados y de construir las obras de mitigación que reducen los riesgos ante cualquier fenómeno similar. ¿Cómo lo hicieron? Con planes maestros de reconstrucción.
¿Desde la desactivación del Instituto Nacional de Desarrollo Urbano – INADUR, no se ha llenado el vacío de la planificación urbana y territorial en el Perú?
La desactivación del INADUR prácticamente dejó sin asistencia a las ciudades del país. Ese vacío no se ha llenado. El Ministerio de Vivienda ha tratado de suplirlo y no ha podido, y se ha expuesto a una crítica: al haber asumido las competencias del INADUR debió asistir a todas las municipalidades, pero la realidad es que menos del 20 % de ciudades tiene planes aprobados.
Lo peor es que de los planes urbanos aprobados, solamente el 10 % de los proyectos de inversión urbana identificados en dichos planes tiene viabilidad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. La pregunta es de qué han servido esos planes.
El gobierno nacional, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como órgano ejecutor de los planes de desarrollo urbano, en ese sentido ha fracasado. No digo que en este gobierno, sino en los más de 20 años que tiene de desactivado el INADUR.
¿Cuál es su análisis de la política de vivienda social que aplica el Estado a través del Programa Mi Vivienda?
El desarrollo inmobiliario ha dado muestras de avance importantes para la ejecución de los proyectos de Mi Vivienda, hay un crecimiento sostenido, aunque bajo en los últimos años.
Lo que sí se nota es que cuando se promueve la inversión en este sector se debe promover la inversión en los diferentes prototipos de vivienda. No solamente se debe promover la vivienda masiva, sino también para los diferentes segmentos económicos. Es decir; el desarrollo de la vivienda unifamiliar, con otro tipo de créditos; el desarrollo de edificios multifamiliares de menor tamaño, porque no todos quieren vivir en grandes edificios. Es en esos aspectos que no se nota atención a todos los segmentos.
Precisamente sobre la construcción de viviendas en Lambayeque se ha presentado una experiencia lamentable: Entidades Técnicas nombradas por sorteo por el Ministerio de Vivienda para construir módulos definitivos para los damnificados de El Niño Costero hoy los están demoliendo porque no se garantizó la calidad de los materiales. ¿Qué opinión ameritan estos hechos?
El problema es que la mayoría de los proyectos de respuesta inmediata que están vinculados a la emergencia de El Niño están exonerados de los procesos de revisión, pero eso no excluye a la autoridad ejecutora de invitar a los colegios profesionales para que den aportes técnicos a fin de evitar malas inversiones y decisiones. Eso es importante decirlo.
Algo que lamentablemente se dejó de hacer en el país fue la promoción de concursos de arquitectura para identificar las mejores locaciones y características constructivas, con diseños que resuelvan verdaderamente los efectos del riesgo.
Cuando se dejó de convocar a concursos de arquitectura el país perdió la oportunidad de seguir ejecutando los mejores proyectos. Cuando se hacen proyectos que dan la impresión de haber sido otorgados a dedo, en lo real se están ejecutando obras con errores, sobrevaloradas o con pérdida de la calidad constructiva.
Entre septiembre y octubre de este año, la Oficina Defensorial de Lambayeque supervisó las salas quirúrgicas de los hospitales Almanzor Aguinaga, Regional y Docente Las Mercedes, en los cuales detectó que durante el período comprendido entre enero del 2017 y septiembre del 2019 hubo múltiples deficiencias en los equipos médicos, contraviniendo así la ‘Guía Técnica de Arquitectura y Equipamiento de Centro Quirúrgico y Cirugía Ambulatoria’, aprobada mediante la Resolución Ministerial Nº 065-2001-SA-DM, del Ministerio de Salud – MINSA.
Según dio a conocer la Defensoría, las salas quirúrgicas de los tres hospitales supervisados tienen equipos inoperativos, infraestructura inadecuada, así como falta de personal médico, poniendo en riesgo la salud de los pacientes.
HOSPITAL REGIONAL
Respecto al Hospital Regional de Lambayeque, nosocomio con siete años de funcionamiento y de nivel III-1, cuyo ámbito de acción comprende además pacientes de Tumbes, Piura, Cajamarca y Amazonas, la Defensoría observó que de enero del 2017 a septiembre del 2019 se atendió por consultas externas y hospitalización a 72 mil 305 pacientes, mientras que por referencias de otros departamentos a 23 mil 291.
En cuanto a la producción quirúrgica, se programaron en el mismo período 13 mil 580 intervenciones, de las cuales se atendieron 12 mil 600, quedando 980 pacientes aún a la espera de ser operados.
Respecto a las salas quirúrgicas, la Defensoría observó que una de las cinco salas está inoperativa. Sobre las cuatro restantes, resaltó que los monitores multiparámetros – los cuales sirven para medir los signos vitales de los pacientes - tienen fallas en los conectores, las cialíticas (luminarias) están inoperativas, las camillas de operación no giran y de las tres torres laparoscópicas, dos no funcionan.
Asimismo, los equipos portasueros del establecimiento se encuentran oxidados y desnivelados, el ventilador mecánico no funciona (tiene un soporte corrugado que está roto) y el coche de transporte de equipos no se desplaza. Pese a todo, la Defensoría señala que se sigue trabajando con esos equipos, lo cual pone en peligro a los pacientes y al mismo personal médico.
Además, observa que el nosocomio cuenta con nueve anestesiólogos para las cinco salas de cirugía, de los cuales seis son nombrados y tres contratados. Apunta que necesitan mayor cantidad de profesionales en esta rama para darse abasto.
Destaca que la Unidad de Recuperación Postanestésica – URPA, cuenta con nueve camillas, de las cuales solo una funciona adecuadamente, toda vez que las otras ocho tienen fallas en las barandas y en la mecánica de las cabeceras.
HOSPITAL LAS MERCEDES
En cuanto al Hospital Docente Las Mercedes, nosocomio de nivel II-1 con 168 años de antigüedad, el cual acoge a pacientes provenientes de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y San Martín, la Defensoría detectó que en el período evaluado se atendió a 104 mil 135 pacientes, de los cuales solo 443 fueron por referencias de otros departamentos, en contraste de las nueve mil 52 referencias que fueron rechazadas.
Respecto a la producción quirúrgica, observó que en el período evaluado se programaron cuatro mil 625 operaciones, logrando realizarse cuatro mil 357, quedando en espera 268 pacientes.
Asimismo, subraya que el centro quirúrgico tiene inadecuada zonificación, puesto que los distintos espacios no se encuentran diferenciados de acuerdo a la norma técnica, además de tener puertas de acceso en mal estado y paredes sin pintar.
Menciona que se incumple las condiciones de bioseguridad, dado que en la URPA no se diferencian las áreas de recuperación, lava chatas, depósito de ropa sucia, vestuario, cuarto séptico, aseo y desechos sólidos.
Señala que las cuatro salas quirúrgicas funcionan con equipos deteriorados, además de tener carencia de otros, como el portalavatorios para la limpieza de instrumentales en las salas de operaciones y los carros de material estéril, de los cuales solo hay dos para las cuatro salas.
Del mismo modo, las salas de cirugía no cuentan con la temperatura adecuada, ya que retienen el 65 % de humedad y 22 % de ventilación, lo cual dista del rango establecido que es de 18 a 20 grados de ventilación mecánica y entre 35 y 55 de humedad.
HOSPITAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO
Sobre el Hospital Almanzor Aguinaga, nosocomio de nivel III-1, que atiende a pacientes de alta complejidad, se verificó que durante el período evaluado se atendieron a 21 mil 427 pacientes vía referencias y se operaron a 30 mil 162, habiendo aún tres mil 896 en lista de espera.
En cuanto a la producción quirúrgica de cirugías de alta complejidad, se constató que en el 2017 se realizaron dos mil 494 intervenciones, en el 2018 dos mil 669 y este año mil 851. Asimismo, de mediana complejidad se realizaron tres mil 681 el 2017, dos mil 845 el 2018 y dos mil 72 este año.
En tanto, se realizaron cinco mil 964 cirugías de baja complejidad el 2017, cinco mil 40 el 2018 y tres mil 354 este año.
Respecto a la infraestructura, el hospital cuenta con cinco salas quirúrgicas, de las cuales cuatro son para operaciones programadas y una para intervenciones de emergencia, además de una sala para URPA.
Señala que la zonificación es inadecuada, dado que no se diferencian las tres zonas: gris, negra y blanca, las cuales se destinan para áreas semirestringidas, no restringidas y restringidas, respectivamente.
Apunta que no cuentan con un sistema de evacuación de gases, flujos laminarios, extracción de aire y aire medicinal, así como de ventilación mecánica y de equipos de anestesia.
Asimismo, la Defensoría observa que de las cinco salas solo dos cuentan con coches de paro para reanimación y una con desfibrilador, cuando la norma técnica señala que cada una debe contar con estos instrumentos. Además, tampoco hay ventiladores mecánicos ni equipos de anestesia suficientes.
Respecto a la sala de URPA, de las siete camillas solo dos tienen equipos de ventilación mecánica.
En cuanto a la bioseguridad, menciona que el área de vestuario y aseo, trabajo limpio, y almacén de equipos se encuentran en la zona blanca, cuando por norma les corresponde la gris. Lo mismo ocurre con el área de lava chatas de la URPA.
Similar situación ocurre con el maneo de los residuos sólidos, toda vez que solo se usan bolsas de color rojo, cuando debería diferenciarse aquellas que son para algodón, gasas, instrumentos descartable, etc.
La Defensoría indica que se han trasladado los resultados de la evaluación tanto al titular de la Red Asistencial de Salud ‘Juan Aita Valle’, Gino Dávila Herrera, como al gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión.
Asimismo, han solicitado a los nosocomios evaluados un informe respecto a por qué existen pacientes que, pese a estar programados, aún no han sido intervenidos.
“La supervisión ha tenido como objetivo conocer las condiciones en que se encuentra el equipamiento y también cómo la población está siendo atendida en los quirófanos, a fin de determinar con exactitud cuáles son los problemas o dificultades que se presentan en estos servicios elementales básicos que tiene nuestro departamento”, manifestó Julio Hidalgo Reyes, titular de la Oficina Defensorial de Lambayeque.
A fines de este mes se cumplirá un año del operativo de captura de los integrantes de la presunta organización “Los temerarios del crimen”, el mismo que sacó del gobierno municipal de Chiclayo al entonces alcalde David Cornejo Chinguel, hoy recluido bajo prisión preventiva. La investigación, que por disposición de la Fiscalía de la Nación continúa en manos del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones avanza y lo que se advierte es que de probarse la imputación por lavado de activos contra la exautoridad, sus bienes, entre ellos las empresas educativas, podrían ser incautados.
La semana que pasó fue de triunfo para las investigaciones iniciadas por Carrasco Millones. La Fiscalía de la Nación resolvió presentar la acusación constitucional contra los excongresistas por Lambayeque Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma Mendoza, así como contra el excontralor Edgar Alarcón Tejada, sindicados de tráfico de influencias a favor de David Cornejo Chinguel.
En el 2017, ambos excongresistas habrían intercedido a favor de Cornejo Chinguel para que se levante el bloqueo de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, medida requerida por la Contraloría General de la República al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, al detectar la existencia de siete procesos de adjudicación y compra con vicios de corrupción.
“Nosotros tenemos toda la información que en su momento se envió a Lima. Creo que ha sido la mejor decisión, que significa seguir el procedimiento regular y esperar a que el nuevo Congreso proceda conforme a sus atribuciones. Hay otros tres casos que vinculan a excongresistas como el de ‘Los Wachiturros’”, declaró el fiscal.
OTROS HECHOS
Carrasco Millones mencionó que los excongresistas, en su relación con Cornejo Chinguel, también habrían intervenido en actos de corrupción vinculados al sector transportes y de licencias para establecimientos nocturnos. Además de ello, está la existencia de empresas constructoras que estarían ligadas a Velásquez Quesquén, según declaración del también investigado, el ex diputado aprista, Miguel Nureña Sanguinetti.
“Todos esos casos, como corresponde, han sido derivados a la Fiscalía de la Nación. Lo que se ha avanzado es con la denuncia constitucional de uno de los casos, dependerá del próximo Congreso si es que se autoriza o no el procesamiento”, manifestó.
Respecto a David Cornejo y el otro investigado por el caso “Temerarios del crimen”, Willy Serrato Puse, dijo esperar que se concluya el 2019 con el control de acusación contra ambos por el delito de tráfico de influencias.
“Por eso estamos pidiendo la desacumulación de esa imputación para pasar a control de acusación y conseguir una condena”, precisó.
LAVADO DE ACTIVOS
El fiscal coordinador de la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR Lambayeque, consideró que el balance del caso “Temerarios”, a un año del operativo de captura, es positivo.
“Tener 40 sentencias en menos de un año es bastante, además de haber recuperado más de dos millones de soles por concepto de reparación civil y tener cerca de dos millones más incautados o embargados en cuentas bancarias. Definitivamente esta investigación para nosotros, para la sociedad, es un éxito”, detalló.
Juan Manuel Carrasco dijo que la incautación de cuentas a Cornejo Chinguel se ha dado como parte de la investigación por lavado de activos. Precisamente, en dicha investigación se maneja la hipótesis de que el exalcalde habría pagado cuentas de sus empresas con dinero proveniente de la corrupción.
“Esto puede implicar, en el futuro, que las propiedad, bienes, empresas o colegios de Cornejo Chinguel sean incautados por el Estado. Todo lo que proviene del lavado de activos es incautado y para eso actúa la Fiscalía de Extinción de Dominio”, refirió el fiscal, anotando que por lavado de activos no se investiga – hasta el momento – a familiares del exburgomaestre.
MÁS INVESTIGACIONES
Precisó, también, que todos los casos de personas que se han beneficiado con la filtración de información referida a “Los temerarios del crimen” han sido remitidos a la Fiscalía Especializada el Delitos de Corrupción de Funcionarios.
“Nosotros perdimos competencia desde el momento que remitimos los informes detallados de cada persona. Se han remitido siete informes, estos involucran a algunos abogados y policías. En el caso ‘Temerarios’, el total de investigados son 68, de las cuales 40 ya están condenadas por terminación anticipada”, indicó.
Finalmente, Carrasco Millones, quien en enero de este año declaró a un medio nacional que prefería dejar en libertad a un life para que le entregue a 30 tiburones, afirmó que esa es la denominación que le calza al exalcalde de Olmos Willy Serrato Puse.
“Willy Serrato, hasta ahora, creo que era un life para capturar a tiburones”, señaló.
Ante las protestas ocurridas los últimos días en Chile, en el que uno de los principales reclamos de los manifestantes es por la baja pensión que perciben los jubilados por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP, el abogado laboralista Carlos Palomino Guerra señala que en los próximos años los reclamos por cuestiones laborales en el Perú estarán ligados, justamente, al sistema de pensiones.
Al respecto, Palomino Guerra explica que en la década del 90 los principales reclamos tenían que ver con el pago de las Compensaciones por Tiempo de Servicios – CTS, y las demandas por despidos arbitrarios ocurridos durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Destaca que a fines de esa década empezó la época de los reclamos previsionales y a inicios del 2000 regresaron nuevamente los reclamos por despidos arbitrarios. Apunta que actualmente estos tienen que ver con nivelaciones por discriminaciones laborales.
“En muchas empresas existen trabajadores que ganan más que otros, lo cual se configura como una de las principales causas por las que llegan procesos al Poder Judicial, sin dejar de lado, claro, casos de despidos arbitrarios y pagos de beneficios laborales”, sostiene.
SISTEMA DE PENSIONES
No obstante, apunta que en los próximos años los reclamos irán ligados al sistema de pensiones, pues desde el 2002 no sube la pensión de los jubilados, siendo el máximo que pueden percibir, a través de la Oficina de Normalización Previsional – ONP, 857 soles.
Respecto al Decreto Supremo N° 139-2019-EF, que establece un reajuste en las pensiones de los jubilados de la Ley Nº 19990, menciona que a quienes se les ha subido la pensión es a aquellos que estaban en la escala más baja, es decir los que percibían 415 soles, a quienes se les ha aumentado hasta 500, pero el máximo siguen siendo los 857 soles.
“Hay mucha gente que ganaba cinco mil, seis mil o siete mil soles, pero al jubilarse sale con una pensión de 700 soles. Estamos hablando de 180 dólares, mucho menos, por ejemplo, de lo que perciben los jubilados en Chile”, sostiene.
Sobre el Sistema Privado de Pensiones - SPP, señala que en el Perú aún no se han visto protestas de la misma magnitud que las ocurridas Chile, puesto que la masa de jubilados es menor, pero conforme pasen los años y esta vaya aumentando podría ocurrir el mismo fenómeno que en el país sureño, donde la clase media se encuentra “frustrada” porque sus pensiones no reflejan el nivel de los aportes que tuvieron cuando eran trabajadores activos.
El Sistema Privado de Pensiones se instaló en el Perú mediante la Ley Nº 25897, de 1992, a imitación del sistema chileno, que llevaba funcionando desde 1981. En 1993 iniciaron sus funciones siete AFP en el país: Horizonte, Integra, Profuturo, Unión Vida, Unión, El Roble, Providencia y Megafondo. Desde el 2000 el sistema es regulado por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú – SBS.
INDEMNIZACIONES Y REPOSICIONES
Por otro lado, afirma que el Perú es uno de los pocos países en el mundo que plantea dos formas de tutelar el derecho al trabajo cuando se es despedido arbitrariamente: reposición e indemnización.
“Solo son seis países en el mundo, cuya legislación permite esa posibilidad. En otros, si un trabajador es despedido arbitrariamente solo se le da la indemnización. Cuando vienen extranjeros a invertir al Perú y ponen sus empresas se dan con la sorpresa de que acá los trabajadores tienen ambos derechos”, sostiene.
Refiere que el derecho a la reposición fue una figura creada por el Tribunal Constitucional en el 2001, mediante la sentencia Nº 00976-2001-AA/TC, en la cual señala que “el tipo de protección procesal contra el despido arbitrario no puede concluir, como en las acciones deducibles en la jurisdicción ordinaria, en ordenar el pago de una indemnización frente a la constatación de un despido arbitrario; sino en, como expresamente indica el Artículo 1 de la Ley Nº 23506, ‘reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional’”.
Añade que “en el ámbito del amparo, en efecto, ese estado anterior al cual debe reponerse las cosas no es el pago de una indemnización. Es la restitución del trabajador a su centro de trabajo, del cual fue precisamente despedido arbitrariamente”.
DESINTERÉS
Por otro lado, Palomino Guerra manifiesta que existe despreocupación por el tema laboral, tanto en las entidades públicas como privadas.
“Cuando una autoridad llega no hay especialistas en laboral, traen a penalistas o civilistas para que resuelvan los casos, pero no al profesional de la especialidad porque simplemente no les interesa”, sostiene.
Apunta que dicha situación se ve reflejada en las millonarias deudas que mantiene la Municipalidad Provincial de Chiclayo y el Gobierno Regional de Lambayeque por juicios y derechos laborales.
“La misma situación ocurre en las azucareras, donde solo se preocupan por la producción o el funcionamiento de la maquinaria, pero no por los beneficios laborales de los trabajadores”, anota.
NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
En esa línea, menciona que la Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, ha mejorado en materia de plazos la resolución de conflictos, aunque esta es una situación que se da por “temporadas”, pues depende de la carga laboral que haya para que se agilicen los procesos, los cuales en promedio duran tres años, tanto para indemnización como reposición.
“Lo que realmente demora hoy en día es la ejecución de la sentencia, porque uno puede ganar un juicio en año y medio o dos años, pero para que se cobre el derecho ganado puede tardar otros dos años más, aunque en el caso de la reposición con una medida cautelar uno podría volver a su centro de labores si lo ampara el derecho”, menciona.
Según cifras del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, con la antigua ley los procesos duraban en promedio 918 días, plazo que se redujo a 324 con la implementación de la nueva norma.
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El 17 de noviembre se realizarán las elecciones al interior del Colegio de Arquitectos del Perú – CAP Regional Lambayeque, y el candidato por la Lista 4, Jimmy Gamarra Piscoya, es uno de los postulantes que combina juventud y experiencia para esta lid gremial. Para el arquitecto, la consigna de llegar al decanato es repotenciar la presencia institucional de la orden de la mano con la tecnología, a fin de lograr un gremio moderno al servicio del departamento.
“Una de mis propuestas es la implementar la biblioteca virtual a la que hemos denominado ‘Bibliocap’, la cual contará con un sistema tecnológico de ‘WiFi’ abierto para que no solo los agremiados, sino estudiantes, egresados y bachilleres puedan adquirir un carnet electrónico que les permita acceder a bibliografía de alta especialización, así como generar diálogo entre los mismos profesionales de la institución”, menciona.
PRESENCIA INSTITUCIONAL
Gamarra Piscoya señala que de ganar la contienda gremial buscará repotenciar la presencia institucional del colegio, para lo cual se compromete a no utilizar ninguna plataforma comunicacional para promocionarse a él como decano, sino siempre a la institución con propuestas urbanísticas para la ciudad.
En esa línea, señala que la orden tendrá una participación más activa en la reformulación del Plan de Desarrollo Urbano de Chiclayo, así como en la veeduría de los funcionarios que ocupan cargos en dependencias como la Subgerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo - MPCH.
“Durante la época de Arturo Castillo hablábamos de un Plan Director al 2020 y ya pronto vamos a llegar a esa fecha. Observamos que existe el compromiso por elaborar nuevos planes, pero quisiéramos saber si quienes los van a elaborar son profesionales del departamento y cuál es su hoja de vida, pues al frente de la Subgerencia de Estudios y Proyectos de la MPCH habían designado a un profesional relacionado a la matemática, cuando en el cargo debería estar un arquitecto, un urbanista”, asevera.
OTRAS PROPUESTAS
Apunta que también tienen avanzadas conversaciones con universidades del extranjero para que los agremiados puedan realizar sus maestrías y doctorados. Además, señala que las actividades académicas tendrán un lugar preponderante en una eventual gestión suya, priorizando capacitaciones en temas netamente constructivos, arquitectónicos y urbanísticos.
Asimismo, afirma que promoverán la presencia de jóvenes arquitectos en las comisiones al interior de la orden.
Añade que junto a otros dos arquitectos mantiene conversaciones para adquirir un terreno que sirva para constituir la ‘urbanización del arquitecto en Lambayeque’.
Refiere que promoverá el seguro de vida y fondo mortuorio para los agremiados.
Indica también que recoge una propuesta del candidato a decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú Enrique Arispe Chávez sobre la reforma de los estatutos para que el decano de la orden no ocupe ningún puesto dentro de la administración pública, sino que se dedique exclusivamente al gremio y a la docencia.
“Si se hace un balance honesto y se sincera la contabilidad es posible que el decano del Colegio pueda permanecer ocho horas diarias en la institución y percibir un salario de acuerdo a la cantidad de agremiados. Eso permitirá que el titular de la orden trabaje exclusivamente para el gremio y no ocupe una gerencia municipal que luego le genere un conflicto de intereses a la hora de emitir un pronunciamiento”, asevera.
DIAGNÓSTICO
Por otro lado, Gamarra Piscoya señala que, pese a la reiteración de los agremiados, hasta ahora Antonio Uriarte Gonzales, actual decano de la orden en Lambayeque, no ha cumplido con entregar los balances del colegio.
“Durante mi gestión las cuentas van a estar mensualmente expuestas, ya que le llegará un informe a los correos de los agremiados y, de encontrar algún miembro de la orden una irregularidad, yo seré el primer llamado a esclarecerla”, asegura.
Apunta que hasta el último reporte del que tuvieron conocimiento, había alrededor de 900 agremiados en la orden, pero solo la mitad estaban habilitados, lo cual se debería a falta de motivación.
“Lo que la mayoría de arquitectos nos dice es que sienten el compromiso de ir a pagar porque las instituciones donde trabajan les piden la habilidad profesional, de lo contrario ni se aparecieran. Eso se debe a falta de motivación, pero también de convocatoria. Las actividades sociales son buenas, pero se debe pensar también en las académicas, en las de promoción del empleo”, indica.
Afirma que su principal motivación para postular al decanato de la Regional Lambayeque es que es un convencido de que los seres humanos han venido al mundo para trascender y contribuir con la sociedad. “Soy padre de familia y quiero un mundo mejor para mis hijos, por eso me comprometo a trabajar desde mi gremio profesional”, explica.
El 5 de agosto, el Comité Especial conformado por el ingeniero Manuel Ríos Rodríguez en su calidad de presidente, en licenciado José Carlos Alejandría Bravo y el contador Ángel Antúnez Orellano, en su calidad de miembros, suscribió el Acta N° 13, otorgando la buena pro de la Licitación Pública N° 001-2019-EPSELS.A., para la “Adquisición de medidores, adecuación de cajas e instalación de 80 mil medidores en usuarios que no disponen de medición, y aquellos que requieren de reemplazo en conexiones de agua potable de 15, 20, 25, 50 y 100 mm de diámetro, para ser instalados en el ámbito de la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL S.A.”.
El único postor que presentó su propuesta técnica y económica, y por ende, resultó ganador del proceso de selección fue la empresa VEOLIA Servicios Perú S.A.C., por un monto ascendente a 24 millones 849 mil 809.54 soles.
EL PROCESO DE SELECCIÓN
El 8 de mayo pasado, la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Lambayeque –EPSEL, convocó a la Licitación Pública N° 001-2019-EPSEL S.A., cuyo objeto de contratación era la adquisición de “bienes”, luego que en el 2012 el Organismo Superior de Contrataciones del Estado - OSCE, definiese que, en adelante, el proceso de selección para la “Adquisición e Instalación de Medidores” no debía convocarse como contratación de servicios, sino como adquisición de bienes. La modalidad de contratación convocada fue de “llave en mano”, lo que implica que el postor oferta además de los bienes, su instalación y puesta en funcionamiento.
En las Bases Administrativas Integradas, en el “Requerimiento para la Contratación de Bienes”, en el punto 6.1, referido a los requisitos del proveedor, EPSEL S.A. señala que este debe contar con “experiencia en la venta de bienes e instalación de medidores con adecuación de cajas e instalación de conexiones domiciliarias de agua”. Asimismo, en los Requisitos de Calificación, en lo que corresponde a la “Experiencia del postor en la especialidad”, se requiere que este acredite un monto facturado acumulado de 24 millones de soles para el Ítem I, por la venta e instalación de medidores con adecuación de cajas, bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, considerando como bienes similares a los siguientes: Micromedidores de todo tipo, Instalación y/o mantenimiento de conexiones domiciliarias y/o Actividades de implantación relacionados con la instalación de medidores.
En el Acta de Evaluación y Calificación de Propuestas, en lo referido a la Experiencia del postor en la especialidad, el Comité Especial señala textualmente:
“La empresa acredita mediante un contrato de Consorcio en el cual su participación es del 50.5 % equivalente al siguiente monto S/ 43,856,897.36 (Son: cuarenta y tres millones ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa y siete con 36/100 soles), en actividades de Implantación, con su respectiva conformidad, el mismo que supera el monto mínimo requerido en las bases integradas”.
Empero, en el acta no se señala el nombre del Consorcio, el proceso de selección adjudicado y si las actividades de implantación estaban relacionadas con la instalación de medidores.
De la verificación efectuada por nuestra Expresión referida a la experiencia de Veolia Servicios Perú S.A.C., con Registro Único de Contribuyente - RUC N° 20519176263, se tiene que, según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, desde el 2009 hasta la fecha (10 años), la empresa ha participado y ganado la buena pro en quince procesos de selección, incluida la Licitación Pública N° 001-2019-EPSEL S.A.
Sin embargo, en los otros catorce procesos el objeto de la convocatoria (y por ende toda su experiencia) está referida a la contratación de servicios, sin ningún tipo de experiencia en la venta de medidores.
Al respecto, en el Pronunciamiento N° 551-2019/OSCE-DGR, del 16 de julio de 2019, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, se pronunció sobre diversos cuestionamientos a la Licitación Pública N° 001-2019-EPSEL S.A., siendo el caso que en el Cuestionamiento N° 8, referido a la “definición de servicios similares”, se resolvió “No acoger el cuestionamiento”.
Eso sí, el OSCE señaló que “(…) en el referido requisito de calificación se ha consignado que deberá acreditarse un monto facturado “por la venta e Instalación de medidores con adecuación de cajas”; no obstante, dicha precisión no se condice con lo contemplado en las Bases Estándar objeto de la presente contratación, por lo que, con ocasión de la integración de bases definitiva, se adecuará dicho aspecto (…)”. Vale decir, los postores debían acreditar experiencia en la venta de medidores.
EL MONTO ADJUDICADO
El monto adjudicado por Veolia Servicios Perú S.A.C. en la Licitación Pública N° 001-2019-EPSEL S.A., fue de 24 millones 849 mil 809.54 soles para la adquisición e instalación de 80 mil medidores, de los cuales para algo más de 20 mil solo se considera la adquisición e instalación de los equipos y accesorios; es decir, no se sin incluye, cajas, tapas y marcos.
Para efectos de este informe no se ha podido efectuar un mayor análisis debido a que el sistema de contratación convocado fue de precios unitarios por paquete, bajo la modalidad de “llave en mano”, lo que imposibilita realizar la comparación con adjudicaciones anteriores para el mismo objeto de contratación.
POSIBLES RETRASOS
Después de otorgada la buena pro, el 19 de agosto se suscribió el Contrato de Gerencia General N° 114-2019-EPSEL SA/GG, entre Veolia Servicios Perú S.A.C. y EPSEL S.A., el mismo que establece en su Clausula Quinta que el plazo de ejecución de la prestación (instalación de medidores) es de 324 días calendarios (repartidos en tres períodos trimestrales de 90 días, y un cuarto período de 54 días), el mismo que se computa desde el día siguiente de suscrito el contrato, por lo que al 19 de noviembre próximo, fecha en la que produce el vencimiento del primer trimestre, el contratista deberá haber instalado 22 mil medidores.
Dicha meta parcial que al parecer no podría ser cumplida, razón por la cual el Órgano de Control Institucional – OCI, de EPSEL S.A., adelantándose al posible incumplimiento, 4 de noviembre solicitó a la Gerencia Comercial, a cargo de Abel Ascoy de la Cruz, un informe documentado de los avances a la fecha, otorgándole un plazo de tres días hábiles, que vencieron el 7 de noviembre. A la fecha no se habría dado respuesta al requerimiento del OCI.
Como precedente se tiene el caso de José Baca Távara, ex gerente general de EPSEL S.A., a quien el Poder Judicial sentenció a seis años de pena privativa de la libertad por haber otorgado una ampliación de plazo a la empresa Industrias Triveca S.A.C. en el 2013, a pesar que los funcionarios de la Gerencia Comercial sustentaron el requerimiento de la referida ampliación en la carga de trabajo.
Si el incumplimiento en los plazos del presente contrato se concretan y se otorga una ampliación a favor de la empresa ganadora de la buena pro, ¿correrán la misma suerte los funcionarios de EPSEL?
ANTECEDENTES
Veolia Servicios Perú S.A.C. es la misma empresa que en abril pasado suscribió un contrato con la Municipalidad Provincial de Chiclayo para el recojo de los residuos sólidos de la ciudad, por un monto ascendente a un millón 896 mil 750 soles. El servicio se realizó usando ocho compactadoras y tuvo una duración de tres meses.
Los cuestionamientos a esta contratación no tardaron en llegar. En primer lugar, se cuestionó la declaratoria de desabastecimiento inminente efectuada por la comuna chiclayana. Posteriormente se tuvo conocimiento que Veolia obtuvo la buena pro sin contar con el registro oficial del Ministerio del Ambiente - MINAM, el cual le fue otorgado dos (2) semanas después de habérsele declarado ganador del proceso de selección. La Contraloría General de la República inició una auditoría para determinar si efectivamente se produjeron irregularidades en el proceso de contratación de la referida empresa.
“Hay dos cosas importantes que me mueven a postular al Congreso: el amor y los sueños que tengo para Lambayeque. Amor, porque soy lambayecana de nacimiento, porque he estudiado aquí, porque trabajo aquí y he formado a mi familia aquí. Los sueños, porque ansío ver a Lambayeque alcanzando nuevamente la grandeza que en algún momento tuvo, grandeza que se ha perdido por desidia de muchas personas que tuvieron la oportunidad y no han cumplido”, expone Cecilia Vidaurre Nieto, candidata al Congreso de la República con el N° 1 en la lista regional de Perú Nación.
Cecilia Vidaurre es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Piura – UDEP, maestra en Educación con Mención en Psicopedagogía Cognitiva por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, y doctora en Comunicación Social por la Universidad César Vallejo.
Como ciudadana, refiere que su evaluación de los excongresistas por Lambayeque no es positiva, porque estos no demostraron, en el período julio 2016 – septiembre 2019, identificación con la problemática departamental y se mostraron siempre renuentes al diálogo con las autoridades locales.
“Los cinco congresistas que tuvimos fueron convocados por el gobierno regional a una reunión de trabajo para coordinar las acciones en las que ellos podían ayudar. Sin embargo, no acudieron, mostraron un gran desinterés por la región, no demostraron interés desde el primer momento que asumieron la función. ¿Qué más se puede decir? Tuvieron muy poca presencia y participación por ayudar a que Lambayeque ocupe un lugar cada vez mejor a nivel nacional”, sentencia.
FISCALIZAR Y NORMAR
Comenta que la propuesta de Perú Nación es realista y acorde con lo que el país necesita en los próximos meses del nuevo Congreso.
“Decir que vamos a plantear leyes de todo tipo es mentir, será difícil por el poco tiempo que habrá. Si se analiza el proceso para elaborar un proyecto legislativo, discutirlo y promulgarlo, se entenderá que no habrá mucho tiempo. Lo que estamos planteando es revisar qué leyes, que estando vigentes, no se están cumpliendo o no benefician al desarrollo económico, político y social de nuestro país”, sostiene.
Refiere que en los períodos legislativos los parlamentarios han presentado cientos de proyectos que se han convertido en leyes, pero que carecen de objetivos tangibles para el país o que no se cumplen.
“Lo que es fundamental es tocar la reforma política y judicial. Ambos son muy importantes, porque de lo contrario no se resolverá la crisis institucional y política que se presentó en el país. Hay que priorizar aquello que beneficie a la gobernabilidad en todo sentido”, manifiesta la candidata de Perú Nación.
EDUCACIÓN SUPERIOR
Vidaurre Nieto, quien tiene más de 20 años dedicados a la docencia en universidades públicas y privadas, así como escuelas de postgrado, anota que otra tarea fundamental es fortalecer el trabajo que instituciones como la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, cumplen para elevar los estándares de calidad en la formación de los futuros profesionales.
A ello suma la necesidad de promover la valoración de magisterio nacional y la meritocracia en el sector educación, dotando a los maestros de las herramientas necesarias para desempeñar su función en condiciones óptimas, tanto en la zona urbana como rural.
“El trabajo que está realizando la SUNEDU es positivo. Ya era hora que una institución supervise el trabajo de las universidades, porque de esta forma se ha podido medir la calidad del trabajo educativo que están realizan. Se abrieron muchas universidades con fines económicos o políticos y era necesario ordenarlas. El proceso de licenciamiento de universidades concluye en diciembre de este año, en adelante tocará evaluar qué otras acciones se tomarán para seguir mejorando y si las decisiones que se adoptan son realmente efectivas. Como he mencionado, hay muchas leyes, varias muy buenas, lo que corresponde es verificar en qué condiciones se están cumpliendo y si se pueden mejorar”, manifiesta.
La representante de Perú Nacional remarca que la promoción de la investigación, la ciencia y la tecnología también es un aspecto sobre el que se debe trabajar a nivel legislativo, con el objetivo de reducir las brechas que aún existen en el Perú respecto a otros países de la región, cuyas universidades y escuelas superiores tienen amplia ventaja en dichos temas.
“Las investigaciones deben dar como resultado la mejora de la sociedad en la que se ubica cada universidad. De otra forma, estamos perdiendo tiempo”, enfatiza.
Añade que es importante que se promuevan normas que permita fortalecer la gestión educativa de la enseñanza básica regular.
“Hay cuentas pendientes con el sector educación que el Estado, en su conjunto, debe atender. Problemas como la deuda social a los maestros, la mejora de la infraestructura, la meritocracia, la evaluación correcta a los profesores. La educación es fundamental. Los niños son el futuro, los jóvenes el presente y ambos merecen recibir educación de calidad, con maestros bien capacitados y tratados con equidad por el Estado”, asevera.
CONOCER A LOS CANDIDATOS
Vidaurre Nieto anota que si bien los electores tendrán poco tiempo para investigar sobre la hoja de vida personal, profesional y política de los candidatos al Congreso, sí debe existir voluntad de reflexión, a fin de no repetir elecciones erradas como las que se dieron en el 2016, con resultados lamentables para la política nacional.
“Por todo lo que ha pasado es un poco difícil que la población crea, que mire con buenos ojos a los candidatos, que tenga confianza. Los medios de comunicación han expuesto la conducta de los congresistas y esta ha dejado mucho que desear. Sin embargo, el ciudadano debe aprender de los hechos vividos y aprender a evaluar de manera correcta a quienes buscan representarlos. Habrá candidatos cuyos ofrecimientos parecerán vacíos, por eso es necesario que se informen. La gente debe elegir a quienes son de la localidad, a quienes conocen la realidad. La consciencia ciudadana debe despertar”, sostiene.
COMPROMISO DE MUJER
Asimismo, manifiesta que si bien en el 2016 el electorado lambayecano eligió después de 15 años a una mujer como su representante en el Congreso, cuyo desempeño fue pobre y orientado a seguir únicamente la agenda de la agrupación política a la que pertenece, esto no debe condicionar a que la población opte nuevamente por una candidata.
“¿Por qué los ciudadanos deberían elegir solo a caballeros, si estos también ha demostrado no hacer un buen trabajo y tenemos casos muy concretos con los congresistas disueltos, que además están denunciados o investigados? ¿Los hombres solo pueden hacer un buen trabajo? No. Lo que hay que pensar es a qué candidata se va a elegir y si está o no identificada con la región. En mi caso, yo no ofrezco nada que no se pueda hacer como legisladora.
Le pido a los ciudadanos que confíen en mí, soy lambayecana, docente universitaria y tengo el compromiso de trabajar por el desarrollo de mi región, de fiscalizar a quienes tienen en sus manos la conducción de los distintos niveles de gobierno, pero además revisar las leyes que se han dado”, señala.
“Tengo la motivación personal de llegar al Congreso de la República que sintoniza con la motivación partidaria en el sentido de que, a pesar de las críticas que han existido por algunos de nuestros líderes a la disolución del Congreso, es preciso estar presentes en el próximo parlamento para evitar el desbalance de fuerzas y que quede la cancha libre a los partidos de izquierda, que propugnan modificar radicalmente el capítulo económico de la Constitución Política”, señala Norbil Vega Orozco, candidato con el N° 1 en la lista del Partido Popular Cristiano – PPC, por Lambayeque.
Vega Orozco, ingeniero mecánico y electricista graduado en la Universidad Nacional de la Plata, Argentina y egresado de las maestrías en Energía y en Docencia Universitaria, seguidas en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, sostiene que su propósito de llegar al parlamento no se limita únicamente a cautelar el marco de la Constitución de 1993, sino también para ayudar a la continuidad del modelo democrático en el país.
“Nuestro objetivo también garantizar que el presidente Martín Vizcarra llegue al 27 de julio de 2021 y se dé una transición ordenada y democrática. Tenemos interés en preservar el Estado de Derecho y ayudar a evitar que se dé ese cambio radical al capítulo económico de la Constitución. Estoy hablando de cambio radical. En el Partido Popular Cristiano creemos en la economía social de mercado con rostro social”, asevera.
REDUCIR LAS BRECHAS
El aspirante a la representación por Lambayeque, quien se desempeñó como Director Regional de Energía y Minas, refiere que es necesario advertir y prevenir un clima de convulsión social como el que se vive actualmente en Chile, justamente por el crecimiento de la brecha social y económica.
“A Chile se le veía como un modelo económico para América Latina y hoy vemos que existen brechas muy grandes, donde la riqueza se concentra en el 1 % de la población y este posee el 30 % de la riqueza. Como nación, en el Perú debemos evitar que una situación así se genere y el problema social estalle. Ahora, en la región, nuestro país parece un remanso, pero para que la situación mejore debemos incidir e insistir para que exista una política económica con rostro humano”, manifiesta.
CONTINUAR LAS REFORMAS
Vega Orozco reconoce que los próximos legisladores, dado que asumirán un período complementario de 15 meses, aproximadamente, no tendrán tiempo suficiente para emprender grandes cambios legislativos a favor de la población. Sin embargo, refiere que entre las tareas urgentes del nuevo Congreso están apoyar y fortalecer a la reforma política y judicial.
“Por encima de los deseos y la buena voluntad que uno tenga de propugnar leyes que favorezcan a la salud o a la educación, el principal rol que le cabe al próximo Congreso es precisamente la reforma política para asegurar organizaciones fuertes, con balance de poderes, para evitar que el poder se concentre bien en un presidente todopoderoso o en un partido con mayoría abusiva en el Congreso. Ese es, fundamentalmente, el trabajo al que se debe dedicar el nuevo Congreso”, argumenta.
Refiere que es probable que algunas organizaciones políticas busquen polarizar el escenario electoral entre una disputa entre la derecha y la izquierda, cuando lo que se debe apuntar como objetivo común es que personas honorables lleguen al Congreso.
“Debemos evitar lo que nos ha sucedido recientemente con un Congreso formado por personas que, primero, no tienen formación política y llegaron solamente con su dinero para ser elegidos y, segundo, que no tenían la preparación ni profesional ni política para desempeñarse adecuadamente. Así vimos, por ejemplo, cómo se conformó la lista de Fuerza Popular, que no dejó de ser una bancada obstruccionista dentro del Congreso y que, aliada con el APRA, llevó a que se disuelva este Poder del Estado. Pero además, esto ha originado un grave daño a la imagen de quienes hacen política y a la de la propia institución, cuya aprobación bajó de los dos dígitos”, resalta.
Anota que el comportamiento de los anteriores legisladores acentuó el rechazo ciudadano a la clase política del país.
“Se ha profundizado el enojo y el desprecio que la población tiene a lo que considera que es un político. Considero que la población está errada. Lo que ha visto no es un político. Un político debe ser una persona que ocupa un cargo para proyectarse a la sociedad haciendo servicio, haciendo el bien, como promover la mejora de la calidad de vida de las personas”, expone.
SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO
Comenta que el Partido Popular Cristiano definirá el próximo fin de semana cuáles serán, además de la defensa del capítulo económico de la constitución, los otros aspectos que conformen tu plataforma de propuestas legislativas de cara a las elecciones del 26 de enero.
A título personal, Norbil Vega sostiene que uno de los tópicos en los que le gustaría hacer incidencia legislativa es en el relacionado a la salud materno – infantil, principalmente para generar un marco normativo que ayude a fiscalizar el correcto funcionamiento de los programas nutricionales que tiene el Estado a fin de combatir, con mayor efectividad, la anemia y la desnutrición crónica.
“Me gustaría incidir sobre la salud, apuntando a las clases más necesitadas. Siempre hablamos de la falta de competitividad de nuestra gente, que no tenemos acceso a las tecnologías, pero cómo podríamos como país desarrollar las capacidades innovadoras y de investigación si no atendemos el problema de la salud. El Estado debería preocuparse en las zonas rurales de que la madre gestante tenga asegurada la complementación vitamínica para concebir hijos sin anemia ni desnutrición”, expone.
Añade que para que la estrategia tenga efectos realmente tangibles es necesario que el Estado acompañe a la gestante a fin de garantizar que consume los suplementos vitamínicos, igual que con los niños de 0 a 2 años.
“No podemos seguir pensando que en el país los valores de anemia o desnutrición crónica infantil superan el 40 %. Algo está fallando, tenemos que revisar eso. Si bien son labores más ejecutivas que legislativas, es necesario que se genere el marco normativo para que se fiscalice realmente. No estamos hablando de presupuestos, sino de legislar para que el Estado cumpla con la labor que tiene de atender a las gestantes y niños”, sostiene.
Otra estrategia – plantea – es que se extienda la cobertura de Qali Warma para que se provea de almuerzos a los estudiantes de la zona rural, cuya jornada educativa podría ampliarse, permitiendo que sus padres tengan mayor tiempo para dedicarse a labores productivas, en tanto se asegura que el niño recibe desayuno y almuerzo con valores nutricionales adecuados.
EXCONGRESISTAS
Sobre el desempeño de la representación congresal que hasta el 30 de septiembre tuvo Lambayeque, Norbil Vega refiere que esta ha sido vergonzosa y debe servir de lección para la ciudadanía.
“Solamente tengo que lamentar lo que hemos tenido como representación congresal, pero este también es un llamado a la reflexión de la población, porque es la población la que los eligió. Yo no llego a entender cómo los lambayecanos pudieron elegir, por ejemplo, al señor Becerril, con todos los antecedentes que tenía y sabiendo que venía de ser representante político de otra región. La representación horrible que hemos tenido de él nos hacía sentir vergüenza a los lambayecanos. Pero también debo lamentar la actitud de blindaje que tuvieron cuatro de los cinco congresistas por Lambayeque: los tres fujimoristas y el aprista Javier Velásquez”, afirma.
El candidato pepecista asegura que no existe balance positivo de los excongresistas lambayecanos, sobre todo porque “se dedicaron a blindar a personas involucradas en actos de corrupción como el fiscal Pedro Chávarry, el juez César Hinostroza, a sus propios líderes y a sus compañeros de bancada como Moisés Mamani y Yessenia Ponce”.
“No se dedicaron a representar a la región o fiscalizar para que la corrupción no se produzca. Al contrario. Yo espero que la población haya aprendido. No nos puede volver a suceder el descalabro congresal que hemos tenido. Yo invoco a la población a que escojan dentro de su familia a un integrante joven, que tiene acceso a la Internet, para que los ayude a investigar los antecedentes de los candidatos. Los jóvenes deben liderar dentro de la familia la información sobre los aspirantes al Congreso”, manifiesta.
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