El actual alcalde del distrito de Salas, Elmer de la Cruz Bernilla, mediante la Resolución de Alcaldía N° 022-2023-MDS/A, de fecha 2 de febrero del 2023, decidió dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio San Carlos, a quien la gestión edil anterior, el 21 de diciembre del 2022, declaró como ganador para la ejecución de la obra “Reconstrucción de los servicios del Puesto de Salud Penachí”, cuyo presupuesto asignado supera los 16 millones 785 mil soles.
Según los argumentos de nulidad esbozados en la resolución aludida, se advierte, entre otros, que el Consorcio San Carlos no propuso adecuadamente la determinación de la fecha del valor referencial, los porcentajes de gastos generales y la utilidad en la oferta económica hechos que para la autoridad municipal contravienen la ley y el reglamento que crea la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios – ARCC, ente bajo cuya normatividad se convocó al proceso.
Por lo tanto, a consideración de la nueva gestión edil, el otorgamiento de la buena pro, bajo estas condiciones, no resultaba conservable, por lo que se resolvió convocar a un nuevo proceso, el mismo que debe adjudicarse el próximo 3 de mayo.
Nuevos integrantes del comité
El procedimiento de selección ha vuelto a fojas cero y la convocatoria ha sido realizada por la actual gestión, los integrantes del comité de selección han sido renovados, tal es así que como presidente ha sido nombrado Guillermo Fabián Quezada Samamé y como miembros Llengner Edilfredo Chapoñan Andanaque y Vania Julissa Castillo Rodríguez, quienes en forma colegiada llevarán a cabo los actos procedimentales que les permitan, de ser el caso, adjudicar la buena pro al postor que alcance el mayor puntaje y cumpla con los requisitos establecidos en las bases integradas del proceso.
Con fecha 17 de octubre de 2022, la gestión edil de ese entonces, convocó el primer proceso, el cual antes de ser adjudicado fue declarado nulo por el exalcalde Antonio Mesones Flores, quien suscribió la Resolución de Alcaldía N° 261-2022-MDS/A, fundamentando su decisión respecto a una serie de vicios advertidos en las bases del proceso.
La segunda convocatoria
Luego de la nulidad decretada por el referido exburgomaestre, el comité de selección que hasta ese entonces venía desarrollando el proceso, decidió declarar desierta la segunda convocatoria, a pesar que tres consorcios presentaron sus ofertas, las cuales en su totalidad fueron rechazadas debido a las deficiencias contenidas en algunos documentos de cada una de las ofertas presentadas, que impidieron continuar con el procedimiento, frustrándose de esta manera – por segunda vez – el otorgamiento de la buena pro.
La tercera convocatoria
En vías de dejar expedita la contratación, para la pronta ejecución de la obra, ad portas de dejar el cargo la exautoridad edil, el 2 de diciembre de 2022, convocó un tercer procedimiento selectivo, el cual, luego de dar cumplimiento a las etapas procesales, le fue adjudicada la buena pro al Consorcio San Carlos el 22 de diciembre del mismo año, para luego, en el plazo previsto para su consentimiento, la nueva gestión procedió a consentirla, quedando el proceso expedito para continuar con los trámites para la suscripción del contrato.
La nulidad
La actual gestión liderada por el alcalde Elmer de la Cruz Bernilla había consentido la buena pro otorgada al Consorcio San Carlos, y estando expedita para la firma del contrato, el 2 de febrero del año en curso, expidió la Resolución de Alcaldía N° 022-202-MDS/A, mediante la cual declara de oficio la nulidad del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 01-2022-MDS, arguyendo una serie de irregularidades que su gestión no advirtió al momento de consentir la buena pro otorgada por la gestión del alcalde anterior. En razón de ello, pese a los constantes atrasos y nulidades del proceso convocado, ha procedido el 18 de abril del presente año a realizar una cuarta convocatoria, programando su adjudicación para el 3 de mayo del año en curso.
El consultor en contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, manifiesta que estas acciones dilatorias y, por qué no suspicaces, vienen ocurriendo en varios municipios distritales de la región Lambayeque.
“Esto hace pensar que los actos dilatorios estarían siendo realizados por las nuevas autoridades con la finalidad presunta, de buscar un interés personal, sin tener en cuenta el fin que persigue cada proyecto de inversión, los cuales son postergados en su ejecución por el extremado reglamentarismo de las nuevas gestiones”, dijo.
Según los directivos de la Asociación de Defensa y Asesoría de Accionistas y Trabajadores Activos, Jubilados, Viudas y Herederos de la Empresa Agroindustrial de Tumán, S.A.A., el Ministerio Público y el Poder Judicial estarían protegiendo a quienes destruyeron la azucarera. Así lo afirman en un comunicado.
El presidente de la asociación, Jacinto Flores, los trabajadores, viudas y herederos, han resuelto salir a las calles para hacer pública su enérgica protesta contra fiscales y jueces lambayecanos, quienes tienen a cargo las denuncias presentadas contra los exadministradores judiciales que dirigieron la empresa entre los años 2015 y 2022, y que habrían ocasionado la destrucción de la excooperativa, sumida en una profunda crisis económica, social, laboral y productiva.
La asociación, cuya directiva también está integrada por Vicente Castillo, como vicepresidente; Lucio Chanamé, como secretario, y Walter Medina y Félix Sirlupú, como vocales; asevera, por ejemplo, que la gestión de Marcelino Llontop Suyón habría ocasionado un daño de cuatro millones 358 mil 858 soles.
Asimismo, que de la administración de Leoncio Egúsquiza y Alejandro Zevallos, el perjuicio ascendería a tres millones 633 mil 796 soles; en el período de César Sandoval Lozada, 74 millones diecinueve mil 772 soles; en la gestión de Daniel Rioja Sánchez, 34 millones 578 mil 317 soles, en la administración de hecho de Leoncio Egúsquiza la suma de 18 millones 486 mil 547 soles y en la de Erick Benavides Timaná, el perjuicio económico habría llegado a 29 millones 245 mil 76 soles; lo que representaría la falta de rendición de 200 millones 322 mil 366 soles.
Dicha cifra económica habría llevado a la azucarera a su más grave crisis económica, algo nunca antes visto en la empresa agroindustrial.
Los directivos solicitan atención a las demandas y celeridad en las investigaciones, para que se apliquen las penas que correspondan contra quienes llevaron a esta situación económica a la azucarera Tumán.
Sobre este hecho, Expresión buscó al abogado Gilberto Carrasco, asesor legal de los trabajadores tumaneños quien expuso lo siguiente:
¿Cuál es la situación legal actual de la Empresa Tumán?
La empresa Tumán se encuentra sin dirección como consecuencia de las administraciones judiciales instaladas desde el 2015, fecha desde la cual quedó quebrada la institucionalidad, instalándose una administración tras otra con el auxilio del Poder Judicial.
Como se sabe, esto pasó con el único afán de aprovechar los recursos económicos en provecho personal, endeudando a la empresa con cifras simuladas, que han originado que los supuestos acreedores soliciten a los juzgados la instalación de administraciones para asegurar pagos que son ilegales.
¿Desde cuándo ha asumido la defensa legal?
Esas supuestas acreencias y obligaciones derivadas de pago de servicios o compra de bienes que nunca ingresaron a la empresa han sido evidenciadas, por lo que los trabajadores se organizaron para defender su patrimonio. Fue así que se decidió desde el 2021 interponer denuncias ante el Ministerio Público para que se confirmen los delitos de organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas, lavado de activos, usurpación y otros.
Por eso es que desde septiembre de ese año asumí la defensa legal para interponer denuncias y requerir a la fiscalía el inicio de investigaciones tendientes a sancionar penalmente a los autores de dichos ilícitos.
¿Qué tan crítica es la situación de la azucarera?
La empresa ha ingresado a un estado de desgobierno producto de su falta de liquidez, pérdida de sus activos, bienes de capital y otros problemas, al punto de no tener recursos para el pago de sus obligaciones laborales, lo que genera desesperación y un problema social entre los trabajadores y sus familias. Por esta razón se hace necesaria la urgente instalación de una administración con capacidad gerencial, que permita rescatar la empresa y remontar la difícil situación que atraviesa.
¿A cuánto ascienden las pérdidas de Tumán?
Desde el año 2015, que instalaron la administración judicial encabezada por Marcelino Llontop y las sucesivas administraciones judiciales, se ha llegado a una pérdida que superaría los 200 millones de soles.
¿Desde cuándo se vive este caos en la empresa?
El caos empezó cuando se instaló la administración judicial del 2015 antes indicada, que sin ninguna previsión ni planificación inició un gasto y fuga de dinero que se ha evidenciado con una pericia contable, que ha permitido sustentar las denuncias ante el Ministerio Público.
Desde esa fecha se hizo uso y abuso del endeudamiento y gasto de la caña sembrada sin prever que el producto se acabaría y no se reemplazaba, por lo que ahora la empresa no tiene producto que procesar. Sin embargo, no dejaron de aprovechar los ingresos generados en este tiempo.
¿Quiénes son los responsables de toda esta debacle, a quiénes se identifica?
Los responsables son las administraciones judiciales encabezadas por Marcelino Llontop, Leoncio Egúsquiza, Alejandro Zevallos, César Sandoval, Daniel Rioja y demás implicados desde las funciones de asesores y asistentes de dichas administraciones.
¿Tiene solución la crisis de la empresa Tumán o su quiebra es inminente?
Tumán atraviesa uno de sus momentos más difíciles, de ser una empresa emblemática en la actividad azucarera en el país, ahora está quebrada, pero puede resurgir en cuanto se imponga una dirección y administración con capacidad empresarial, con visión de desarrollo y sensibilidad social como fue antes del 2015, eso es lo que necesita la empresa para resurgir y está en manos de sus trabajadores impulsar ese cambio, pero también en manos del Ministerio Público y el Poder Judicial castigar a quienes han colocado a la empresa Tumán en una situación tan crítica.
¿Cuál es su mensaje?
Debo exhortar a los trabajadores activos y cesantes, a las familias de Tumán, a no callar ante tantos actos que se han realizado en perjuicio de su empresa, permanecer vigilantes ante la actuación de las autoridades frente a las denuncias realizadas para exigir justicia y sanción para quienes han llevado a la debacle a la empresa, pero que se han aprovechado en su beneficio personal.
El domingo último, los representantes de los frentes de defensa de los distritos que conforman el valle La Leche, junto a los dirigentes de las comisiones de regantes y autoridades locales anunciaron el inicio de una serie de acciones protesta para exigir al gobierno nacional la ejecución del proyecto La Calzada, necesario para el control de inundaciones.
Con el cierre del puente La Leche durante dos horas, que es la ruta de acceso a la zona nororiental del país, los pobladores de Íllimo, Pacora, Túcume, Mochumí, Jayanca y Motupe mostraron su rechazo a cualquier obra de encauzamiento y defensas ribereñas en el río La Leche, hasta que se ejecute el proyecto La Calzada, obra hidráulica que es la única técnicamente viable para prevenir las inundaciones que generan destrucción en la parte baja del valle.
“Los agricultores y la población del valle La Leche estamos cansados de escuchar simples promesas de parte del gobierno y las autoridades regionales, mientras se muestran indiferentes a lo sucede cada vez que el río se desborda y luego intentan cubrir su ineptitud entregando víveres o carpas, o sacando a nuestros hermanos en helicópteros. La única solución al recurrente problema de las inundaciones es la ejecución del proyecto La Calzada, que tiene ley y es viable, conforme se demostró con los estudios de D’Leon Consulting”, señaló Juan Inoñán, presidente de la Junta de Usuarios del Valle La Leche y del Frente Único de Defensa del proyecto La Calzada.
El dirigente señaló que la medida adoptada el domingo es solo el primer paso a un cronograma de acciones de lucha que se ejecutará y que de ser necesario se convocará a los 15 mil agricultores del valle para tomar la antigua Panamericana Norte a fin de despertar la atención del gobierno.
El proyecto
En el 2004, el ingeniero lambayecano Domingo León Ezcurra, por aquel momento residente en los Estados Unidos de América, informó al entonces alcalde de Lambayeque, Percy Ramos Puelles, de la existencia de la Agencia de Comercio y Desarrollo, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno americano, cuya naturaleza permitía el financiamiento de proyectos con fondos no reembolsables para países emergentes.
El objetivo desde el principio fue que se solicite a la USTDA (por sus siglas en inglés) apoyo para financiar los estudios de La Calzada. Dada la magnitud de la gestión esta se trasladó al Gobierno Regional de Lambayeque, presidido en ese momento por Yehude Simon Munaro.
En mayo del 2004 Simon Munaro fue recibido por el embajador de Estados Unidos en el Perú, James Curtis Strubble, y se coordinó para que el PEOT solicité la donación a la USTDA de los fondos para los estudios. Así, el gobierno americano lanzó una convocatoria para contratar a la consultora que se encargaría de elaborar el documento de prefactibilidad de La Calzada.
Tras la evaluación resultó ganadora la firma D’Leon Consulting Engineers, con sede en California, que presentó a un equipo técnico de primer nivel. Entre ellos figuró el ingeniero Domingo León Ezcurra, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y con estudios de maestría y doctorado en Estados Unidos, España y Francia; el ingeniero español Francisco Sánchez Carol, integrante del Comité Internacional de Grandes Presas, uno de los más connotados expertos en la materia a nivel mundial, y el ingeniero Jack Ferguson, integrante del Cuerpo de Ingenieros Civiles del Ejército de los Estados Unidos.
Junto a ellos participó también el ingeniero Juan Alfaro, quien fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, durante 25 años y además es uno de los fundadores de SEDAPAL; el ingeniero Víctor Miguel Ponce, docente de Hidrología y Medio Ambiente de la Universidad de San Diego California, y reconocidos profesionales peruanos como Pastor Espinoza Chilón, Manuel Suárez Collazos y Enrique Varías Ramos.
El 11 de diciembre del 2007, el presidente regional Yehude Simon y el embajador de los Estados Unidos en el Perú, en representación de la USTDA, firmaron el Lima el contrato para la ejecución del estudio denominado: “Estudio de Factibilidad de Control de Inundaciones en la Región Lambayeque”.
El equipo técnico que encabezó León Ezcurra abordó el control de inundaciones en la cuenca del río La Leche, entregando 10 volúmenes, con un total de mil páginas, divididas en la revisión de la información existente y visitas de campo que permitieron evaluar las ubicaciones físicas propuestas de las represas incluidas en las diferentes alternativas, analizando al detalle aspectos geológicos, morfológicos y de naturaleza estructural de la cuenca y sus afluentes.
Los expertos también realizaron la comparación de alternativas, un estudio básico preliminar del impacto ambiental de las mismas y la clasificación de la alternativa más beneficiosa para el control de las inundaciones en el valle La Leche en función de la factibilidad técnica, ambiental, económica y financiera.
Investigaron la escorrentía usando fórmulas y modelos para definir si el control de las avenidas requería la construcción de más de un embalse; exploraron el suelo para la geología estructural realizando calicatas, perforaciones y aplicando métodos como la refacción sísmica. También definieron la tipología de la presa basada en las características propias del terreno.
Alcanzaron directivas generales para el diseño básico de la presa y sus componentes hidráulicos; las metodologías para realizar un Estudio de Impacto Ambiental; formularon un Informe de Impacto Ambiental; analizaron el costo/beneficio; confeccionaron un estudio de suministro de agua a la población aledaña a la cuenca para los próximos 25 años a partir de la construcción de la presa y formularon las proyecciones financieras. Asimismo, se encargaron de proyectar el impacto de la obra sobre el desarrollo de Lambayeque.
El informe final fue redactado en inglés y traducido al castellano y entregado a la sede de la USTDA y a la Embajada de los Estados Unidos en Lima en el 2008.
“Los trabajos se están realizando de una manera acelerada en los diferentes sectores de intervención, siendo nuestro punto más crítico el sector La Puntilla, donde desde el primer momento en que se presentó la catástrofe natural hemos intervenido, estando hasta ahora la maquinaria ahí realizando trabajos. Es un punto vital, ya que sino se restablece la captación agua prácticamente muchos agricultores y la población quedaría desabastecida”, comenta Luis Piedra Núñez, gerente general del PEOT.
Hasta el momento, la entidad ha invertido dos millones 153 mil 423.92 soles en trabajos de emergencia, de los cuales el mayor monto ejecutado se ha destinado precisamente a La Puntilla, como parte del sistema mayor Tinajones, en el valle Chancay-Lambayeque.
“Toda la infraestructura mayor de riego del sistema Tinajones está asegurada y a raíz de los eventos sucedidos por el ciclón Yaku, automáticamente el personal a cargo de dar seguimiento a los seguros ha iniciado las gestiones. La asegurado ya envió a sus representantes con la finalidad de evaluar los daños y la cuantificación será estimada después de haberse realizado todos los trabajos. Ahí sabremos realmente cuánto hemos gastado y cuánto es lo que se devolverán al PEOT”, menciona.
Recordó que en el 2017 el PEOT logró que la aseguradora reconozca más de ocho millones de soles a su favor, pues el objetivo de las intervenciones no es únicamente paliar la emergencia presentada, sino restituir la infraestructura al estado anterior al evento.
“Estamos actuando en estos momentos para restablecer el suministro del agua, lo que significa que los trabajos realizados no son los definitivos. Esos se harán una vez superada la situación de emergencia. Esos trabajos serán cuantificados y eso será pagado por la aseguradora”, manifiesta.
Intervenciones
Para la rehabilitación del talud canal Taymi, cruce con quebrada Sencie, se han destinado 15 mil 608 soles, acción iniciada el 16 de febrero pasado y que ha concluido al 100 %. Para los trabajos de emergencia y rehabilitación de Reque, agua arriba, repartidor La Puntilla, se han asignado 224 mil soles, con un avance del 90 %.
Para la bocatoma Racarrumi se destinaron 75 mil soles, intervención realizada al 100 %, lo mismo que en la descolmatación de la bocatoma Monsefú, donde se atendió el desplazamiento de las compuertas desarenadoras y compuertas de río.
En la descolmatación de la bocatoma Monsefú – Reque se han invertido diez mil 800 soles, en tanto en la rehabilitación del talud Tres Tomas – Canal Taymi, 55 mil soles.
Del mismo modo, se ejecutó el mantenimiento del sector de drenaje Ferreñafe – Dren D-1400 y Prolongación D-1400, distrito de Ferreñafe, con 35 mil soles y 66 mil para el mantenimiento descolmatación del Dren D-1000.
Otros trabajos realizados son: el mantenimiento del subsector de drenaje Muy Finca Dren D-1260, distrito de Mochumí, por 55 mil soles; el mantenimiento del sector drenaje Fala Capote – Lambayeque Dren D-2210, por 25 mil soles; la rehabilitación Toma Homero – sector Chongoyape, por 18 mil y la rehabilitación de la toma El Pueblo, también en Chongoyape, por 53 mil soles.
Intervenciones programadas
A las acciones ejecutadas por el PEOT para atender la emergencia se suman las intervenciones programadas por la entidad, como la instalación de un vivero forestal de media – alta tecnología en la zona de trasvase Chotano-Conchano, por 904 mil 236 soles, ejecutados al 85 %. La culminación está prevista para mayo próximo.
Para el mantenimiento del Dren D-1700, sector de drenaje Ferreñafe, se ha presupuestado 113 mil 628 soles, habiéndose ejecutado los trabajos en su totalidad, estando en curso el mantenimiento del sistema de drenaje Dren D-3000, sector drenaje Chiclayo-Pimentel, por 219 mil 306 soles, el mantenimiento del sector drenaje Ferreñafe Dren D-1400 y Prolongación D-1400, por 330 mil 979 soles y el mantenimiento y descolmatación del Dren D-1000, por 287 mil soles.
Mayores impactos
De acuerdo con lo informado por Piedra Núñez, los niveles de avenidas producto de las lluvias ocurridas entre febrero y marzo han sido superiores a los alcanzados en el verano del 2017 cuando ocurrió El Niño Costero, con la particularidad de que los eventos se dieron en períodos muy cortos.
“La máxima avenida ha sido en un promedio de diez a 15 minutos, lo que ha provocado daños en Racarrumi y La Puntilla. Es difícil estimar cuáles habrían sido los impactos si esas avenidas de agua se prolongaban por horas, pues habrían destruido muchas estructuras, infinidad de áreas y cultivos. Si bien el caudal ha sido muy alto, su duración ha sido breve en comparación al 2017”, señala.
Informa que a nivel técnico el reservorio Tinajones se encuentra en buen estado, de acuerdo a la evaluación de daños realizada por los especialistas de la Gerencia de Desarrollo Tinajones.
“Actualmente tenemos un caudal por encima de los 300 millones de metros cúbicos y lo que estamos haciendo es una redistribución del agua almacenada para que esta no se quede mucho tiempo estancada, para evitar la proliferación de algas”, menciona.
Acciones a ejecutar
Luis Piedra señala que la principal carencia del PEOT es de maquinaria. Refiere que, al inicio de su gestión, cuando solicitó información sobre el mantenimiento de drenes, recibiendo como respuesta que era imposible ejecutar este tipo de labores en todos los existentes en el valle Chancay – Lambayeque debido a la falta de maquinaria.
“Ante ello estamos haciendo las gestiones para la compra de maquinaria, a fin de realizar trabajos de prevención con mayor eficacia, toda vez que los drenes son los que permiten evacuar las aguas pluviales con mayor rapidez, impidiendo que las ciudades permanezcan inundadas. Al mantener los drenes limpios será posible dirigir el agua de las lluvias al mar”, manifiesta.
Indica que entre los objetivos de su gestión está la restructuración del PEOT e incorporar a profesionales especialistas para cubrir las plazas existentes, pues hay profesionales que han pasado a la jubilación.
“Tenemos esa seria dificultad, personal muy capacitado que lamentablemente ya no está en la institución y cuya ausencia ha incrementado la carga en quienes se han quedado, limitando la capacidad de producción del proyecto. Estamos hablando de más de 50 profesionales y entre este y el próximo año habrá 12 jubilaciones, por lo que habrá espacios por llenar, pero con profesionales capaces y eficiente”, acota.
El alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria, Edwin Vásquez Sánchez, presentó su informe sobre el avance a los 100 días de su gestión, resaltando, entre otros logros, la compra de maquinaria y el inicio de obras de mejoramiento de transitabilidad, así como de estudios para la ejecución de proyectos de gran impacto, que mejorarán la calidad de vida de los habitantes de su jurisdicción.
Al inicio de su administración, Vásquez Sánchez encontró que los documentos de gestión de la comuna, como el Proyecto Estratégico Institucional, el Plan de Desarrollo Concertado, el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, el Cuadro de Asignación de Personal – CAP, el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, y otros, se encontraban desactualizados.
Además, se tenía un total de nueve vehículos propiedad de la municipalidad en situación de desaparecidos: tres volquetes, una cisterna y cinco motocicletas.
También se encontró a 97 trabajadores CAS a plazo indeterminado y un incremento considerable del número de funcionarios. Estos, en el 2022, eran 26.
“Actualmente el municipio tiene sólo 16 funcionarios, lo que representa un ahorro para el Estado de 300 mil soles al año”, señala el burgomaestre.
Precisó que también se encontró maquinaria inoperativa, como compactadoras, camionetas, motoniveladoras y volquetes), una deuda con proveedores por cinco millones de soles; una deuda por sentencia judicial (Expediente 6363) por siete millones 621 mil 392.43 soles y deuda por la habilitación de celdas transitorias por 145 mil 547.64 soles. Además, la municipalidad carecía de cartera de proyectos.
La municipalidad de La Victoria tenía, al inicio de la gestión, 143 obreros permanentes; 89 empleados nombrados, tres obreros nombrados y 97 trabajadores CAS, haciendo un total de 332 servidores.
Respecto a la recaudación tributaria, a diciembre del 2022 la morosidad del impuesto predial era del 71.84 %; de parques y jardines del 82.39 %; de limpieza pública el 82.93 % y por serenazgo el 82.17 %.
La capacidad de respuesta para atende la inseguridad ciudadana también ha sido limitada. Se encontró 37 serenos para todo el distrito y 21 cámaras de videovigilancia, de las cuales solo tres estaban operativas. Tan pronto inició la gestión de Vásquez Sánchez se recuperó el funcionamiento de cinco más.
De igual modo, se puso en operatividad una camioneta para serenazgo, sumando en total tres a disposición.
Primeras acciones
Una de las primeras acciones ejecutadas por la gestión de Edwin Vásquez ha sido la continuidad de obras, como la referida al mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles comprendidas dentro del perímetro de las calles Gran Chimú, Los Incas, Eloy Ureta e Imperio, iniciada el 14 de octubre del 2022 con una inversión de siete millones 579 mil 872 soles, y que a marzo de este año tenía un 60.81 % de avance. La culminación de la obra está prevista para el 15 de mayo.
Otra obra continuada es la de mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del pueblo joven 1 de Junio, donde se invierten dos millones de soles y se tiene un avance del 86.31 %.
La gestión ha logrado la conformación de 58 juntas vecinales para contribuir a la seguridad ciudadana, se han implementado tres puestos de auxilio rápido, capacitado a 248 mototaxistas y realizado el mantenimiento correctivo de semáforos.
“Tenemos en marcha la elaboración del perfil del proyecto para contar con un moderno centro de monitoreo de seguridad ciudadana, con la implementación de 126 cámaras de videovigilancia, ocho camionetas, ocho motos lineales y un sistema de comunicación, con una inversión de 20 millones de soles”, informa el alcalde.
Trabajos de transitabilidad
Asimismo, el mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del sector Chosica del Norte, de las vías rurales del sector Los Flores de Chacupe Bajo, del pueblo joven Antonio Raymondi, del Sagrado Corazón de Jesús y del sector Chacupe Alto (Dren 4000 y Medianero).
También en la avenida Las Ñustas, como acceso al Mercado El Inca, de los sectores Los Rosales y Santo Tomás, así como en los sectores Los Nogales, urbanización Valle Hermoso y Santa Rosa II.
Proyectos
“También iniciamos las coordinaciones con OTASS, EPSEL y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para elaborar una propuesta técnica para un nuevo trazo del emisor Sur, que es una obra importante por tratarse del componente más crítico en cuanto al sistema de alcantarillado”, explica el alcalde.
Comenta, además, que se ha priorizado 17 proyectos en el Presupuesto Participativo para el 2024 por un monto de inversión de dos millones 500 mil soles.
Aspectos importantes de lo emprendido por la gestión son: la firma del convenio para la actualización de Catastro Multipropósito y los estudios para el Plan de Desarrollo Urbano, donde se priorizan la zonificación de usos de suelo y las proyecciones para las secciones de vías.
“Para este año tenemos programada la adquisición de un camión compactador, volquete y camión cisterna para la gestión de los residuos sólidos, con una inversión de dos millones 500 mil soles; el mejoramiento de los servicios públicos de integración económica y social en la avenida Los Incas, tramo Chinchaysuyo y Gran Chimú, por 674 mil soles, y el mejoramiento de los servicios públicos de integración económica y social en la avenida Grau, desde Chinchaysuyo hasta Gran Chimú, con un millón 543 mil soles”, informa la autoridad.
Gestión de recursos
Hay proyectos sobre los cuales el gobierno de Vásquez Sánchez ha emprendido la gestión de recursos ante el Ministerio de Vivienda. Se trata del financiamiento por nueve millones de soles para financiar el mejoramiento de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles comprendidas dentro del perímetro de la avenida Gran Chimú, Eloy Ureta, Imperio y Miguel Gray; así como el mejoramiento de las calles en el cuadrante Víctor Raúl, La Paz, Pachacútec y Gran Chimú, que demanda una inversión de ocho millones 700 mil soles.
También se busca que el Gobierno Regional de Lambayeque ayude en la ejecución de otros proyectos, a través de la asignación del presupuesto. Se trata del mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal dentro del perímetro de la avenida Grau, Ama Sua y Prolongación Chichaysuyo, en el pueblo joven Víctor Raúl Haya de la Torre, donde se propone la habilitación de drenaje pluvial con una inversión de cuatro millones 500 mil soles.
Del mismo modo, el mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de la primera, segunda y tercera etapa de la habilitación urbana municipal, con dos millones 500 mil soles, y el mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular del pueblo joven Pinos y Nogales, con siente millones 800 mil soles.
La gestión también apunta a concretar una obra fundamental como la construcción del paso a desnivel entre las avenidas Haya de la Torre y Fitzcarrald, concebido como un proyecto de integración vial, para lo cual se ha tomado la decisión de emprender la elaboración del expediente técnico.
Asimismo, se proyectan intervenciones en la avenida Imperio y las calles Inca Yupanqui, Manco Inca e Inca Roca por 350 mil soles, y el mejoramiento del servicio de espacios públicos verdes en los parques San José Obrero, Raúl Jiménez Chávez, El Niño y Miguel Grau, con una inversión de 400 mil soles. También la rehabilitación de las vías vecinales en Chacupe Alto, con 250 mil soles.
Para el parchado de calles en el casco urbano de La Victoria se destinarán 300 mil soles; 650 mil para la rehabilitación de las calles comprendidas en el cuadrante de las avenidas Grau, Gran Chimú y la calle Cahuide; la renovación de calzada en la avenida Las Ñustas, con 850 mil soles y el mejoramiento en el complejo deportivo La Unión, por 650 mil soles.
Otro avance es la formulación del expediente técnico para el mejoramiento del complejo deportivo Los Algarrobos de Chosica del Norte.
Emergencia por lluvias
El concejo municipal declaró la emergencia en el distrito por los daños causados por las lluvias, destinando 120 mil de los recursos propios de la comuna para las acciones de respuesta inmediata.
A ello se suma la transferencia de 887 mil soles desde el gobierno nacional para que el municipio continúe con las acciones de emergencia y prevención, frente a la ocurrencia del fenómeno El Niño.
Las lluvias dejaron 702 familias afectadas, 37 familias damnificadas y dos mil 210 personas afectadas.
Esto motivó la entregade dos mil 894 calaminas, 250 unidades de triplay, tres mil 379 metros de plástico, y se inició el proceso de entrega de alimentos a favor de 200 familias debidamente empadronadas.
Esto se complementó con la evacuación de aniegos con motobombas, cisternas y el apoyo del hidrojet para la liberación de desagües, así como acciones de fumigación contra el dengue.
