La violencia contra la mujer sigue siendo uno de los principales problemas de la sociedad peruana. De acuerdo al Programa Nacional Aurora, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre enero y diciembre del año pasado se registraron 170 casos de femicidio, siete de los cuales ocurrieron en Lambayeque.
El 2023 fue el año en el que más femicidios se reportaron a nivel nacional desde el 2009. Con 170, el año que pasó superó con 40 casos más a la estadística oficial del 2022. La evolución en años previos fue en torno a los 130 casos: 131 en el 2020; 136 en el 2021 y 130 en el 2022. Otro año de significativo registro fue el 2019, con 166 feminicidios.
De lo registrado en el 2023, el 91.2 % (115 casos), fueron en contra mujeres adultas; el 6.5 % (11 casos), contra niñas y adolescentes, y 4 (2.4 %) contra mujeres adultas mayores. Octubre fue el más trágico, con 21 femicidios reportados por los Centro Emergencia Mujer – CEM.
¿Quiénes fueron los feminicidas? Del total de casos, el 54.1 % fue perpetrado por la pareja de la víctima; el 18.8 % por la expareja; el 4.7 % por un familiar; el 8.2 % por un conocido y el 14.1 % por un desconocido.
Feminicidios en regiones
Lima Metropolitana fue la región con más feminicidios, al registrar 27 en total, lo que representa el 15.9 % de casos a nivel nacional. Se sigue Arequipa con 26 (15.3 %); Junín y Huánuco con 11 casos cada una (5.2 %); Cusco con 10 (5.9 %); Puno y La Libertad con 9 cada una (5.3 %); Lambayeque y Cajamarca con 7 casos (4.1 %), seguidas de Lima Provincia, 6 casos.
Con menor proporción están Ayacucho, Ica, Tacna y Ucayali, con cinco casos cada una; Piura, San Martín y Huancavelica, con 4 casos; Loreto, con 3; Callao, Apurímac, Madre de Dios, Amazonas y Pasco, con 2 casos, y Áncash y Moquegua, con 1 caso cada una.
Tentativa de feminicidio
Estadística aparte es la de tentativa de feminicidio, que sumó 258 casos en el Perú, entre enero y diciembre pasado. De acuerdo a la estadística del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre el 2009 y el 2023 se han registrado tres mil 99 casos de tentativa de feminicidio a nivel nacional.
Respecto a ello, Lambayeque, junto a Madre de Dios, reportó 4 casos, cada una. Las regiones con más casos fueron: Lima Metropolitana (80); Ica y Junín (17 cada una); Lima Provincias (14); Cusco y Huánuco (13 cada una); Áncash (12); Arequipa y San Martín (10 cada una), y Piura, 9 casos.
En las tentativas, el principal agresor fue la expareja (47.7 %), en segundo lugar la pareja (38.8 %) y en tercer lugar algún conocido de la víctima (5.8 %). El 94.2 % de víctimas fueron mujeres adultas.
Violencia sexual
Una de las cifras más altas de violencia en el Perú es la referida a la violencia sexual. Sólo entre enero y diciembre del año pasado se contabilizaron 30 mil 837 casos, de los cuales 28 mil 991; es decir, el 94 %, correspondió a mujeres.
Un total de 20 mil 279 de las mujeres víctimas tenían entre 0 y 17 años de edad; ocho mil 537, entre 18 y 59 años, y 175 más de 60 años. Otras características preocupantes es que 837 víctimas tenían alguna discapacidad física, visual, auditiva, psicosocial, intelectual, eran sordociegas o mudas.
Además, se identificaron 868 casos de reincidencia y mil 18 casos de mujeres que fueron agredidas sexualmente estando embarazadas.
El 40.6 % de casos; es decir, 12 mil 524, fueron de violación; mil 683 actos contra el pudor y 438 hostigamiento sexual.
A nivel de regiones, la mayor cantidad se registró en Lima Metropolitana, seguida de Arequipa, La Libertad, Cusco, Lima Provincias, Junín e Ica. Lambayeque se ubica entre las regiones con menor número de casos denunciados y registrados.
Violencia física
Respecto a violencia física, el año pasado los casos fueron 63 mil 726 denunciados ante los Centro Emergencia Mujer – CEM, de los cuales el 54 mil 383 tuvo como víctimas a mujeres.
En 38 mil 58 casos, el agresor mantenía una relación de pareja con la víctima; en 15 mil 425, un vínculo familiar y en 900 casos sin ningún tipo de vínculo. El 24.3 % de las víctimas tenía como mínimo secundaria completa; el 65.5 % no trabajaban y 68.4 % tenían entre 18 y 59 años de edad.
Asimismo, mil 309 víctimas tenían algún tipo de discapacidad; 87 pertenecían a las comunidades LGTBI; mil 548 estaban embarazadas y sólo la mitad de casos, 36 mil 265, fueron derivados por la Policía Nacional.
En este tipo de violencia, nuevamente se considera a Lambayeque como unas de las regiones con menos casos en comparación con Lima Metropolitana (13 mil 495 casos), Arequipa (cinco mil 711), Cusco (cuatro mil 14 casos) y La Libertad (tres mil 431 casos).
En América Latina
La violencia contra la mujer en América Latina es un fenómeno preocupante que persiste a pesar de los esfuerzos por erradicarlo. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región experimenta una tasa alarmante de feminicidios, con un promedio de 9,6 asesinatos por cada 100,000 mujeres en 2019. Estas cifras reflejan la magnitud del problema y la necesidad urgente de abordarlo.
Además de los feminicidios, otras formas de violencia de género afectan a las mujeres en América Latina. Según el informe "Violencia contra las mujeres: Femicidio en América Latina y el Caribe" de la CEPAL, se estima que el 29 % de las mujeres en la región han experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de sus vidas. Este dato revela una realidad angustiante que afecta a un gran porcentaje de la población femenina.
La discriminación de género también se manifiesta en el ámbito laboral. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las mujeres en América Latina ganan en promedio un 17 % menos que los hombres, lo que evidencia una brecha salarial persistente. Esta disparidad económica puede contribuir a la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia, ya que la dependencia económica a menudo dificulta la búsqueda de ayuda y escape.
Los desafíos legales y de acceso a la justicia también contribuyen a la perpetuación de la violencia contra la mujer en la región. A pesar de los avances en la legislación, la implementación efectiva de leyes y políticas dirigidas a prevenir y castigar la violencia de género sigue siendo un desafío. La impunidad y la falta de recursos suficientes destinados a la protección de las mujeres perpetúan un entorno donde los agresores no enfrentan consecuencias significativas por sus acciones.
La violencia contra la mujer también se ve exacerbada por la persistencia de normas culturales y estereotipos de género arraigados en la sociedad latinoamericana. La cosificación y objetivación de las mujeres, junto con la tolerancia a conductas machistas, contribuyen a la normalización de la violencia de género. Romper con estos patrones culturales es esencial para generar un cambio real en la percepción y tratamiento de las mujeres en la región.
La falta de educación y conciencia sobre los derechos de las mujeres también contribuye a la perpetuación de la violencia de género. Según la UNESCO, en algunos países latinoamericanos, las tasas de analfabetismo son más altas entre las mujeres, lo que limita su capacidad para empoderarse y buscar ayuda en situaciones de violencia. La promoción de la educación de las mujeres es clave para romper con este ciclo y fomentar una sociedad más igualitaria.
La pandemia de COVID-19 agravó aún más la situación, con un aumento alarmante de los casos de violencia doméstica. El confinamiento y las tensiones económicas asociadas a la crisis han creado un caldo de cultivo propicio para la violencia de género. Organizaciones como ONU Mujeres advierten sobre la urgencia de abordar este problema y garantizar el acceso de las mujeres a servicios de apoyo y protección durante la pandemia.
La millonaria pretensión del exconsejero regional Miguel Bazán Zárate y su esposa, Catherine Flores Neyra, tendrá que esperar. A través de un arbitraje exigían que tanto el Gobierno Regional de Lambayeque como la Municipalidad Provincial de Chiclayo los indemnicen como sociedad conyugal, por el presunto perjuicio ocasionado por la ejecución de la pavimentación de la avenida Colectora. Empero, un embargo generado a partir del caso Odebrecht contra el también exregidor de la ciudad, impide que el proceso arbitral continúe.
Los problemas en torno a la ejecución de la avenida Colectora no acaban. El expediente fue formulado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo y ejecutado, en el marco de un convenio, por el Gobierno Regional de Lambayeque, durante la gestión del exgobernador Luis Díaz Bravo.
Sin embargo, la obra no pudo ser finiquitada y, en consecuencia, liquidada debido al inicio de una demanda arbitral por parte de Flores Neyra, quien a partir de su sociedad conyugal con Bazán Zárate, reclamó haber sido supuestamente afectada por la obra, concretamente en la parcela F por lo que exigió una indemnización de 12 millones de dólares.
Se archivó denuncia
En abril del 2022, la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo archivó la denuncia presentada por Flores Neyra contra el entonces gobernador Luis Díaz Bravo y el alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, por el presunto delito de abuso de autoridad.
La denunciante argumentó que la ejecución de la avenida Colectora la había afectado directamente, a ocupar parte de su propiedad, la parcela F del expredio San Jacinto, que tenía como titular al exconsejero Miguel Bazán Zárate.
Empero, el Ministerio Público detectó que la titularidad del predio se había dado tras una serie de transferencias, pese a que existía una orden judicial respecto de inhibición sobre las propiedades de Bazán Zárate, investigado en el marco del caso Odebrecht por su actuación como consejero regional de Lambayeque en la aprobación de adendas sobre los contratos de concesión del Proyecto Olmos.
Por tales consideraciones, Bazán Zárate estaba impedido de transferir el 50 % de acciones correspondientes al predio a favor de Flores Neyra. Otro de los hechos que valoró la fiscalía fue el inusual incremento del valor comercial del predio presuntamente afectado, pues la denunciante lo había valuado en más de 11 millones de dólares, cuando meses antes de la denuncia, al momento de la partición de acciones se había tasado en 22 mil soles.
En consecuencia, el fiscal del caso, Javier Quiroz Grosso, decidió archivar la denuncia, meritando, además, que ni el gobernador regional ni el alcalde eran quienes aprobaban los expedientes técnicos de una obra pública.
Arbitraje
Aun cuando inicialmente Flores Neyra había informado que se desistía del inicio de un arbitraje para hacer valer su pretensión indemnizatoria, este finalmente se inició, quedando paralizado el 28 de diciembre pasado.
Esto porque se ha tomado en consideración que Bazán Zárate es investigado por el presunto delito de colusión agravada en el Expediente n.° 02-2022, ante el Juzgado Nacional Permanente de Investigación Preparatoria, en cuyo trámite la Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht ha pedido que los involucrados (Caso Proyecto Olmos), paguen al Estado Peruano una reparación civil de más de 60 millones de dólares, habiéndose establecido un embargo de bienes y, por lo tanto, la inhibición sobre los mismos, contra el exconsejero por uno monto que ascendería a 22 millones de dólares.
Dentro de esos bienes figura la parcela F del exfundo San Jacinto, habiéndose configurado la conexidad entre el embargo e inhibición por el Caso Odebrecht y el proceso arbitral iniciado por Flores Neyra, razón para haberse dispuesto la suspensión del segundo procedimiento.
El arbitraje se inició ante el Centro de Arbitraje y Junta de Resolución de Disputas Ad Hoc de Lima.
Desde el 2020, Lambayeque se ubica entre el octavo y séptimo lugar en el Índice de Competitividad Regional elaborado por el Instituto Peruano de Economía – IPE. Atrás quedaron las veces en las que la región se ubicaba entre las cinco más sobresalientes del país, tras la evaluación del entorno económico, infraestructura, salud, educación, el aspecto laboral y el institucional.
Los resultados nacionales ubican a Lima Metropolitana como la región más competitiva en el país, seguida de Moquegua, Tacna, Arequipa e Ica, siendo estas las regiones con mejor desempeño en el 2023. Toda corresponden a la región centro y sur.
En sexta ubicación se encuentra Lima Provincias y en el séptimo lugar, Lambayeque. Luego se encuentran Tumbes, Cusco y La Libertad, siendo éstas las diez regiones “más competitivas” según el IPE.
De la macrorregión norte, Piura alcanzó el puesto 14 y Cajamarca el 22. Las regiones menos competitivas, al 2023, fueron Huánuco, Ucayali y Loreto.
En el 2022, Lambayeque estuvo también en el séptimo lugar; sexto en el 2021 y octavo, en el 2020.
Entorno económico
El pilar Entorno Económico se conforma con dos conjuntos de indicadores. El primero se enfoca en aspectos vinculados a la actividad económica regional, como el Producto Interno Bruto - PBI, PBI per cápita, el stock de capital por trabajador y el presupuesto público. El segundo conjunto engloba indicadores que evalúan la capacidad adquisitiva de la población, manifestada en sus niveles de gasto mensual y la utilización de servicios financieros.
En el ranking, Lambayeque se ubica en el puesto 8, superado por Moquegua, Lima Metropolitana, Arequipa, Ica, Tacna, Áncash y Cusco. Una lectura positiva que se puede dar del reporte es que todas las regiones mejor ubicadas tienen actividad minera y, en consecuencia, tienen mayores recursos. Sin embargo, entre las regiones con peor entorno económico están Cajamarca, Ucayali y Puno, ocupando los puestos 23, 24 y 25, respectivamente.
En el 2020, el entorno económico de Lambayeque la ubicó en el décimo puesto a nivel nacional; séptimo en el 2021 y noveno en el 2022. De las 25 regiones en el Perú, es la región con peor presupuesto público per cápita mensual, al llegar sólo a 308 soles por persona. En este aspecto se ocupa el puesto 25.
Infraestructura
El pilar Infraestructura analiza tres clases de indicadores. En primer lugar, se evalúa el acceso efectivo a servicios básicos mediante la cobertura de tres servicios esenciales: electricidad, agua y desagüe. También se considera el precio promedio de la electricidad y la disponibilidad continua del servicio de agua. La segunda categoría se centra en la condición de la red vial, examinando la proporción de vías departamentales y vecinales pavimentadas o afirmadas. Por último, se examina la disponibilidad del servicio de telecomunicaciones a través de indicadores que miden el acceso a internet fijo y a telefonía e internet móvil.
Lambayeque está en quinto puesto a nivel nacional en acceso a electricidad, agua y desagüe, nuevamente superada sólo por regiones del sur. Respecto al precio medio de electricidad de usuarios regulados, ocupa el primer puesto, al tener el costo más barato por consumo eléctrico, y el puesto 22 de 25 regiones en relación a la red vial local pavimentada o afirmada. La región con mejor infraestructura vial después de Lima Metropolitana es Moquegua.
Sobre continuidad en la provisión de agua, Lambayeque está en el puesto 19 y en el puesto 12 respecto al acceso a telefonía e internet móvil. Al analizarse el acceso a internet fijo, Lambayeque ocupa el puesto 6, mientras que en densidad del transporte aéreo nacional el puesto 12.
Salud
El pilar Salud contempla tres áreas para evaluar la competitividad de las regiones. En primer lugar, examina el estado general de la salud de la población y el acceso a servicios de salud, utilizando indicadores como la esperanza de vida al nacer y la cobertura del personal médico. En segundo lugar, aborda el estado de la salud infantil, aproximándose a través de indicadores de desnutrición crónica, prevalencia de anemia y vacunación básica. Finalmente, evalúa la salud materna a partir de la proporción de partos institucionales.
De acuerdo a los resultados, Lambayeque es la tercera región con mayor esperanza de vida al nacer, la novena en desnutrición crónica y la séptima con prevalencia de anemia. De las 25 regiones del país, ocupa el puesto 20 respecto a vacunación, indicador que se mide por la tableta de vacunas completas en niños menores de 36 meses de edad.
Es la quinta región en cobertura con personal médico y la 18 con partos institucionalizados.
Educación
Este pilar se centra en dos grandes aspectos. Por un lado, evalúa el proceso educativo de los estudiantes en el nivel básico, mediante factores como la asistencia escolar, el desempeño en pruebas de comprensión lectora y matemática (para primaria y secundaria), así como la infraestructura de las escuelas en términos de acceso a servicios básicos e internet. Además, incluye indicadores que reflejan el logro educativo de la población adulta, entre ellos la tasa de analfabetismo y el porcentaje de la población con al menos educación secundaria completa.
Lambayeque es la décima región en analfabetismo, ocupa el puesto 20 en asistencia escolar, el séptimo con población con estudios secundarios y superiores, el puesto 17 en rendimiento escolar en primaria, y el puesto 15 en rendimiento escolar en secundaria. Asimismo, ocupa el octavo puesto con colegios con los tres servicios básicos y también por colegios con acceso a internet.
Laboral
La competitividad en el pilar Laboral comprende tres ámbitos. El primero relaciona las condiciones de trabajo e ingresos de la población ocupada. El segundo mide las brechas entre hombres y mujeres, tanto en los ingresos como en la participación laboral. Finalmente, el indicador fuerza laboral educada busca captar el nivel de capital humano de los trabajadores que participan en la economía.
Lambayeque cayó tres ubicaciones en el pilar Laboral ante un estancamiento o retroceso en los indicadores de ingreso mensual por trabajo, fuerza laboral educada y formalidad laboral.
Por ingreso mensual por trabajo, Lambayeque ocupa el puesto 11 a nivel nacional. El ingreso promedio por trabajador es de S/1,730. En brecha de género en ingresos laborales, es la región que ocupa el puesto 17 y la novena con empleo adecuado. Respecto a fuerza laboral educada, Lambayeque tiene el octavo lugar y el noveno en formalidad laboral. Asimismo, el puesto 17 en formalidad laboral no agropecuaria y el sexto en densidad del empleo formal asalariado privado. Sobre brecha de género en participación laboral, ocupa el puesto 18.
Instituciones
El pilar Instituciones aborda cuatro áreas para evaluar la competitividad de las regiones. En primer lugar, examina la gestión pública a través de la ejecución de la inversión pública, la recaudación municipal por habitante y la percepción sobre la gestión de los gobiernos regionales. En otro ámbito, se enfoca en la inseguridad ciudadana mediante indicadores de victimización y homicidios. La tercera área incluye un indicador de conflictividad social en la región. Finalmente, se analiza la eficiencia del sistema de justicia a través de la resolución de expedientes judiciales.
En el 2023, Lambayeque fue la décimo tercera región en ejecución de la inversión pública; ocupó el puesto 24 de 25 en percepción de la gestión pública regional; la quinta región con menor conflictividad social, la cuarta en victimización por hechos delictivos, la séptima en homicidios, la décimo segunda en recaudación municipal por habitante y la décimo quinta en resolución de expedientes judiciales.
Millonaria es la cifra de recursos que el Gobierno Regional de Lambayeque, los municipios del departamento y dependencia del gobierno nacional dejaron de ejecutar en el 2023, pese a las serias carencias de infraestructura de desarrollo que afectan a la población. Una revisión a lo informado por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, indica que el monto supera los 600 millones de soles.
En total, se trata de 618 millones de soles, que bien hubieran podido ayudar a reducir las brechas de accesibilidad y servicios básicos que tiene Lambayeque.
Por ejemplo, la brecha de saneamiento en el departamento, según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es de tres mil 643 millones de soles; la brecha de infraestructura en salud, según el Ministerio de Salud, es de cuatro mil cuatro millones de soles, en tanto la brecha de infraestructura vial, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es de 273 millones de soles.
Es decir, con el dinero no gastado por el gobierno regional y los gobiernos locales en el 2023, destinado a proyectos de inversión (obras públicas), fácilmente se habría resuelto más de dos veces la brecha en carreteras pavimentadas en el departamento.
Un reciente estudio de Comex Perú señala que a nivel nacional el año pasado se dejaron de gastar más de 25 mil millones de soles, dinero con el cual se hubieran construido, por ejemplo, cinco 111 postas médicas; 162 hospitales de complejidad media; 21 hospitales de alta complejidad; se hubiera pavimentado el total de la red vial nacional; el 13 % de las vías departamentales y vecinales; reducido el 17 % de la brecha de infraestructura educativa; el 62 % de la brecha de saneamiento o cubierto el 7 % de la brecha de infraestructura de largo plazo.
Realidad regional
El Gobierno Regional de Lambayeque recibió el año pasado 722 millones 844 mil 737 soles como presupuesto para proyectos de inversión (obras), de los cuales, al 31 de diciembre, según reporta el MEF, sólo ejecutó el 64.4 %; es decir, 465 millones 506 mil 479 soles.
Ello significa que el gobierno regional dejó de ejecutar en el ejercicio 2023, 257 millones 338 mil 258 soles.
La situación se torna crítica al analizar a las unidades ejecutoras del gobierno regional. Así, por ejemplo, se tiene que la Sede Central, que incluye a la Gerencia Regional de Infraestructura, sólo ejecutó el 37 % de los 322 millones 883 mil 63 soles recibidos. Lo que se dejó de gastar asciende a 203 millones 470 mil 790 soles.
Chiclayo
En la provincia de Chiclayo, los 20 municipios que la conforman recibieron, en suma, 298 millones 382 mil 442 soles, de los cuales se ejecutó el 57.4 %, equivalente a 171 millones 188 mil 311. Lo que se dejó de gastar en toda la provincia, asciende a 127 millones 194 mil 131 soles.
La Municipalidad Provincial de Chiclayo recibió 73 millones 56 mil 243 soles, gastó sólo 20 millones 14 mil 846 soles. La diferencia asciende a 53 millones 41 mil 397 soles.
La comuna de Chongoyape dejó de gastar 2 millones 487 mil 24 soles; en Ciudad Eten, 369 mil 255 soles; en José Leonardo Ortiz, 21 millones 380 mil 731 soles; cinco millones 614 mil 954 soles, y en la comuna de Lagunas, un millón 73 mil 809 mil soles.
Monsefú no ejecutó 470 mil 691 soles; Nueva Arica, tres millones 573 mil 928 soles; Oyotún, nueve millones 247 mil 379 soles; Picsi, seis millones 911 mil 83 soles; tres millones 709 mil 950 soles; Reque, dos millones 89 mil 730 soles y Zaña, un millón 982 mil 220 soles.
Cayaltí no gastó tres millones 65 mil 231 soles; Pátapo, un millón 31 mil 593 soles; Pucalá, un millón 265 mil 354 soles y Tumán, cinco millones 741 mil 673 soles.
Ferreñafe
La provincia de Ferreñafe, conformada por cinco distritos, recibió en total 72 millones 460 mil 299 soles para obras, habiendo ejecutado el 80.8 %, que representa 58 millones 514 mil 757 soles. Lo que faltó ejecutó suma 13 millones 945 mil 532 soles.
El municipio de Ferreñafe recibió como presupuesto de inversiones 14 millones 723 mil 36 soles, de los cuales ejecutó el 62.1 %, ascendente a nueve millones 149 mil 803 soles. Dejó de gastar cinco millones 573 mil 233 soles.
Incahuasi no gastó dos millones 78 mil 217 soles; Manuel Antonio Mesones Muro, un millón 38 mil 837 soles y Pítipo, tres millones 899 mil 973 soles.
Lambayeque
En Lambayeque provincia, donde existen 12 distritos, el presupuesto de inversiones en el 2023 fue de 242 millones 850 mil 442 soles. Lo ejecutado al 31 de diciembre fue de 121 millones 202 mil 475 soles, equivalentes al 49.9 %. Lo que no se ejecutó asciende a 121 millones 647 mil 967 soles.
La Municipalidad Provincial de Lambayeque recibió 75 millones 838 mil 579 soles, ejecutando el 42.7 %, equivalente a 32 millones 420 mil 124 soles. Se dejó de ejecutar en total 43 millones 418 mil 455 soles.
Chóchope no ejecutó un millón 288 mil 993 soles; Íllimo, 10 millones 569 mil 558; Jayanca, ocho millones 355 mil 820; Mochumí, tres millones 798 mil 92 soles y Mórrope, cuatro millones 523 mil 524 soles.
Motupe, 11 millones 880 mil 678 soles; Olmos, 12 millones 395 mil 972; Pacora, un millón 950 mil 327; Salas, 15 millones 150 mil 734 soles, San José, un millón 939 mil 541 y Túcume, seis millones 376 mil 540 soles.
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