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¿NEGOCIADO CON LA CUPONERA DE TRIBUTOS MUNICIPALES EN EL CGT?

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 984

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Además, institución le compra moderno celular al jefe del ex SATCH, y tres meses después se gastan cerca de 2 mil soles más en otro moderno equipo ante presunto robo

 

 

A pesar que personal de Control Interno del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo viene auditando las compras y adquisiciones realizadas durante el año 2015 y lo que va del presente año, durante la gestión de Nilton Monje Sampén,  las acciones de presuntas sobrevaloraciones y compras fantasmas no tienen cuando acabar, a tal punto que de haber pagado 19 mil 778.30 soles por la impresión de 70 mil cuponeras de tributos municipales durante el año 2015, en el año 2016 se consigna que se ha pagado 31 mil 500 soles por una misma cantidad de cuponeras; es decir, habría un exceso de 11 mil 721. 7 soles.

 

De acuerdo al contrato N° 001-2015/SATCH firmado en ese tiempo por Avelino Ponce de León, en calidad de Jefe del ex SATCH, y Carlos Gregorio Vásquez Bau, gerente general de Grafiinversiones SRL, con domicilio legal en el jirón Atahualpa N° 569, en la Urb. María La Libertad en Trujillo, el área de abastecimiento del ex SATCH sacó a licitación la “Adquisición de Declaración Jurada del año Fiscal 2015”; en otras palabras, la Cuponera de Tributos Municipales 2015, por un valor de 22 mil 765.50 nuevos soles, incluyendo todos los impuestos de Ley, gastos de transporte, flete y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo total de los bienes a adquirir.

 

TRES MIL SOLES MENOS

El jefe de Abastecimiento y Control Patrimonial, luego de evaluar la propuesta técnica y económica de los postores que se presentaron determinó por declarar como ganador y otorgar la buena pro del proceso de adjudicación de menor cuantía N° 001-2015- Abast/SATCH, primera convocatoria, a la empresa Grafiinversiones SRL, identificado con RUC N° 20208568826.  

 

El contrato suscrito demanda la adquisición de declaración jurada del año fiscal 2015 por el monto de 19 mil 778.30 soles, incluyendo los impuestos de  Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de los bienes y con un plazo de entrega de 15 días calendario.

 

La licitación contempla la impresión de 70 millares de hoja resumen -HR, 100 millares de hoja resumen para Predio Urbano –PU, 1 millar de hoja resumen para Predio Rural –PR, 5 millares de Hoja Resumen para Patrimonio Vehicular –PV, y 70 millares de cuponera de tributos municipales 2015.

 

¿NEGOCIADO 2016?        

De igual manera, en el año 2016, ya en la gestión de Nilton Monje Sampén, su primer gasto de la Apertura del Presupuesto de Inicio de Año, se convoca la adquisición de las cuponeras de Tributos Municipales para el año 2016, pero en esta ocasión ya no para el SATCH sino para el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT, pues la entidad recaudadora había cambiado de nombre.  

 

La licitación, teniendo como base legal la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, se desarrolló teniendo como solicitado, según información colgada por el mismo ente recaudador en el portal institucional, un pago de 31 mil 500 soles por la impresión y compra de 70 millares de cartillas de cuponera de tributos municipales.

De igual manera, el personal del CGT responsable de cargar la información de gasto de 35 mil 500 soles, en el portal de transparencia hace conocer a la opinión pública que para el presente año la cuponera y sus accesorios han sido requeridos a la empresa Emdecosege S.A, identificada con RUC N° 20479566250, la que ha sido ganadora de la buena pro.

 

El contrato del presente año demanda, según lo descargado en el portal de transparencia, la impresión de 8 millares de hoja de predio rustico -PR, 8 millares de hojas de Propiedad Vehicular –PV, 100 millares de hojas de Predio Urbano –PU, y 70 millares hojas de resumen, impresas a full color tal y como detalla el cuadro comparativo, que tiene como referente las cuponeras y hoja resumen de tributos municipales impresas en años anteriores.

 

Lo que llama la atención de la primera adquisición del año 2016, es que en el año 2015 a

la empresa Grafiinversiones SRL se le paga la suma de 19 mil 778.30 soles, incluyendo los impuestos de  Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de los bienes solicitados.

 

La licitación del año 2015 contempla la impresión de 70 millares de hoja resumen -HR, 100 millares de hoja resumen para Predio Urbano –PU, 1 millar de hoja resumen para Predio Rural –PR, 5 millares de Hoja Resumen para Patrimonio Vehicular –PV, y 70 millares de cuponera de tributos municipales.

 

¿LA UTILIDAD?

Pero, en el año 2016 se paga la suma de 31 mil 500 nuevos soles, lo que significa que se estaría pagando de más la suma de 11 mil 721. 7 soles, por una cantidad de impresos casi similar de todos los años, pues la base tributaria de la Capital de la Amistad no exceden  los 70 mil contribuyentes.

 

De igual manera, en el portal institucional se consigna que la compra de las cuponeras de tributos municipales del año 2016 se hicieron teniendo como referencia el informe N° 05.3-010-00000012-2016 y proveído N° 29-2016 y requerimiento N° 176. Además, se consigna que al proveedor se le pagó el 18 de marzo del presente año la suma de 31 mil 500 soles por el concepto de impresión de cuponeras.

 

De igual manera, para las contribuyentes que durante el tercer y cuarto mes del presente año recibieron en sus hogares la cuponera de Tributos Municipales 2016, se percataron que el ente recaudador  les aplicó un cobró de 6.90 soles bajo el concepto de gastos administrativos, lo cual le significa un ingreso al ente recaudador obtuvo un ingreso de 48 mil 300 soles por la “venta de la cuponera de tributos municipales” entre los 70 mil contribuyentes con que se cuenta en la base de datos.

 

OTRA ORDEN  DE COMPRA

Lo que llama poderosamente la atención de la búsqueda que se hizo en el portal de transparencia del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, es que también existe la orden de compra Nº 11 del 29 de enero del año 2016, por el monto de 31 mil 500 nuevos soles, y a favor de la misma empresa.

 

Preocupa al personal de la Oficina de Control Institucional –OCI, que dicho monto se encuentre girado a la empresa Emdecosege S.A, lo que significaría que habría doble impresión de cuponeras y que existiría una doble impresión que demanda la inmediata intervención de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, para que intervenga el área de abastecimientos y la oficina de Sistemas para obtener copia de los documentos de las adquisiciones.

 

LOS CELULARES DEL JEFE

Dentro de los informes de gastos plasmados en el portal de trasparencia del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, se consigna el de un pago por la suma de 287 soles con 40 céntimos como concepto del pago de una sexta cuota por compra de un equipo celular para el jefe del CGT, Nilton Monje Sampén, marca Samsung de modelo SM-G9201i de 32 gigas, color negro y con  número de serie N° 357215066780837.

 

Además, se añade que el pago será en 6 cuotas mensuales, según lo coordinado con el departamento de Recursos Humanos a cargo de Milagros Huamán Paredes, de acuerdo a la afectación presupuestaria N° 2015000734 y requerimiento N° 20150000658 y asiento contable N° 2015000671. El pago se hizo el 15 de enero último.

 

Sin embargo, tres meses después, el 6 de abril pasado, se autoriza el pago de 1,759 soles por concepto de compra de equipo celular marca Sansung, modelo  S6, de 32 gigas, supuestamente para ser asignado a algún funcionario de importancia del ente recaudador.

 

De acuerdo al número de pedido, 296075516, la compra del equipo se hace en reposición de robo de equipo celular, según se había detallado en el informe N° 05.4-010-000008-2016 y memorando N° 05-012-0000021-2016, con requerimiento N° 399 y afectación N° 332 y recibo C050-5254790.

Lo extraño es que al momento en que en el portal de transparencia se descarga el gasto de dinero por la compra del moderno equipo celular en calidad de reposición, se hace mención que el requerimiento es por robo, pero no se especifica el N° de denuncia policial, así como la unidad donde se hizo conocer el acto delictuoso, y quien fue la persona que fue víctima de la inseguridad ciudadana.

 

9 MIL SOLES EN BAÑO

El último 22 de junio, el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo pagó a la constructora Coso SRL, la suma de  4 mil 500 soles como concepto de adelanto del 50% por trabajo contratado para arreglo de baño de varones, ubicado en el segundo piso del local del CGT, ubicado en la Av. Balta N° 820.

 

El trabajo consistía en arreglos y mejoras de gasfitería, cambio de tuberías de agua y desagüe, albañilería, sistema eléctrico, cambio de inodoros, cerámico y colocación de caño para uso de aseo de personal. La obra realizaba en un pequeño ambiente de 70 centímetros por metros 20, se ejecutó según el informe N° 06.4-010-0000167-2016, referencia  O/S-429-2016, y teniendo como base el contrato de fecha 28 de junio del año 2016 y factura N° 0001-000014 de fecha 22 de setiembre del año 2016.

 

De acuerdo a la revisión de la Ficha Ruc de la Superintendencia de Administración Tributaria, la Constructora Coso SRL muestra como dirección el Jirón Miramar N° 49 del Centro Contralmirante Villar, en Zorritos, Tumbes, como referencia ofrece se ubica a espaldas de la Panadería don Beto.

 

Asimismo, se muestra que la gerencia general recae sobre Saúl Orlanedo Chunga Torres, quien  además señala como sucursal la dirección de la Mz. G1- Lote. 20, del  Asentamiento Humano “Señor de los Milagros de la Pradera, en Chiclayo, Lambayeque.

Fuentes allegadas a Control Interno del CGT, hicieron trascender que el arreglo del baño de varones del ente recaudador, habría costado la suma de 9 mil soles, y el saldo restante estaría por ser cobrado. La suma de dinero pagada ha hecho despertar la sospecha que se habría construido un nuevo, moderno y amplio servicio higiénico con más de una batería, lavaderos y urinarios.

 

PINTADO DE FACHADA

El 8 de junio del presente año el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo contrata los servicios de la Constructora Coso SRL para el pintado del local institucional ubicado en la Av. Balta N° 820. Por el trabajo, la mencionada empresa cobra la suma de 23 mil soles, precio que llama poderosamente la atención del personal de Control Interno.   

 

Ese día, el 8 de junio, al representante de la empresa se le otorga el 50% del costo de la obra a desarrollar; es decir, se le paga la suma de 11 mil 500 soles, monto que se le hace efectivo teniendo como referencia el memorando N° 01-012-00000280 y se cobra con la factura N° 0001-000006.

 

De igual manera, el 22 de junio se vuelve a pagar 11 mil 500 soles más como concepto del saldo restante, al darse conformidad al pintado del local del ex SATCH, cuya obra no curó ni quince días. El cobro se hace mediante la informe N° 06.4-010-0000100 y la factura N° 0001- 000008 fechada el 21 de junio del 2016.

 

POLOS Y CHALECOS

Lo que también ha llamado la atención es que en el CGT en tan solo dos meses, mayo y junio, se han gastado la suma de 17 mil soles entre polos y chalecos para identificar al personal y como publicidad e imagen institucional.

 

El primer gasto se hizo el 5 de mayo pasado con la compra de chalecos de dril, con logo color azul del CGT, destinados para el personal de campo con el objetivo de identificarlos como estrategia de imagen institucional. El gasto se hizo teniendo como referencia el  informe N° 07-010-000000052-2016 y se cobró con la Boleta de Venta 004-000003 perteneciente a Jorge Carlos Carrillo Reyes.

 

De igual manera, el 11 de junio se vuelve a hacer un gasto de 3 mil soles a favor de Jorge Carlos Carrillo Reyes, por concepto de compra de polos en algodón peinado, con logo bordado y en la espalda el estampado del CGT, con cuello azulino. La mercadería  fue requerida para publicidad de mercado. El monto fue cobrado mediante boleta de venta N° 004-000010.

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AHORA QUIERE DAR CLASES DE PERIODÍSMO Y AMENAZA CON DEMANDA: JAVIER LLORACH SIGUE ACUSANDO A JORGE INCHÁUS

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 984

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En carta insiste que ex gerente de Urbanismo de la MPCH no tiene derecho a la defensa y muchos menos a la libertad de expresión. Familiares salen en defensa y exponen a la luz pública relación desde antaño.

 

En una actitud de coacción y atentado contra la libertad de prensa, una vez más Javier Francisco Llorach Paredes, identificado con DNI N° 16770097, pretende imponer y se publique, lo que a su criterio cree es su verdad absoluta, tratando de evitar que el ex funcionario Jorge Incháustegui Samamé, quien actualmente está detenido en el penal de Picsi al pesar sobre él una investigación, no un proceso, sobre presuntos actos de corrupción en la gestión del ex alcalde Roberto Torres Gonzales, haga uso de la libertad de expresión, derecho constitucional que lo ampara en su defensa contra la persona que lo acusa y que lo ha llevado a estar privado de su libertad, más no de sus derechos de ciudadano.

 

Javier Francisco Llorach Paredes, pretende que se publique no sólo su carta de rectificación ya publicada en edición pasada y con el derecho a réplica de Incháustegui Samamé, sino fundamentalmente una carta de respuesta o réplica de 12 páginas que contiene una serie de epítetos que denigran la imagen de cualquier persona que aún no es procesada y mucho menos sentenciada, pero sin embargo es tildado de: “miembro de una red delictiva”, “Realidad delincuencial que padeció Chiclayo cuando estaba en apogeo la mafia municipal que fue desarticulada desde Lima”, “Que era la fuente principal de ingresos de la gran mafia denominada “Los Limpios de la Corrupción”, la cual era liderada por el procesado Roberto Torres quien actuaba en concertación con su equipo de gerentes municipales”, en fin tantas frases agravantes y denigrantes más.

 

Además, su pedido de réplica absoluta lo ampara en la sentencia con precedente vinculante N° 3362-2004 –PA del Tribunal Constitucional, máximo ente de todo Estado libre, independiente y democrático que cautela el derecho de las personas, pero no toma como referente que:    

 

“El Tribunal Constitucional ha señalado que la obligación de rectificar informaciones inexactas o agraviantes al honor o a la buena reputación, tiene por finalidad, a la par de contribuir con una correcta formación de la opinión pública libre, la de corregir informaciones sobre hechos inexactos que hayan sido propalados mediante el ejercicio de la libertad de información, esto es, informaciones cuyo carácter material permita determinar que se trata de informaciones no veraces, o que hayan sido formuladas como consecuencia de no observarse una conducta razonablemente diligente para agenciarse de los hechos noticiosos que podrían ser objeto de información”.

 

Además, la sentencia N° 4034-2010-PA/ del Tribunal Constitucional añade que son dos los supuestos frente a los cuales se puede solicitar la rectificación. Uno es cuando se difunda información inexacta, lo cual es falso; pues se ha tomado las declaraciones de ambas partes y sea la opinión pública la que se genere un concepto; y dos; cuando se agravie el honor de una persona, lo cual no se ha hecho, porque simple y llanamente hemos sido el medio por el cual las partes han hecho público su actuar desde años atrás, y es la comunidad la que dará juicio de ello.

 

En tal sentido no nos encontramos ante el supuesto de información inexacta ni ante el supuesto de afectación del derecho al honor del recurrente.  Por ello, cabe aclarar que el Semanario Expresión ha publicado la carta enviada por el investigado Jorge Incháustegui Samamé, lo cual ha generado la reacción de Javier Francisco Llorach Paredes respondiendo a un documento enviado por Jorge Incháustegui, quien está privado de su libertad, más no de sus derechos de persona y ciudadano.

 

LORACH VS FAMILIA

Javier Llorach, en su carta, cuestiona el titular “Venganza Peligrosa con verdades a medias”, y señala que denigra su derecho constitucional de rectificación, argumentando que de plano se le ha etiquetado el rótulo de “venganza”, poniendo en duda lo que dice en su misiva, y se insiste en la hipótesis inicial de una supuesta “enemistad” con Jorge Incháustegui.

 

Añade que a pesar de las graves imputaciones formuladas por el Ministerio Público, jamás ha mantenido enemistad personal, situación que en lo absoluto impide que en su calidad de ciudadano presente documentos para que la opinión pública pueda apreciar cómo es que estas personas trabajaban en coordinación para el logro de sus fines.

 

“Mi accionar es congruente con la realidad, a la luz de sus evidencias documentales que he presentado, en donde he demostrado que la paralización de una de mis varias obras de construcción, fue promovida por el señor Chávez Loya, quien no era vecino de la obra, pero sí cuñado del arquitecto Incháustegui”, refiere en su misiva.

 

Agrega que con esta imagen, deja en claro que el cuñado del arquitecto Incháustegui actuó como “apoderado”, pues no residía en el predio colindante sino que se presentó desinteresadamente a los propietarios para pedir un poder y así denunciar a su empresa nada menos que ante su propio cuñado.

 

El Semanario Expresión, en aras de la verdad y la transparencia, trató de encontrar la respuesta de Jorge Incháustegui, pero al ser imposible por la premura del tiempo, buscó a sus familiares, Elena Horna de Incháustegui, su esposa; y Milagros Incháustegui de Chávez, su hermana, quienes conocedoras de los pormenores señalaron que el trato entre Javier Llorach Paredes y  Jorge incháustegui, fue normal en un inicio.

 

“Llorach” realizaba sus gestiones y nunca tuvo problemas con Jorge Inchaustegui ni con el personal, hasta que el arquitecto Llorach infringió la normativa y solicito permisos que eran improcedentes de atender.

 

Es así – relatan los familiares de Jorge Incháustegui- que en el año 2008  Llorach, en representación de su empresa J.E.L SAC  firma un contrato de asociación y participación con la propietaria del inmueble signado con el N° 496 de la calle Los Sauces, Isabel Servigon de Nakasaki, tramitando y obteniendo la licencia para construir un edificio multifamiliar de cinco niveles.

 

“Hasta allí todo bien, pues había obtenido la licencia N° 2937-2009 y firma contrato con la propietaria del terreno, el cual establecía penalidades en caso de incumplimiento de plazos. La propietaria  entregaba el terreno y la empresa del arquitecto Llorach construiría cinco niveles y entregaba el primer nivel a la propietaria”, señalan.

 

Sin embargo, Llorach no habría respetado las normas y las disposiciones de las áreas responsables y de seguir los procedimientos que la ley contempla, procedió en manera inconsulta, sin autorización y menor conocimiento de la municipalidad a construir dos niveles extras; es decir, un sexto y un sétimo piso.

 

“Esa acción constituye obviamente una falta que es sancionada con la paralización inmediata de toda la edificación y la demolición de lo construido sin autorización. Producto de esta grave infracción, que no solo afecta el perfil urbano de Chiclayo sino que también pone en cuestión el verdadero soporte y calculo estructural; es decir, la estructura estaba diseñada para cinco pisos pero le ponen dos más, lo cual debido al peso afectó el inmueble continuo, signado con el Nº 181-01 de la calle Paita, en la Urb. Santa Victoria”, explicaron.

 

El inmueble afectado por la irregular construcción es propiedad de Jorge Herrera  Segura  y lo tenía alquilado; pero es el inquilino quien da cuenta de lo sucedido al propietario, quien radica en la ciudad de Trujillo.

 

“El propietario inmediatamente se comunicó telefónicamente  con el arquitecto Fernando Chávez Loya para que como profesional y amigo, vaya al inmueble, verifique e informe lo sucedido, pero es el hecho que entre Fernando Chávez y Javier Llorach existía una enemistad desde el año 2008 cuando dentro del Jockey Club se ejecutaba un plan de habilitación urbana, la que fue cuestionada por la nueva directiva y donde Javier Llorach era miembro, y sería quien promovió la expulsión del club de Giovanni Leigthing, presidente del Jockey,  así como de Fernando Chávez Loya y de Cesar Vásquez  Merino.

 

MAYOR RIVALIDAD

Paralelamente a estos hechos,  la gerencia de Urbanismo de la Municipalidad de Chiclayo, toma conocimiento del hecho y el Sub Gerente de Control Urbano, el arquitecto Henry Arrivasplata, con fecha 31 de marzo del 2009 inspecciona la obra y emite la notificación preventiva correspondiente y ordena la paralización de la construcción  lo cual no es acatado por Javier Llorach Paredes. 

 

Ante la gravedad de los hechos, el  arquitecto Jorge Incháustegui Samamé previo Informe Técnico de la Sub Gerencia de Control Urbano, emite la Resolución  gerencial Nº 123-2009 del 25 de setiembre del año 2009  disponiendo  la paralización inmediata de los trabajos, lo cual provoca la reacción del arquitecto Javier Llorach Paredes  contra su persona, responsabilizándolo por no haberle autorizado su ampliación y actuar  parcializado por su cuñado el arquitecto Fernando Chávez Loya.  

 

Con la finalidad de evitar un conflicto  de intereses ya  que Javier Llorach vuelve a detallar que Chávez Loya, es cuñado de Incháustegui  éste último envió un informe a la alcaldía solicitando  lo  inhiban de seguir conduciendo el proceso en atención a que existiría un conflicto entre dos profesionales y uno de ellos sería su cuñado, esta solicitud es aceptada y mediante resolución de Gerencia General Nº 264-2009-GPCH se dispone la inhibición de Inchaustegui y encargan la Sub Gerente de obras privadas.

 

Sin embargo, a pesar de tener resolución de paralización de obra y denuncia interpuesta,

Llorach Paredes continuó con los trabajos lo que motivo que la Gerencia de urbanismo le imponga la infracción por desacato a la orden de paralización  de obra equivalente a 10 UIT y dispusiera posteriormente la resolución que ordenaba la demolición de lo construido antirreglamentariamente (La Resolución  N°67-2010-MPCH-GU y la Resolución GU-109-2010-MPCH GU DEL 23/08/2010).

 

SE DEFIENDE

Llorach siguen desestimando el trabajo de la prensa local y señala que ante el destape de la red de corrupción mafiosa que se había enquistado en la Municipalidad de Chiclayo, fueron los medios de comunicación de Lima los que buscaron referentes en el estamento profesional de esta ciudad, que dieron luces sobre diversas irregularidades que se venían cometiendo tanto en materia de licencias municipales, como en obras públicas.

 

“Dejo en claro que fueron los medios de comunicación de Lima, quienes en cumplimiento de su trabajo buscaron a los profesionales de los sectores afectados para la obtención de la información, pero en ningún caso fue al revés, pues de haber sido así como maliciosamente se pretende dar a entender, existirían declaraciones mías de fecha anterior al destape de la red de corrupción municipal, lo cual descarto de plano”, indica.
A su turno, Elena Horna de Incháustegu y Milagros Incháustegui de Chávez, esposas de las personas que Llorach indica como responsables de haber sido afectado cuando construía un edificio en la urbanización Santa Victoria, se atreven a afirmar que después de lo narrado por Llorach, a causa de haber sido infraccionado por la gerencia de Urbanismo cuando Jorge Incháustegui  era gerente, con la paralización de su obra. Luego demandado por el cuñado de éste por 140 mil dólares, multado con 21 mil 600 soles y por ultimo obligado a pagar 25 mil dólares por penalidades, producto de la paralización sufrida, no es la persona indicada,  para declarar  en contra de la persona que considera culpable de todo lo que le ocurrió.

 

“El arquitecto Javier Llorach Paredes, después de haber  amenazado y difamado al arquitecto Incháustegui, a pesar de no tener vinculación con el caso, resulta declarando como “Testigo Voluntario”, pero lo más extraño es que el Ministerio Público ha recogido su testimonio para imputar a Incháustegui  por los delitos de asociación ilícita, a pesar que durante la audiencia de prisión preventiva, la defensa de Jorge Incháustegui sustentó  y aclaró cada una de las imputaciones de las declaraciones que hiciera Javier Llorach, y donde la Juez dejo claro que en las declaraciones del señor Llorach no habría  relevancia penal, según consta en el cuaderno judicial N° 05207-2014-34-1706-JR-4”, señalaron.

 

Pero les llama la atención –señalan- que el Ministerio Público vuelva a dar relevancia a la declaración de una persona con una notoria animadversión contra Jorge Incháustegui y otros miembros de su familia, y lejos de cuestionar también los motivos que Llorach tendría para presentarse en forma voluntaria y acusar en un proceso tan complejo.

 

“El señor Llorach, en relación a su conocimiento de asuntos irregulares en la municipalidad de Chiclayo, solamente acusa al arquitecto Jorge Incháustegui; es decir, no conoce más hechos irregulares y el Ministerio Público no le hace la pregunta que la Ley exige: ¿Tiene usted algún grado de amistad o enemistad con el acusado?”, señalaron las esposas de las personas que Llorach alude.

 

SIGUE ACUSANDO

En un claro cuestionamiento al trabajo periodístico y desconocimiento de los principios de legalidad en cuanto a que toda persona tiene derecho a la defensa y nadie es culpable hasta que el juez diga lo contrario mediante proceso y sentencia, Llorach cuestiona, pero que a nosotros nos enaltece, que el Semanario Expresión sea el único medio de prensa escrita que abre sus páginas para encontrar la verdad de los hechos. Dejando en claro su presunto odio, animadversión o sed de venganza, Llorach dice que se pretende realizar una “defensa selectiva” de uno de los presuntos miembros de dicha organización criminal, olvidándose que la persona involucrada en un hecho delictuoso puede estar privado de su libertad, más no de sus derecho de persona y ciudadano, como el de la libertad de expresión.

 

Pide que los periodistas mediten sin parcializarse, y es un convencido –dice en su misiva- que el alcalde no hubiera podido realizar todas las conductas ilícitas sin la activa participación de los demás funcionarios de su plana gerencial, en especial en Urbanismo.

Una vez más, los familiares de Jorge Incháustegui manifiestan que Llorach asevera ante la Fiscalía que a pesar que Jorge Incháustegui había dejado el cargo de Gerente de Urbanismo, seguía teniendo poder ya que los gerentes que los sucedieron contaban con su visto bueno para ejercer el cargo  favoreciéndose económicamente debido a que las obras privadas eran tramitadas por su empresa “Arqconsa”.

 

“Esta vaga e imprecisa imputación, debería de desvirtuarse sola, en razón de que el testigo Llorach no presenta ningún elemento de convicción que pueda sustentar esta acusación. Sin embargo, para que no quede duda alguna de la alevosa mala intención del señor Llorach, solicitamos a la MPCH y a la gerencia de Urbanismo, confirme o descarte si la empresa Arqconsa ha contratado o postulado a alguna obra o servicio o ha gestionado licencias o habilitaciones urbanas; sin embargo, las repuestas fueron negativas”, destacaron los familiares de Jorge Incháustegui.

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INTERESES PERSONALES Y POLÍTICOS RONDARÍAN EN JUICIO DE EX ALCALDE DE PACORA JAIME URBINA

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 984

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Prueba considerada como fundamental para el proceso que fue aportada por denunciante Eslidan Lontop Carpio, se habría destruido estando bajo cautela del Ministerio Público

 

Un giro de 360 grados podría dar en los próximos días el proceso que se le sigue al ex alcalde del distrito de Pacora, José Jaime Urbina Urbina, debido a que la prueba fundamental que incrimina a la ex autoridad edil en un presunto acto de corrupción y por el cual se encuentra fugitivo de la justicia para no ir a prisión, se habría roto en manos del fiscal que desarrolla la teoría del caso para incriminar a los investigados.

       

Pero eso no es todo, la persona que habría grabado la supuesta conversación para apropiarse de los recursos del Estado, Eslidan Lontop Carpio, no tendría el audio principal y aduciría que la conversación la grabó con una grabadora de mano que le fue prestada, pero que ya no la tiene.

 

César Vásquez Merino, abogado defensor de Raúl Armando Távara Monja, hizo conocer que en los últimos días existiría una desesperación del fiscal a cargo de la investigación, César Fernando Jiménez Rodríguez, por mantener en prisión a Raúl Armando Távara Monja, pues el próximo 28 de octubre se cumplirían los 9 meses de prisión preventiva, fecha en que el investigado debe abandonar el penal de Picsi al no existir elementos de prueba contra él.

 

Vásquez Merino no descarta que en torno a la investigación preparatoria transitoria que se sigue en el expediente 03981 -2014-99-1708-JR-PE-01, existiría un tema político direccionado que estaría manipulando al Ministerio Público y que podría tener tentáculos en la corte superior de justicia de Lambayeque. Sin embargo, a los autores de esa acción poco les importaría lo que le pueda pasar o estar ocurriendo a gente que no tiene nada que ver con política, siendo la de su patrocinado Raúl Armando Távara Monja, quien no es funcionario ni trabajador público, y su acercamiento con Jaime Urbina y los funcionarios denunciados sería por ser el representante de ventas de Interamericana Norte SAC, empresa que vendió un vehículo pesado a la comuna valorizado en 460 mil soles.

 

EXTRAÑA CELERIDAD

Para el letrado le resulta mucho más extraño que el fiscal haya solicitado el último 17 de octubre la prolongación de la prisión preventiva para Raúl Armando Távará, sabiendo que el 28 de octubre se cumplen los 9 meses de detención preliminar en el penal de Picsi.

 

Sin embargo, lo más raro es que desde el mes de agosto pasado el Juzgado de Investigación Preparatorio de Lambayeque a cargo de la juez Eve Redruello Villarreal, remitió todo el expediente judicial al Juzgado Colegiado de Chiclayo para que se inicie el juzgamiento, teniendo como referente que la pena a imponer es mayor de 6 años de cárcel, pero desde este juzgado se le “jala las orejas” a la magistrada y le regresan el expediente haciéndole conocer que la pena a imponer por el delito que se juzga es menor a seis años y por lo tanto debería enviarlo al Juzgado Unipersonal de Lambayeque.

 

El magistrado responsable de llevar a cabo el juzgamiento señala como fecha de inicio de juzgamiento el 18 y 19 del presente mes, pero llegado el día la audiencia no se llega a instalar por ausencia de un abogado defensor y la solicitud de postergación de audiencia realizada por Rodolfo Sandoval Santamaría.

 

El magistrado acepta la petición por ser de Ley, y fija nueva fecha para inicio de juzgamiento, el cual recae en los días 27 y 28 de octubre, fecha en que vence la prisión preventiva para Raúl Armando Távara.

 

ARGUMENTO INSÓLITO

Lo insólito de todo, la acción documental que debe iniciarse a fin de mes en el Juzgado Unipersonal de Lambayeque, es que el día 17 de octubre, en horas de la mañana, el fiscal a cargo del caso, César Fernando Jiménez Rodríguez, ingresa el pedido de prolongación de la prisión preventiva pata Raúl Armando Távara, pero llama la atención que lo hace en el juzgado de la jueza  Eve Redruello Villarreal, cuando ella ya no tiene nada que ver en el proceso sino el titular del Juzgado Unipersonal de Lambayeque.

 

El fiscal César Fernando Jiménez Rodríguez solicita se prolongue la prisión por tres meses más, y su pedido lo fundamenta que durante la secuela de la etapa intermedia del proceso ha habido conducta maliciosa por parte de los abogados  de los acusados, que han dilatado el desarrollo del procedimiento y no han permitido la instalación de la audiencia de control de acusación, sino hasta el 15 de agosto del 2016.

 

De igual manera, responsabiliza al juzgado aduciendo que durante el desarrollo de la etapa intermedia de la investigación, también se han generado incidentes de tipo procesal por parte del juzgado de investigación preparatoria, pero sobre todo dilaciones maliciosas por la defensa de los acusados, y atendiendo a la cantidad de medios probatorios, como son nueve declaraciones testimoniales, dos periciales y la oralización de cuarenta y una documentales, medios probatorios que han sido admitidos para su actuación en la audiencia de juicio oral, lo que traerá que la misma se realice en más de una sesión oral.

 

Además, señala que se hace necesario que se prolongue la medida limitativa hasta le emisión de la sentencia, debido a la conducta maliciosa de los acusados.

 

Para César Vásquez, la petición del fiscal César Fernando Jiménez Rodríguez no es más que una acción desesperada y sin remordimiento alguno, así de fácil pide que una persona siga privada de su libertad, constituyendo una clara conducta lesiva que atenta contra los derechos humanos de la persona.

 

“El artículo 274 del Nuevo Código Procesal Penal señala claramente que para pedir la prolongación de la prisión preventiva debe existir la concurrencia de circunstancias que importen una especial dificultad o que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, lo cual no ha ocurrido con mi patrocinado quien en todo momento ha estado dispuesto a colaborar con las investigaciones y ha dicho la verdad que no tiene nada que ver en ningún acto de corrupción, ya que él es un simple vendedor de vehículos”, señaló.

 

Sin embargo, lo que más hace presumir que pueda haber un direccionamiento de interés personal y político, no contra su patrocinado, sino contra el ex alcalde Jaime Urbina, pero que viene perjudicando enormemente a Raúl Armando Távara. Pues, el fiscal lejos de ingresar su pedido de prolongación de prisión preventiva al Juzgado Unipersonal de Lambayeque, lo hace en el Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo de Eve Redruello Villarreal, cuando la magistrada ya no tiene nada que ver en el proceso; es más, en su despacho ya no existe ni el expediente.

 

Pero eso no es todo. Como una forma de evadir una queja y denuncia, al investigado Raúl Armando Távara le abren un cuadernillo de incidencia, para dar pie a que el pedido de prisión preventiva siga su camino.

 

“Todo es muy extraño. El 17 de octubre, en horas de la mañana, el fiscal presenta el pedido de prolongación de la prisión preventiva, y lo más extraño es que el mismo día la juez lo provee. Yo me pregunto ¿Qué tal celeridad procesal? Lo más raro es que a las 3:40 de la tarde del mismo día ingresa a mi casilla judicial, solamente a la mía, la notificación para que el pedido del Ministerio Público sea visto el día 20 de octubre. Lo raro se sigue dando y que llama mucho la atención, es que el día 18 de octubre, a las 7 de la mañana, una hora inusual, dejan en mi oficina el escrito en donde se señala audiencia para el 20 de octubre. Todo es muy raro, porque la ley señala que tras proveer el pedido, el magistrado tiene tres días para citar a las partes, pero lo ha hecho con una celeridad absoluta e incluso adelanta fecha”, refiere el abogado.

 

EL ORIGEN DE LOS HECHOS

De acuerdo a la carpeta fiscal, los hechos investigados radican en que la Municipalidad de Pacora, cuando era alcalde Jaime Urbina Urbina, realizó la licitación pública N° 003-2013-MDP/CE para la adquisición de maquinaria pesada consistente en un volquete de 15 M3  para el mejoramiento de la capacidad operativa del servicio de mantenimiento de caminos vecinales y ejecución de obras en la comuna.

 

El hecho es que la buena pro se le otorgó a la empresa Interamericana Norte SAC, la que vendió un camión  volquete de la marca Mitsubishi por la suma de 460 mil soles.

 

Sin embargo, el Ministerio Público señala que durante la investigación preliminar se ha determinado que los funcionarios municipales, Jaime Urbina Urbina, en su calidad de alcalde, así como Rodolfo Alberto Sandoval Santamaría, gerente edil y presidente del comité especial que llevó a cabo la licitación para la adquisición del camión volquete, habrían concertado con Raúl Armando Távara Monja para vender el vehículo, pero para ello iban a direccionar el proceso de licitación pública con la finalidad de que la empresa Interamericana Norte SAC sea la ganadora.

 

Para ello, el fiscal se vale de un audio que fue grabado por Eslidan Llontop Carpio, quien en conversación le dijo a Távara Monja  que 19 mil soles era una propina, y que supuestamente esa suma de dinero habría entregado para obtener la buena pro.

 

A su turno, Vásquez Merino refiere que dentro del proceso se ha podido demostrar que no ha habido ningún direccionamiento. Es más, el perito del Ministerio Público, en un primer momento dijo que ha habido pago extra por la compra del volquete, luego se retracta en audiencia y amplía su respuesta y dice que en su primer informe no había tomado en cuenta el récord de precios que existe en OSCE, indicando que el precio del vehículo estaba dentro del estándar o muy por debajo de los precios que Osce publicaba para ese tipo de adquisiciones.

 

“Cuando el perito hace su pericia valorativa toma como referencia el valor del mercado a personas particulares, lo cual es muy distinto para una licitación estatal. El perito se da cuenta de no haber solicitado de manera correcta las bases para tener un precio referencial y aclara que no es el 100 por ciento de características que si han podido participar, lo cual es por los menos cuatro marcas que se distribuyen en el mercado local y lo mejor que ha hecho la municipalidad es comprar todo junto; es decir, tractor y carreta a la vez, lo cual está dentro de un precio estándar en el mercado comercia”, expica.

 

Agrega también que el Ministerio Público toma las llamadas telefónicas y dice que hay una colusión porque en el registro del alcalde, así como del gerente municipal y el vendedor del vehículo, existen llamadas fueron hechas antes, durante y después de la licitación de la compra del vehículo, lo que para él significa que tuvieron estrecha comunicación para direccionar la compra y obtener la “comisión” de 19 mil soles.

 

“Lo que sustenta el fiscal César Fernando Jiménez Rodríguez es totalmente falso, ya que las llamadas de mi patrocinado las realiza cuando la municipalidad saca a licitación la compra del vehículo y luego cuando se firma el contrato de compra. Eso lo hemos demostrado con los informes de la empresa de comunicaciones al permitir el levantamiento del secreto de las comunicaciones, y no significa que haya colusión, porque cualquier persona que vende un carro puede comunicarse con el comprador para ultimar detalles de la venta o documentación”, señaló Vásquez Merino.     

 

INHIBICIÓN DEL PEDIDO

Vásquez Merino relata que ante la extraña celeridad del proceso, ha solicitado mediante escrito que la juez se  inhiba de ver el pedido de prisión preventiva por no ser su competencia.

 

“La jueza Eve Redruello Villarreal no tiene nada que ver. El expediente se encuentra a nivel de juzgamiento y ella no tiene ninguna competencia, porque desde que el expediente se encuentra en el Juzgado Unipersonal, todos los incidentes lo resuelve el juez de juzgamiento. No sé qué pasa, pero el fiscal ha hecho un pedido a una juez sin competencia”, sostuvo el letrado. 

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DELITOS PROBADOS: ESTO LE ENCONTRÓ LA CONTRALORÍA A “LOS LIMPIOS DE LA CORRUPCIÓN”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 984

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Investigaciones de Expresión son confirmadas por el sistema nacional de control.

 

Son 33 los exámenes periciales y de auditoría que la Contraloría General de la República aplicó a la Municipalidad Provincial de Chiclayo para estimar el perjuicio económico generado por la administración del investigado exalcalde Roberto Torres Gonzales y la presunta red de corrupción que dirigió.

 

Los resultados de los exámenes practicados a través de la Oficina Regional de Control y con apoyo de los técnicos de la sede central de la Contraloría, han sido alcanzados a la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, específicamente al despacho del fiscal Sergio Zapata Orozco, quien junto a otros cinco representantes del Ministerio Público investiga a exclusividad el caso de “Los limpios de la corrupción”.

 

En septiembre del 2014 la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo logró que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria ordene la captura y el posterior encarcelamiento preventivo de Torres Gonzales y sus más cercanos colaboradores, entre ellos exregidores, ex altos funcionarios de la comuna, exproveedores e incluso su pareja sentimental y la madre de esta.

 

De acuerdo a las investigaciones, la presunta red generó perjuicios no solo en la municipalidad, sino también en el ex Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – SATCH, en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, y en la Sociedad de Beneficencia Pública.

 

CASO EX MUTUAL

Con la Carpeta de Control N° 062-2015-CG/CRN-EE, del 3 de julio del 2015, que comprende a la evaluación realizada entre enero del 2013 y septiembre del 2014 a la comuna de Chiclayo, la Contraloría confirmó que  la adquisición del edificio de la ex Mutual se realizó a un precio superior a su valor comercial, utilizando para ello fondos transferidos para el financiamiento del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y recursos del FONCOMUN, destinados a obras públicas.

 

En este caso el perjuicio económico generado al municipio asciende a un millón 727 mil 117.37 soles, lo que para la Contraloría configura responsabilidad penal no solo en el exalcalde, sino también en los regidores que aprobaron la compra del inmueble, el entonces gerente municipal Ciro Chávez Martos, los gerentes de Administración y Asesoría Jurídica y otros funcionarios.

 

La investigación ha sido derivada a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo y el proceso se lleva de manera independiente al bloque de casos que revisa el despacho de Zapata Orozco.

 

PROLONGACIÓN PEDRO RUIZ

El 11 de diciembre del 2015 la Contraloría emitió la Carpeta de Control N° 113-2015-CG/L430-EE-CC, referida a la obra de “Mejoramiento de la infraestructura en la Avenida Prolongación Pedro Ruiz (entre la progresiva 0+133 y 0+659.50”.

 

Ahí se ha establecido que la gestión de Roberto Torres Gonzales favoreció al postor Construcciones Quipu SAC con la buena pro pese a no cumplir con presentar la documentación obligatoria e insertar en su propuesta técnica información carente de veracidad.

 

El perjuicio por dicha obra asciende a 646 mil 239.84 soles, hallándose responsabilidad penal en el gerente municipal de aquél entonces, así como en el gerente de Administración, el gerente de Infraestructura Pública, el subgerente de Logística y el Comité Especial.

 

El caso está en manos de la Tercera Fiscalía Provincial Penal.

 

LOS OLIVOS Y LOS PINOS

Al despacho de Zapata Orozco también se ha remitió la Carpeta de Control N° 110-2015-CG/L430-EE-CC, del 11 de diciembre del 2015, referida a la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en las calles Los Olivos y Los Pinos”, donde se halló un perjuicio a la comuna ascendente a 483 mil 369.47 soles.

 

La Contraloría ha confirmado que en dicha obra se favoreció al postor Frjidec SAC con el otorgamiento de la buena pro mediante la modificación de los requerimientos técnicos mínimos, incluyendo exigencias que limitaban la pluralidad de postores.

 

Por configurarse presuntos hechos de responsabilidad penal, se ha dispuesto incluir en la investigación a los ex funcionarios del municipio responsables de la Gerencia General, la Gerencia de Administración, de Infraestructura Pública, la Subgerencia de Logística y otras áreas más.

 

LOS VALES

El mismo día que el Poder Judicial ordenó la captura de los presuntos integrantes de la red de Roberto Torres Gonzales, la Contraloría cerró la Carpeta de Control N° 087-2015-CG/CRN-EE-CC, en la que determinó la comisión de hechos de responsabilidad penal entre los entonces funcionarios a cargo de la Gerencia de Administración, de Relaciones Públicas, la Subgerencia de Tesorería y otras áreas de la comuna.

 

Esto se determinó luego que encontrar la entrega de dinero en efectivo a funcionarios mediante “vales” cuya rendición no se efectuó, desconociéndose el uso y destino de los recursos. Además, se encontró rendiciones de gastos con documentación no emitida por proveedores en el período 2013 – 2014.

 

Se estima que el perjuicio al municipio bajo esta modalidad llegó a los 298 mil 281.56 soles.

 

PROVEEDORES FAVORECIDOS

La Contraloría General de la República también auditó el período enero 2011 – diciembre 2013, y resultado de esto se generó la Carpeta de Control N° 092-2015-GC/MPCH—0425-EE-CC, del 30 de octubre del 2015, en la que se llegó a la conclusión que el entonces gerente de Administración y los subgerentes de Tesorería, Logística y otras áreas, incurrieron en hecho de responsabilidad penal.

 

El caso, remitido a la Tercera Fiscalía Provincial Penal, se refiere a las contrataciones recurrentes de bienes y servicios a determinadas empresas por un monto de un millón 109 mil 684.80 soles, habiéndose confirmado la utilización de cotizaciones no reconocidas por los supuestos emisores, la recepciones de bienes distintos a los ofertados en la propuesta, la entrega de bienes antes de que se realice el proceso de contratación y la adquisición de bienes a un precio mayor al del mercado y sin cumplir los requisitos establecidos para el gasto público.

 

Por estas situaciones anómalas se habría ocasionado perjuicio económico al municipio por el orden de los 69 mil 839.54 soles.

 

COMBUSTIBLES

El 24 de febrero del 2015 la Contraloría cerró la Carpeta de Control N° 010-2015-CG/GAES-EE, correspondiente a la evaluación aplicada entre diciembre del 2008 y julio del 2014, sobre la compra de combustibles en la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

 

Expresión denunció en el 2011, edición 700, la compra fraccionada y direccionada de combustible a la empresa “Combustibles y Transportes América EIRL”, de Ruth Zúñiga López (hoy interna en el establecimiento penitenciario bajo prisión preventiva).

 

Este hecho sirvió de base para la intervención de la Contraloría que determinó que a la empresa se le pagó cuatro millones 73 mil 285 soles sin convocar a procesos de selección durante los años 2008, 2009  y 2011.

 

Asimismo, que la comuna provincial adquirió combustible por 14 millones 531 mil 324.05 soles, habiendo sido favorecida la empresa de Zúñiga López en los procesos de selección realizados entre el 2011 y el 2014, pese a no cumplir con los requerimientos técnicos.

 

El monto involucrado en este caso asciende a 18 millones 859 mil 935.73 soles, por lo que la carpeta fue derivada a la Tercera Fiscalía Penal para determinar el grado de responsabilidad en el exalcalde, los exregidores, los ex  gerentes municipales, y los funcionarios que ocuparon las gerencias de Asesoría Jurídica, Administración y otras áreas.

 

PAVIMENTOS DE CONCRETO

En noviembre del 2015, la Contraloría generó la Carpeta de Control N° 100-2015-CG/CRN-EE-CC, como resultado de lo evaluado entre enero del 2013 y septiembre del 2014, hallando irregularidades que fueron puestas de conocimiento a la Tercera Fiscalía Provincial Penal.

 

El caso está referido a la obra “Mantenimiento de la infraestructura vial de la Avenida Luis González, tramo Avenida Francisco Bolognesi, calle Leoncio Prado, calle Arica, Avenida Augusto B. Leguía”, a cargo de la empresa de servicios generales DIMUBA SAC.

 

Producto de la auditoría aplicada se confirmó el otorgamiento de la buena pro al único postor que, además, no presentó la documentación exigida. Asimismo, que se calificó a los trabajos de mantenimiento vial como obra, cuando por naturaleza correspondía ser considerados como servicios, además de la inclusión de profesionales cuyo costo no formaba parte del presupuesto.

 

El perjuicio fue de 340 mil 664.56 soles, estando comprometidos el gerente municipal, el gerente de Infraestructura, el Comité Especial, el subgerente de Presupuesto y otros funcionarios.

 

OBRA INVIABLE

En octubre del año pasado se cerró la Carpeta de Control N° 091-2015-CG/CRN-EE-CC, en la que se confirmó que en la obra “Construcción de pavimento en el pasaje Señor de los Milagros, tramos entre la Avenida Jorge Chávez y el jirón Los Laureles, del pueblo joven San Antonio”, se cometieron hechos de responsabilidad penal.

 

En el caso están involucrados el ex gerente municipal  y los responsables de Administración, del Comité Especial Permanente y otras áreas, debido a que se aprobó el expediente técnico de la obra pese a que no contaba con declaración de viabilidad.

 

Además, que se limitó la participación de postores y se incluyó a profesionales cuyos costos no formaban parte del presupuesto de la obra, habiendo realizado, por ejemplo, funciones de residente en otra obra.

 

La carpeta ha sido derivada a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

 

EPSEL - I

Respecto a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, la Contraloría aplicó una auditoría al período enero 2013 – diciembre 2014, generando la Carpeta de Control N° 068-2015-CG/CRN-EE-CC, del 31 de julio del 2015, en relación a la obra “Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias de las urbanizaciones Campodónico y San Martín, de Chiclayo”, ejecutada por el Consorcio Pacífico Norte.

 

La Contraloría confirmó que el otorgamiento de buena pro se dio por un monto sobrestimado al haberse tomado como valor referencial el importe en exceso del expediente técnico, que se aprobó de manera irregular adicionales de obra y ampliaciones de plazo, y que no se aplicaron las penalidades.

 

Del mismo modo, que la contratación de los servicios de supervisión se realizó con requerimientos técnicos mínimos y pagos efectuados sin tomar en cuenta el contrato.

 

El perjuicio ocasionado asciende un millón 309 mil 006.41 soles, y aparecen involucrados el Gerente General, Gerente de Administración, Gerente de Proyectos y Obras (en ese entonces Néstor Salinas Vásquez, hoy gerente general de la empresa), y otros funcionarios de EPSEL.

 

El caso se encuentra en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.

 

Otra arista de este caso es la Carpeta de Control N° 060-2016-CG/CRN-EE-CC, del 3 de julio del 2015, que determinó el pago indebido de obras de pavimentación en Campodónico y San Martín, las cuales fueron realizadas en el marco de un convenio suscrito entre EPSEL y la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Para tal fin se destinaron siete millones de soles del Plan Maestro Optimizado de la empresa del saneamiento.

 

El perjuicio económico estimado es de un millón 260 mil 365.45 soles, estando involucrados en el caso los exintegrantes del Directorio, el ex gerente general, y los entonces gerentes de Administración, Proyectos y Obras y otros funcionarios.

 

Lo actuado también fue enviado a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.

 

EPSEL – II

En EPSEL, la Contraloría también encontró la irregular obtención del valor referencial por encima del valor del mercado, la recepción de máquinas con características inferiores a las contratadas, y la inaplicación de penalidad por mora en el cumplimiento de la prestación en la compra de maquinaria (Camión hidrojet, cisterna, volquete y máquinas de balde) a EI Industries Internacional Inc -  Fareco SA y Tractocamiones USA EIRL.

 

La investigación, contenida en la Carpeta de Control N° 055-2015-CG/CRN-EE-CC, del 19 de junio del 2015, determinó que el perjuicio económico asciende a un millón 98 mil 762.27 soles.

 

Están comprometidos el ex gerente general, el ex secretario general, el ex gerente operacional y los integrantes del Comité Especial de EPSEL.

 

EPSEL - III

Como resultado de la auditoría al período diciembre 2012 – diciembre 2014, se estableció la indebida resolución de contrato del servicio de “Cobranza de recibos por consumo de agua potable y alcantarillado en centro autorizado de recaudación”, que originó un laudo arbitral que obligó a EPSEL al pago de una indemnización por daños y perjuicios a favor de la empresa.  

 

Además, que para la celebración de dicho contrato no se efectuó el proceso de selección correspondiente.

 

Estos hechos, que acarrean responsabilidad penal, generaron un perjuicio de 828 mil 908 soles a la entidad.

 

La carpeta ha sido entregada a la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, y comprende a los exresponsables de la Gerencia General, Administración, Asesoría Legal, Gerencia Comercial y otros funcionarios.

 

EPSEL – IV

Expresión, en su edición 866, denunció los irregulares privilegios en la compra de medidores de agua a la empresa Industrias Triveca SAC en EPSEL, investigación que sirvió de base para que en mayo del 2015 la Contraloría formule la Carpeta de Control N° 045-2015-CG/EPSEL-3472-EE.

 

Con la auditoría aplicada se determinó la inaplicación de penalidades a Industrias Triveca SAC en la adquisición e instalación de 20 mil medidores, al haberse aprobado ampliaciones de plazo carentes de sustento, generando un perjuicio de 416 mil 57.58 soles, y responsabilidad penal en los exfuncionarios a cargo de la Gerencia General, Gerencia Comercial, Gerente de Administración y Finanzas.

 

La carpeta está en manos de la Tercera Fiscalía Provincial de Chiclayo.

 

EPSEL – V

Otro caso es el resultado de la auditoría entre enero del 2012 y octubre del 2014, que generó la Carpeta de Control N° 118-2015-CG/EPSEL-3472-AC-CC, del 16 de diciembre del 2015, referida al giro de cheques y transferencias a cuentas corrientes a favor de terceros de recursos destinados al Fondo Exclusivo de Inversiones, que posteriormente eran depositados en la cuenta de dicho fondo.

 

El monto involucrado asciende a 417 mil soles, por lo que se presume responsabilidad penal en los ex funcionarios de EPSEL. El caso se encuentra en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

 

+ NOTICIAS

 

  • La Contraloría también auditó a la Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo, dando origen a la Carpeta de Control N° 049-2015-CG/CRN-EE-CC, del 11 de junio del 2015, sobre compras directas y recurrentes de arroz por montos inferiores a tres UIT a un solo proveedor “Inversiones Aymar”, entre los años 2014 – 2013, a fin de eludir la realización de los procesos de selección correspondiente.

 

  • El caso también se encuentra en manos del Ministerio Público. 

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INSTITUCIONES CONVOCAN: LAMBAYEQUE A PARO POR EL TERMINAL MARÍTIMO

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 984

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Los representantes de las instituciones públicas y organizaciones privadas de Lambayeque se reunieron para coordinar acciones y arribar a acuerdos el relación al Terminal Marítimo de Puerto Eten, coincidiendo en la necesidad de emprender gestiones directas con el gobierno nacional y, al mismo tiempo, convocar la unidad de los departamentos del nororiente considerando los beneficios que la obra generará para esta parte del país.

 

A la reunión del miércoles último acudió el gobernador regional Humberto Acuña Peralta, acompañado del vicegobernador Francisco Cardoso Romero y de su gerente general Francisco Gayoso Zevallos; el prefecto departamental, Rafal Aita Campodónico; el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Olivio Huancaruna Perales, y el decano del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Consejo Departamental de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro, junto a otros integrantes de la orden profesional.

 

También participaron el gerente general de la Autoridad Portuaria Regional, Jorge Nakazaki Servigón, el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Lindon Vela Meléndez, y el consejero regional y director general de la Universidad César Vallejo – Chiclayo, Raúl Valencia Medina.

 

TODOS POR EL TERMINAL

Durante el encuentro que se realizó en el auditorio de la Cámara de Comercio, Acuña Peralta señaló que la unidad de las instituciones y la sociedad civil es necesaria para impulsar la ejecución del Terminal Marítimo de Puerto Eten, obra anhelada hace décadas y cuyas sustentabilidad económica y técnica se ha demostrado en el Plan Maestro que el gobierno regional mandó a elaborar.

 

“Es el momento en que las instituciones, empresarios, colegios profesionales, las fuerzas políticas y la sociedad lambayecana debemos unirnos para concretar la ejecución del terminal portuario”, dijo el mandatario, quien remarcó que Lambayeque se encuentra incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario.

“Además invertimos tres millones de soles en formular el Plan Maestro de Desarrollo Portuario que definió a Puerto Eten como el área de desarrollo portuario. Hemos cumplido nuestro trabajo técnico, ahora es momento de unirnos para exigir al gobierno nacional la ejecución de este anhelado proyecto”, señaló Humberto Acuña.

 

En ese sentido, uno de los primeros acuerdo de los representantes institucionales fue concentrar sus esfuerzos y gestiones en el Terminal Marítimo de Puerto Eten, colocándolo como proyecto prioritario por encima del resto de obras que necesita Lambayeque, para de este modo conseguir la atención del gobierno central.

 

“Se ha acordado para que todas las autoridades del sector público, los gremios empresariales y la academia prioricen y se enfoquen las acciones única y exclusivamente en el Terminal Marítimo de Puerto Eten, que no se distraigan por ahora en hacer más gestiones en otras cosas, porque se considera que esta obra es el eje del desarrollo y de la viabilidad de otros proyectos”, destaca el presidente de la Cámara de Comercio.

 

EL NORTE UNIDO

Huancaruna Perales añade que reconociendo que el Terminal Marítimo de Puerto Eten tiene impacto sobre el nororiente peruano, se ha acordado también convocar el apoyo y unidad de los departamentos de Cajamarca, Amazonas y San Martín.

 

“Sabiendo que La Libertad y Piura tienen sus propios intereses y esfuerzos, Lambayeque se concentrará en consolidar la alianza institucional, socioeconómica y política con Cajamarca, Amazonas y San Martín, por lo que se organizarán diversas conferencias en cada una de estas regiones sobre la importancia y necesidad del puerto”, mencionó.

 

La sensibilización sobre el corredor que comprende el recorrido bioceánico buscará además calar en el gobierno nacional para que dé prioridad a la declaratoria de interés del Terminal Marítimo, pero además para que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, cumpla su compromiso electoral de impulsar la obra anhelada por los lambayecanos.

 

CELERIDAD DE LA INVERSIÓN

Los representantes de las instituciones también acordaron plantear al Ejecutivo nacional la necesidad de acelerar los trámites para la ejecución de las alianzas público – privadas, a fin que proyectos como el Terminal Marítimo se ejecuten de forma rápida.

 

“Vamos a dar pasos concretos de acercamiento con las autoridades nacionales, pero desde ya estamos anticipando que, de ser necesario, Lambayeque se pondrá en pie de lucha con tal de conseguir la atención del gobierno a nuestra gran y prioritaria demanda que es el Terminal Marítimo”, asevera Olivio Huancaruna. 

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HABLA EL FLAMANTE PREFECTO DE LAMBAYEQUE: RAFAEL AITA: “HAY PLEITOS ENTRE AUTORIDADES, ESO NO ME INTERESA”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 984

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Tras las acusaciones por presuntos actos de corrupción cometidos por Elmer Ángeles Reque, la Dirección Nacional de Gobierno Interior oficializó el nombramiento de Rafael Aita Campodónico como prefecto de Lambayeque, pese a que en agosto pasado las bases del partido de gobierno, e incluso el congresista oficialista Clemente Flores Vílchez, se negaron a que el conocido empresario y exparlamentario sea el representante del presidente de la República en el departamento.

 

La juramentación de Aita Campodónico deberá realizarse en los próximos días y en adelante tendrá no solo la tarea de velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos, el orden y la tranquilidad de la ciudadanía, sino también convertirse en articulador de los programas que el gobierno nacional ejecuta en Lambayeque.

 

En la siguiente entrevista, el también exviceministro de Defensa durante el segundo gobierno de Alan García Pérez, habla sobre las líneas maestras que regirán su gestión, y desde ya advierte que no dudará en levantar su voz las veces que sea necesario llamar al consenso a las autoridades locales por el bienestar de la población.

 

Lo sucedido con el prefecto saliente, aun cuando las denuncias están recién en investigación, demanda que la labor que usted desarrolle en adelante no solo genere confianza en el gobierno nacional, sino también en la población de Lambayeque. ¿Cómo va a cumplir ese primer reto que se le presenta?

Creo estar a la altura de las expectativas y voy a hacer todo lo posible para que se cumplan las normas y las leyes siempre, como lo hecho en todos los lugares en los que he trabajado. Un segundo aspecto es mi formación y la forma cómo actúo, desde la época que estuve en el congreso, siendo el gran amigo coordinador, el que de alguna manera tendía puentes para solucionar los problemas. Siempre digo: no hay que pelear, eso es estéril, lo que hay que hacer es escuchar a todos. También he aprendido a reconocer los errores que cometo como todo ser humano.

 

Tengo más o menos una agenda que he demostrado a través del tiempo sobre qué es lo que se quiere para Lambayeque. Siempre he hablado de parámetros y a veces personas y políticos no creen en ellos o no saben qué son.

 

Como representante del presidente de la República mi primera labor es buscar que se cumpla con las políticas públicas que tienen que ver con la educación, por ejemplo, sector en el que tenemos dos mil 700 colegios, 350 mil alumnos, casi 50 mil universitarios, que son el presente y el futuro de la región. Ver cómo estamos en infraestructura o en salud, con los 27 hospitales que tenemos o las 150 postas médicas, si hay capacidad de resolución, si estamos en red, si podemos atender las emergencias y la salud preventiva, si hay cobertura del Sistema Integral de Salud – SIS, o si hay cadena de frío para tener las vacunas y medicamentos en las condiciones adecuadas.

 

Tengo el compromiso de ayudar a que todas estas inquietudes mejoren o se conviertan en proyectos coordinando con las autoridades.

 

Y en esas prioridades está también la seguridad ciudadana…

Felizmente se han dado las facultades legislativas y será importante ver cuáles de ellas saldrán adelante y permitan devolver el orden, trabajar en las capturas, las recompensas y otros temas.

Está también por verse qué se hará con la Policía Nacional del Perú. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha anunciado la restructuración interna, más porque en las últimas bandas que se han capturado se ha encontrado a policías y tienen estos información y accesos privilegiados.

Pero seguridad también es pensar en qué hacemos con el medio ambiente y la contaminación, hay que pensar en la salud de la población, en el correcto manejo de la basura con casos tan simples como la limpieza de las carreteras, donde no limpian ni el gobierno regional, ni los municipios provinciales y distritales. Cuando eso sucede hay que señalar a los responsables y el Ministerio Público tiene que intervenir de oficio, sancionar y llamar al orden, porque tenemos que proteger a los ciudadanos.

 

¿Convocará a las autoridades para priorizar el problema de seguridad ciudadana?

Espero primero juramentar, que depende de la fecha que designará la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y al día siguiente deberé empezar a convocar.

 

Me he reunido con el consejero regional Raúl Valencia Medina quien me ha entregado un documento muy importante en el cual señala algunas prioridades para Lambayeque y yo coincido plenamente con él. Esos parámetros son los que se deben aprobar y todas las autoridades ir en ese norte.

 

Vamos a convocar a los tres alcaldes provinciales, al gobernador regional, a los consejeros y a algunas otras autoridades que tengan que ver con la seguridad ciudadana y el medio ambiente. Esas reuniones serán importantes para firmar un documento como base fundamental de nuestro trabajo y estará dirigido al Ejecutivo para saber exactamente hacia dónde vamos.

 

Luego, los días subsiguientes, vamos a convocar a todos los alcaldes por provincia para conocer sus diagnósticos, sus problemas y su discusión del presupuesto. Hay una ley de fiel cumplimiento de cómo se mitigan los riesgos, a partir de la cual se pueden generar proyectos de inversión y conseguir financiamiento para resolver este tipo de problemas.

 

A partir de ahora se convierte en un articulador de las políticas del gobierno nacional en Lambayeque y eso lleva a preguntar si es que ya limó asperezas con el congresista Clemente Flores. ¿Es buena la relación entre ambos?

No tengo ningún tipo de asperezas, yo no he conversado con él, pero tampoco tengo ningún tipo de rencilla ni pleito ni nada con él. Él es el señor congresista, tiene sus facultades y sus competencias.

 

Pero es el único representante del partido de gobierno en Lambayeque y en su momento manifestó abiertamente su oposición a que usted sea prefecto. En algún momento tendrán que sentarse a conversar…

Y coordinar, yo encantado. He llamado a su gente. ¿Qué he dicho yo? Que es lo que creo que cualquier persona normal haría: Nadie debe aceptar imposiciones Yo lo que necesito es diálogo.

Es cierto que la norma dice que yo tengo que velar por la salud, la educación, el bienestar, las buenas formas y todo, y que atienda a todos los que me den sus quejas, pero yo no puedo estar de chismoso acá, yo lo que quiero es que las personas que consideren que la Prefectura puede ayudarlos me remitan el documento adecuado para, primero, ver con quién se debe coordinar, articular y buscar las soluciones adecuadas.

 

¿De qué manera buscará asegurar el buen funcionamiento de los programas sociales?

Yo no soy el dueño de los programas, yo lo que tengo que hacer es fiscalizar que las metas y objetivos que en cada uno de ellos tiene se cumplan de la mejor manera.

 

Los programas dependen de los ministerios y ahí están los primeros filtros, donde se hace la evaluación y calificación al personal que se coloca en los puestos de confianza o no. Lo que quiero decir es que no debe haber tráfico de influencias, nadie es dueño del Estado, yo no puedo recomendar. Si soy congresista no puedo dejar que vayan y digan: “Vengo en nombre del congresista para que cambies a Pedro y pongas a Manuel”. Eso es tráfico de influencias.

Tampoco puedo mandar a un coordinador a nombre de una persona en especial para que me den un puesto de trabajo.

 

Entonces, en los programas sociales hay los filtros que dependen de los ministerios. La gente pide: “Cambien a todos los funcionarios del gobierno anterior”, pero no todos son malos, la evaluación debe darse, pero repito, eso depende de los ministerios.

 

¿Cómo devolverle la majestad al cargo de Prefecto, puesto que han ocupado distinguidas personalidades de Lambayeque y que además obraron con el ejemplo?

La primera responsabilidad que me ha dado el presidente de la República es que se privilegie la institución de la Prefectura. Con los nombramientos de los presidentes regionales se perdió un poco el espacio, pero nunca las competencias y capacidades. Quizá antes nombraron a personas buenas, pero que no tenían la capacidad, el conocimiento o la entrega. Luego vino lo del cambio de nombre y eso también invisibilizó un poco la labor.

 

Sin embargo, hoy existen los prefectos, los subprefectos y un gran número de tenientes gobernadores. Lo importante ahora es que la población conozca cuáles son las competencias de cada uno de ellos, mi trabajo es el de ser articulador, el de poner el dedo en la llaga respecto a los problemas que afectan a la población y exigir que se les atienda con prioridad.

 

¿Cuál es su llamado a las autoridades locales respecto de lo que actualmente sucede en Lambayeque por los problemas con la infraestructura y los servicios, además de la inseguridad y la corrupción?

No quiero mezquino ni crear diferencias. Hay pleitos entre autoridades, eso no me interesa. Yo exijo a cada una de las autoridades, en el bueno sentido de la palabra, a que nos sentemos y establezcamos los parámetros del desarrollo de Lambayeque, nos juntemos y caminemos. Igual llamado es a las instituciones, porque hay muchísimas, pero no están articuladas.

Recuperemos la autoestima, la identidad, los valores, es lo que pido, y con ello también le digo a los empresarios que no se quejen y cierren sus puertas. Si todos estamos juntos, si conocemos nuestros problemas, buscaremos y encontraremos soluciones. 

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CORREDOR BIOCEÁNICO: LA INTEGRACIÓN QUE SE NECESITA DESDE LAMBAYEQUE A LORETO

Escribe: Escribe: Daniel Gustavo Vera
Edición N° 984

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Propuesta nació hace un siglo y hoy es más viable que nunca.

 

El visionario Manuel Antonio Mesones Muro organizó y emprendió la expedición que le permitió llegar, en cuatro días, desde Ferreñafe al río Marañón, en su afán de lograr la conexión de la costa con la amazonia, y a partir de ahí emprender no solo la integración de los territorios, sino también de la producción y el comercio. Los resultados de aquél viaje realizado en 1902 sirvieron de base para proponer, décadas después, el Corredor Bioceánico Norte, iniciativa que sustentaría un mejor escenario para el desarrollo socioeconómico de la macroregión y que haría aún más viable la ejecución del Terminal Marítimo de Puerto Eten.

 

Mesones Muro partió de Ferreñafe con su equipo de exploradores y demostró la viabilidad de navegación en el Pongo de Manseriche, y producto de ese viaje descubrió que el Abra de Porcuya se constituye en el paso más bajo de los andes peruanos. Años después, en 1913, demostró que era posible llegar, en diez días, desde las costas de Lambayeque hasta Iquitos, y cinco años más tarde repitió la ruta para internarse en la amazonia brasilera. Por si fuera poco, fue el primero en señalar que la irrigación de las pampas de Olmos era posible con el trasvase de las aguas del río Huancabamba.

 

Es por ello que razones sobran para que a Mesones Muro se le considere el pionero del Corredor Bioceánico, que comprende la ejecución de una serie de obras viales y portuarias que hace algunos años también recibieron el impulso de otros reconocidos lambayecanos como Gerardo Pastor Boggiano y Fortunato Salazar Beleván, ambos expresidentes de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.

 

El Corredor consiste en hacer posible la navegación de unidades de carga con productos salidos del norte del Brasil, específicamente del puerto pluvial de Manaos, para recorrer el río Amazonas, llegar al Marañón, y desembarcar en Saramiriza, capital del distrito de Manseriche de la Paz, en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto, el territorio más cercano a la costa del Perú. Desde allí los productos llegarían hasta Lambayeque, propiamente hasta Puerto Eten, para ser comercializados con el mercado asiático.

 

SARAMIRIZA

Saramiriza se encuentra a seis horas de viaje terrestre desde Bagua, capital de la provincia del mismo nombre en el departamento de Amazonas.

 

En el segundo gobierno de Alan García se construyó el tramo asfaltado que comprende un recorrido de 250 kilómetros aproximadamente, luego se continúa por vía afirmada hasta la localidad, ubicada a orillas del Marañón. Llegar hasta ahí supone, por ejemplo, cruzar 62 puentes tipo bailey instalados y renovados por el Programa Nacional de Puentes 2012 – 2016 con apoyo del Ejército, además de otros viaductos como el puente Nieva, de 150 metros de luz.

 

Lo particular de la vía asfaltada, fuera de sus cerradas curvas y pendientes, es su estreches, que impide el tránsito de grandes cargas. La ruta tiene un paisaje de ensueño, conformado por el verdor de la selva, además de algunos bosques de neblina que se forman en la madrugada, los ríos, las quebradas y los cerros, de los cuales caen huaycos que han dañado pequeños tramos del pavimento.

 

En el trayecto es posible apreciar el Pongo de Retema, el puente hacia Santa Rosa de Yunga, las estaciones de Petro Perú y varios poblados awajún.

 

Las condiciones urbanas de Saramiriza no son las mejores. De hecho la localidad tiene serios problemas para el suministro de agua potable y la energía eléctrica, el manejo del alcantarillado y la infraestructura urbana. Son contadas las calles pavimentadas y a esto se suma que cada cierto tiempo la totalidad de la zona se inunda debido a desbordes del mismo río Marañón a la altura de la quebrada La Anguila.

 

ALFONSO UGARTE

La población de Saramiriza, que consume agua un tanto turbia, bordea los 20 mil habitantes, en su mayoría nativos de la comunidad awajún, dispersa en la zona.

 

Precisamente una de las aldeas nativas es Alfonso Ugarte, que se encuentra a hora y media de navegación sobre las aguas del Marañón, donde el criterio técnico señala que debería construirse el puerto del Corredor Bioceánico.

 

En Alfonso Ugarte viven aproximadamente 300 pobladores, agrupados en 80 familias. Pese a tener obras de abastecimiento de agua ejecutadas por FONCODES en 1996, la comunidad aún se nutre de fuentes naturales e incluso de la recolección en recipientes durante las lluvias.

 

No hay red eléctrica pero sí paneles solares instalados en las viviendas rústicas construidas con madera y palma, a la usanza tradicional de amazonia. Los niños reciben educación en su lengua materna: el wajún, y en castellano como lengua secundaria, proveída por maestros nativos. El problema está en que después de la primaria no hay otra forma de instrucción, debido a que los colegios secundarios están a horas de navegación sobre el río.

 

LA PRODUCCIÓN HOY

En Saramiriza los habitantes desarrollan actividades comerciales, principalmente en la venta de abarrotes y materiales de ferretería, pero también hay familias dedicadas a la pesca en embarcaciones menores como los famosos “peque peque”. Llama la atención, la presencia de grandes y modernos edificios entre las casas de madera, construidos en las barrosas calles del pueblo. Todas las construcciones tienen accesos altos, debido a que las inundaciones por el desborde de La Anguila pueden llegar hasta a un metro de altura.

 

Los edificios están destinados a la actividad hotelera, lo que llama aún más la atención toda vez que en la zona el movimiento turístico es mínimo.

 

En todo este territorio tres actividades representan un serio peligro para la amazonia y la sostenibilidad de las actividades de su población: la tala ilegal, la extracción de oro a orillas del Marañón con vertimientos de mercurio al cauce del río y, desde luego, el narcotráfico.

Las actividades productivas son principalmente dos: la agricultura a pequeña escala, con sembríos de plátano, yuca y frutales, y la pesca, con el aprovechamiento de los recursos que provee el Marañón, con especies como el boquichico, la liza, el tucunaré, las palometas, el tigre zúngaro, el saltón y, en algunos casos, la piraña.

 

Los bosques, por su parte, proveen de otras riquezas, principalmente madereras, destacando tipos como la capirona, la requia, la caña brava, el pájaro bobo, el aguaje y las poenas. Los nativos cazan venados y majaz, siendo este último el animal predilecto por la exquisitez de su carne similar a la del cerdo.

 

EL RECORRIDO

El viernes 14 de octubre partió una delegación desde Chiclayo a iniciativa del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú, con el propósito de recorrer el territorio antes descrito a fin de entender no solo viabilidad del Corredor Bioceánico, sino además la necesidad de integración trasversal entre Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Loreto, como espacio de desarrollo social, productivo y comercial.

 

Luego de 14 horas de viaje se llegó a Saramiriza, y al día siguiente a Alfonso Ugarte, donde se comprobó que este punto sobre el cauce del Marañón es el más apropiado para la construcción del puerto fluvial, considerando que en orilla la profundidad alcanza los seis pies, aproximadamente un metro 80 centímetros, suficiente para estimar que el lecho del río tiene capacidad para el anclaje de embarcaciones de gran tonelaje, que transporte, por ejemplo, la soya de Manaos, muy cotizada en el mercado asiático, y los productos que desde Iquitos hasta Saramiriza pueden obtenerse.

 

“Lamentablemente los políticos aún no logran entender la necesidad de conectar la vía Interoceánica (IIRSA Norte) con el Marañón. ¿Qué han hecho los políticos? Simplemente una conexión de Yurimaguas a Paita, cuando nuestra visión como ingenieros es conectarnos con el Marañón para que la producción amazónica llegue hasta cinco puertos en la costa del Pacífico: Paita, Bayóvar, Puerto Eten, con el mayor calado, Salaverry e incluso Chimbote, para que se soporte el enorme tránsito de mercancías que hay en todo el nororiente”, comenta Ramón Cornejo Saavedra, representante del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, pero además expresidente de la Región Nor Oriental del Marañón – RENON, uno de los impulsores del corredor junto a Pastor Boggiano y Salazar Beleván.

 

Cornejo Saavedra menciona que el espacio comercial no solo se limita al nororiente peruano y el norte del Brasil, sino que también puede alcanzar a Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana y el mismo Ecuador.

 

“Una vía que realmente funcione con carga pesada, que serviría no solo para el comercio, sino también para que los inversionistas del Brasil, que tienen gran interés de conectarse con la costa peruana, puedan establecer empresas e industrias a lo largo del corredor”, destaca Ramón Cornejo, quien ha trabajado en Brasil, Venezuela y Ecuador, y llegó a ser director del Programa de Proyectos Especiales de Selva durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, con rango de viceministro de Estado.

 

Recientemente los representantes del Colegio de Ingenieros y de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque se entrevistaron con el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en Jaén, y lograron que el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra Cornejo, programe una reunión de trabajo en la que se expondrá al detalle la importancia del Terminal Marítimo de Puerto Eten, así como del Corredor Bioceánico.

 

“Tenemos que explicarle en detalle la necesidad de desarrollar la vía interoceánica con salida al Marañón de manera integral. No pensamos en cosas chiquitas, hay que pensar en grande, el nororiente peruano necesita cosas grandes para poder desarrollarse, miremos a las comunidades cómo están completamente aisladas, necesitamos conectarnos, llegar a ellas a través del corredor. Solo para tener una idea, el recorrido de la vía interoceánica, solo con departamentos de la zona nororiental del Marañón, comprenden 600 mil hectáreas con actitud agropecuaria aún no aprovechadas”, resalta.

 

LORETO AISLADO

Loreto es el único departamento cuya capital, Iquitos, no se encuentra conectada al resto del país por carretera. Las únicas vías de acceso son aéreas y fluviales, y eso representa grandes limitaciones para su población debido a los costos.

 

Jorge Bardales Manrique, vicedecano del Consejo Departamental de Loreto del Colegio de Ingenieros del Perú, sostiene que es fundamental que la amazonia se conecte con la costa norte porque solo de este modo podrá mejorar la calidad de vida de la población, que hoy, por ejemplo, puede pagar hasta 12 soles por un kilo de manzanas o 25 soles por un kilo de uvas.

 

“La conexión con la costa es un anhelo de muchos años del pueblo loretano, prácticamente nosotros vivimos aislados de la realidad de nuestro país en cuanto a la comunicación, dependiendo prácticamente de las vías fluviales y aéreas, lo que ha hecho históricamente que el costo de vida en Loreto sea alto, lo que incrementa el nivel de pobreza en casi todos los pueblos de nuestro departamento, porque los productos de primera necesidad tienen que traerse de la costa”, explica.

 

Comenta que la crisis de los hidrocarburos ha generado que la empleabilidad en Loreto caiga en un 30 %, situación que pone en evidencia la urgencia del desarrollo de otras actividades productivas que permitan reducir la dependencia a la explotación petrolera.

 

Sin embargo, refiere que es necesario que a par de la ejecución de obras de infraestructura como la construcción del puerto en Alfonso Ugarte – Saramiriza, se dé atención a la capacitación de la mano de obra y la generación de capacidades productivas en la población.

 

Refiere esto porque en la gestión del exgobernador regional de Loreto, Iván Vásquez Valera, se entregó créditos agrarios a los pobladores de las comunidades nativas con el propósito de incrementar la producción de sacha inchi y camu camu con fines de exportación. A cada agricultor se entregó aproximadamente 25 mil soles por cada diez hectáreas en producción, sin embargo la recuperación de lo invertido no supera el 0.5 % del monto destinado.

 

EL GIGANTE MANAOS

Considerada como una de las 20 ciudades más importantes para hacer negocios en América Latina, Manaos se ubica en medio de la selva amazónica brasilera, cuyo puerto fluvial es capaz, incluso, de recibir trasatlánticos.

 

Su zona franca ha superado los dos mil millones de dólares en exportación y la tasa de crecimiento anual es del 5 %, constituyéndose en el núcleo del comercio entre los estados del norte del Brasil.

“Hay una gran expansión productiva no solamente en soya, sino también en etanol y azúcar, que pueden ser exportadas hacia el Asia por nuestro país, teniendo como punto de salida a Puerto Eten. La amazonia tiene muchas potencialidades, sobre todo el productos nativos como frutos y plantas medicinales, además del turismo y aspectos relacionados con la actividad forestal”, señala Bardales Manrique.

 

LA MANCOMUNIDAD

“Es la primera vez que los consejos departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú, en la región nororiental, nos integramos para impulsar una obra en común, y es que el desarrollo no depende de un solo departamento, sino de las mancomunidades que hagamos y en las que podamos ejecutar proyectos y propuestas técnicas”, destaca Manuel Aguilar Rojas, decano de la orden profesional en Amazonas.

 

Aguilar Rojas señala que es necesario anteponer las iniciativas de desarrollo que se sustentan en criterios técnicos a las posiciones políticas que muchas veces lejos de integrar a los departamentos que tienen escenarios en común, los dividen y enfrentan.

 

“Amazonas tiene una gran variedad de climas, desde los fríos hasta los cálidos y esto permite la producción diversa con cultivos como la yuca, el camote, el cacao, el café, así como los tubérculos y frutos. A esto se suma la disponibilidad de recursos naturales que permitirían la construcción de grandes represas y centrales hidroeléctricas, para lo cual se hace necesario el acercamiento con Cajamarca y, además, oír y atender a las comunidades”, destaca.

 

EL FERROCARRIL

Como se ha mencionado, la carretera en Bagua y Saramiriza tiene la particularidad de su estreches a lo largo de sus 280 kilómetros de recorrido. Frente a esta realidad, que podría convertirse en una limitación futura para el Corredor Bioceánico, el Colegio de Ingenieros plantea la construcción de una ruta férrea, idea que también tiene sus orígenes en la visión de Mesones Muro a inicios del siglo pasado.

 

El ferrocarril permitiría economizar costos de transporte, tiempo de traslado, reducir riesgos y realizaría un recorrido que partiría en Saramiriza, pasando por Chamaya, en Cajamarca, llegando a Carrizal, en el límite con Lambayeque, saliendo por Chongoyape con dirección a Puerto Eten.

En su recorrido, el ferrocarril transportaría la producción de Manaos y toda la región nororiental, y retornaría con productos de costa tan básicos como los abarrotes y tan sencillos como los agregados para la construcción, (ripio, arena, cemento) que en Brasil son escasos y de alto costo. A esto se añade la posibilidad del desplazamiento de pasajeros de ida y vuelta.

 

En consecuencia, el Corredor Bioceánico es viable y su promoción demanda de la unión de esfuerzos políticos y técnicos, privilegiando una visión de futuro con integración territorial, productiva y económica desde Lambayeque hasta Loreto.

 

+ NOTICIAS

  • Luego de la guerra del Cenepa, con la suscripción del Acta de Brasilia, el Estado Peruano llegó a un acuerdo con el Ecuador para instalación de centros de navegación binacional cercanos a Saramiriza, cediendo por 50 años más de 500 hectáreas al vecino país para la instalación de sus enclaves. La población loretana ha rechazado tal concesión desde 1999.

 

  • A propósito del Manuel Antonio Mesones Muro, recientemente se publicó el libro póstumo de Gerardo Saavedra Mesones sobre el “Hombre de la Interoceánica”, y en el primer capítulo “Apuntes biográficos”, página 30, se consigna una fotografía en la que supuestamente aparece el expedicionario a su retorno de Europa. Sin embargo, la imagen corresponde a don Manuel Expedigggggto Muro Navarrete, recordado personaje ferreñafano. 

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Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 984

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