No es un secreto que el presidente de la república, Pedro Castillo Terrones, tiene una lucha intestina con el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú – SUTEP, de lejos la organización más representativa del magisterio y a la que muchos, incluyendo Sendero Luminoso y sus organismos generados como el MOVADEF, han querido destruir.

Castillo Terrones es la expresión misma de los grupos que reniegan del SUTEP y ahora, desde el poder, intentan arrinconarlo.

Con ocasión de los 50 años del sindicato, conmemorado el 6 de julio pasado, el SUTEP publicó un interesante artículo en el que hizo un recuento de sus luchas y conquistas, señalando, entre otras cosas, que ni las dictaduras de Juan Velasco Alvarado, Francisco Morales Bermúdez y Alberto Fujimori Fujimori, ni las organizaciones pro gobiernistas como el Sindicato de Educadores de la Revolución – SER, o las facciones vinculadas a Sendero Luminoso, como el CONARE, habían podido destruirlo.

Cierto es también que el SUTEP llamó al voto a favor de Castillo en la segunda vuelta. Su dirigencia ha señalado en más de una ocasión que no fue un cheque en blanco. Y es que analizando el momento eleccionario del 2021, difícilmente el sindicato de maestros iba a optar por apoyar a Keiko Fujimori Higuchi, candidata heredera del régimen que persiguió a los sutepistas, como sucedió después del 5 de abril de 1992, o que postergó derechos conquistados, como el 30 % por preparación de clases y evaluación. Si de algo sirve la historia, es importante señalar que la vieja deuda social que hasta hoy exigen los maestros, y por la que más de 50 mil han recurrido al Poder Judicial, la inició en 1991 Alberto Fujimori, cuando se negó a pagar el famoso 30 %.

Volviendo a la relación Castillo – SUTEP, todos recordamos cómo en el 2017 el ahora presidente lideró una huelga nacional que tenía como única agenda la eliminación de las evaluaciones para acceder y ascender en la carrera magisterial. Esa huelga no fue respaldada por el viejo sindicato, quien desde ese tiempo denunció los peligrosos vínculos de Castillo con personajes ligados al MOVADEF. Uno de esos es Oswaldo Esquivel Caicho, responsable de asuntos educativos de Sendero, y otra Mery Coila Ramírez, fundadora del MOVADEF, hoy asidua visitante a Palacio, e incluso pasajera del avión presidencial.

El SUTEP, apoyándose en aquello de que “el voto no es un cheque en blanco”, marcó distancia con Castillo desde el primer día de su gobierno, pues en un plazo récord de 24 horas, el nuevo presidente legalizó a su propio sindicato, la FENATEPERÚ, utilizando para ello al ministro de Trabajo, Íber Maraví Olarte, señalado de haber participado en acciones terroristas y militante del grupo magisterial de Castillo.

El cuestionamiento vino porque dicha organización fue reconocida como federación nacional sin tener bases y solo con 250 firmas, frente a las 300 mil que presentó el SUTEP en octubre del 2021 al Ministerio de Educación, donde Castillo puso como su segundo ministro a Carlos Gallardo Gómez, otro enemigo público del SUTEP, censurado tras el escándalo de la venta de la prueba de nombramiento docente, caso en el que está involucrada su propia hija.

La riña mayor llegó en noviembre del año pasado, cuando Castillo, que había prometido en campaña el 10 % del PBI para el sector Educación, propuso en el proyecto del presupuesto 2022 solo el 4.2 %. El SUTEP reclamó para que el gobierno cumpla con lo que dice la Constitución, y es que en el 2020 el sindicato había conseguido la reforma constitucional del Artículo 16, que señala que el Estado debe invertir no menos del 6 % del PBI al año en la Educación.

Lo que vino después fue una tirante relación entre el gobierno y el sindicato. La administración de Castillo se pasó por alto la Ley de Negociación Colectiva para el sector estatal, que ordena que el trato debe ser con el sindicato mayoritario y quiso desconocer al SUTEP. Al final, recién instaló la mesa de negociación en la quincena de junio, cuando el plazo vencía 12 días después, y se negó a abordar el asunto remunerativo, pese a que estaba contemplado en la ley.

El gobierno ha dejado sin sueldo a los dirigentes del SUTEP, pese a tener licencia sindical, y entre los afectados está nada menos que el propio secretario general, Lucio Castro Chipana. La cereza del pastel fue el Decreto Supremo 009-2022-MINEDU, con el que el gobierno busca intervenir la Derrama Magisterial, entidad de carácter privado, donde no hay inversión del Estado, bajo el falso discurso de la “democratización”. Según los entendidos, eso es inconstitucional.

Pues bien, en medio de todo ese panorama, el SUTEP convocó para el 17 de noviembre el inicio de una Huelga de Hambre sostenida por dirigentes nacionales y regionales, con el propósito de no interrumpir las clases. Se han cumplido ocho días de la huelga, con los maestros pernoctando en la calle y sin alimentos, y el gobierno se ha negado al diálogo.

De todo ello ha informado la dirigencia del SUTEP a la Misión Especial de la OEA, que la recibió el martes último. Entre las exigencias de los huelguistas está el 6 % del PBI para educación, el aumento de sueldos y pensiones, sobre todo para auxiliares, que ganan apenas s/ 1200 al mes; el cumplimiento del Convenio de Negociación Colectiva y la reglamentación de leyes como la del pago del 30 % sin juicios, lograda por el sindicato ante el Congreso. Castillo se negó a promulgarla, como hizo también con la ley del 100 % de la CTS para maestros y auxiliares.

Los maestros cuestionan que para el 2023 el presupuesto para el sector sea del 4.1 % del PBI, menos que lo dado este año. Asimismo, yendo contra el discurso del presidente y su federación, exigen que el nombramiento docente sea previa evaluación y mérito. No quieren retroceder en lo avanzado sobre meritocracia.

Tal es el nivel de desprecio del gobierno, que a través del Ministerio de Educación se declaró ilegal la huelga, pese a ser un derecho constitucional, y el mismo Ministerio de Trabajo, donde está el escudero presidencial Alejandro Salas como ministro, ha emitido una notificación señalando que el MINEDU se niega al diálogo para resolver las demandas de los maestros.

Como van las cosas, todo hace indicar que la guerra entre Castillo y el SUTEP recién empieza. A propósito, tres maestros de Lambayeque están en Huelga de Hambre en Lima.

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Directora / Fundadora