El gerente general de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento – EPSEL, Víctor Mondragón Villalobos, señala que el suministro de agua potable para la población usuaria está garantizada, siendo el reto de la empresa la reducción de la brecha de agua no facturada.
Sin embargo, el funcionario mencionó que entre los objetivos de la gestión a cargo del Organismo Técnico de Apoyo a los Servicios de Saneamiento – OTASS, es dotar a EPSEL de una nueva planta de tratamiento de agua potable, esto con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio y asegurar la continuidad del suministro en horas.
“El reto es reducir la brecha de agua no facturada que se genera no solo por conexiones clandestinas, sino también por fugas, que existen por el colapso de las mismas redes. Lo que necesitamos hacer es el cambio de redes y en eso estamos trabajando”, menciona.
Añade que otro aspecto importante de la gestión del agua potable es la sectorización.
Al respecto, menciona que EPSEL tiene un proyecto para la sectorización de las zonas usuarias, por lo que se trabaja en los Términos de Referencia – TDR, para encargar la formulación de dicho documento.
“La sectorización permitirá el cierre de válvulas, control del agua permanente en las zonas y además identificar exactamente cuántos usuarios tenemos, para que se pueda facturar de manera justa cada litro de agua que consuma. Con ello optimizaremos el abastecimiento de agua”, acota.
Nueva línea de impulsión
Anuncia que en los próximos días se convocará la formulación del proyecto para la ejecución de una nueva línea de impulsión o conducción desde las lagunas Boró a la planta de tratamiento de agua potable existente en predios de EPSEL.
“La línea de conducción que tenemos es de fierro dúctil, que ya tiene un tiempo de vida útil fenecido y requiere se renovada. Eso nos ayudará a mantener un flujo permanente de abastecimiento a la planta de tratamiento para la producción de agua potable y su distribución a los usuarios”, explica.
Mantenimiento de redes
Mondragón Villalobos remarcó que las tareas de la empresa prestadora de servicios son la operación y mantenimiento, para lo cual se requiere mejorar el equipamiento, lo que se está consiguiendo con la adquisición de más hidrojet. La empresa ha logrado que OTAS asigne cinco de estas máquinas, que sumadas a las dos propiedad de EPSEL están realizando el trabajo de mantenimiento de redes.
En tanto, se ha convocada la compra de dos hidrojet para incrementar la capacidad operativa de la empresa. “El proceso se está realizando a través de compra por encargo en OTASS, a fin de garantizar la transparencia del mismo”, comenta.
Se ha lanzado también la compra de dos camiones de cuatro toneladas y dos camionetas para labores operativas.
“Hemos reparado dos juegos de máquinas de balde propias, que han estado en situación de desuso. Las máquinas de balde que hemos tenido funcionando han estado realizando trabajos en el colector Norte Norte y ahora pasaremos al colector Sur. Con la limpieza se ha reducir el nivel de sólidos en las tuberías y con ello se ha mejorado la circulación de aguas residuales”, manifiesta.
El funcionario añade que actualmente la empresa de saneamiento terceriza las labores de facturación, cobros, cortes y reconexiones del suministro, así como la lectura de medidores.
Factibilidad de servicios
Sobre las expansiones urbanas, ejecutadas por empresas inmobiliarias, y el otorgamiento de la factibilidad para la habilitación de los servicios de saneamiento, el gerente general de EPSEL, indica que desde abril existe una directiva con la que se ha distribuido las cargas para acelerar los trámites.
“Lo que estamos haciendo es revisar la documentación pertinente y evaluar la necesidad para establecer qué expedientes se pueden atender. Sin embargo, estamos solicitando a las inmobiliarias la construcción del equipamiento necesario para tener mejoras en el sistema. ¿Qué se estaba haciendo? Se le pedía que construyan sus cámaras de bombeo, pero cuando entregaban el equipamiento electromecánico EPSEL tenía que asumir la operación y mantenimiento. Ahora, lo que estamos recomendando es que se use la gravedad para la conducción de las aguas residuales, generando ahorros para el sistema.
El Colegio de Biólogos del Perú cumple 75 años de vida institucional. En Lambayeque, el Consejo Regional III, liderado por su decana, Carlota Flores Arrascue, destaca la conmemoración, renovando el compromiso de trabajar en defensa de la profesión.
Su orden profesional cumple 75 años de labor institucional. ¿Qué representa para usted liderar el Colegio de Biólogos en Lambayeque en esta importante fecha?
En primer lugar, debo expresar mi gratitud a Dios y a los colegas que confiaron en mi persona tremenda responsabilidad de acompañar en el desarrollo institucional del Colegio de Biólogos Consejo Regional III Lambayeque. Liderar a mí colegió me llena de orgullo y responsabilidad.
Responsabilidad que unida al discernimiento y sabiduría que viene de Dios me permitirá lograr las metas trazadas y tomar las decisiones más correctas que hagan posible el crecimiento en la vía administrativa y sobre todo velar por el bienestar de cada agremiado y que estos 75 años como biólogos sean un motivo de seguir creciendo para el bien de la sociedad.
¿Cuántos biólogos trabajan en la región y cuál es el campo de acción profesional en el que se desarrollan?
En la actualidad nuestro colegio cuenta con mil 300 agremiados, debo decir que el trabajo que desarrollan los biólogos depende de la especialidad de cada profesional. En el mayor porcentaje están desempeñándose en salud, distribuidos entre el Ministerio de Salud, la Gerencia Regional de Salud – GERESA, y EsSalud y empresas privadas. Dentro del rubro hay colegas que gerencian sus propios laboratorios y otros trabajan en entidades privadas.
En salud se desempeñan en las áreas de Análisis Clínico, Banco de Sangre, Microbiología Genética, Molecular, Citológica, Inmunohistoquímica, Virología, Parasitología e Inmunología.
En menos porcentaje están en medio ambiente. Los biólogos están dentro de la protección de la biodiversidad trabajando áreas naturales protegidas, están en el servicio forestal y organismos de evaluación y fiscalización ambiental, así como evaluando recursos hídricos. Por ejemplo, laboran en la Autoridad Nacional del Agua.
El biólogo participa y se relaciona directa o indirectamente en todas las disciplinas científicas afines a las ciencias biológicas, desempeñando, ejecutando y elaborando programas de investigación científica, desarrollando e innovando tecnología en todas las áreas relacionadas a las ciencias biológicas.
¿Cuáles son las principales actividades desarrolladas hasta el momento por su gestión como decana?
La primera acción tomada fue el cambio de local institucional. Hoy estamos ubicados en la calle Vicente de la Vega N° 297, oficina 201, se generaron cambios en el área administrativa, se contrató un nuevo contador público y se renovó el contrato de la asesora legal.
Se ha generado la resolución de creación de la revista informativa del CRIII Lambayeque y actualmente vamos por la tercera edición; se participó activamente en la vacunación de los profesionales biólogos de la región Lambayeque pertenecientes, previa coordinación con el consejo nacional y se han realizado cursos de inducción para los biólogos que logran el SERUM.
En noviembre del año pasado celebramos nuestro 74 aniversario, caracterizado por la formación académica. En ese sentido se dictaron cuatro cursos teóricos prácticos que abarcaron salud y ambiente.
También se realizaron agasajos por el Día de la Madre, Día del Padre y Navidad; se realizaron entrevistas a biólogos que van destacando en su desarrollo profesional y en el marco de los 50 años de creación del colegio se desarrolló un programa muy interesante, con una ceremonia central en la que se hizo reconocimiento a los past decanos y de una manera especial al primer decano de nuestra institución, biólogo Víctor Meléndez. Contamos con la presencia de la decana nacional Gardenia Jiménez Villavicencio.
Asimismo, se desarrolló el primer panel fórum “Análisis y perspectivas de la gestión integral en residuos sólidos en Lambayeque”.
¿Qué proyectos en el mediano plazo ejecutará su directiva a favor de la orden profesional?
Tenemos planificada la programación de una auditoría, la construcción de nuestro local institucional, continuar con las capacitaciones a nuestros colegiados y estamos programando un encuentro de biólogos e investigadores a nivel nacional e internacional.
Conjuntamente con el consejo nacional estamos trabajando para el reconocimiento de la Ley de
Trabajo del Biólogo y la inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP.
¿Cuál es la situación de los biólogos en el ámbito laboral? ¿Qué aspectos, considera, atentan contra sus derechos profesionales y laborales?
Los biólogos por décadas venimos afrontando una discriminación sistemática por parte de las autoridades competentes, que cada vez vulneran nuestros derechos como trabajadores, sobre todo en el campo de salud, generando leyes que atentan nuestros derechos de un trabajo digno.
Vamos perdiendo competencia. Estamos realizando protestas reclamando se haga realidad nuestra Ley del Trabajo del Biólogo, pues sentimos abandono total en las convocatorias de trabajo, pues son bastantes limitadas, por no decir casi en extinción.
¿Cuál es el acercamiento logrado con la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que es la única en la región con escuela de Biología?
La UNPRG es nuestra alma mater y como buenos hijos la gratitud es nuestra gran recompensa. En realidad, hay una buena conexión con nuestras autoridades, lo que nos permite coordinar acciones en beneficio de los alumnos que van cursando sus últimos ciclos. Para ello se ha logrado a nivel nacional el servicio de internado, esto es resultado del trabajo conjunto entre la universidad y Colegio De biólogos a través de la Comisión de Educación.
¿Cuáles son las nuevas oportunidades de desarrollo profesional que tienen los biólogos con el
crecimiento de la agroindustria en el departamento?
Es una excelente oportunidad la presencia de las agroindustrias en el departamento de Lambayeque, porque permite el desempeño oportuno y profesional del biólogo.
El biólogo es responsable de garantizar que los productos lleguen inocuos al mercado, el biólogo es responsable de diseñar, ejecutar, evaluar y programar la implementación de laboratorios microbiológicos de acuerdo a las normativas actuales.
Esto le permite desempeñar un rol de control microbiológico desde la toma de muestra en el mismo campo hasta la producción final, garantizando la calidad del producto.
¿Cuáles son las acciones de fiscalización profesional que se realizan para asegurar que todos los biólogos en ejercicio estén habilitados por la orden?
En este aspecto se está buscando la manera de implementar un sistema control.
¿Cómo destaca el trabajo realizado por los biólogos en la pandemia contra el Covid-19?
Debo reconocer y facilitar el trabajo oportuno, responsable y lleno de calidad humana en los que han primado sus principios éticos, demostrando una auténtica vocación centrada en la búsqueda de la verdad. Fueron momentos en los que toda la sociedad vivimos una gran incertidumbre por resolver cada duda.
Por eso me atrevo asegurar que el trabajo del profesional biólogo fue impecable y desde esta cabina agradezco y felicito su excelente trabajo realizado. Solo me queda repetir lo que el poeta peruano César Vallejo dice en uno de sus poemas: “Hay, hermanos, muchísimo que hacer”.
En los cuatro años de la gestión municipal del alcalde Marcos Gasco Arrobas, poco más de 200 millones de soles no han sido invertidos en obras de mejoramiento y de desarrollo público, que bien hubieran mejorado la calidad de vida de los chiclayanos. Si se hubieran ejecutado, hoy la ciudad tuviera una mejor cara frente a las urbes vecinos como Piura y Trujillo. Así lo reveló el regidor Andrés Puell Varas, quien lamenta no haber podido hacer más como parte de la oposición.
Como un mea culpa por no haber podido actuar -por ser parte de la minoría-, tal y como lo dispone el artículo 10 de la Legislación de Municipalidades – Ley 27972-, el concejal edil señala que la gestión Gasco y su equipo de técnicos, apenas se han dedicado a tapar algunos huecos y darle una “lavada de cara” a algunas vías, las que a los pocos días vuelven a su estado de deterioro original. En el caso de los pueblos jóvenes, la historia sigue siendo la misma, sin pistas, sin veredas, sin servicios básicos adecuados.
Planificación
Para el regidor, la gestión Gasco se ha caracterizado no solamente por no escuchar propuestas y atropellar derechos de los chiclayanos bajo la modalidad de fiscalización, también por no haber tenido planificación y mucho menos experiencia y manejo técnico profesional, a pesar que ha tenido cuatro años para buscar, evaluar y seleccionar buenos profesionales y con ganas de trabajar por Chiclayo, que puedan llevar adelante procesos de selección y calificar de manera transparente las contrataciones y entregas de buena pro.
Señaló que, a pocos días de culminar la gestión, tampoco se deja un documento de planeamiento de acondicionamiento territorial que toda ciudad necesita para desarrollar obras y proyectos. “No hay un plan de desarrollo metropolitano que a las nuevas gestiones les pueda servir”, mencionó.
¿Y los presupuestos de año?
En más de una oportunidad –refirió- se hicieron observaciones de riesgo a los presupuestos de año, los que de no ser utilizados o invertidos en obras para la ciudad corrían el riesgo de ser revertidos, pero las advertencias nunca fueron tomadas en cuenta.
En el 2019 se tuvo un presupuesto de 37 millones de soles; en el 2020 fueron 44 millones; en el 2021 han sido 69 millones y en el año que está culminado la gestión Gasco ha tenido un poco más de 60 millones de soles, los que también corren el riesgo de no ejecutarse en su totalidad y devolverse.
Puell Varas afirma que a lo largo de la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas y su equipo técnico, ha recibido más de 200 millones de soles, los que no han sido invertidos en las necesidades de la ciudad y de la ciudadanía.
Los fiscalizadores
Menciona también que durante la gestión de Marcos Gasco se han atropellando derechos de los administrados, sin que exista algún tipo de protección o auxilio a los chiclayanos.
Señala que, ante las denuncias de excesos y actuaciones abusivas, en varias oportunidades ha salido al frente para poner y encontrar un freno, presentando observaciones a las medidas adoptadas por la gestión municipal, las que solamente buscaban obtener dinero bajo la modalidad de multas, retenciones y “secuestros” de bienes. Sin embargo, como concejal nunca fue escuchado, llevando a que la autoridad municipal y sus funcionarios actúen de manera abusiva y de espaldas a los ciudadanos.
“El alcalde nunca permitió que a través de propuestas los regidores de minoría lleguemos a un mejor entendimiento con la población. Nuestras propuestas u observaciones, siempre fueron desaprobadas o bloqueadas por todos los lados donde las hacíamos llegar”, sostuvo.
En estos momentos, la municipalidad cuenta con un nuevo reglamento interno del concejo, porque con el que se venía trabajando data de hace 15 años. Sin embargo, pese a estar aprobado, este no es publicado para que surta los efectos legales.
Desnaturalización de contratos
Igualmente, la gestión del alcalde Marcos Gasco se ha caracterizado por la excesiva contratación de personal. Muchos de los contratos se han desnaturalizado, significando que la nueva gestión municipal que asume funciones a partir del primero de enero del año 2023, recibirá una municipalidad con sobrecarga laboral, y con una planilla millonaria que deberá cubrir.
“Existe una ley, aprobada en 1984, que indica que si un trabajador permanece un año trabajando en una misma entidad de manera interrumpida se convierte en necesidad del mercado laboral, y automáticamente pasa a ser un trabajador con contrato indeterminado”, detalló.
Agrega, que sí en las últimas horas de su gestión, al alcalde Marco Gasco y su equipo técnico se les ocurre despedir a los trabajadores estos simplemente acudirán a la vía judicial y por derecho regresarán a sus puestos como personal permanente.
La falta de eficiencia en la administración de la cosa pública, por no decir incapacidad, ha motivado que, en las últimas semanas, proyectos elaborados por la Municipalidad de Chiclayo y el Gobierno Regional de Lambayeque, se caigan por su propio peso. A la reciente anulación del contrato para la ejecución del proyecto de seguridad ciudadana para Chiclayo, le acaba de suceder la aprobación para que se anule la compra de 34 ambulancias destinadas a igual número de centros de salud de esta parte del país.
A pesar de ello -en el caso del alcalde provincial, Marcos Gasco Arrobas- este no solo sigue promocionando proyectos como si fueran suyos (ya un regidor le ha parado el macho diciéndole que no lo son), sino que el burgomaestre no dice la verdad sobre que uno de ellos ya se fue al tacho y otros están a punto de seguir el mismo camino.
En cuanto al proyecto de seguridad ciudadana, el alcalde le sigue reventando cuetes en un folleto repartido a diestra y siniestra. Sin embargo, este ya no va más para Chiclayo, porque en el expediente se encontró documentación falsa. Otros proyectos municipales a punto de bajárseles el dedo, son de las obras de pavimentación de las avenidas La Colectora y Cieza de León, que también tienen serias deficiencias en su documentación, pues los trabajos se hicieron en terrenos que previamente no fueron saneados por la municipalidad de Chiclayo; es decir, donde parte de los terrenos tenían dueño.
Pero el alcalde Gasco le sigue echando la culpa de su ineficiencia a otros y hasta a la misma prensa, de la que dice “no hablan de sus obras”, según se le escuchó quejarse ante el presidente Pedro Castillo, a pesar que durante toda su intervención fue pifiado por la población que se dio cita a la inauguración de un centro hospitalario en Pósope Alto, Pátapo.
Las “situaciones adversas”
El 3 de noviembre último, la edición 1276 del Semanario Expresión, presentó un informe amplio titulado “La verdad sobre 34 ambulancias adquiridas por el sector Salud”, en el que mencionamos la serie de “situaciones adversas” encontradas por la Oficina de Control Interno de la Gerencia Regional de Salud, ante la adquisición, primero de 10 y luego de otros 24 de estos vehículos.
Esta situación fue conocida desde agosto pasado, por las entonces autoridades del Gobierno Regional y del Sector Salud, gobernador provisional Luis Díaz Bravo y Dr. Juan Alipio Rivas Guevara, respectivamente; pero ambos no hicieron nada por controlarla. Por el contrario, pusieron una serie de trabas a la investigación interna.
La Contraloría concluyó (en junio y en octubre), que se han advertido “situaciones adversas” que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la Contratación Directa n.° 004-2022-GR.LAMB/GERESA-L-1, denominada: “Adquisición de ambulancia urbana y ambulancia rural en treinta y cuatro establecimientos de salud I.4, establecimientos de salud I.2, establecimientos de salud I.3 a nivel departamental”.
El primer informe se emitió el 27 de junio de 2022 por el Órgano de Control Institucional de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, mediante oficio n.° 00965-2022-CG/OC0633. Se buscaba determinar si la Contratación Directa mencionada se desarrolla conforme a los procedimientos y condiciones establecidos en la normativa aplicable vigente, disposiciones normativas internas y estipulaciones contractuales y verificar la recepción y cumplimiento de las especificaciones técnicas (primera y segunda entrega) establecidas en las Bases de la Contratación.
El último Control Concurrente fue ejecutado del 16 de setiembre al 14 de octubre, en los ambientes de la Geresa.
Un proceso con serios vicios
El viernes 18 último, el directorio de gerentes del Gobierno Regional de Lambayeque ratificó esta crítica situación, por la serie de vicios antes, durante y después del procedimiento de adquisición de las 34 ambulancias valorizadas en 12 millones de soles y acordó, por unanimidad, disponer la anulación del contrato de compra de tales bienes.
El acuerdo fue adoptado en sesión encabezada por el gobernador Anselmo Lozano Centurión, luego de que el jefe de la oficina de Asesoría Jurídica del GORE, abogado Branko Antonio Flores Muñoz, expusiera los pormenores del proceso de compra de los vehículos médicos.
Branko Flores reveló que, en primer lugar, no debió haberse convocado a la adquisición sin antes contar con la autorización del gobernador (entonces, el gobernador provisional era Luis Díaz Bravo y el gerente de Salud Alipio Rivas); y, en segundo lugar, la acción a tomar no debió ser contratación directa sino licitación. Sin embargo, se hizo contratación. Eso, con respecto al procedimiento.
Con relación al contrato, mencionó que este tiene varios vicios. Para empezar, las bases sufrieron alteraciones durante todo el proceso. Incluso, habiendo sido integradas, las bases fueron modificadas al momento de suscribir el contrato, dijo.
Explicó que esto sucedió, por ejemplo, puntualmente, en la cantidad de entregas y la forma de pago. Así, establecen en la primera entrega 120 días; después, que eran 24 ambulancias y un pago único. Luego, en el momento del contrato, se dividen en dos entregas: una de 14 unidades; la otra de 10 y un pago secundario, conforme se vayan entregando los vehículos.
El abogado Branko afirmó ante los gerentes de la repartición regional, que el contrato también está lleno de vicios porque establece modificaciones a los términos de referencia, que estaban dentro de las propias bases.
Señaló que por esa razón, el área especializada en contrataciones de la Gerencia Regional de Salud-Geresa, recomendó en un primer momento la nulidad del procedimiento. Asimismo, el área de administración ha ratificado ese informe y asesoría general de la Geresa lo ha validado; así como el titular de la Gerencia de Salud. Finalmente, la oficina de Asesoría Jurídica del gobierno regional también está validando este informe.
Igualmente, el especialista en derecho añade que a ese informe se le deben adicionar las consecuencias posteriores del contrato. "Ello, porque después de la entrega tambien ha habido irregularidades. Por ejemplo, se debió conformar una comisión para la recepción, por el tipo de la complejidad de los bienes que se estaban adquiriendo. Sin embargo, no se hizo".
Sobre el particular precisa que la propia directiva 05-2015 del Gobierno Regional, establece cómo se deben recibir los bienes que se adquieren, donde se indica que debe contar con la firma del jefe de Almacén; y sin embargo, en las actas de recepción, que son dos, no aparece tal firma. Lo que sí aparece es una firma, reemplazando la del jefe de Almacén, aunque está su sello, de un señor que es el jefe de Logística. Es decir, firma dos veces, como jefe de Logística y como jefe de Almacén.
"De ahí que, si no existían esas características, no tenía por qué haberse tramitado ninguna conformidad de recepción y, por lo tanto, ningún pago".
Funcionalidad de ambulancias
El funcionario regional siguió explicando que, además, las propias bases y el propio contrato, establecen que para darle conformidad tenía que hacerse la prueba de funcionalidad de cada una de las ambulancias; cosa que tampoco se ha hecho.
Indica, asimismo, que hay dos documentos que acreditan la recepción: uno, redactado por la propia empresa (tiene los membretes y los logos de la empresa); y el otro, de dos hojas, redactado por la institución (Geresa), en donde solamente dice: "habiendo verificado la entrega de las 34 ambulancias y visto los TDR es conforme., cumple con el contrato" y firma. "De esa manera no podemos recibir ni siquiera una ambulancia. Lo que se tendría que haber verificado es el funcionamiento, la capacidad, de que cada uno de los elementos que están en los términos de referencia se encuentren ahí".
Añade que lo que se tiene entonces es que ha habido falencias antes del procedimiento, durante y después del contrato.
El jefe de Asesoría Jurídica aseveró que existe un informe contundente del servicio de equipo mecánico, en el que se precisa que aún sin estar en funcionamiento ya se tiene una inclinación de más de un grado en la parte posterior, debido a que el chasis que pertenece a una pickup, ha sido alterado, se ha montado sobre una cabina de ambulancia y el peso de esta está haciendo que se incline.
Aseguró finalmente que, independiente de estas, por lo menos hay 83 observaciones que se han encontrado, algunas de las cuales fueron dadas a conocer por la Oficina de Control Interno de la Geresa al mismo titular de la Gerencia, Alipio Rivas, como al entonces gobernador provisional, Luis Díaz. No obstante, se pagó más de 3 millones por las 10 primeras unidades.
Aparte de anularse el contrato, se establecerán los procesos administrativos correspondientes para sancionar a los responsables de que este proyecto se vino abajo.
La Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado – TCE, emitió la Resolución N° 2865-2022-TCE-S4, del 6 de septiembre pasado, con la cual inhabilita por ocho meses a la empresa Seguridad Perú y Servicios Varios SRL, luego de comprobar que esta presentó información inexacta en un proceso de contratación de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL. La empresa tiene como gerente general a la esposa del excandidato al Consejo Regional, José Luis Salazar Mejía.
El caso
Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado – SEACE, el 27 de noviembre de 2017, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque - EPSEL, convocó la Adjudicación Simplificada N° 04-2017-EPSEL SA.GG - Segunda Convocatoria, derivada del Concurso Público Nº 04-2016-EPSEL SAGG, para la "Contratación de servicios no personales de vigilancia privada en las instalaciones de EPSEL S.A”, con un valor referencial ascendente a a tres millones 660 mil soles.
Según el respectivo cronograma, el 11 de diciembre de ese año se llevó a cabo la presentación de ofertas, habiéndose presentado dos, una correspondiente al Consorcio SEPSE SRL & COVIMAX SRL, integrado por la empresa Seguridad Perú y Servicios Varios S.R.L. y Control Vigilancia Integral Max - COVIMAX S.R.L., y la otra por el Consorcio Virgo, siendo admitida solo la oferta del primer postor.
El 21 del mismo mes se declaró desierto el procedimiento de selección al no quedar oferta válida.
Sin embargo, con Memorando N° 027-2018/DGR/SPRI, del 24 de enero de 2018, la Subdirección de Procesamiento de Riesgos puso en conocimiento que las empresas integrantes del Consorcio SEPSE SRL & COVIMAX SRL habrían incurrido en infracción, ello en mérito a la denuncia formulada por la empresa Virgo Segurity S.A.C.
La denuncia
De acuerdo al detalle de la denuncia, la oferta del Consorcio SEPSE SRL & COVIMAX SRL fue calificada de manera positiva sin que se haya verificado que la empresa SEPSE SRL estaba impedida para postular en un proceso de selección y suscribir contratados con el Estado.
¿La razón? Se había omitido que “la propietaria y gerente general de la empresa SEPSE SRL, Patricia Esther Ruiz YAP, tiene condición de esposa de José Luis Salazar Mejía, director gerente de la Empresa Seguridad Privada y Electrónica Perú – SEPRE Perú SRL”, la misma que (al momento del proceso) se encontraba inhabilitada por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, por el período de 42 meses, sanción que se cumplía el 4 de octubre del 2019.
“Debemos indicar que la Gerente de SEPSE SRL, Ruiz Yap Patricia Esther, al ser esposa del accionista mayoritario y gerente general de la Empresa SEPRE Perú SRL, al tener la condición de accionista por derecho conyugal, cuya sanción a la fecha se encuentra vigente al haber sido sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado (…) con inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en sus derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado por la presentación de documentos falsos o información inexacta ante una Entidad”, señaló la denuncia presentada.
Con ello, se requería que se declare la nulidad del proceso convocado por EPSEL, “por haberse violentado el debido proceso y el principio de Moralidad establecido en el artículo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento”.
Requerimientos
Dando atención a la denuncia, se requirió a EPSEL que emita un informe técnico legal de su asesoría legal, donde debía señalar la procedencia y responsabilidad de las supuestas infractoras al haber supuestamente presentado, como parte de su oferta, documentos inexactos y, así como señalar si la inexactitud generó un perjuicio y/o daño a la entidad.
Asimismo, que señale y enumere de forma clara y precisa la totalidad de los supuestos documentos inexactos, presentados por el supuesto infractor como parte de su oferta.
Con Oficio N° 194-2019-EPSEL SA/GG del 22 de marzo de 2019, EPSEL cumplió con remitir la información requerida, exponiendo – entre otras cosas – que el control posterior de la información presentada por el consorcio no se realizó, toda vez que el proceso fue declarado desierto.
Empero, el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante Decreto del 27 de abril de este año, dispuso iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra las empresas integrantes del Consorcio SEPSE SRL & COVIMAX SRL, “por su presunta responsabilidad, al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta información inexacta ante la Entidad en el marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado”.
Respuesta
Notificada del procedimiento administrativo sancionador, la empresa de la esposa de Salazar Mejía se dirigió por escrito al TCE solicitando que se aplique la prescripción, bajo el argumento de que habían transcurrido más de cuatro años desde su participación en el proceso convocado por EPSEL.
La empresa señaló, además, que era falso que Ruiz Yap mantenía condición de accionista por derecho conyugal en la empresa de Salazar Mejía, sancionada por 42 meses para contratar con el Estado, pues “hace mucho tiempo atrás decidió por la ‘Transferencia por Sustitución del Régimen Patrimonial y Liquidación de Sociedad de Gananciales’”.
Análisis del tribunal
Sobre la invocación de prescripción, planteada por la empresa SEPSE, el tribunal fundamentó en su resolución que “debe tenerse en cuenta que la prescripción es una institución jurídica en virtud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos respecto de los derechos o facultades de las personas o en cuanto al ejercicio de la potestad punitiva de parte de la Administración Pública, la misma que tiene efectos respecto de los particulares. Conforme a ello, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de infracción, y con él, la responsabilidad del supuesto responsable del mismo”.
Conforme a lo expuesto, se advierte que los hechos denunciados tuvieron lugar el 11 de diciembre de 2017, asimismo, se observa que la referida denuncia fue puesta en conocimiento del tribunal el 11 de abril de 2018, esto es, antes que hubiera prescrito la infracción denunciada (11 de diciembre de 2020); por consiguiente, en esa fecha el plazo prescriptorio quedó suspendido hasta culminar el procedimiento administrativo sancionador.
“En tal sentido, la prescripción alegada por la empresa Seguridad Perú y Servicios Varios S.R.L., integrante del consorcio, debe ser desestimada, conforme a los argumentos antes expuestos; por lo que, corresponde continuar con el análisis de fondo de la infracción imputada contra aquella y su consorciada Control Vigilancia Integral Max - COVIMAX S.R.L”, señaló el TCE.
Asimismo, el tribunal, tras la revisión a los documentos obrantes en registros públicos y del procedimiento ante EPSEL, estableció la relación directa entre Ruiz Yap y Salazar Mejía, este último representante de una empresa sancionada para contratar con el Estado.
“El Consorcio presentó su oferta [11 de diciembre de 2017], conteniendo el Anexo N° 2 materia de análisis, mediante el cual la señora Patricia Esther Ruiz Yap, participacionista de la empresa SEGURIDAD PERU Y SERVICIOS VARIOS S.R.L., integrante del Consorcio, declaró que no se encontraba impedida para contratar con el Estado; no obstante, de los hechos expuestos se ha evidenciado que sí lo estaba por su condición de casada con el señor José Luis Salazar participacionista de la empresa Seguridad Privada Y Electrónica Perú S.R.L., la cual se encuentra sancionada
por el Tribunal”, precisa la resolución.
Lo que estableció también el TCE es que tanto la empresa de Ruiz Yap como la de Salazar Mejía consignaban en su información ante SUNAT las mismas direcciones de sus sucursales y/o establecimientos anexos.
En tal sentido, la sala resolvió “sancionar a la empresa Seguridad Perú y Servicios Varios S.R.L. (con R.U.C. N° 20600580583), por un período de ocho meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado información inexacta ante la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A. - EPSEL S.A., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 04-2017-EPSEL SA.GG – Segunda Convocatoria (derivada del Concurso Público Nº 04-2016-EPSEL SAGG), para la
"Contratación de servicios no personales de vigilancia privada en las instalaciones de EPSEL S.A”.
