El desarrollo de una ciudad no se construye a partir de decisiones improvisadas ni de acuerdos tomados a espaldas de la planificación. Se edifica sobre la base de estudios técnicos, visión de futuro y respeto a las normas que ordenan el crecimiento urbano. Por eso, la reciente alerta sobre el presunto subarriendo de terrenos del Aeropuerto Internacional de Chiclayo para la construcción de un terminal de buses interprovinciales no es un hecho menor. Por el contrario, abre una preocupante discusión sobre cómo se están tomando decisiones que pueden comprometer el futuro de la ciudad.

Según lo revelado por Expresión, la concesionaria Aeropuertos del Perú (ADP), responsable de la administración del aeropuerto “Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles”, habría subarrendado parte de los terrenos del terminal aéreo para levantar una infraestructura de transporte terrestre. Lo grave del caso es que dicha construcción se ubicaría precisamente en el espacio donde debería desarrollarse el futuro terminal de pasajeros del aeropuerto, obra largamente anunciada como parte de un proceso de modernización que hasta ahora sigue sin ejecutarse.

La contradicción es evidente. Mientras la región espera la ampliación y modernización de su principal puerta aérea, los terrenos destinados a ese proyecto estarían siendo utilizados para otro fin. Más aún, se trataría de una decisión que —según las autoridades regionales y municipales— no fue consultada ni evaluada dentro de los instrumentos de planificación urbana existentes.

La reacción del Gobierno Regional de Lambayeque y de la Municipalidad Provincial de Chiclayo evidencia la gravedad del asunto. Ambas entidades han expresado su preocupación por una iniciativa privada que no estaría contemplada en el Plan de Desarrollo Metropolitano ni en los estudios de transitabilidad elaborados para el sector. No se trata, como bien lo ha señalado el gobernador regional, de oponerse a la inversión privada. Se trata de exigir que esta se realice dentro de un marco de orden, planificación y respeto por el interés colectivo.

El problema no es la construcción de un terminal terrestre en sí mismo. Chiclayo necesita infraestructura moderna para el transporte interprovincial. Lo que resulta cuestionable es hacerlo en un lugar que no ha sido previsto para ese uso, en una zona donde el tránsito ya es crítico y que, además, forma parte del área estratégica de desarrollo aeroportuario.

Quienes recorren a diario el cruce de las avenidas Víctor Raúl Haya de la Torre y Fitzcarrald saben que se trata de uno de los puntos de mayor congestión vehicular de la ciudad. Instalar allí un terminal de buses interprovinciales sin un rediseño integral de la movilidad urbana podría convertir ese sector en un cuello de botella permanente, afectando no solo a los pasajeros, sino también a los miles de ciudadanos que transitan por la zona.

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa una vieja debilidad del país y de muchas de nuestras ciudades: la tendencia a permitir que la informalidad y la improvisación se impongan sobre la planificación. Durante décadas, el crecimiento urbano de Chiclayo ha estado marcado por decisiones desordenadas que luego resultan difíciles —y costosas— de corregir.

El riesgo es repetir ese mismo error en un espacio estratégico como el aeropuerto. En la actualidad, las ciudades que aspiran a competir en el ámbito turístico, comercial y logístico entienden que sus aeropuertos son mucho más que simples terminales de embarque. Son polos de desarrollo que articulan transporte, comercio, conectividad y planificación territorial.

Si realmente aspiramos a consolidar un aeropuerto internacional moderno, capaz de responder al crecimiento de la región y al potencial turístico del norte del Perú, entonces cada metro cuadrado de su entorno debe ser planificado con rigor. No puede convertirse en un espacio donde cada actor decide construir según su conveniencia.

La transparencia también es fundamental. Si existe un subarriendo, la ciudadanía tiene derecho a conocer en qué condiciones se realizó, qué autorizaciones se otorgaron y si la obra cuenta con las licencias correspondientes. Más aún cuando desde el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones se habría solicitado información a la concesionaria para esclarecer los hechos.

Las ciudades que progresan no lo hacen por azar. Lo hacen porque respetan sus planes de desarrollo, porque entienden que el crecimiento urbano debe responder a una visión de largo plazo y porque las autoridades ejercen su rol de vigilancia cuando el interés público puede verse comprometido.

Chiclayo no puede seguir creciendo bajo la lógica del parche, del permiso improvisado o del proyecto que aparece de la noche a la mañana sin estar alineado con la planificación urbana. Si realmente queremos una ciudad moderna, ordenada y competitiva, debemos empezar por respetar las reglas que nosotros mismos hemos establecido.

Porque cuando la planificación se ignora, el costo lo termina pagando la ciudad entera. Y ese es un lujo que Chiclayo ya no puede permitirse.

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Editora - Directora fundadora.