“Olmos es ancho y ajeno. Ancho porque son mil kilómetros cuadrados de tierras que tiene el distrito, desde la cordillera hasta el litoral, ricas para sembrar todo tipo de productos alimenticios, pero a la vez es ajeno, porque no es de los lambayecanos. A partir del 2010 la tierra y el proyecto es de Odebrecht y de aquellos que con millones de dólares en el bolsillo pudieron comprar lotes de mil hectáreas como mínimo”, sostiene el rector de la Universidad Particular de Chiclayo, Alberto Ortiz Prieto.
La autoridad universitaria busca emular al escritor Ciro Alegría, autor de “El Mundo es Ancho y Ajeno”, rememorando que en la obra “el hacendado, en su abuso de poder, les dice a los comuneros: ‘Váyanse a otra parte, el mundo es ancho’, y los despoja de sus tierras a los comuneros, pero al mismo tiempo siempre será ajeno o extraño para los comuneros, como lo es ahora para los comuneros de Olmos y Mórrope el proyecto de irrigación”.
LA LOTERÍA
Ortiz Prieto exhorta a las autoridades nacionales y regionales a reivindicarse con los lambayecanos, debido a que – según afirma - el Proyecto Hidroenergético Olmos solo ha beneficiado a la constructora Odebrecht y “en nada a los campesinos de la zona de influencia y mucho menos a los habitantes de Lambayeque”.
“Estamos celebrando 13 años de la multitudinaria marcha que promovimos con la Universidad de Chiclayo para exigir la ejecución de este proyecto, que en ese momento era el anhelo de todos los lambayecanos. En estos momentos que se están descubriendo tantos actos de corrupción en la empresa brasilera Odebrecht, es el momento en que nuestras autoridades se pongan la camiseta de la región y del país para agotar todas las alternativas legales con el objetivo que las tierras que fueron subastadas, reviertan y sean devueltas a los comuneros, a quienes les fueron arrebatadas”, dice.
Fue el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori el que expropió 111 mil hectáreas de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos para reservarlas como zona intangible para el desarrollo del proyecto. En el 2011, 38 mil de esas hectáreas fueron subastadas a empresas peruanas y extranjeras en un proceso que permitió el financiamiento del componente de irrigación.
Según Alberto Ortiz “desde la ejecución, así como la puesta en operatividad del Proyecto Olmos, las condiciones de desarrollo de los olmanos y de los lambayecanos no han mejorado en nada, cosa muy contraria a los grandes empresarios que ya vienen explotando y comercializando los productos agrícolas que se producen en la zona”.
LA ALERTA
Dice Ortiz Prieto que desde el 2010 se advirtió que la ejecución del Proyecto Olmos “iba a constituir un fraude para los lambayecanos, y el fraude se inició desde que Odebrecht inició la perforación del Túnel Trasandino para trasvasar las aguas del río Huancabamba”.
El túnel –detalla- “empezó con un costo de 185 millones de dólares, el cual en ese momento era un precio fijo, pero grande ha sido la sorpresa no solo para los lambayecanos sino para el Perú entero, saber que con las famosas adendas de contrato, bajo la modalidad de reconocimiento de daños y retrasos, la obra terminó costando 600 millones de dólares”
“En un primer momento se dijo que el Estado solamente iba a invertir 77 millones dólares y el resto iba a ser puesto por la iniciativa privada, en este caso Odebrecht, pero al final ya todos sabemos lo que ha costado Olmos en su primera etapa y encima hemos tenido que pagar las adendas y darle a Odebrecht más de 400 millones de dólares, además de la concesión”, sostuvo, calificando al proyecto como una “gran estafa”.
“Recuerdo con claridad que la exministra Mercedes Aráoz hizo un estudio sobre costos para la irrigación de las tierras, pero al obtener los resultados reales, se opuso a ello”, señala en relación al componente de irrigación ejecutado a través de una iniciativa privada.
La propuesta de Odebrecht, a través de su subsidiaria H2Olmos, para la ejecución de la irrigación de Olmos a través de una iniciativa privada pasó el tamiz de la Contraloría General de la República, Proinversión, el Congreso de la República y el Ministerio Pública. Después de los informes favorables el Gobierno Regional de Lambayeque suscribió el contrato de concesión en el 2010.
JAVIER VELÁSQUEZ
Dice recordar que hubo otros personajes de la política, como es el caso de Javier Velásquez Quesquén, que en ese momento era el presidente del Consejo de Ministros del gobierno aprista, que alentaba a la iniciativa privada.
“No sé qué pasó después y qué motivos hubieron para que se hagan algunos ajustes al proyecto y sea ejecutado a través de la empresa privada. El objetivo era que el proyecto se haga con Odebrecht, a pesar que Mercedes Aráoz se opuso”, sostuvo la autoridad universitaria, quien agrega que finalmente “la estafa se concretó con la venta de tierras con un número mínimo de mil hectáreas por empresa”.
Explica que Odebrecht obtuvo la venta de tierras las que tuvieron un costo a subastar de 4 mil 200 dólares por hectárea, lo que en un primer momento hizo pensar que cualquiera podría acceder, pero al final quedó comprobado que la cantidad mínima a comprar era de mil hectáreas; es decir – señala- cada lote de tierra costaba una millonada de dólares, lo que resultaba imposible para un campesino de la zona y del mismo Lambayeque.
MARCHA
Su mente evoca el año 2010 y recuerda que en esa fecha los lambayecanos se volcaron a las calles para exigir la ejecución del Proyecto Olmos, sin saber las condiciones en las que se haría.
“Hicimos una marcha con la Universidad de Chiclayo. Fue la más grande, pero la hicimos con la intención que el pueblo de Lambayeque, especialmente la zona de Olmos, sea la favorecida. Sin embargo, ahora exijo que la corrupción no quede impune como, por ejemplo el arrebato de las tierras a las comunidades campesinas, las que forman parte de la identidad lambayecana”, sostiene.
Ortiz Prieto afirma que la presunta corrupción en la ejecución del Proyecto Olmos se venía dando desde antes de su ejecución y cita como ejemplo cuando el Congreso de la República dio leyes con nombre propio.
“Desde el 2008 ya había una advertencia de lo que era Odebrecht en el Perú, pero nadie hacía caso. Todo estaba concertado, y ello se tiene que decir con el objetivo que los nombres de los corruptos no queden en el anonimato para que no solamente la justicia los juzgue, sino también para que la población tenga conocimiento”, recalcó.
CABECERA DE PLAYA
En su opinión, dentro de poco el Proyecto Olmos será una “cabecera de playa” agrícola pero no para el Perú, sino para Brasil, país que se dedicará a la industrialización de los productos que se cosechen en la zona, y que sean de la demanda de mercados como el chino e indio.
“Es más que seguro que dentro de poco Olmos se convertirá en la cabecera de playa agrícola de Brasil. Olmos será tierra con agua para dedicarla a la producción de monocultivos como maracuyá, caña de azúcar, espárrago, entre otros productos que sean de utilidad para alimentar a poblaciones de otras partes del planeta, más no habrá ningún producto que sirva de alimento para los lambayecanos”, indica.
Refiere que sería muy interesante que los monocultivos que se desarrollan en Olmos y otras partes de Lambayeque se industrialicen en la región, pero como aquí no hay empresas dedicadas a la agroindustria, los productos son llevados a otras ciudades.
“Lambayeque, desde el punto de vista agrícola, está siendo convertido en un lugar para obreros de brazo o braceros como se les conoce. Es decir, a los lambayecanos, las empresas agroindustriales los contratan por temporadas, pero como obreros. Si esto sigue así y no hay industria, seguiremos siendo simples braceros en Olmos y en el resto de tierras donde existe el cultivo de productos para agroexportar”, sentencia.
En Lambayeque las lluvias registradas entre el 1 y el 3 de febrero dejaron como saldo dos mil 132 viviendas colapsadas, cuatro mil 115 inhabitables y 17 mil 224 afectadas. El número de familias damnificadas llega a seis mil 247, que representan en total a 31 mil 235 personas. Los afectados fueron más de 86 mil pobladores.
Este es el resultado de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – Consolidado, que maneja el Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER, desde donde se monitorean las acciones de ayuda para las personas que han perdido todo o resultaron perjudicadas parcialmente por las precipitaciones pluviales.
“Hemos entregado hasta el momento más de 400 toneladas de ayuda humanitaria, 340 corresponden al stock que el Gobierno Regional de Lambayeque tenía en los almacenes del COER desde el año 2012. El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, ha trasferido hasta el momento 120 toneladas en el marco de la declaratoria de emergencia”, comenta el jefe del COER, Carlos Balarezo Mesones.
Para el caso de Chiclayo el COER ha entregado de manera constante ayuda humanitaria a la municipalidad, que es la que de acuerdo a los procedimientos vigentes debe alcanzar sus informes, a través de las fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, para canalizar los materiales e insumos de manera controlada a los damnificados.
El sábado último, por ejemplo, se le entregaron a la comuna provincial cuatro mil planchas de triplay y a inicios de semana seis mil planchas de calaminas.
“Con eso hemos cerrado todo lo que la municipalidad de Chiclayo ha requerido de acuerdo a los informes alcanzados. Debe quedar claro que la ayuda se entrega en función de las EDAN que alcanzan los municipios, a veces se cree que a unos se les ha apoyado más que a otros, pero no omiten la cantidad de damnificados reportados por las municipalidades. Nosotros no podemos dar mayor cantidad a la que ellos reportan”, explica.
A Chiclayo se le ha entregado aproximadamente cuatro mil colchones de espuma, cuatro mil sacos terreros y demás herramientas.
“Si se requeriría más ayuda estamos a la espera de más reportes de damnificados. Debe quedar claro que se está a la espera que se entreguen los padrones de damnificados, como lo está exigiendo la Contraloría”, indica.
LOS MÁS AFECTADOS
La provincia más afectada con las lluvias de inicios de mes es Lambayeque. En la jurisdicción colapsaron mil 121 viviendas y mil 720 quedaron inhabilitadas.
El distrito con mayor cantidad de casa derruidas es Lambayeque pueblo, seguido de Mórrope con 200 inmuebles y Túcume con 130, la mayoría ubicados en la zona rural.
En Mórrope se concentra el mayor número de familias damnificadas (600), distrito donde también resultaron afectadas 11 mil 800 personas.
“Muchas personas no entienden cómo funcionan los almacenes. No por el hecho de tenerlos llenos estos deben vaciarse. Miremos lo que ha pasado en Piura, donde se ha entregado la ayuda sin previa evaluación de daños y hoy se sabe que casi el 70 % de los que la recibieron no eran damnificados”, acota.
CHICLAYO
Las cifras en Chiclayo provincia no son muy distantes de las de Lambayeque. En Chiclayo capital se derrumbaron 450 viviendas, principalmente ubicadas en pueblos jóvenes y asentamientos humanos, y se contabilizó 800 casas en estado ruinoso con peligro de colapso.
La mayor cantidad de viviendas afectadas se concentró en José Leonardo Ortiz (dos mil 300), Chongoyape (dos mil 150) y Cayaltí (mil 235).
En Pimentel se cayeron 130 casas, 95 en Leonardo Ortiz y 70 en La Victoria, en tanto en Chiclayo distrito se ha registrado como damnificadas a seis 250 personas.
Del reporte general que tiene el COER solo se conoce de una víctima mortal el José Leonardo Ortiz.
“La mayoría de viviendas colapsadas se ubican en zonas urbano-marginales, invasiones y rurales, principalmente en el Valle La Leche. Entre Chiclayo y Pimentel hemos tenido que resolver una controversia de responsabilidad en una parte de La Pradera, donde se ha dispuesto que sea el municipio pimenteleño el que asista a la población afectada”, refiere.
FERREÑAFE
Según el COER, para el caso de Ferreñafe el impacto de las lluvias fue menor. A nivel de provincia hubo 61 casas destruidas, 186 inhabitables y mil 379 afectadas.
Respecto a familias, 247 quedaron damnificadas, mil 379 afectadas y el número de personas afectadas fue de seis mil 895.
PRIMERAS ACCIONES
“Ocurridas las lluvias nosotros atendimos de manera inmediata a los primeros damnificados que se ubicaron en Túcume, Íllimo, Pacora y Jayanca, y simultáneamente empezamos a distribuir nuestras motobombas”, comenta Carlos Balarezo.
El COER administró el trabajo de un total de 78 motobombas adquiridas por el Gobierno Regional de Lambayeque, las mismas que fueron distribuidas en base al requerimiento de los municipios.
“Hasta el momento estamos atendiendo con ayuda humanitaria y equipos a 33 municipalidades de las 38 en el departamento. Las de las zonas altoandina no han solicitado apoyo porque la presencia de lluvias no ha generado mayor perjuicio”, explica.
Carlos Balarezo destaca los resultados que han tenido las reuniones realizadas en el COER desde que se presentó la emergencia, en las que han participado los representantes de diferentes instituciones de carácter local, regional y nacional y que han permitido el diseño de estrategias y planes de acciones.
“Se ha asignado tareas específicas y así se ha coordinado el trabajo con el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, las gerencias regionales y los programas y ministerios. Nosotros requeríamos de manera urgente la presencia de EPSEL. Lamentablemente sus representantes no acudieron a las primeras reuniones lo que hubiera posibilitado que se actúe de mejor manera frente al colapso del alcantarillado”, sostiene.
El funcionario destaca el trabajo que han realizado las Fuerzas Armadas en el manejo de los equipos y la distribución de la ayuda humanitaria, permaneciendo en permanente coordinación con el COER.
EL ALCANTARILLADO
“Considero que el principal problema que se presentó a raíz de las lluvias fue el colapso del alcantarillado. La ciudad de Chiclayo y José Leonardo Ortiz, que congregan casi el 40 % de la población de Lambayeque tienen el problema de alcantarillado en pésimas condiciones de manera permanente. Esto se agudizó con las lluvias y las consecuencias hoy todos las conocemos”, manifiesta, poniendo énfasis en que las precipitaciones que se registraron sobre el departamento fueron de mediana intensidad.
“De acuerdo a los informes que manejamos ya no hay ningún lugar donde haya agua pluvial. En algunos lugares se ha demorado más por el nivel topográfico de las zonas, en las que a veces ni las motobombas servían. Otro problema que hemos tenido es que pese a haber distribuido motobombas de succión y de descarga, estas no eran suficiente, e incluso había inconvenientes para encontrar lugar o puntos dónde derivar las aguas evacuadas. Por ejemplo, hay motobombas que han funcionado con hasta 800 metros de manguera de descarga”, detalla.
En los lugares donde fue posible el uso de motobombas se dispuso la intervención de camiones cisterna. “Por eso hubo desesperación justificada de diversas familias porque hubo problemas para evacuar el agua. Hemos recibido apoyo del Ministerio de Vivienda, de empresas privadas y desde Lima se enviaron 50 motobombas y camiones de SEDAPAL que fueron traídos por Vivienda y el Ministerio de Defensa”, explica.
CONTINUIDAD DE LLUVIAS
El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER, indica que la altera de lluvias no está desactivada para Lambayeque, más porque de manera permanente el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, emite sus informes respecto a la presencia de lluvias, incluso de nivel 4 que es el más intenso.
Sin embargo, Carlos Balarezo menciona que condiciones del viento están favoreciendo a que la carga de nubles se desplace hacia el norte, por lo que en los últimos días se han registrado copiosas precipitaciones entre Tumbes y Piura. Esta situación – advierte – no debe tomarse con ligereza, porque en cualquier momento Lambayeque puede recibir descargas de mediana o gran magnitud.
“Tenemos varias alertas y hay que estar atentos a ellas. El sistema meteorológico ha señalado que a inicios de marzo podrían volver las precipitaciones y estar generar afectación, sobre todo porque aún hay tremenda vulnerabilidad”, asevera.
Finalmente, el funcionario pone énfasis en el desorden del crecimiento de las ciudades, sobre todo por la habilitación de nuevos espacios urbanos o habitacionales en terrenos que antes tuvieron uso agrícola, representando alta vulnerabilidad para las familias.
“En 1998 había menos población, hoy tenemos mucha población en las zonas urbano marginales, en lugares donde no debería haber construcciones y que no solo son de material rústico, sino también zonas residenciales y edificios, sobre zonas topográficamente bajas, donde no se ha debido construir”, afirma.
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A pesar que a inicio de su gestión el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, anunció por todos los medios que recibía una municipalidad quebrada y devastada, y que no había dinero ni para tomarse una limonada, a tres de sus regidores más cercanos pareció no importarles la situación y en los dos primeros años de gestión viajaron en forma permanente a la ciudad de Lima, con gastos cubiertos por la comuna.
Lo más preocupante es que los regidores más viajeros: Boris Bartra Grosso, Luis Carlos Cabrejos Ucañay y Juan Carlos Pérez Bautista, habrían viajado sin autorización del concejo provincial. De acuerdo al Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, el dinero con el que los regidores pasaron sus días en Lima salió de los recursos directamente recaudados, así como de los impuestos municipales.
El balance de gastos en pasajes y viáticos realizado por la comuna desde el 2015 hasta el 31 de diciembre del año pasado, reporta un gasto total de 206 mil 265 soles con 5 céntimos.
Los gastos en pasajes y viáticos corresponden a funcionarios y tres de los más cercamos regidores al alcalde, a la ciudad de Lima, Piura y Moyobamba. Sin embargo, en el Portal de Transparencia de la comuna chiclayana no se explican las razones por las que los concejales viajaron en repetidas en oportunidades y hasta dos veces por mes, así como si sus viajes fueron aprobados.
EN EL 2015
En el primer año de la gestión de Cornejo Chinguel se gastaron 105 mil 801 soles. Empezando el gobierno municipal los primeros viajeros fueron los regidores Guillermo Segura Díaz, quien el 25 de febrero de ese año recibió mil 140 soles por concepto de pasajes y viáticos a la ciudad de Lima, para permanecer en la capital entre los días 25 al 27 de febrero.
Otro regidor que durante esos días también viajó a Lima fue Liliana Barrantes Piscoya, quien gastó 820 entre pasajes y viáticos por estar en la capital entre el 25 al 27 de febrero.
En junio del año 2015 la municipalidad de Chiclayo gastó un total de nueve mil 520 soles por viáticos y pasajes. De ese total el regidor Boris Gustavo Bartra Grosso gastó la suma de 500 soles en viajar a la ciudad de Lima el 8 de junio. Por concepto de pasajes gastó la suma de 180 soles y por estadía 320 soles.
LOS TRES
En agosto de ese mismo año, la municipalidad de Chiclayo gastó 12 mil 930 soles en viajes de funcionarios de las áreas de Centro Metropolitano Chiclayo; Bienes Patrimoniales; Asesoría Jurídica; Racionalización; Regiduría; Defensa Civil; Procuraduría; Educación y Cultura; Infraestructura Pública; Seguridad Ciudadana; Obras Públicas; Presupuesto; OPI; Unidad Formuladora; Recursos Humanos; Secretearía General; Desarrollo Social; Gerencia General; Desarrollo Ambiental; Servicios Generales; Logística y Fiscalización,
A ellos también se suman los regidores Boris Bartra Grosso, Juan Carlos Pérez Bautista y Luis Carlos Cabrejos Ucañay, quienes entre el 11 al 13 de setiembre del 2015 viajaron a la ciudad de Lima, recibiendo cada uno la suma de mil 140 soles.
Asimismo, en el mes de octubre la comuna hizo un desembolso de 12 mil 400 soles, y de ellos un total de 820 soles fueron asignados al regidor Juan Carlos Pérez Bautista para que cubra los gastos de sus pasajes y estadía en la ciudad de Lima entre los días 15 y 16 de octubre.
Para noviembre del 2015, los gastos en pasajes y viáticos se incrementaron en 14 mil 690 soles. Ese mes los regidores Bartra Grosso, Carlos Cabrejos Ucañay y Juan Pérez Bautista, viajaron a la ciudad de Lima en dos ocasiones cada uno, recibiendo la cantidad de dinero de mil 720 cada uno por concepto de pasajes y viáticos para permanecer en la capital entre el 4 al 5 de noviembre y del 16 al 17 del mismo mes.
Una vez más, en el último mes de ese año, los regidores Boris Bartra, Luis Carlos Cabrejos y Juan Carlos Pérez recibieron 860 soles cada uno por viajar a Lima entre los días 14 al 15 de diciembre.
EN EL AÑO 2016
El año pasado la Municipalidad Provincial de Chiclayo gastó la suma de 100 mil 464.05 soles en viajes de funcionarios y regidores, supuestamente para realizar gestiones de desarrollo de la ciudad.
En el mes de enero, una vez más los regidores Juan Carlos Pérez Bautista, José Luis Cabrejos Ucañay y Boris Gustavo Bartra Grosso, recibieron cada uno la suma de mil 180 soles por viajar a Lima entre los días 6 y 8.
Una vez más, en el mes de setiembre los regidores Bartra Grosso y Cabrejos Ucañay viajaron en dos ocasiones a Lima en esa fecha, recibiendo mil 180 soles por persona para cubrir los gastos de su viaje entre los días 4 al 6. Además, recibieron 860 soles cada uno entre los días 29 de setiembre al 1 de octubre.
Finalmente, en octubre los mismos concejales recibieron nuevamente mil 180 soles por viajar a la ciudad de Lima entre los días 12 al 14, presuntamente para representar al alcalde David Cornejo Chinguel o realizar alguna gestión en nombre de Chiclayo.
¿CON PERMISO?
Expresión intentó dialogar con los regidores viajeros, pero ninguno de los tres respondió a las llamadas telefónicas que se les hicieron.
El objetivo de la comunicación era conocer de ellos mismos si los viajes que realizaron los hicieron con permiso del pleno del concejo municipal; pues, sus salidas permanentes a Lima le han costado una buena cantidad de dinero a los chiclayanos y al Estado peruano.
Asimismo, se buscaba conocer a qué actividades viajaron y cuáles fueron los resultados de sus gestiones en la capital de la República a favor de Chiclayo.
La jueza del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, Karina Fabián Palomino, emitió la Resolución N° 550 del Expediente N° 04430-2001-0-1706-JR-CI-07, con la que ordena la reinstalación del IV Directorio en la Empresa Agroindustrial Tumán, decisión que aparta del manejo de la azucarera a la actual administración de César Sandoval Lozada. Con el fallo se resolvería la disputa que desde hace dos años tienen diferentes facciones por el control de la excooperativa.
En la parte resolutiva de su decisión, la magistrada ordenó a Leoncio Egúsquiza Sánchez, Alejandro Zevallos Gonzáles y César Sandoval Lozada, entregar el cargo y la documentación respectiva al directorio presidido por Wilberto Cabrejos Flores, inscrito en el Asiento C000026 de la Partida Electrónica N° 11002177, el cual en el plazo más próximo (no determina cuánto), deberá convocar a elecciones para elegir a un nuevo directorio en reemplazo del último escrito.
En consecuencia, la magistrada dispuso, en su fallo del 14 de febrero pasado, que Sandoval Lozada en un plazo de dos días después de notificado de la resolución entregue la conducción de la azucarera Tumán al directorio de Cabrejos Flores, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad y otros que estime pertinente el Ministerio Público.
La jueza ordena también que se oficie a la Policía Nacional del Perú para que brinde las garantías al personal del juzgado a fin de cumplir con la diligencia dispuesta. Asimismo, ordena al Banco Interbank la retención del saldo de 100 mil 102.22 dólares americanos que existe a favor de la Empresa Agroindustrial Tumán, respecto del cheque de gerencia N° 025152067003700040040101222; el monto de 33 mil 244.55 soles que debe hacer llegar el Banco Interbank mediante certificado de depósito judicial en el Banco de la Nacional a nombre del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo.
LEGALIDAD
“Con la resolución el IV Directorio a partir de la fecha recobra vigencia y asume la conducción y administración de la empresa, con el mandato de convocar a Junta General de Accionistas para que se nombre a un nuevo directorio en la agroindustrial Tumán. Como reflexión podemos decir que después de dos años vuelve la legalidad y estabilidad administrativa, económica y laboral a la empresa”, destaca Carlos Isla Montaño, gerente legal del Grupo Oviedo, accionista de la azucarera.
El abogado mencionó que en los últimos dos años Tumán ha sido escenario “de actos de barbarie, atentados contra el patrimonio de la empresa, contra la vida e integridad física de las personas, agresiones entre propios trabajadores y violencia extrema, al punto de atentar contra dos efectivos policiales”.
“Basta de actos de violencia, nosotros hacemos una invocación al pueblo de Tumán, a sus trabajadores y accionistas, a recobrar la paz social, la estabilidad legal que, lamentablemente, en los últimos meses, por una maraña de medidas cautelares dictadas por distritos judiciales que no son competentes sobre el caso, se ha venido generando no solo perjuicio económico, sino además perjuicio moral a la sociedad y a la población en general”, dice.
Isla Montaño remarca que por casi 24 meses la empresa ha sido administrada de manera ilegal con el sustento de medidas judiciales írritas, que los órganos superiores del Poder Judicial han dejado sin efecto y cuyos responsables de su emisión (jueces), han sido investigados y sancionados por el control de la magistratura.
TENDER PUENTES
“El IV Directorio ya empezó a operar como órgano de gobierno, amparado por la Ley General de Sociedades y por el mandato judicial, y está tendiendo los puentes con todos los gremios, sean laborales, societarios y demás para recuperar la tranquilidad social y laboral en la empresa. Esperamos que quienes detentan la administración de la empresa cumplan el mandato, para evitar mayores enfrentamientos y ahorrar también los costos de una diligencia de instalación. Queremos que de manera pacífica se retorne a la legalidad en Tumán”, asevera.
Refiere además que en la empresa deberán realizarse elecciones transparentes y supervisadas para la designación del nuevo directorio.
“Todas las administraciones siempre ofrecían convocar a Junta General de Accionistas y nunca cumplieron. Ahora el Poder Judicial ordena que se elija a un nuevo directorio y que este represente a todos los estamentos de la empresa y asuma la conducción de la agroindustrial en los próximos dos años conforme ordena la Ley General de Sociedades”, indica.
Añadió que se espera que con la decisión de la jueza del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo se terminé de manera definitiva el período de las administraciones judiciales en Tumán.
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