El Perú es uno de los países más diversos lingüísticamente en América Latina con 47 lenguas indígenas originarias habladas en todo su territorio, siendo las más importantes el quechua y el aymara, pues en cada una subyace una visión única del mundo. Por ello nace la necesidad de crear espacios de diálogo con el fin de perpetuar y valorar el uso de las lenguas originarias para no perder parte de la cosmovisión de la humanidad.
El Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque – DDC, organizó un conversatorio denominado “Tantalla Allin Kawsay Llinwaras Rimananchikwan (Juntos por el buen vivir con nuestra lengua quechua), en el Día internacional de la Lengua Materna. La actividad reunió a representantes de los distritos altoandinos de Incahuasi, Cañaris y Salas.
El propósito del conversatorio fue promover el buen vivir de la lengua quechua en la región Lambayeque. Asimismo, establecer un espacio en el que se intercambien experiencia y que se forjen alianzas entre instituciones representativas que trabajen en pro del uso, preservación, desarrollo, relación, fomento y difusión de la lengua quechua como política pública.
Según el censo del 2007, cuatro millones 40 mil 713 peruanos; es decir, el 14 % de la población, habla al menos una lengua indígena originaria. Sus hablantes radican no solo en comunidades andinas y campesinas, sino también en las capitales de las provincias y distritos.
“Recordemos que de todas las lenguas ancestrales habladas en la costa norte durante la invasión española solo sobrevivió la muchik. Esta se nos escapó de entre las manos a mediados del siglo XX y fue una gran pérdida. Actualmente estudiosos trabajan en una cruzada de recuperación lingüística que amerita conversatorios específicos, por ello este acontecimiento debe ser de suma importancia para la población, pues la promoción del idioma materno es uno de los primeros pasos para interiorizar nuestra cultura”, indicó el director de la DDC Lambayeque, Alberto Risco Vega.
El quechua de Incahuasi, Cañaris y otras zonas de la región es reconocido dentro de las 47 lenguas originarias en el marco de la Ley N° 29735, Ley de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos y las demás normativas nacionales e internacionales vinculadas al respecto.
“Es tarea de toda institución pública y privada unir esfuerzos y construir una sociedad consciente y reflexiva de su diversidad cultural y lingüística en la que todos podamos comunicarnos en nuestra lengua sin discriminación y ejerciendo nuestros derechos”, expresó a su turno el director de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Saúl Espinoza Zapata.
Agregó que a pesar de la gran importancia de las manifestaciones culturales inmateriales como la danza, los cantos o la gastronomía, la interculturalidad nos aproxima al respeto integral. Solo así entenderemos el derecho a las distintas costumbres de los pueblos nativos y su derecho a expresarse en su propia lengua en todos los escenarios de la vida pública.
DOCENCIA Y CULTURA
El director del Instituto de Educación Superior Pedagógico Monseñor Francisco Gonzáles Burga de Ferreñafe, Salvador Burga Guevara, explicó que uno de los problemas que afrontan Cañaris, Incahuasi y Salas es que la gente adulta domina el quechua, pero los niños no. Esto sucede porque los docentes que trabajan en esas zonas no hablaban el idioma y obligaban a los niños a aprender el castellano.
La casa de estudios, preocupada por esta situación oferta desde el 2017 la carrera de Educación Primaria Bilingüe Intercultural.
“Las autoridades apuestan por la educación intercultural y eso se refleja en las actividades que realizan. Por ejemplo, el acompañamiento en educación intercultural, la promoción y encuentros de pueblos originarios, las capacitaciones, la contratación de docentes bilingües o talleres de gramática quechua para fortalecer el dominio de la lengua”, comentó Elmer Efus Linares, de la UGEL Ferreñafe.
Según el educador, Lambayeque tiene un Plan Regional de educación intercultural y educación intercultural bilingüe. Manifestó que hasta el año paso la UGEL Ferreñafe contaba con más del 60 % de instituciones interculturales bilingües, situación que los llenaba de orgullo.
En estas instituciones priman las competencias interculturales y lingüísticas. Resaltan también el cómo atender las necesidades de aprendizaje de los niños y cómo desarrollar la pedagogía intercultural.
“Nuestros maestros necesitan mayor formación académica. Con el trabajo que desempeñamos tenemos docentes bilingües con formación de calidad. Ellos ejercen en Salas, Incahuasi y Cañaris y los principales beneficiados son los niños, porque reciben formación en su quechua y practican el castellano como segunda lengua”, señaló.
LA CULTURA QUECHUA COMO DERECHO
Cabe resaltar cuán importante es la cultura quechua en Lambayeque y la necesidad de las instituciones de aportar en ella, ya sea en su recuperación o en su uso. Eso se logra con la intención de propagar la cultura, de convivir con ella y respetarla.
El coordinador de la Escuela de Justicia Intercultural, Hans Alarcón Bernal, dijo que era fundamental y prioritario que se difundiera la lengua quechua dentro de organismos como el Poder Judicial, el Ministerio Público y todo ente operador inmerso en la administración de justicia.
“Del 2013 a la fecha promovemos el diplomado en lengua quechua en la Corte de Justicia de Lambayeque. Con este queremos brindarle a los pobladores quechuahablantes el derecho que tienen. Con ello los funcionarios, ya sean jueces o abogados por lo menos deben saludar a la parte interesada en su idioma nativo cuando asistan a un ente regulador de justicia”, indicó.
Hans Alarcón explicó que dentro del marco normativo de 1993 se contemplan derechos que respaldan a las poblaciones nativas. Ejemplo de ello es el Artículo 1 de la constitución peruana, el cual indica que la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo del Estado.
“De ahí se desprenden más normas y debemos tener claro que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Hay que procurar la equidad, nadie puede ser discriminado por origen, raza, idioma o religión”, acotó.
“La Corte de Justicia de Lambayeque ya cuenta con un perito en traducción quechua. Han pasado muchos años para mirar a este tipo de población que requería con urgencia hacer uso de este derecho constitucional”, informó.
Según el Artículo 19 de la Carta Magna, el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Ello quiere decir que todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete, pero el Estado no invierte en ellos.
Recién en el 2014 se han implementado intérpretes en los tribunales de justicia para tomar cartas en el asunto. Para ello han transcurrido más de 20 años, a pesar de ser un derecho constitucionalmente reconocido.
“Existen normas de carácter nacional que regulan los derechos lingüísticos. Estas son importantes porque establecen como derechos: garantizar y respetar la atención de lengua materna en los organismos e instancias estatales y que se disponga de medios de traducción que garanticen el ejercicio de sus derechos”, manifestó.
TODO ES CULTURA
La cultura, explicó el abogado, son ideas, símbolos, prácticas sociales, danzas, el comportamiento, lenguaje y la forma de administrar justicia. También se entiende por cultura a las formas de vivir de una comunidad, su actividad formativa, religiosa, recreativa y/o económica tanto en la esfera pública como privada.
“Subjetivamente, el derecho es la facultad que tiene el individuo de hacer uso de una determinada actividad con respeto de las normas jurídicas. Antes hablar quechua era objeto de burla y le daba un grado de inferioridad a la persona. Actualmente ya no es así. Poco a poco los quechuahablantes son conscientes de sus derechos y hacen respetar su cultura”, añadió.
Según el Artículo 89 de constitución, el Estado Peruano reconoce a las comunidades campesinas y nativas, y el 149 reconoce a estas como otro órgano de administración de justicia, pues esta es una manifestación cultural de los pueblos originarios.
De acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, el Estado está obligado a adecuar sus normas y a tender lazos de coordinación con pueblos originarios en donde se administra justicia y se habla su lengua.
Dentro de las normas nacionales hay un reconocimiento en la cultura y administración de justicia, esta pone límites a los órganos estatales cuando se ha levantado un proceso en las comunidades. La norma hace referencia a las rondas campesinas como un organismo de sistema nacional de seguridad. Es decir, si ellos ya dictaron una sentencia, el estado no puede imponer otra. Debe prevalecer la que ellos aplican.
ORÍGENES DEL QUECHUA EN EL NORTE
“Es importante conocer nuestros idiomas, escritos, experiencias y todo el legado cultural que poseemos. Debemos conocer cómo llega el idioma quechua, cómo se desarrolla y cómo hoy forma parte del legado histórico y cultural en la región norte”, señaló el docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Víctor Vilcamana.
Existen numerosos quechuahablantes en las ciudades de Ferrañafe, Chiclayo, Pucalá, Cutervo y Cajamarca. Este espacio de habla quechua en su variante Incahuasi o Cañaris se inicia por las continuas migraciones de las poblaciones, principalmente por razones económicas y de salud.
“En Lambayeque contamos con manifestaciones culturales nacientes de ríos que riegan los valles costeros y son rutas entre las serranías y las tierras bajas. La población de Penachí da cuenta de un mosaico étnico de señoríos con distinto origen, lenguas y tradiciones culturales, situación que se habría replicado hacia el sur de la sierra lambayecana”, refirió.
“Es un día especial para los que trabajamos en zonas de pueblos originarios, para los que son y quieren ser parte de ellos. La lengua materna en Cañaris, Incahuasi y Salas es el quechua y ha resistido por mucho tiempo a la colonización. Ahora nosotros somos los encargados de mantenerlo, preservarlo y difundirlo. Es necesario que un quechuahablante reciba servicios de justicia, salud, arte en su propia lengua y con respeto a sus valores”, finalizó.
El Virus de la Inmunodeficiencia Humana - VIH es un microorganismo que ataca directamente al sistema inmune de las persona contagiada y termina por debilitarlo por sobre todas las cosas, generando que a partir de esta situación sea proclive a contraer cualquier tipo de enfermedad, como una gripe o una neumonía.
Lo alarmante es que en lo que va el año, durante un tamizaje realizado por la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque, en la sexta semana epidemiológica, se ha detectado que un total de 21 personas, en su mayoría hombres, han sido infectadas con el VIH.
El gerente sectorial, Pedro Cruzado Puente, manifestó que con el tamizaje se diagnosticó a 6 portadores del virus en Chiclayo, tres en José Leonardo Ortiz y tres en La Victoria. Asimismo, cinco en Lambayeque y cuatro en Ferreñafe.
NUEVOS CASOS
El funcionario indica que esto implica que en Lambayeque existen varios portadores del VIH y que no lo saben, las mismas que tienen que ser identificadas para que de esa manera puedan cortar la transmisibilidad de una persona u otra.
En ese sentido, dijo es necesario realizar una intensiva promoción del uso del preservativo, la consejería y mejorar las prácticas y conductas de riesgo, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes, que es la población con más casos de contagios en el departamento.
“En el año se han identificado 21 casos de VIH, la prevalencia de las personas viviendo con el virus en Lambayeque es bastante alta. Cada año identificamos 200 nuevos casos de VIH”, expresó Pedro Cruzado.
Jóvenes portadores
Precisa que su preocupación radica porque en su mayoría los portadores del VIH en Lambayeque son adolescentes y/o jóvenes adultos que tienen menos de 30 años de edad, principalmente de la población vulnerable, como personas que tienen relaciones sexuales con las de su mismo sexo, trabajadoras sexuales y personas consumidoras de alcohol y drogas.
“El año pasado culminamos con 52 personas contagiadas del VIH y el anteaño pasado con 90. Debido a la presencia de El Niño Costero se disminuyó el tamizaje, este año hemos empezado a trabajar con gran ímpetu y se están incrementando el número de casos detectados”, declaró el gerente de Salud.
Pedro Cruzado añade que las personas que sospechan que han contraído el virus deben acercarse a los diferentes centros de salud y realizarse la prueba rápida, que es gratuita. Si en algún centro de salud están cobrando por el despistaje pueden denunciar el caso.
Explicó que VIH no tiene síntomas, lo que lo hace aún más peligroso, porque al no conocerse que se es portador se continúa con las conductas de riesgo, trasmitiéndolo a otras personas, los síntomas aparecen cuando hacen etapa de sida donde tienen infecciones de todo tipo.
Actualmente la expectativa de vida de los pacientes con VIH es duradera debido a que reciben tratamiento con antirretrovirales.
Las personas que fallecen de SIDA son aquella que continúan con conductas de riesgos y siguen reinfectandose.
“Las personas, para evitar ser contagiadas del VIH, deben tener conductas sexuales saludables, usar el preservativo en todas las relaciones sexuales que se tenga riesgo, ya que el uso de preservativo es la medida más eficaz para disminuir la posibilidad de contagio y la presencia de otras enfermedades de trasmisión sexual”, enfatizó.
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Iniciativa pretende orientar a los ciudadanos sobre las instituciones competentes para denunciar un caso.
El Consejo Nacional de Protección al Consumidor presidido por el INDECOPI puso a disposición de la ciudadanía el Mapa de Consumo, herramienta que informa de manera simple y gráfica acerca de las competencias de las siete entidades públicas encargadas de atender casos de protección al consumidor, a fin de que los usuarios conozca cuál de ellas es la encargada de atender sus denuncias y/o reclamos.
Según la representante del INDECOPI, Ana Leyva Wong, la iniciativa nació a raíz de las denuncias recibidas en entidades a las que nos les corresponde monitorear ciertos casos. Eso significa falta de acceso a la información por parte de los usuarios sobre las competencias directas de cada de toda entidad pública.
El Mapa de Consumo tiene por objetivo empoderar al ciudadano acerca del conocimiento y ejercicio de sus derechos como consumidor, de modo que se dirija a la entidad pertinente y presente su consulta o denuncia. Este se encuentra en versión impresa y digital. Además es una herramienta inclusiva, pues se emite en sistema braille, en quechua, aimara y a través del lenguaje de señas.
SIETE ENTIDADES
El Mapa de Consumo canaliza información sobre el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERMIN, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP - SBS, la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.
IMPORTANCIA
Esta herramienta permite a los usuarios actuar con mayor rapidez en sus procedimientos. Asimismo, estable funciones de cada entidad, qué problemas se buscan solucionar y cuáles son los mecanismos de atención de cada una.
“Indecopi tiene por función conocer la deficiencia en la compra de un producto o adquisición de un servicio en condiciones deficientes, o cuando el consumidor no recibe la información completa, veraz o apropiada. Lo relevante para nosotros es definir ante los consumidores en qué casos nuestra institución es competente. En el portal de denuncias recibimos a muchos ciudadanos presentando denuncias o reclamos relacionados a otras entidades”, dijo.
El representante de OSIPTEL, Luis Zambrano, manifestó que con la herramienta se brindará información correcta a las personas y así sabrán a dónde acudir y qué institución asume la responsabilidad en cada situación.
“OSIPTEL tiene la función de supervisar y regular los servicios de telecomunicación. Por ejemplo, telefonía fija, Internet, televisión por cable y telefonía móvil. Para ello contamos con distintos canales de atención: por teléfono, por página web o de manera presencial”, señaló.
Por su parte, el jefe regional de OSINERMIN, Heraclio Prada Martínez, señaló que su función es supervisar a Electronorte y garantizar mayor seguridad en las instalaciones eléctricas.
“OSINERMIN ha incorporado dos aplicaciones dentro de sus canales de atención: Tukuy Rikuy, la cual llega a zonas más alejadas de nuestra región, en dónde los celulares no son inteligentes. Esta permite reportar denuncias a través de mensajes de mensajes de texto. La otra aplicación se llama Facilito Electricidad, implementada en el último trimestre del 2017. Esta permite registrar denuncias sobre deficiencias de alumbrado público, cortes de servicio o facturación excesiva”, comentó.
Contó que con “Facilito” detectaron en más de 20 sectores quema de artefactos. “Estamos haciendo seguimiento de esos casos para tomar medidas correctivas”, agregó.
A su turno, el coordinador de SUSALUD, Miguel Vela, explicó que a partir del 14 de agosto del 2015 la entidad es responsable de ver todos los problemas relacionados con la afectación o vulneración de los derechos al acceso de los servicios de salud en los establecimientos públicos y privados.
“Tenemos un espacio que se llama servicio de conciliación y arbitraje que tiene el mismo valor y competencia que pueda tener una conciliación a nivel del Poder Judicial. El año pasado se presentaron más de 100 procesos, de los cuales 20 de ellos han llegado a un acuerdo. En lo que va del año, dos casos que se han puesto de acuerdo y solucionaron sus diferencias”, comentó.
El 27 de enero el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo llegó hasta la Reserva Ecológica de Chaparrí, donde constató el avance de los invasores de tierras sobre el área de conservación. Horas después sus familiares recibieron una amenaza directa, por lo que se ha visto obligado a pedir garantías al Ministerio del Interior.
Ese mismo día Rodríguez Tineo encabezó una audiencia pública en la Corte de Justicia de Lambayeque, solicitada por los comuneros de Chongoyape, en la que se dieron a conocer una serie de hechos irregulares en la actuación de fiscales, jueces, agentes de la Policía Nacional del Perú y funcionarios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, frente a la invasión de la reserva y el asesinato del líder local Napoleón Tarrillo Astonitas, sucedido en el último día del 2017.
“Convoqué a la audiencia para conocer qué es lo que estaba pasando en Chaparrí y después realizamos la visita con el señor prefecto, Rafael Aita; la presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Mariana Vásquez; el presidente de la Corte de Lambayeque, Aldo Zapata, y el congresista Marvin Palma. Verificamos que se habían producido dos incendios por mano dolosa, no por acción de la naturaleza, y constatamos que se tienen más de mil hectáreas lotizadas, prácticamente medidas”, comentó Rodríguez Tineo el fin de semana.
VENDER LAS TIERRAS
Según detalló, el trasfondo de la invasión es la posterior venta de las tierras. Chaparrí posee más de 34 mil hectáreas destinadas a la conservación natural.
Actualmente una hectárea de territorio sin irrigación tiene un valor de cinco mil dólares y lo particular a Chaparrí es que parte de la reserva sería afectada por la construcción de la represa La Montería, obra que promueve el Gobierno Regional de Lambayeque y que está considerada en el Plan Hidráulico, lo que pone a disposición el recurso hídrico para la irrigación, con lo que el valor por hectárea se incrementaría hasta los 30 mil dólares.
“Eso explica el porqué los traficantes de tierras han puesto los ojos en Chaparrpí, donde mataron al asesinato del teniente gobernador Napoleón Tarrillo y también en Salas, donde ha habido dos muertos”, señaló.
LA AMENAZA
Según reveló el presidente del Poder Judicial, el sábado 27 de enero en horas de la noche, tres sujetos se constituyeron a bordo de una unidad móvil hasta la vivienda de su hermano, ubicada en el distrito de José Leonardo Ortiz, donde dejaron una amenaza contra su integridad, mencionando directamente al caso Chaparrí.
“A eso de las 9:00 de la noche, a Moshoqueque, donde vive un hermano mío, quien tiene una pequeña tienda comercial, llegaron tres sujetos. Preguntaron por mi hermano y le dejaron expresamente una advertencia que más o menos diría lo siguiente: ‘Díganle al señor Duberlí Rodríguez que esto es una advertencia de Chaparrí’. Habían llegado en un vehículo motorizado, de esos antiguos que se usan para hacer colectivo. Han sido tres personas, obviamente desconocidas, y se han atrevido a amenazar de muerte al propio presidente del Poder Judicial”, aseveró.
Para el magistrado, “el crimen organizado no solo está en los asaltos de bancos y la corrupción, también en el tráfico de tierras por los intereses económicos”.
“He tenido que pedir garantías al Ministerio del Interior, tanto en Lima como aquí en Chiclayo, porque mi casa está acá. Tengo un hijo que vive acá. Estas garantías ya han sido concedidas y yo también le acabo de hacer entrega al Ministerio del Interior una relación de más o menos 15 personas que son las que han estado siendo investigadas por las invasiones de tierras, para que se les advierta que si algo le pasa a alguien de mi familia o a mí, ellos serán responsables de esa situación. No podemos permitir que el crimen organizado y los invasores de tierra que quieren desaparecer Chaparrí se atrevan a amenazar a la autoridad máxima de un poder del Estado. Si eso lo hacen conmigo mañana lo harán con el propio presidente de la República”, sostuvo.
Por otro lado, el presidente del Poder Judicial negó que desde su intervención en el caso Chaparrí haya recibido algún tipo de presiones de grupos económicos o políticas.
“Tengan en cuenta que los invasores de Chaparrí no están solamente ahí, están también en Salas y por qué en Salas, porque hay tierras que van a beneficiarse con el Proyecto de Irrigación Olmos. La comunidad lambayecana tiene que estar advertida de que tenemos una nueva modalidad de crimen organizado dedicado al tráfico de tierras”, acotó.
VÍNCULOS A INVESTIGAR
En la lista alcanzada por el Rodríguez Tineo al Ministerio del Interior aparecen integrantes de la familia Cruzado Carranza, implicados en la invasión de tierras en Salas y quienes también estarían detrás de la muerte de Napoleón Tarrillo. Hasta el momento son los únicos acusados ante el Ministerio Público.
“Espero que la fiscalía pueda seguir investigando y dé con los integrantes de estas organizaciones. Obviamente no se trata de solo una familia, sino de un grupo de personas al que se debe identificar”, añadió.
Finalmente, el presidente del Poder Judicial salió en defensa de la expresidente de la Corte de Superior de Justicia de Lambayeque, Ana Salés del Castillo, quien según algunos comuneros tendría a familiares vinculados a la invasión de tierras en Chaparrí.
Duberlí Rodríguez negó de manera contundente que la magistrada tenga alguna relación con la usurpación de la propiedad comunal en Chongoyape.
“Descarto esa posibilidad porque conozco a la doctora Anita Salés del Castillo, conozco de su integridad y el hecho que un primo hermano de ella esté en una seudo directiva de la Comunidad Santa Catalina de Chongoyape no la compromete a ella como se ha venido mencionando”, enfatizo.
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En el departamento de Piura el pasado viernes 23 de febrero nació el Frente Cameral por la Reconstrucción y Prevención de Desastres Naturales con la finalidad de apoyar el proceso de restauración y fomentar una cultura de prevención ante los embates de la naturaleza, en específico en las zonas afectadas por el “Niño Costero”.
La alianza gremial tiene como objetivo ser un soporte para el desarrollo económico como base del desarrollo social, fue presentado en conferencia de prensa desarrollada en el marco del “Encuentro Macrorregional Cameral por la Reconstrucción y Prevención de Desastres Naturales”.
El mencionado evento fue organizado por la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras), la Cámara de Comercio y Producción de Piura y el proyecto “Alianza para el Fortalecimiento Cameral en el Perú”, impulsado por la Federación Alemana del Comercio Mayorista, Exterior y Servicios (BGA) con el patrocinio del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de la República Federal de Alemania, a través de sequa gGmbH, socio del sector privado.
INTEGRANTES DEL FRENTE CAMERAL
Entre las instituciones que hacen sólida esta institución figura PERUCÁMARAS, Cámara de Comercio y Producción de Piura, Cámara de Comercio de Lima, Cámara de Comercio y Producción de Aguas Verdes y de la Provincia de Zarumilla, Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Sullana, Cámara de Producción, Comercio, Turismo y Servicios de Paita, Cámara de Comercio e Industrias de Talara, Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, Cámara de Comercio y Producción de La Provincia de Pacasmayo, Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash, Cámara de Comercio y Producción de Casma, Cámara de Comercio, Producción, Agropecuaria y Turismo de Huarmey Cámara de Comercio de Puno. Como Vocero del Frente Cameral fue designada la Cámara de Comercio y Producción de Piura.
ACUERDOS CAMERALES
Entre los acuerdos adoptados en esta reunión se decidió:
Expresar la preocupación de las Cámaras de Comercio por la excesiva dilación en el cronograma de obras para la reconstrucción de las regiones afectadas por el Niño Costero y por la falta de elaboración de los expedientes técnicos para los proyectos aprobados.
Exigir atención inmediata a los daños que generó El Niño Costero en el país, cuyo tratamiento se encuentra en total desidia por parte de las autoridades, o en su defecto, viciado por la corrupción; así mismo a las familias damnificadas que aún no cuentan con su vivienda y/o medios de vida.
Conformar un Frente Cameral que consolide a las Cámaras de Comercio en una sola unidad que coadyuve a luchar por sacar adelante una verdadera reconstrucción y prevención de desastres naturales en nuestras regiones.
Priorizar acciones e inversiones en base a una planificación estratégica que incorpore gestión del riesgo, ciencia y tecnología, en el sector empresarial macro regional en base a la biodiversidad y disponibilidad de recursos naturales.
Exhortar a las autoridades se trabaje en forma integrada en comisiones y mesas técnicas con participación de gremios empresariales y sociedad civil propositiva, junto a los representantes de los tres niveles de gobierno con poder de decisión de sus representantes.
HABLAN LOS PRESIDENTES
Olivio Huancaruna Perales.- Presidente de la CCPL Lambayeque.
“Como representante de los empresarios de Lambayeque destaco esta unión institucional que fortalece nuestra lucha por lograr mejor calidad de vida para nuestros conciudadanos. Esta unión debe tener resultados, puesto que los principios de integración e institucionalidad fortalecerá el trabajo que desarrollaremos en beneficio del norte. Insto a los responsables directos de la Reconstrucción a trabajar con honestidad, de manera técnica y priorizando las obras que cada departamento tiene.
Considero que en todo el norte urge que las obras de Saneamiento y Drenaje Pluvial se ejecuten con prioridad”.
Hermes Escalante Añorga.- Presidente de la Cámara de Comercio de La Libertadad.-
“Gracias a Perucámaras por todo el respaldo tenemos la visión que nuestra alianza es un motor de las regiones y una plataforma de articulación vanguardista multise4ctorial es decir el público, el sector privado y la sociedad civil que genera valor para el desarrollo del Perú”.
Ricardo Álvarez Elías.- Presidente de la Cámara de Comercio de Piura.-
“Creemos que la misión de este Frente Cameral tiene como misión unirnos para fortalecer la institucionalidad y sostenibilidad cameral, promoviendo el desarrollo económico local y de esa manera contribuir a una cultura colaborativa. Los acuerdos a los que hemos arribado son una plataforma viable de ejecución por parte de nuestras autoridades, a quienes instamos para lograr la Reconstrucción de departamentos como Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Piura y otros afectados por el Fenómeno de “El Niño Costero”.
