La ocurrencia de El Niño Costero en el verano pasado puso una vez más sobre el tapete otro de los viejos anhelos de los lambayecanos, principalmente de los pobladores ubicados a lo largo del tantas veces golpeado Valle La Leche, donde el río del mismo nombre genera en cada incremento del caudal considerables daños. El Niño no es la única razón por la que en el valle se demanda la construcción de la represa La Calzada. La falta de agua para garantizar la campaña agrícola y que hoy por hoy impide ampliar el suministro para consumo poblacional es también una razón por la que el esperado proyecto se hace urgente.
Recogiendo esa inquietud el gobierno nacional, a través de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios – ARCC, confirmó en agosto del 2017 que de los tres mil 115 millones de soles destinados para rehabilitar y mejorar la infraestructura dañada por el fenómeno climático en Lambayeque, una buena parte se destinaría para financiar La Calzada.
De inmediato surgió la interrogante de cuánto se había avanzado hasta antes de El Niño Costero para que el proyecto se haga realidad.
Lo cierto es que en torno a la obra se ha tejido una verdadera red de imprecisiones que incluso han motivados reinterpretaciones, carentes de criterio técnico, de lo que se necesita para mitigar los impactos y asegurar la disponibilidad de recurso hídrico en el Valle La Leche.
En la última década mucho se ha dicho sobre el proyecto y se ha omitido quizá lo más importante: que desde el 2008 existe el Estudio de Factibilidad, elaborado por una reconocida firma de ingeniería con financiamiento de la cooperación norteamericana y que hoy duerme el sueño de los (in)justos en algún escritorio de la administración pública. Si tan solo se tomara en cuenta el valioso documento que consta de más de 10 tomos, la ARCC no andaría – como lo está hasta ahora – dando largas para emprender la gestión de La Calzada.
En enero de este año Expresión le preguntó directamente al director ejecutivo de la ARCC, Edgar Quispe Remón, qué avances entre agosto (cuando se elaboró el plan de reconstrucción para Lambayeque) y diciembre del año pasado se habían dado en aras de concretar La Calzada. La respuesta del funcionario (Expresión 1046) fue que en el tercer trimestre del 2018 se debería tener el plan maestro para saber las características de la obra y las posibilidades de su ejecución. Evidentemente el funcionario desconoce los estudios existentes.
“Una vez que se haya identificado el conjunto de intervenciones que se señalen en los planes maestros veremos quiénes y bajo qué mecanismos se desarrollan las inversiones de cada una de estas obras”, precisó Quispe Remón.
INTENTOS EN VANO
En mayo del 2009, por iniciativa del entonces congresista por Lambayeque, Franco Carpio Guerrero, se promulgó la Ley N° 29359, “Ley que declara de interés y necesidad pública la construcción de la Presa La Calzada – Valle La Leche, en el departamento de Lambayeque”.
La norma, al igual que otras tantas dadas a favor de proyectos para el departamento, se convirtió en letra muerta (Expresión 1015), toda vez que no surtió ningún efecto para hacer realidad la ejecución de la obra.
Casi en paralelo los alcaldes agrupados en la Mancomunidad del Valle La Leche lograron que el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL, apruebe la asignación de aproximadamente 800 mil soles para la continuidad de los estudios de La Calzada, pero el dinero fue considerado insuficiente.
Como salida, tras la entrega formal del Plan Hidráulico de Lambayeque al Ministerio de Agricultura, en octubre del 2011, el entonces titular de esta cartera ejecutiva, Milton Von Hesse, anunció que el sector asignaría 15 millones de soles para que se formulen los estudios definitivos de La Calzada. La contratación de dichos trabajos estaría a cargo del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI. La transferencia nunca se concretó.
Tiempo después se convocó a la formulación de un estudio de factibilidad por cuatro millones de soles y el proceso fue declarado desierto.
GESTIONES PARA ESTUDIO
En los últimos años, en las tantas veces que este medio ha tratado el asunto de La Calzada, ni las autoridades del Gobierno Regional de Lambayeque ni los técnicos del Proyectos Especial Olmos Tinajones – PEOT, unidad que vela por la ejecución del Plan Hidráulico, han mencionado el estudio que un equipo de reconocidos expertos formularon en relación al proyecto y que define no solo las características, sino también aspectos tan minuciosos como las tasas de retorno y el impacto económico que con la incorporación de nuevas tierras agrícolas permitirá la realización de la obra.
La historia es la siguiente. En el 2004, el ingeniero lambayecano Domingo León Ezcurra, residente en los Estados Unidos de América, informó al entonces alcalde de Lambayeque, Percy Ramos Puelles, de la existencia de la Agencia de Comercio y Desarrollo, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno americano, cuya naturaleza permitía el financiamiento de proyectos con fondos no reembolsables para países emergentes.
El objetivo desde el principio fue que se solicite a la USTDA (por sus siglas en inglés) apoyo para financiar los estudios de La Calzada. Dada la magnitud de la gestión esta se trasladó al Gobierno Regional de Lambayeque, presidido en ese momento por Yehude Simon Munaro.
En mayo del 2004 Simon Munaro fue recibido por el embajador de Estados Unidos en el Perú, James Curtis Strubble, y se coordinó para que el PEOT solicité la donación a la USTDA de los fondos para los estudios. Así, el gobierno americano lanzó una convocatoria para contratar a la consultora que se encargaría de elaborar el documento de prefactibilidad de La Calzada.
Tras la evaluación resultó ganadora la firma D’Leon Consulting Engineers, con sede en California, que presentó a un equipo técnico de primer nivel. Entre ellos figuró el ingeniero Domingo León Ezcurra, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y con estudios de maestría y doctorado en Estados Unidos, España y Francia; el ingeniero español Francisco Sánchez Carol, integrante del Comité Internacional de Grandes Presas, uno de los más connotados expertos en la materia a nivel mundial, y el ingeniero Jack Ferguson, integrante del Cuerpo de Ingenieros Civiles del Ejército de los Estados Unidos.
Junto a ellos participó también el ingeniero Juan Alfaro, quien fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, durante 25 años y además es uno de los fundadores de SEDAPAL; el ingeniero Víctor Miguel Ponce, docente de Hidrología y Medio Ambiente de la Universidad de San Diego California, y reconocidos profesionales peruanos como Pastor Espinoza Chilón, Manuel Suárez Collazos y Enrique Varías Ramos.
El 11 de diciembre del 2007, el presidente regional Yehude Simon y el embajador de los Estados Unidos en el Perú, en representación de la USTDA, firmaron el Lima el contrato para la ejecución del estudio denominado: “Estudio de Factibilidad de Control de Inundaciones en la Región Lambayeque”.
EL ESTUDIO
El equipo técnico que encabezó León Ezcurra abordó el control de inundaciones en la cuenca del río La Leche, entregando 10 volúmenes, con un total de mil páginas, divididas en la revisión de la información existente y visitas de campo que permitieron evaluar las ubicaciones físicas propuestas de las represas incluidas en las diferentes alternativas, analizando al detalle aspectos geológicos, morfológicos y de naturaleza estructural de la cuenca y sus afluentes.
Los expertos también realizaron la comparación de alternativas, un estudio básico preliminar del impacto ambiental de las mismas y la clasificación de la alternativa más beneficiosa para el control de las inundaciones en el valle La Leche en función de la factibilidad técnica, ambiental, económica y financiera.
Investigaron la escorrentía usando fórmulas y modelos para definir si el control de las avenidas requería la construcción de más de un embalse; exploraron el suelo para la geología estructural realizando calicatas, perforaciones y aplicando métodos como la refacción sísmica. También definieron la tipología de la presa basada en las características propias del terreno.
Alcanzaron directivas generales para el diseño básico de la presa y sus componentes hidráulicos; las metodologías para realizar un Estudio de Impacto Ambiental; formularon un Informe de Impacto Ambiental; analizaron el costo/beneficio; confeccionaron un estudio de suministro de agua a la población aledaña a la cuenca para los próximos 25 años a partir de la construcción de la presa y formularon las proyecciones financieras. Asimismo, se encargaron de proyectar el impacto de la obra sobre el desarrollo de Lambayeque.
El informe final fue redactado en inglés y traducido al castellano y entregado a la sede de la USTDA y a la Embajada de los Estados Unidos en Lima en el 2008.
LA CALZADA
“Llegamos hasta la naciente del río La Leche, sobre los cuatro mil metros de altura y ese trabajo nos permitió definir que la presa La Calzada es la solución definitiva para el problema de inundaciones y regulación del recurso hídrico en el valle”, comenta desde Estado Unidos a Expresión Domingo León Ezcurra.
El especialista refiere que para determinar los volúmenes de agua que pueden presentarse de ocurrir el Fenómeno El Niño, el equipo técnico realizó proyecciones de mil, dos mil y hasta 10 mil años, superiores a los que manejaba en ese momento el PEOT que eran de solo 500 años.
Esto permitió concluir, por ejemplo, que las pirámides truncas que se extienden en Valle La Leche no solo tenían fines religiosos o de élite para las culturas mochica y sicán, sino que también servían como refugios frente a las inundaciones.
León Ezcurra refiere que en base a las proyecciones técnicas se propone la construcción de una presa de 50 metros de altura, capaz de almacenar 150 millones de metros cúbicos de agua (tres veces más que la Presa Limón del Proyecto Olmos) y para aliviar la carga en tiempos de avenida una presa de menor dimensión, Calicantro, para almacenar 40 millones de metros cúbicos, ubicada a 8 kilómetros aguas debajo de La Calzada.
Asimismo se propuso la construcción de pequeñas presas para controlar el arrastre de los sedimentos de La Calzada y de limpieza manejable, situadas en las quebradas Moyán y El Zángano, que son afluentes del río La Leche.
“Ni en el emplazamiento de La Calzada ni en Calicantro existe la posibilidad de realizar una presa de gravedad ni una presa de hormigón compactado. En estos emplazamientos solo es posible ejecutar, por razones geotécnicas, presas de materiales sueltos, debido a que son cerradas”, refiere Domingo León.
En virtud de ello, los especialistas propusieron en su estudio tres alternativas: construir una presa de escollera con núcleo central de arcilla y pantalla de impermeabilización del cimiento de bentonita-cemento bajo el núcleo o una presa de escollera con núcleo central de arcilla y tapiz arcilloso de enlace con la ataguía y pantalla de impermeabilización del cimiento de bentonita-cemento, bajo el núcleo de la ataguía aguas arriba.
La tercera alternativa es la construcción de una presa de escollera con pantalla/losa de hormigón armado aguas arriba, exenta de núcleo de arcilla, con pantalla de impermeabilización del cimiento de bentonita-cemento, bajo el zócalo-plinto (aguas arriba), justo donde termina la losa.
“Las estimaciones de los estudios anteriores no son nada realistas. De hecho una de las riadas reales superó claramente la avenida de 100 años que ellos (PEOT) proponían. Las pendientes andinas son brutales y los tiempos de concentración muy rápidos. Incahuasi, donde se sitúan las lagunas que forman el río La Leche está a unos 80 kilómetros del Océano Pacífico y a cuatro mil metros de altura”, detalla el experto.
Los expertos propusieron además que en la margen izquierda se construyan túneles de descarga del aliviadero y en la margen derecha la estructura de toma, que se habilite un estanque de regulación y un canal de derivación.
Incluso consideraron elementos que permitan el tránsito de peces aguas abajo y el menor impacto ambiental posible, teniendo en cuenta que la zona propuesta para la construcción de la presa es hábitat natural de especies en peligro como la pava aliblanca, la cortarrama y el copetón rufo.
PROYECTO REFORMULADO
Sin considerar la contundencia del estudio elaborado por D’Leon Consulting Engineers, en el 2013 el PEOT anunció que se trabajaba en una nueva propuesta para la construcción de La Calzada (Expresión 844).
Con el argumento de que los comuneros de Pítipo rechazaban la construcción de la presa, el PEOT planteó otros componentes estructurales para suplir la capacidad de almacenamiento.
Esa alternativa consta de construir una bocatoma en La Calzada para captar aguas y llevarlas a una presa lateral, Calicantro, y la diferencia cubrirla con otros tres embalses: Yavis, Laquipampa y Chaparrí.
“Hacer una presa alta significa afectar (inundar) aproximadamente 300 hectáreas, mientras que una bocatoma puede ocupar de seis a diez hectáreas nada más. Esta segunda alternativa es la más sencilla, porque se indemniza a los afectados y ya no hay necesidad de reubicar o crear una nueva ciudad ni nada de eso”, explicó Francisco Gayoso Zevallos, en ese momento gerente general del PEOT y hoy gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque.
“Nunca se ha realizado un estudio definitivo de La Calzada. Lo que se hizo en la década pasada fueron investigaciones y los pobladores de la parte alta no permitieron que se continúe con la topografía ni la geología. Lo que se contiene en el Plan Hídrico Regional es también una idea, más no datos específicos y ese es el caso de las otras 19 presas que se consideran ahí”, declaró a Expresión. Hoy se conoce que aquello no era cierto.
Al cierre de este informe nuestro medio buscó comunicarse con el actual gerente del PEOT, Juan Saavedra Jiménez, sin tener mayor éxito. Lo mismo sucedió con Gayoso Zevallos.
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La basura e inseguridad ciudadana aquejan a los vecinos de este sector ubicado carretera a Pomalca.
En el olvido se encuentran las familias del Centro Poblado Menor San Francisco de Asís del distrito de Chiclayo, quienes fueron damnificadas a causas de las fuertes lluvias que azotaron al departamento en el verano del 2017. El sector, que tiene más de 30 años de creado, se encuentra ubicado en el kilómetro 3.5 de la carretera Chiclayo-Pomalca y alberga a unas dos mil familias. A pesar que son varios los problemas que las aquejan, las autoridades hasta el momento poco o nada han hecho por ayudarlas.
Roxana Ignacio Quispe, teniente gobernadora de San Francisco de Asís, menciona que quienes fueron perjudicados por las intensas lluvias de El Niño Costero hasta el momento no reciben ayuda alguna de parte de las autoridades, a pesar que puso de conocimiento que en su sector había familias que lo perdieron todo producto del evento climático.
ABANDONADOS
Producto de las lluvias, en el sector cerca de 230 familias perdieron sus precarias viviendas edificadas de adobe, pero solo diez familias recibieron ayuda del Estado, haciéndoles entrega de calaminas y planchas de triplay.
Según Ignacio Quispe, el centro poblado de San Francisco de Asís nunca recibió ayuda de parte del jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER, Carlos Balarezo Mesones.
Acota que cuando el personal de INDECI llegó hasta San Francisco de Asís para constatar cuántos damnificados había en el lugar, los ingenieros y especialistas solamente ingresaron a tres viviendas que se encontraban con las paredes rajadas, dejando de lado a las viviendas que habían colapsado y que actualmente son habitadas por las familias damnificadas, las mismas que se protegen con esteras y costales.
Añade que aquellas personas cuyas viviendas se derrumbaron en su totalidad, todavía siguen de encargadas en casas de algunos vecinos. La mayoría de las damnificadas son madres solteras.
“Al igual que las viviendas, el local del comedor popular construido de material rústico también se vino abajo ante las fuertes precipitaciones que se registraron en nuestro departamento. A pesar que empadroné a los damnificados para que obtengan su módulo de vivienda, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento no ha ayudado a los moradores de mi sector”, indica Roxana Ignacio.
INSEGURIDAD
Señala que otro de los problemas que incomoda a los moradores de San Francisco de Asís es la inseguridad ciudadana.
Ante la falta de la presencia policial, la delincuencia ha tomado por asalto el lugar y en horas de la noche amparados de la oscuridad, provistos de armas de fuego, los delincuentes asaltan a los transeúntes y moradores.
El problema se hizo más crítico desde que se produjo la invasión denominada “Edwin Oviedo Picchotito” en terrenos propiedad de la Empresa Agroindustrial Pomalca.
BASURA
Comenta que otras de las cosas negativas es la acumulación de basura que perjudica la salud de toda la población, principalmente de los más vulnerables como son los niños y los adultos mayores. Pese a que San Francisco de Asís pertenece a la jurisdicción de Chiclayo, los camiones recolectores no transitan por la zona.
La autoridad manifiesta que San Francisco de Asís se ha convertido en un botadero y que el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, solo llegó al lugar cuando se encontraba en campaña política sin que hasta el momento haya dispuesto que los obreros y volquetes recojan los desperdicios acumulados en los drenes y acequias, sobre todo la cachaza que sale de la fábrica de Pomalca.
“Como el camión de basura no llega por el sector, la misma gente arroja la basura en el mismo centro poblado menor y las moscas y zancudos se reproducen en gran cantidad, ingresando a nuestras viviendas”, declara Roxana Ignacio.
SIN AGUA
Ignacio Quispe señala además que otra necesidad no atendida por las autoridades es la del saneamiento básico. Indica que el proyecto de agua potable es una promesa incumplida y que más de una autoridad en campaña política, incluyendo a Cornejo Chinguel, prometió a los pobladores dotarlos de servicios básicos.
Actualmente los pobladores compran el balde de agua potable a un 1.50 soles y aquellas personas que no cuentan con dinero consumen agua de noria. Agrega que ante la falta de desagüe todas las viviendas cuentan con pozo ciego y que ya están a punto de colapsar.
“La cisterna de EPSEL antes venía a dejar el agua, ahora desconocemos por qué ya no viene a abastecer con agua potable a los pobladores. Ya van a ser dos meses desde que la cisterna de la Entidad Prestadora de Servicios Saneamiento de Lambayeque no llega por nuestro centro poblado y mi preocupación es que las personas y niños puedan enfermarse por consumir agua de noria”, narra Roxana Ignacio.
Menciona que cada vez que acude al Palacio Municipal acompañada de un grupo de moradores para hablar con el alcalde chiclayano y darle a conocer la problemática de su sector, nunca es atendida y que siempre se entrevista con la coordinadora de Alcaldía, quien por lo general le manifiesta que Cornejo Chinguel se encuentra de viaje o en una reunión.
PROGRAMAS SOCIALES
En relación a los programas sociales, la teniente gobernadora precisa que en la fiscalización que ha realizado se ha detectado que las personas beneficiarias del comedor popular y del Vaso de Leche no presentan precariedad económica e incluso que algunas que no son de la zona reciben la asistencia, dejando fuera a los moradores de bajos recursos que sí se merecen estar incluidos en los programas que brinda el Estado.
“La responsable del comedor popular es la señora Gladys Ocaña y en su casa se atiende a las personas beneficiarias, pero he detectado que las personas de bajos recursos económicos no están siendo beneficiadas”, manifiesta Roxana Ignacio.
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MARGARITA ALIAGA RAMÍREZ
“A consecuencia de El Niño Costero he perdido mi vivienda, junto a mis dos menores hijos me he quedado en la calle y hasta el momento no he recibido ayuda de las autoridades”.
PILAR RÍOS DÁVILA
“Las lluvias destruyeron mi casa, ahora mi familia y yo estamos en la intemperie, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento ofreció módulos de vivienda, pero todo fue un engaño”.
+ NOTICIAS
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Uno de cada 80 niños padece autismo en Chiclayo. Ellos no tienen las facilidades para desarrollarse y sus derechos no son atendidos como los de cualquier otra persona. Por ello, la Asociación Autismo Chiclayo tiene por finalidad sensibilizar a la población e informarla sobre el Trastorno Espectro Autista – TEA, para que los padres posean los conocimientos necesarios y así ayudar a sus hijos.
La asociación tiene un año de creada, pero sus integrantes realizan este trabajo desde hace cinco a través de actividades y visitas a familias que necesitan asesoría de acuerdo a la práctica que tienen con los niños. Se pretende que ellos sean tolerados y tengan las mismas oportunidades.
La presidenta, Ida Chumioque Balcázar, menciona que la asociación agrupa a 40 padres con niños autistas, pero en general son 100 familias chiclayanas que tienen niños con este trastorno.
Comenta que los padres se reúnen e intercambian información, tips y detalles que no son proporcionados por los médicos. Al no encontrar orientación por parte del Estado tienen que leer, investigar y tomar talleres para saber cómo brindar cuidados básicos a sus hijos.
“Esperamos ayudar a los padres para que detecten a temprana edad estos casos, reciban terapia y salgan adelante. La idea es que los niños con habilidades diferentes desempeñen una vida adulta relativamente normal”, cuenta.
¿CÓMO IDENTIFICARLOS?
“La mayoría de mamás tiende a comparar a sus niños con otros. Los papás nos damos cuenta que algo sucede con nuestros hijos y cuando se lo comunicamos a los pediatras solo dicen que es parte de su desarrollo. Sin embargo, llega un momento en el que ya no están dentro de los estándares de desarrollo que se establece para los niños regulares”, explica.
La vicepresidenta de la asociación, Yvi Pantoja Chávez, informa que algunas características de los niños con autismo son, por ejemplo, que no fijan la mirada, no socializan, no juegan como los demás, son cohibidos y no asocian que al juguete se le pude dar otras funciones.
“El carrito no puede ser transformer porque es carrito. Son muy estructurados en su forma de pensar y eso conlleva a que tenga dificultades con las demás personas, pues no logran entender cómo jugar con otros niños. Si los niños regulares juegan a ser soldados y se ponen una olla como casco, los que padece de TEA no lo entienden, se frustran y lloran”, señala.
Agrega que hay diferencias en su desarrollo y al recurrir a los profesionales de salud estos las desconocen porque cada uno se enfoca en su área.
“Hay que decirles a las mamás las cosas paulatinamente. Lo primero que se hace con un niño con TEA es comprobar si tiene problemas sensoriales. Para esto tiene que ir primero a la terapista ocupacional, ella pone en evidencia si el niño tiene algún problema de procesamiento sensorial. Después sigue la terapista de lenguaje, siguiendo estos pasos el niño capta y trabaja rápido”, informa.
DEFICIENCIAS EDUCATIVAS Y DE SALUD
“Muchas veces los padres no aceptan que sus niños padecen de TEA, a pesar de que presentan todos los síntomas. Por otro lado los médicos no colaboran porque argumentan que algunos niños se desarrollan más tarde y, lo que es peor, dicen que los niños son malcriados. Mientras el padre no acepte esta condición no podrá tratarla y esta es una carrera contra el tiempo, pues solo tenemos hasta los 6 años para estimularlos, porque luego crecen y el cerebro ya está desarrollado”, advierte.
Por otro lado, asegura que los docentes no están preparados para trabajar con niños con TEA. Las madres cuentan que los directivos de las instituciones educativas recomiendan los CEBES, porque ellos no saben tratar a un niño con estas características.
“Para tener un niño con autismo en las aulas es necesario leer y saber de qué trata la condición. Sin embargo, los profesores no están capacitados. Según la Ley N° 30150, Ley de Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista, que se dio en el 2014, los maestros deben aceptar a dos niños con TEA en el aula. De no hacerlo pueden ser denunciados. Sin embargo, no ganamos nada al ponerlos en un colegio regular si sabemos que no los van a tratar bien, que no hay personal capacitado, que los dejan de lado y que no tienen las herramientas adecuadas para manejarlos”, dice.
Los niños con TEA asisten a colegios regulares nacionales o privados con su maestro sombra. Ellos se encargan de monitorear su comportamiento y orientarlos. Los psicólogos señalan que cuando los niños llegan a un nivel en el cual siguen indicaciones y saben cuál es la estructura dentro del aula, se aplica la teoría de la imitación.
“Los papás de colegios regulares creen que el autismo se contagia, por ello rechazan a estos niños. Algunos se indignan porque supuestamente sus hijos copian las conductas de los niños con habilidades especiales. Los estudiantes más grandes les hacen bullying y se burlan de ellos”, informa Ida Chumioque.
Según Yvy Pantoja hay tres niveles de TEA. El nivel tres es el más severo, el dos el moderado y el nivel uno es el leve. El problema es que la mayoría de niños se encuentran en el nivel uno, pero no son considerados como autistas, sino como alumnos regulares con alguna deficiencia. Sin embargo, ellos necesitan tratamiento y cuidados especiales.
Madres de la asociación expresan que los niños tienen muchas necesidades sensoriales y al llevarlos a terapia los profesionales demuestran estar poco capacitados, pues los hacen llorar.
“La dieta de los niños con TEA indica que el consumo de gluten debe ser bajo, pues en algunos genera hiperactividad. Al llegar a un centro de salud lo primero que les dan son dulces para calmarlos, a pesar de que la dieta lo prohíbe y los papás no podemos hacer nada porque no nos permiten ingresar con ellos”, cuenta.
LO IDEAL
Yvi Pantoja manifiesta que esperan que los docentes tengan interacción directa con los niños, que los acojan y los hagan sentir parte del entorno en el que se desenvuelven.
“Se pretende que los niños con TEA imiten las conductas de niños regulares, copien y aprendan habilidades propias de su edad. En un CEBE todos presentan distintas conductas y no tienen de dónde copiar un modelo supuestamente normal”, menciona.
“Su nivel de fijación es más alto y se concentran en algo que les gusta. Cuando esto sucede desarrollan grandes cosas. Ellos pueden ser sabios en ciencias, en números o en cualquier campo. Algunos son buenos con el oído y siguen la música hasta perfeccionarla”, comenta.
“Queremos soluciones para nuestros niños. Hablamos de discapacidad, de inclusión y tolerancia, pero no se cumple. El autismo más que una enfermedad, es una condición y quienes la padecen tienen derecho a desenvolver su vida con naturalidad”, finaliza Pantoja Chávez.
Hace poco más de dos semanas, el 13 de febrero, el presidente ejecutivo de EsSalud, Gabriel del Castillo Mory, firmó la Resolución N° 112 encargando como gerente del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo al médico cirujano Juan Rodríguez Terrones. La designación no llamaría la atención si es que se hubiera realizado respetando las disposiciones institucionales. El flamante funcionario no solo fue sancionado por cometer falta grave como servidor, sino que además mantiene un proceso judicial contra la entidad que ahora representa. Como dato adicional puede señalarse que es sobrino del actual presidente de la Corte Suprema de la República, Duberlí Rodríguez Tineo.
Con una resolución previa, Del Castillo Mory cesó en el cargo al médico Francisco Alvitez Izquierdo, quien había asumido la gerencia del nosocomio el 24 de enero pasado. Es decir; estuvo a la cabeza del hospital solo 20 días, hasta que se ordenó el ingreso de Rodríguez Terrones al cargo, equivalente al de un director.
De acuerdo a la Resolución N° 112, la encargatura dada a Juan Rodríguez se sustenta en un documento elevado por la Gerencia Central de Operaciones, área que propuso al médico cirujano para que ocupe el cargo administrativo. Esto hace suponer que la Gerencia Central de Operaciones revisó la foja de servicios del flamante director y lo halló hábil para asumir el puesto. Sin embargo, una paciente búsqueda ha permitido conocer que Rodríguez Terrones no cumple con los requisitos mínimos.
FALTA GRAVE
Una de las razones es que este fue sancionado por incurrir en falta grave a través de la Resolución N° 001, emitida el 19 de enero del año pasado por la Oficina de Recursos Humanos de la Red Asistencial de Lambayeque del Seguro Social de Salud, la misma que fue confirmada por la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil con la Resolución N° 00622, el 6 de abril del 2017, documento con el que se declaró infundado el recurso de reclamo que presentó el galeno contra el castigo impuesto por la instancia administrativa competente.
El Tribunal del Servicio Civil es la última instancia en un proceso administrativo para los servidores del Estado, por lo que la sanción disciplinaria que se impuso al cirujano se mantiene vigente.
¿POR QUÉ SE LE SANCIONÓ?
En octubre del 2016 se inició el proceso administrativo disciplinario contra Juan Rodríguez Terrones por haber trasgredido la Directiva N° 015-GG-ESSALUD-2011, referida a las Normas para el Control de Absentismo Laboral por causa médica.
Para la Secretaria Técnica del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador del Seguro Social de Salud quedó debidamente acreditado que el médico realizó procedimiento quirúrgicos en la Clínica del Pacífico y en el Almanzor Aguinaga Asenjo a los pacientes Orlando Romero Gonzales y Rosa Severino Ñañez cuando se encontraba de descanso médico, entre el 29 de julio y el 4 de agosto del 2015 y el 7 de agosto y el 27 de agosto de ese mismo año, pese a que supuestamente se encontraba incapacitado para desarrollar sus actividades laborales habituales dentro de su centro de trabajo; es decir, en el hospital donde ahora es director.
Rodríguez Terrones vulneró lo señalado por la Directiva N° 015-GG-ESSALUD-2011, donde se indica que “todo trabajador que cuente con un Certificado de Descanso Médico debe hacer uso del descanso físico en su domicilio mientras dure este”.
“La actitud y conducta en los considerandos precedentes constituyen faltas graves cometidas por el referido galeno, ya que con ello ha quedado demostrado que dicho profesional no presentaba limitaciones funcionales que afecten su desempeño en su trabajo habitual; todo ello ha llevado a un perjuicio económico a nuestra institución como es el pago de subsidios, descanso remunerado y además causó un trastocamiento en la reprogramación del rol del servicio médico especializado, lo que generó también el consecuente pago de horas extras a los médicos reemplazantes”, señala la resolución de sanción.
Rodríguez Terrones en su descargo no solo admitió haber realizado las operaciones, sino que además pidió que se archive el proceso disciplinario en su contra argumentando que este se sustentaba en pruebas obtenidas ilícitamente (historias clínicas de los pacientes). Desestimados sus descargos, se le impuso la suspensión por 21 días sin goce de remuneraciones.
DECISIÓN DEL SERVICIO CIVIL
El médico apeló a la instancia superior, es decir ante el Tribunal del Servicio Civil y este, con Resolución N° 00622, emitida por la Primera Sala, el 6 de abril del año pasado, declaró infundado su recurso, ratificando la decisión sancionadora adoptada por la Oficina de Recursos Humanos de la Red Asistencial de Lambayeque del Seguro Social de Salud.
En su defensa, Juan Rodríguez señalaba que no se debía aplicar para la revisión de su caso la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento, y que se había vulnerado la reserva de la historia clínica de los pacientes que fueron atendidos por él cuando se encontraba con descanso médico.
Asimismo señaló que no hubo imparcialidad en el procedimiento disciplinario al que fue sometido y que las intervenciones quirúrgicas que realizó fueron “sin fines de lucro”, “con un fin altruista”.
En septiembre del 2016, ya el Tribunal del Servicio Civil había amparado un recurso presentado por Rodríguez Terrores disponiendo que se retrotraiga el proceso disciplinario iniciado en su contra a fin de garantizar el debido procedimiento, lo que originó una nueva investigación a la conducta del galeno, concluyéndose que sí se justificaba la sanción.
Al revisar el caso, el Tribunal del Servicio Civil no solo determinó que sí era competente la aplicación de la Ley N° 30057, sino que la suspensión de 21 días contra el médico se ajustaba a la legalidad, por lo que procedió a confirmarla.
ACCIÓN JUDICIAL
No conforme con la sanción y agotada la vía administrativa, Rodríguez Terrones acudió al Poder Judicial el 21 de septiembre del año pasado iniciando un proceso contencioso administrativo para anular la resolución que en enero del 2017 dispuso la sanción en su contra, generando el Expediente N° 03302-2017-0-1706-JR-LA-04.
La acción contenciosa administrativa fue admitida por el Cuarto Juzgado Laboral de Chiclayo, que despacha el juez Ricardo Núñez Larreategui y actualmente se encuentra en trámite.
La demanda interpuesta por Rodríguez Terrones es en contra de la Red Asistencial de Lambayeque “Juan Aita Valle” de EsSalud, de la que depende el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, y tiene como propósito impugnar la resolución administrativa que lo sancionó.
A fines de enero pasado la red contestó la demanda a través de su apoderado judicial.
CONTRA EL LINEAMIENTO
Lo irregular de la designación se desprende porque en abril del 2017, con Resolución de Gerencia Central N° 395, EsSalud aprobó el Lineamiento N° 001-GCGP, “Lineamiento que regula el procedimiento de revisión de propuestas para puestos ejecutivos en el Seguro Social de Salud”, documento que actualmente se encuentra vigente.
Es precisamente este lineamiento el que se ha infringido con la designación de Rodríguez Terrones como gerente del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo.
En el Título del Procedimiento de Revisión para Puesto de Ejecutivos (cargo que ostenta ahora Juan Rodríguez), numeral 8.15 se señala textualmente que “la Sub Gerencia de Gestión de Personal, revisa la veracidad de las declaraciones juradas, solicita los informes de carrera administrativa en caso de los propuestos para encargatura y solicita reporte de SISPROJ en caso que el propuesto tenga un litigio con EsSalud u otra entidad del Estado Peruano, consignando los resultados en una carta que eleva a la Gerencia Central de Gestión de las Personas…”.
Asimismo, en el Formato 2: Ejecutivo - “Declaración Jurada Sobre Impedimento y Nepotismo”, el servidor a ser designado debe precisar si tiene o no antecedentes penales y/o judiciales, si está incurso en procesos judiciales y si se encuentra o no incurso en un Proceso Administrativo Disciplinario o con Pre Aviso de Despido.
Dicha declaración debió presentar Rodríguez Terrones al asumir el cargo de gerente del Hospital Almanzor Aguinaga.
El martes de esta semana el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, inauguró dos Juzgados Especializados en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque en medio de un clima de alta expectativa por los aportes que estos darán a la lucha contra el serio problema de la administración pública. Para el funcionamiento de los nuevos órganos jurisdiccionales semanas antes la Corte de Lambayeque convocó a un proceso de contratación de trabajadores, el mismo que se habría realizado – paradójicamente - incumpliendo lo normado a nivel nacional.
El funcionamiento de los nuevos juzgados empezó el 1 de marzo conforme a lo dispuesto por la Resolución Administrativa N° 001-2018-CE-PJ, emitida el 10 de enero pasado. Para tal efecto se resolvió la contratación de 12 trabajadores, lanzando una convocatoria a “estudiantes, egresados y abogados para que presenten su hoja de vida, debidamente documentada, a la oficina de Presidencia”, donde despacha el titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque Aldo Zapata López.
La recepción de los documentos de los postulantes estuvo vigente hasta el lunes 12 de febrero. Quienes quedaban seleccionados serían contratados bajo la modalidad CAS.
LOS CARGOS
La Corte de Lambayeque requirió de abogados para el cargo de Especialista Judicial de Juzgado, quienes debían tener una experiencia no menor de dos años en labores similares, tener diplomados o cursos sobre el Nuevo Código Procesal Penal, haber asistido a cursos, seminarios, congresos, talleres u otras actividades referidas a la misma temática y contar con formación acreditada en ofimática. Cada especialista recibirá una remuneración de dos mil 972 soles mensuales.
Los mismos requisitos se pidieron para los interesados en trabajar como Especialistas de Audiencias.
En el caso del Asistente Jurisdiccional se requería de iguales condiciones a excepción de ser abogado titulado. Bastaba con que el postulante acreditara estudios de Derecho hasta el octavo ciclo. El sueldo ofertado fue de dos mil 572 soles.
Finalmente se convocó al puesto de Asistente de Comunicaciones (Notificador), para lo que se requería dos años de experiencia acreditada en labores de auxiliar de oficina y estudios de secundaria completa. El sueldo ofrecido fue de dos mil dos mil 212 soles.
LA MODALIDAD
Nada habría de extraño en el proceso de contratación convocado por la Corte de Lambayeque si no fuera por la Contratación Administrativa de Servicios – CAS, normada por el Decreto Legislativo N° 1057, tiene como característica fundamental la temporalidad, conforme se señala en el Artículo 5 del mencionado decreto, por lo que la modalidad no puede ser empleada en las contrataciones de labores cuya naturaleza es indeterminada y constante en el tiempo.
Precisamente constancia en el tiempo es lo que tienen, en adelante, los juzgados recientemente creados y para los cuales han sido contratados los 12 servidores, debido a que su implementación no obedece a un Plan de Emergencia, que podría darles carácter transitorio. En consecuencia, el proceso de contratación no debió ejecutarse bajo la modalidad CAS, sino de acuerdo a lo enmarcado por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
El criterio normativo que correspondía aplicar en la contratación reciente podría ser materia de debate, mas no la manera en la que se incumplió con una serie de requisitos establecidos por la legislación nacional para el desarrollo de un proceso CAS.
INCUMPLIMIENTOS
El Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del CAS, señala en su artículo 3 que el procedimiento de contratación debe seguir las siguientes etapas: Preparatoria, Convocatoria, Selección, Suscripción y registro de contrato. Cada una de estas fases señala con claridad qué pasos debe seguir la unidad contratante para el desarrollo del proceso.
En lo referido a etapa Preparatoria, la norma señala lo siguiente: “Comprende el requerimiento del órgano o unidad orgánica usuaria que incluye la descripción del servicio a realizar y los requisitos mínimos y las competencias que debe reunir el postulante, así como la descripción de las etapas del procedimiento, la justificación de la necesidad de contratación y la disponibilidad presupuestaria determinada por la oficina de presupuesto o la que haga sus veces de la entidad”.
Sin embargo, en la convocatoria que fue publicada en el portal institucional del Poder Judicial no se señala el objeto de la convocatoria y dependencia, la unidad orgánica y/o área solicitante, el órgano responsable de realizar el proceso de selección, los criterios de evaluación, el cronograma detallado y la base legal.
Tampoco se precisa el perfil detallado de los puestos concursados ni se describen las etapas del proceso.
Por estas consideraciones el proceso convocado por la Corte de Lambayeque para la contratación del personal de los juzgados especializados en Delitos de Corrupción de Funcionarios sería irregular.
La delincuencia es una de las preocupaciones más urgentes que enfrenta el Perú.​ Según cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público cada 5 minutos se comete un robo y el 82 % de los peruanos se siente inseguro en las calles. En diferentes departamentos del país el delito con más frecuencia es el robo agravado. Los actos delictivos actualmente son cometidos por jóvenes de entre 12 y 23 años, realidad preocupante ya que las personas que ingresan al mundo del hampa a tempranas edad proceden de familias disfuncionales o han sido víctimas de maltrato físico o psicológico por parte de sus progenitores.
El congresista Octavio Salazar Miranda, ex Director General de la Policía Nacional del Perú, indicó que la delincuencia juvenil nace a raíz de la crisis familiar, donde se suscitan constantemente violencia o cuando los padres abandonan a sus hijos. También señaló que otro de los factores para que los menores y adolescentes se inicien en el mundo del hampa es el desempleo y la falta de oportunidades laborales, lo que orilla a los jóvenes a “escoger el camino fácil y buscarse el dinero cometiendo actos delincuenciales”.
“Los jóvenes ingresan al mundo criminal rápidamente por la crisis familiar y la situación económica, ya que desde chicos los están sacando de sus hogares”, relató el también exministro del Interior.
Salazar Miranda, quien participó de la sesión descentralizada que realizó en Monsefú la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República, dijo que la educación es un factor importante en los menores, pero “lamentablemente existe deserción en los colegios y los padres no se preocupan por dirigirse hacia a los centros educativos y preguntar cómo van sus hijos en el aprendizaje”.
Anotó que el consumo de drogas es otro problema social que ataca principalmente a los menores, quienes se ven obligados a cometer actos delincuenciales para obtener dinero suficiente y seguir consumiendo las toxinas. “La delincuencia juvenil se está incrementando en nuestro país, ya que mucho de ellos han visto que mediante el crimen pueden agenciarse de dinero fácilmente”, señaló Octavio Salazar.
MENORES
El parlamentario señaló que existen dos alternativas para la reinserción del menor infractor a la sociedad. La primera es a través del medio cerrado, en los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, aplicada en un 60 % en el país. La segunda es con el medio abierto, aplicado en el 40 % de establecimientos, donde se les brinda a los menores medidas socio-educativas sin internamiento.
“Lambayeque está en el puesto 12 de 25 a nivel nacional, con 100 menores infractores. Los departamentos con mayor número de infractores juveniles son Lima y La Libertad, con mil 663 y 301 casos, respectivamente”, detalló el congresista.
Profundizó al precisar que muchos de los menores infractores de 14 a 17 años son captados por delincuentes mayores de edad y que ya han purgado condenas por diferentes ilícitos. A los menores los contratan para que cometan actos de sicariato.
“La delincuencia se organiza y el Estado se desorganiza, por lo que recomiendo a las instituciones a trabajar unidas contra la criminalidad. Como se han subido las penas los delincuentes, estos buscan a los menores para que se encarguen los delitos perversos que tienen mayor sanción, ya que los menores no cometen delitos, ellos solo cometen infracciones”, explicó Octavio Salazar.
INSEGURIDAD
A su turno, la fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, Haydee Bravo Chávez, señaló que los delitos contra el patrimonio en el departamento se han incrementado y que la seguridad ciudadana esté en alto riesgo.
Precisó que en el año 2009 se registraron dos mil 762 casos de hurto y en el 2017 un total de ocho mil 896; es decir, se incrementó en seis mil 124 en los últimos ocho años. Asimismo, dijo mientras en el 2009 se produjeron tres mil 819 casos de robo agravado, en el 2017 la cifra llegó a cuatro mil 368 casos.
También resaltó que el único delito que ha disminuido en el departamento es la extorsión. En el 2009 se reportó 381 casos y en el 2017 se presentaron 240.
La representante del Ministerio Público increpó a la Policía Nacional del Perú por – según afirmó – difundir una falsa estadística en la que se señala que entre el 2016 y el 2017 la delincuencia bajó y que actualmente las personas se sienten más seguras.
“Lo cierto y concreto es que las personas actualmente viven en un estado de inseguridad completa. Yo también en forma personal he sido víctima de robo por parte de dos delincuentes cuando transitaba por el Paseo de Las Musas. Los hampones me jalaron la cartera y huyeron en una motocicleta, al observar un patrullero me acerqué a pedir ayuda, pero los policías se encontraban ocupados en las redes sociales”, contó Haydee Bravo.
Asimismo refirió que actualmente los jóvenes policías “prefieren estar en las redes sociales o hablando por el teléfono celular antes que servir a su institución y a la patria por vocación, dejando de lado a los ciudadanos de a pie a quienes deben de atender”.
La fiscal dijo que la inseguridad ha incrementado y “ahora nadie puede salir de su casa, ni mucho menos caminar por la calle hablando por el teléfono celular, porque puede ser víctima de la inseguridad ciudadana”.
“Hay que ser ciegos para no darse cuenta de tanta inseguridad ciudadana, hay que poner el dedo en la herida para que recién hay se pueda reaccionar y se puedan tomar cartas en el asunto. Nosotros como Ministerio Público siempre actuamos ante la comisión de un delito, el derecho penal no sirve para prevenir un delito, las leyes penales se aplican después que se mató, que se robó o que lesionaron a alguien. Las leyes penales solo sirven para restablecer el orden jurídico, no para prevenir”, aclaró la representante del Ministerio Público.
Haydee Bravo añadió que “el policía actualmente no investiga, y que ante el incremento de los robos de celulares está realizando intervenciones irregulares”.
“A las personas que ven por la calle le piden sus teléfonos celulares y mediante el sistema OSIPTEL verifican que está robado y realizan su acta sin saber dónde se robó o a quien le robaron. Eso es irregular”, precisó.
LA FAMILIA
Por su parte el general Julio Díaz Zulueta, Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional del Perú, manifestó que el trabajo contra la criminalidad debe empezar en el hogar, pues es en este espacio donde se genera la violencia familiar. Expresó que la educación es fundamental y que aquella persona que violenta a una familia, arruina el futuro de un niño.
“Precisó que si los padres de familia, cumplen su rol con su familia de no ser alcohólicos, de no golpear a su esposa o hijos, la seguridad ciudadana mejorará desde los hogares, y todo el mundo dejaría de echarle la culpa a la policía de la inseguridad. La población misma es responsable por controlar a sus hijos y de darle ejemplo con los valores. Los medios de comunicación también deben difundir las cosas buenas que realiza la policía y no solo las cosas malas que pasan”, dijo Julio Díaz.
Tan solo con 50 muebles clínicos cuenta el servicio de Emergencia del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, hasta donde acuden a diario más de 40 asegurados para ser atendidos por los profesionales de la salud. A esta deficiencia también se suma la falta de equipos de alta tecnología e instrumental quirúrgico, problemática que no solo afecta al viejo nosocomio, sino también a los demás hospitales de Essalud a nivel nacional.
El presidente del Cuerpo Médico del hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, Alfonso Díaz Gálvez, refiere que los problemas que aquejan a los hospitales y policlínicos de EsSalud son muchos, entre ellos la falta de insumos, la mala atención a los pacientes asegurados y las infraestructuras deterioradas.
Menciona que las autoridades de la seguridad social no se preocupan por mejorar la prestación de los servicios.
MOBILIARIOS CLÍNICOS
Actualmente, el servicio de Emergencia del Almanzor Aguinaga cuenta con 10 camas de recuperación en la Área de Observación de Varones, 10 en Observación de Mujeres, 13 camas en la Sala de Operaciones, nueve en Obstetricia y ocho en Pediatría.
Como los pacientes hospitalizados sobrepasan el número de camas de recuperación, tienen que ser acomodados en camillas y sillas de ruedas que sirven para el traslado de los enfermos que ingresan por emergencia o hasta en el piso.
“Cuando llega un paciente de emergencia y quiere una silla de ruedas o camilla no se tiene a disposición porque el mobiliario clínico es utilizado por pacientes que van hacer hospitalizados”, narra Díaz Gálvez.
Según explica, el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo debería contar con 50 camas más, 50 sillas de ruedas y 50 camillas únicamente para ser asignadas al servicio de Emergencia y para consulta externa. De esa manera los favorecidos serían los pacientes que a diario padecen por la falta de mobiliario.
EQUIPOS TECNOLÓGICOS
Otro de los problemas que aqueja al EsSalud es que los equipos tecnológicos que actualmente existen en el hospital tienen más de 30 años de uso y ya cumplieron su ciclo de vida, por lo que se encuentran desfasados o presentan averías constantes. Algunos de esos equipos son los de ecografía, resonancia magnética y hemodiálisis.
Por citar un ejemplo, desde noviembre del año pasado está malogrado el tomógrafo y hasta el momento no se han concretado acciones de parte del área ejecutiva para poner en funcionamiento la máquina o, en el mejor de los casos, adquirir una nueva. Esto ha originado que varias operaciones programadas deban postergarse al no existir diagnóstico por imágenes.
“Debe de haber reingeniería de todos los equipos tecnológicos con los que cuenta el EsSalud, ya que cada vez que se averían con mayor frecuencia y tenemos que llamar a empresas extranjeras para que puedan arreglarlos. Así no podemos trabajar y los perjudicados son los asegurados, quienes tienen que acudir diariamente para preguntar si los equipos ya están funcionando adecuadamente”, señala Alfonso Díaz.
Manifiesta que los médicos solicitan un centro de trabajo adecuado y varios se resisten a seguir lidiando con los problemas que se suscitan durante las emergencias u hospitalizaciones en EsSalud.
Alfonso Díaz afirma que no hay condiciones adecuadas de trabajo para el personal de salud y eso puede ocasionar actos médicos deficientes que acarren problemas legales.
Refiere, por ejemplo, que en la sala de operaciones no hay insumos ni suturas para una cirugía, tampoco insumos para cirugía de traumatología. A fin de evitar errores los médicos se ven obligados a pedir los insumos a los familiares de los pacientes e incluso a llevar su propio instrumental.
“En las consultas externas algunos médicos traen sus propias herramientas. Por ejemplo, el especialista en otorrinolaringología tiene que llevar su frontoluz o laringoscopio, porque EsSalud tienen déficit de material médico y estas herramientas son importantes para el trabajo diario que ejercen los colegas. No entendemos el porqué tanta indiferencia de parte de la parte ejecutiva del seguro social si recursos hay”, asevera el presidente del Cuerpo Médico.
ASCENSORES
Mención especial merecen los ascensores del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo que se encuentran obsoletos y que constantemente se quedan a mitad de tránsito. Pacientes, médicos y visitantes se han quedado atrapados en su interior y después de varios minutos han sido rescatados por los bomberos de la Compañía Salvadora N° 27.
“Esa inacción viene de muchos años y no es de ahora. El problema es a nivel nacional y hasta el momento nuestras autoridades no se pronuncian al respeto. Es lamentable que se brinden servicios en estas condiciones a los asegurados”, relata Alfonso Díaz.
Actualmente el 30 % de los médicos del nosocomio trabajan con Contratos de Administración de Servicios – CAS, algunos por más de 10 años.
Gran parte de ellos son respaldados por el SINAMSSOP, pues están a la espera para pasar al Régimen N° 728 que le otorga estabilidad a través de los contratos a plazo indeterminado.
“Ahora el médico CAS está respaldado por nuestro sindicato y ellos han participado en las medidas de protesta. Antes no podían hacerlo porque eran sancionados o despedidos por la administración. Estamos a espera de su nombramiento, porque es injusto que tengan más de una década como contratados”, señala.
Por otro lado denuncia que los médicos que trabajan horas extras programadas no están recibiendo sus pagos oportunamente y siempre existen demoras para cancelarles los tiempos adicionales. A veces las demoras pueden ser de dos y hasta cuatro meses por decidía del área ejecutiva de la seguridad social.
MEDIDA DE PROTESTA
Esta semana los médicos de EsSalud realizaron un paro de 48 horas exigiendo mejoras laborales y de equipamiento para la prestación de los servicios a los asegurados.
En la paralización no se descuidó las áreas críticas como Emergencia, el Centro Quirúrgico, la Unidad de Cuidados Intensivos, la Unidad de Hemodiálisis y la Unidad de Cuidados Neonatales. Los médicos que estuvieron de turno durante la paralización en dichas áreas atendieron sin interrupciones.
Entre sus reclamos los médicos dieron a conocer la problemática que aqueja a los hospitales de EsSalud y que perjudica directamente a los asegurados. También solicitaron una nueva escala remunerativa.
Díaz Gálvez señala que si las autoridades persisten y no solucionan rápidamente los problemas graves y el caos en EsSalud, los médicos iniciarán la huelga nacional indefinida el próximo 12 de abril. Advirtió que los perjudicados serán los asegurados, a quienes por adelantado pide disculpas.
“Nosotros nos debemos a los asegurados, pero si nos vamos a la huelga nacional lo hacemos para que ellos tengan buenas condiciones y sean bien atendidos; para que cuando vayan a farmacia encuentren toda la medicina; para que cuando acudan al servicio de Emergencia encuentren camillas, sillas de ruedas y camas; para que cuando vayan a sacarse tomografías reciban atención y no les digan que los equipos están malogrados”, expresa Díaz Gálvez.
