Desde mayo de 2023 se anunciaron “lluvias intensas” en las regiones del norte por el fenómeno de El Niño, lo cual afectaría la continuidad de las clases escolares. El verano 2024 ha concluido y parece haberse sorteado el inminente peligro en las escuelas de Lambayeque. Sin embargo, la vulnerabilidad no ha pasado: miles de estudiantes regresaron a las aulas el 11 de marzo, enfrentando condiciones de riesgo que el Estado no ha sido capaz de resolver históricamente.
La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) lo advirtió: producto de este evento existía una alta posibilidad de lluvias “muy fuertes” en el norte y la costa central del país. A las precipitaciones se les esperaba entre octubre y noviembre de 2023.
Enfen alertó incluso que se prolongaría hasta inicios del otoño de 2024, con una leve variación: la proyección de que sea fuerte se redujo del 42 % al 39 %. La alarma estaba y todos los niveles de gobierno comenzaron a trabajar en planes de prevención y emergencia para enfrentar el temporal.
El Ministerio de Educación (Minedu), a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), asumió acciones para garantizar las clases. Dispuso la fabricación de 100 domos o aulas temporales de emergencia, para que el servicio educativo en las zonas afectadas no pare.
Estos domos se ensamblan rápido y son resistentes al viento, lluvia, frío, calor y sismos; y pueden ser instalados en zonas libres de riesgo. Costaron S/ 6 551 400 y cada uno estaría equipada con 30 carpetas unipersonales, escritorio de docente y pizarra acrílica. Desde comienzos de año se inició su traslado a Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes.
Por ahora no ha sido necesario utilizar los domos: las “lluvias intensas” no han ocurrido hasta el momento. Están almacenados en las Unidades de Gestión Educativa Locales (UGEL) de los gobiernos regionales. Se espera estén debidamente cuidados para evitar su deterioro y sirvan llegada la circunstancia.
La vulnerabilidad continúa
Sin las lluvias de El Niño, y la respuesta de los domos en reserva, la vulnerabilidad no ha pasado. Al contrario, miles de estudiantes siguen enfrentando condiciones de riesgo que el Estado no ha sido capaz de resolver, pese a los millonarios presupuestos del sector Educación.
La brecha de infraestructura llega a la astronómica cifra de 164 mil millones de soles; este abandono de los gobiernos pasados no lo vamos a solucionar en dos o tres años, ha reconocido la ministra Miriam Ponce.
Lambayeque supera los 300 mil escolares; un poco más de 260 mil pertenecen a escuelas públicas, distribuidos en más de 1780 colegios. Las condiciones de infraestructura reflejan el dramático abandono de un sector considerado prioritario, las cuales vulneran el derecho de las niñas, niños y adolescentes a espacios seguros para educarse en condiciones mínimas de calidad.
Si bien el artículo 16 de la Constitución Política, reformado en diciembre de 2020, consagra a la educación como un derecho, el Estado, primer obligado a su cumplimiento, no cumple. “Prevención”, el vocablo clave para casos como el que encaramos, no sale de su concepto atrapado en los diccionarios: “Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo”.
“La educación escolar, además de ser un derecho fundamental, desempeña un papel crucial en el desarrollo integral de los niños al proporcionarles unas bases para habilidades cognitivas, sociales, emocionales y físicas. Les prepara para enfrentar los desafíos de la vida adulta, equipándolos con habilidades necesarias para el éxito en diferentes ámbitos”, complementa la magíster Marilyn Carmen, psicoterapeuta de la Unidad de Protección Especial- Piura.
La educación pública ha enfrentado en los últimos siete años hasta cuatro crisis externas que han impactado directamente sobre los aprendizajes, la seguridad de los escolares y la salud socio-emocional de toda la comunidad educativa. Eso involucra también a docentes, auxiliares, trabajadores administrativos y, desde luego, a los padres de familia.
De El Niño al dengue
El Compendio Estadístico del INDECI 2017 señala que ese año, del 31 de enero al 14 de marzo, se registraron lluvias y consecuentes inundaciones en 38 distritos de Lambayeque. ¿El saldo? más de 182 mil damnificados, 33 instituciones educativas destruidas y otras 275 severamente afectadas.
Los eventos de 2017 dentro de un fenómeno de El Niño costero, evento atípico consistente en el calentamiento de las aguas costeras por encima de los valores promedio para verano. El Niño nunca tuvo una relación cordial con el norte del país. Sus embates y perjuicios se alternan con una periodicidad que los expertos no desvelan en fórmulas para prever nuevas llegadas.
Como respuesta a los desastres 2017, el Gobierno nacional destinó poco más de tres mil 125 millones de soles para la reconstrucción de Lambayeque. En el proceso se consideró la renovación de diversos locales educativos, principalmente rurales. Así, se financiaron el nuevo colegio El Palmo, en el distrito de Mórrope, al que destinaron más de 13 millones de soles, y su par Las Juntas, de Pacora, financiado con 9 millones de soles.
Ambas escuelas se ubican en una de las zonas más vulnerables ante eventos como El Niño, en la parte baja del valle La Leche. Allí, el río del mismo nombre, genera constantes desbordes en épocas de crecida. El caudal de La Leche superó los mil metros cúbicos por segundo en 2017.
De lo presencial a lo virtual
Tras El Niño costero y sin que los proyectos de reconstrucción educativa estuvieran terminados, en marzo del 2020 llegó la pandemia de la covid-19. El confinamiento obligatorio que se extendió a dos años, forzó a la comunidad educativa a trasladar las horas de enseñanza - aprendizaje a una modalidad para la que nunca estuvo preparada: la modalidad virtual.
La virtualidad llegaba en 2020 en un contexto de varias brechas, una de ellas, el acceso a lo digital. “En la actualidad el 79 % de escuelas en el Perú no tiene acceso a internet y como informó la Defensoría del Pueblo, en 2020 más de 18 mil estudiantes no accedían al servicio. ¿Cómo se podía asegurar una buena educación? las condiciones siguen iguales”, cuestiona Saúl Villalobos, secretario general del SUTE Lambayeque.
La brecha digital no se circunscribía sólo al acceso, tenencia y uso de internet. Diversos estudios que evaluaron las estrategias puestas en marcha, para pasar de lo presencial a lo virtual, tuvieron que calificar las experiencias con rojo.
Karl Torres, docente de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) recuerda: “A pedido del Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONCORTV), evaluamos el primer año de la estrategia Aprendo en Casa desde sus recursos de radio y TV. Se encontró improvisación en contenidos y distancias en su comprensión y uso de parte de maestros, padres de familia y alumnos”.
Aunque las lecciones que dejó dicho estudio se trasladaron a una mejoría de la estrategia Aprendo en Casa para 2021, éstas no fueron lo suficientemente contundentes, según se desprende de una continuación de la investigación, asumida por dos de los investigadores del equipo original, que esta vez analizó también la plataforma web.
Los escolares volvieron a la presencialidad en 2022. El Perú fue uno de los últimos países en disponer el retorno de sus estudiantes a las aulas. Los riesgos no acabaron.
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Esperando a abril
José Antonio va camino a los 12 años. Esperaba iniciar clases en las “remozadas” instalaciones de la Institución Educativa n° 10142 “Monseñor Juan Tomis Stack”, ubicada en el pueblo joven Túpac Amaru, Chiclayo. Pensaba reunirse con sus compañeros de promoción: este 2024 termina primaria. Todas esas aspiraciones le han dado una bofetada; la construcción de su colegio aún no termina, pese a que se inició en 2022, el avance apenas supera el 30 %.
Más de 1 600 alumnos de este conocido plantel se han visto afectados como José Antonio. Y por segundo año consecutivo reciben clases de manera virtual. Existe una pequeña posibilidad de que el próximo 8 de abril inicien clases presenciales, pero no en el local que les ofrecieron, sino en módulos prefabricados que esperan estar listos antes de esa fecha. Los chicos esperan no haya retrasos.
La Municipalidad Provincial de Chiclayo es la unidad ejecutora de la obra, la cual se inició en la gestión del exalcalde Marcos Gasco Arrobas. La actual burgomaestre, Janet Cubas Carranza, visitó las instalaciones del colegio y dialogó con representantes de la empresa constructora que ejecuta la nueva infraestructura, quienes le confirmaron que antes del 8 de abril estarán listos los módulos.
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* Periodistas y colaboradores
La elaboración de este reportaje se realizó con financiamiento de Save the Children. Beca para periodistas: Gestión del Riesgo de Desastres con Enfoque de Niñez.
Se agradece la colaboración operativa del periodista Daniel Vera Vera.
Para el periodista y analista político Fernando Noblecilla Merino, la problemática del sector azucarero, concentrada principalmente en la situación que atraviesan las excooperativas Tumán y Pucalá, debe ser abordada con un diálogo amplio y permanente, en el que participen todas las partes involucradas sin distinción algunas.
Noblecilla Merino, quien participó como panelista en el fórum: Tumán: problema y posibles soluciones, realizado por el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales – CONREDE, indicó que la situación de crisis en el caso de la azucarera Tumán responde a los diferentes intereses que se han antepuesto al beneficio común, principalmente de los trabajadores.
“Pocos logran entender la complejidad de Tumán, donde se tiene una empresa al 100 % vinculada con la comunidad, donde toda la economía local gira en torno al funcionamiento de la azucarera, pero de qué economía podemos hablar si la empresa está en crisis hace ocho años. Esto lleva a reflexionar sobre los caminos que se deben seguir para devolver el orden y la productividad a la azucarera, siendo el diálogo el punto de partida”, señala.
En su análisis, Fernando Noblecilla considera que para el diálogo deben participar los actores públicos, como autoridades nacionales, regionales y locales; los trabajadores, representados en sus diferentes organizaciones debidamente reconocidas y legalizadas; los accionistas, que tienen autoridad societaria sobre la empresa; los jubilados, viudas y herederos, y los acreedores.
“Hubo en algún momento el esfuerzo de convocar a una mesa de diálogo, pero el esfuerzo se diluyó precisamente por falta de respaldo desde los actores políticos, que son los primeros llamados a insistir en una solución, porque aquí no se trata de un problema aislado de una empresa cualquiera; se trata de un problema social que a la vez afecta directamente a la economía regional. Son más de dos mil trabajadores que no gozan de ningún beneficio laboral desde hace más de ocho años. ¿Qué está haciendo el Estado por resolver el problema de Tumán? Nada”, cuestiona.
Presencia judicial
Añade que otro factor determinante en el problema azucarero es la participación del sistema de justicia, no sólo del Poder Judicial, a través de los juzgados que han instalado administraciones judiciales, sino también del Ministerio Público, “cuyo deber es investigar y buscar sanción”.
“Por décadas el Poder Judicial se ha impuesto como árbitro de un asunto eminentemente societario y en base a resoluciones unas más cuestionables que otras hizo de la instalación de auxilios judiciales, como las administraciones, una situación recurrente, sin considerar que cada decisión generaba más convulsión. ¿Cuántos jueces han sido sancionados o destituidos por emitir resoluciones sobre las azucareras? ¿Cuántos miles de soles se han destinado al pago de asesoramiento jurídico? ¿Alguien ha investigado sobre el millonario negocio que para ciertos abogados representa el lío en las azucareras?”, remarca Fernando Noblecilla.
Siguiente paso
En ese sentido, el periodista considera que la apertura al diálogo puede ser liderada por la sociedad civil. “El diálogo sin distinción alguna, pero con un objetivo claro de buscar soluciones al problema”.
“El esfuerzo del CONREDE, de convocar al primer panel para tratar el tema, puede no haber sido del agrado de algunos, sobre todo de quienes han sido parte del origen de la crisis. Algunos han dicho que los especialistas convocados no representan al sector azucarero, que no son dirigentes ni trabajadores, y claro se valen de eso para desacreditar la trascendencia del panel. No logran comprender que los colegios profesionales necesitan nutrirse de argumentos técnicos y razonables que le permitan tener una visión amplia del problema porque su nivel de coordinación es justamente en el plano académico. Ojalá que el esfuerzo vaya más allá y sea CONREDE el impulsor de una mesa de diálogo sobre el sector”, manifiesta.
“Me considero una emprendedora apasionada”, afirma Claudia Bazán Mimbela, quien empezó en el mundo de los negocios a los 18 años, precisamente como parte del equipo de ventas de una trasnacional del rubro retail. Luego incursionó en las líneas de belleza, escalando rápidamente hasta convertirse en gerente de venta directa. En el 2010 su historia tuvo un giro de 180°.
Ese año, Claudia Bazán decidió realizar un viaje con su madre al exterior, naciendo así su interés en la importación de carteras y accesorios para damas.
“Todo nació en un viaje de recreación entre mi madre y yo. Nuestro negocio fue tomando forma, recuerda que nuestro primer punto de venta fue en el Real Plaza Chiclayo para luego dar el salto al Real Plaza Trujillo, Piura, una tienda en el centro de Lima. Logramos implementar seis puntos de venta en diferentes ciudades, tanta pasión depositada, tanta energía y la atención puesta en la expansión que sin darme cuenta había descuidado lo más importante que eran las ventas. La empresa quebró, lo que fue un golpe muy duro para mí y mi familia”, relata.
Resiliencia
Sin embargo, Claudia Bazán puso a prueba su resiliencia y supo sobreponerse a la situación adversa.
Buscando nuevas oportunidades decidió convertirse en agente de cambio y así nació la idea de emprender ayudando a los demás. Claudia Bazán emprendió apoyándose en el trabajo manual de los internos del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, expenal de Picsi, centrándose en la elaboración de carteras artesanales.
“Me siento muy contenta por ese nuevo camino y gracias a Dios he ido encontrando a las personas correctas, sobre todo porque tengo la fortuna de seguir contando con el apoyo y amor de mis padres. Trabajar un proyecto de esta naturaleza no es sencillo, porque los accesos a un recinto carcelario son muy estrictos, pero poco a poco hemos ido ganando confianza y sobre todo el interés de los internos en participar de este negocio en el que todos ganamos. Esa oportunidad que la vida generó para mí, sirve también para que ellos puedan aprender y tener medios para resocializarse”, menciona.
Solidaridad de género
Claudia Bazán menciona que muchas veces las mujeres son muy críticas entre ellas mismas, pero no precisamente con un sentido positivo.
“Eso es algo que debe cambiar. Las mujeres debemos mostrar nuestra empatía y sororidad con las demás mujeres, ayudarnos mutuamente cuando emprendemos, cuando nos trazamos un proyecto y necesitamos un mensaje de estímulo e impulso. Es sumamente importante para cualquier mujer tener el apoyo emocional de las demás mujeres, empoderarnos entre nosotras y juntas enfrentarnos al machismo, a la violencia, a la inseguridad o al menosprecio a nuestro trabajo, problemas que vemos todos los días en todos los espacios de la sociedad”, asevera.
Licenciada en Comunicaciones por la Universidad de San Ignacio de Loyola, Carolina Medrano Vargas tuvo la oportunidad de involucrase laboralmente con el sector minero, aspecto que para ella marcado su experiencia profesional, porque logró hacerse camino en un rubro donde los puestos ejecutivos son ocupados principalmente por hombres. Actualmente es líder de Asuntos Corporativos para la Región Nororiente de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston.
“Desde que era estudiante me tracé el objetivo de avanzar y siempre me interesó mucho el mundo de las comunicaciones y la responsabilidad social. Siempre tuve mucha curiosidad de insertarme en el mundo de la minería, que hasta antes de conocerlo creía que era muy aventurero. Logré mi sueño siendo mujer y lo remarco porque una vez dentro me di cuenta que por cada 100 hombres había sólo 20 mujeres en el sector. Tuve la oportunidad de trabajar en los campamentos de las minas, he entrado al socavón y he trabajado directamente con comunidades campesinas”, destaca.
Adaptación a los cambios
Carolina Medrano fue contratada como asistente hace 10 años para trabajar en Arequipa. Comenta que lo primero que le preguntaron fue si estaba segura de querer trabajar en un campamento minero.
“A veces la adaptación al ritmo, al clima, a las condiciones es muy duro. Recuerdo que la primera semana que llegué me afectó mucho la altura, el frío, pues la operación minera era a diez horas de Arequipa. El sistema de trabajo era 28/7. Llamé a mis padres y les conté que tenía soroche y que no aguantaba el frío. Mi mamá me dijo: ‘Bueno, todavía puedes regresar’. Le respondí que no, que tenía que seguir, porque si los demás podían yo también. Poco a poco fui ganándome un lugar y el respeto y reconocimiento por mi trabajo”, relata.
De Arequipa pasó a La Oroya, en Junín, donde eran sólo 10 las mujeres en el campamento minero.
“Fui aprendiendo y recuerdo que me miraban con sorpresa porque era la única mujer que manejaba una camioneta 4x4 en camino de trocha. Lo que digo siempre es que cuando tienes el objetivo claro no importa la situación climatológica o cualquier otro factor. Hay que seguir para adelante”, refiere.
Medrano Vargas menciona que la mujer debe perder miedo a las barreras que la sociedad impone a su desarrollo profesional. Eso sí, enfatiza en la importancia de mantener el respeto y la humildad para seguir creciendo.
“Pongo de ejemplo esto que me tocó vivir como comunicadora joven en un sector muchas veces adversos, en el que existe la creencia, por ejemplo, que si una mujer entra a una mina la sala y el proyecto fracasa. La mujer puede ir a donde se lo proponga, pero antes debe enfrentar sus propios temores”, enfatiza.
Pasión por lo que se hace
Añade que es necesario también mostrar pasión y amor por lo que se hace, contando con el respaldo de la familia.
“Considero que es muy importante sentir pasión por lo que se hace, porque de esa manera cada paso, cada logro, por más pequeño que sea, generará satisfacción. Muchas veces, por diversas razones, no dedicamos a algo que no nos llena plenamente, pero lo que sí puedo afirmar es que nunca es tarde para volver al camino o dirigirse hacia ese objetivo personal”, asevera.
Carolina Medrano participó del conversatorio sobre experiencias de éxito organizado por el Comité Gremial de Mujer Empresaria de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.
Grimaldina Olivera Clavo es una de las tantas mujeres emprendedoras de Lambayeque que con esfuerzo ha logrado hacer realidad sus sueños. En la década del 90, venciendo sus propios miedos, puso en marcha un negocio en el que fue en búsqueda de los clientes, hasta que consolidó una empresa junto a su esposo, constituyendo Grupo Leoncito, una de las marcas de mayor expansión en el departamento.
“Todo inicio se hace con miedo, con temor. Empecé en los 90 como vendedora de productos de plástico, trabajando para una empresa hasta 1992 más o menos. Esa empresa quebró por malas gestiones y yo me quedé en la calle, sin trabajo ni ingresos. Para entonces ya conocía a quien ahora es mi esposo y al verme preocupada me preguntó qué pasaba. Le dije que estaba sin trabajo y no tenía nada para llevar a mi casa. Él me dijo que conociendo yo el negocio del plástico, a los proveedores y clientes, por qué no me animaba a emprender un propio negocio”, cuenta Olivera Clavo.
Lo primero en lo que pensó fue en la falta de capital. Hoy reconoce que fue una manera de ponerse una barrera ella misma. Sin embargo, la falta de dinero no fue problema. Su futuro esposo le prestó 800 soles como capital. Era 1994.
Hasta los clientes
“Me doblé las mangas de la blusa y me puse a trabajar. Sabiendo que había necesidad de agua potable en los alrededores de la ciudad de Lambayeque, como los pueblos jóvenes San Martín y Santa Rosa, compré tanques, baldes y tinas, y empecé a vender en esas zonas. Me fue tan bien que todo lo que ganaba lo volvía a invertir. Ese fue el proceso”, refiere.
Al poco tiempo pudo montar un almacén de plásticos y artículos para el hogar, sumándose su esposo como socio del negocio.
“Empecé vendiendo cosas en una combi, luego él compró un triciclo, después compramos una camioneta, unas motos y de pronto los clientes ya no sólo nos pedían plásticos, empezaron a pedirnos comedores, camas, uniformes, zapatos, mochilas, todo lo que necesitaban. Después pidieron cocinas y muebles. Tercerizamos la fabricación de los muebles, pero muchas veces nos quedaban mal con el diseño o el tiempo, así que pusimos una fábrica propia”, relata.
Sector retail
El crecimiento del negocio, ya con una visión más diversa, le permitió abrir un primer punto de venta en Lambayeque y luego uno en Ferreñafe. Actualmente, son 11 las tiendas Leoncito en el departamento.
“Nada es fácil, uno quiere invertir y muchas puertas se cierran, para los bancos no siempre somos sujeto de crédito y optamos por acudir a la familia, que nos prestaron. Pasamos a la venta de electrodomésticos y a pesar de las dificultades seguimos adelante”, manifiesta.
Añade que todas las situaciones complejas no se comparan con lo que ha tenido que enfrentar la empresa desde el 2020 hasta el año pasado.
“En la pandemia el sector retail fue muy afectado por el confinamiento, muchas personas perdieron sus trabajos y así bajaron las ventas. Como empresa perdimos liquidez teniendo 450 trabajadores, lo cual representó una dificultad muy grande. Fue necesario aplicar mecanismos como la suspensión perfecta con los trabajadores, previo diálogo, y nos quedamos 100 personas. Poco a poco empezamos a recuperarnos, pero en el 2021 llegó el ruido político y también nos afectó, porque el segmento al que nosotros nos dirigimos, que es C y D, priorizó aspectos como la salud y la canasta básica”, indica.
Leoncito está en proceso de reimpulso, para lo cual trabaja en el rediseño de su estrategia comercial y ampliación de productos y servicios, a fin de mejorar su participación en el mercado.
Grimaldina Olivera es doctora en Administración de Empresas y especialista en Auditoría de Créditos y Cobranzas.
Una pena no menor de ocho y no mayor de diez años de cárcel podría recibir el representante de la Comunidad Campesina de Muchick Santa Catalina de Chongoyape, Edivar Juan Carrasco Vásquez, por presuntamente afectar el medio ambiente con la tala de un promedio de 502 árboles y arbustos de las especies zapote, algarrobo, palo santo, overo, palo verde, cactus gigantón, rabo de zorro y vichayo en terrenos de Área de Conservación Privada Chaparrí y Bosque Urum.
Edivar Carrasco, quien también se adjudica ser defensor del Medio Ambiente y representante del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí y de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza y Turismo Sostenible Chaparrí (ACOTURCH), junto a otros comuneros, fue llevado a control de acusación por el Fiscal titular de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Lambayeque, José Félix Tejada Ramos, por el presunto delito contra los bosques o formaciones boscosas agravada.
Origen de hechos
Conforme a la acusación fiscal, contenida en el caso fiscal N° 2406070802-2021-14-0, se tiene que a las 10:00 de la mañana del 28 de diciembre del año 2020, hasta la dependencia policial de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional, llegó Marco Antonio Díaz Castillo para denunciar que por comunicación de comuneros del distrito de Chongoyape, en los alrededores del Reservorio Tinajones se habría encontrado Edivar Juan Carrasco Vásquez supuestamente talando y quemando árboles de especies protegidas.
Junto al dirigente – reza la investigación- habrían estado Segundo Américo Montalvo Reyes, Rene del Socorro Bayona Torres, Wilson Bautista Sánchez y Humberto Gonzáles Núñez, quienes habrían ocasionado presunto daño ecológico en terrenos del área del Reservorio Tinajones, Área de Conservación Privada de la Comunidad Campesina de Muchick Santa Catalina de Chongoyape, y otros lugares. Asimismo, el denunciante precisó que César Augusto Torres Zevallos también tendría participación en la lotización de terrenos en el Sector Pampa Tablazos y Cerro Tres Picos.
Supuestos daños
El 16 de enero del 2021, el denunciante solicitó apoyo policial para efectuar una constatación en el lugar de los hechos, verificándose en las coordenadas UTM 17M: 678872.018E-9269328908N de la carretera Chiclayo-Chongoyape, en el desvío a Tocmoche, kilómetro 7 de la carretera carrozable, la existencia de un área de 10 hectáreas afectada en las especies nativas de algarrobo, overo, rabo de zorro, sapote, cactus, vichayo y cabo verde.
Los agentes policiales comprobaron que las especies forestales habían sido cortadas con machete. Además, en acta dejaron sentado haber encontrado lotizaciones de terreno, las que estaban marcadas con cal, así como una carretera carrozable en el interior del área afectada.
En dicha inspección se encontró a Wilson Bautista Sánchez y Wilmer Leodán Bautista Sánchez, con rastrillos a un lado de los montes, los mismos que manifestaron estar limpiando el terreno, pero no dieron más información e incluso se habrían negado a mostrar sus documentos.
Investigación preliminar
El 6 de febrero del 2021, durante el desarrollo de la investigación preliminar, la policía realizó una constatación en el Sector Picón- Piedra Grande, en el Área de Conservación Privada Chaparrí, encontrando a varios comuneros, los que manifestaron estar realizando una limpieza y poda de un sendero, lo cual fue corroborado por el imputado Edivar Juan Carrasco Vásquez, quien también había sido encontrado en el lugar. Los agentes advirtieron que las personas portaban hachas, picos, barretas de fierro, machetes y rastrillos.
Asimismo, el 10 de febrero del 2021 se realizó una nueva constatación en la zona, pero en esta ocasión se contó con la participación de representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) y Departamento del Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional (DEPMA-PNP).
Durante la inspección se advirtió que en las coordenadas UTM WGS 84 Zona 17 670392E, 9269683N, ubicadas en terrenos del Área de Conservación Privada Chaparrí y Bosque Urum, existían dos trochas: una de 3 kilómetros de largo por 10 metros de ancho; la otra tenía 600 metros de largo por 10 metros de ancho.
La constatación llevó a la realización de un recorrido, comprobándose que había un promedio de 502 tocones de árboles y arbustos de las especies zapote, algarrobo, palo santo, overo, vichayo, palo verde, cactus gigantón y rabo de zorro que habrían sido talados con hacha y machete.
Sin permisos
El fiscal responsable, José Carlos Cruzado Zavaleta, sustentó que los imputados, entre ellos, Carrasco Vásquez, no han logrado acreditar si los trabajos de construcción o instalación de las trochas carrozables cuentan con las licencias de ley, las que deben ser otorgadas por autoridad competente.
De igual manera, el representante del Ministerio Público sustenta que si bien existe un Plan Maestro en el Área de Conservación Privada Chaparrí, es de preocupación que la tala de especies forestales haya alcanzado los terrenos del Área de Conservación Privada Bosque Urum, advirtiéndose presunta responsabilidad en el directivo de la Comunidad Campesina de Muchick Santa Catalina de Chongoyape.
De la pena
El Ministerio Público atribuye a Carrasco Vásquez y otros la comisión del delito contra los recursos naturales, en la figura jurídica de delitos contra los bosques o formaciones rocosas, teniendo como pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años. Sin embargo, en su forma agravada, se tiene una pena no menor de ocho ni mayor de diez años de cárcel, muy aparte de la reparación civil por el daño causado al medio ambiente, en sus diferentes formas y bienes asociados, la que es irreparable.
