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Expresión corroboró in situ y recorrió los 12 kilómetros de la infraestructura vial que luego de varios años pudo ser mejorada y pavimentada en toda su extensión. Para ello, el ente ejecutor, en este caso el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – PROVIAS, luego de haberle otorgado la buena pro al Consorcio Santa Beatriz, formalizó el 21 de octubre de 2016 el Contrato N° 151 – 2018 .MTC/21, ascendente a 12 millones 631 mil soles.

 

El consorcio, integrado por las empresas empresas Ibérico Ingeniería y Construcción S.A., Transportes y Construcciones Blasgon S.A. Sucursal del Perú, OIG Contratistas Generales S.A.C. e IBERNOVAS S.A.C, pactaron concluir con la ejecución del contrato, de acuerdo a la Cláusula Quinta, en 165 días calendario.

Los trabajos que fueron realizados por el Consorcio Santa Beatriz consistieron en la conformación de la base y sub base de la infraestructura vial, considerándose también la realización de la pavimentación con asfalto en caliente a lo largo de los 12 kilómetros de extensión de la vía, trabajos que según algunos pobladores de la zona fueron realizados tan solo por dos empresas conformantes del consorcio, como son: Ibérico Ingeniería y Construcción S.A. y IBERNOVAS S.A.C., quedando en manos de Provias Descentralizado la ejecución de las obras complementarias, esto es puentes, badenes y alcantarillas.

 

DAÑO DEL PAVIMENTO

Como se puede apreciar en las imágenes que ilustran la nota, en algunos sectores de la vía se advierten fisuras y rajaduras del pavimento, en otros perforaciones y desniveles en su superficie. Lo más resaltante de la probable deficiencia de la ejecución de este proyecto vial, es que en algunos sectores de la vía el pavimento asfáltico se encuentra en estado calamitoso, es decir, ya no existe, producto – como lo manifiestan algunos moradores de la zona – de las lluvias persistentes que azotaron en los primeros meses del año en el norte del país, como así también lo dejan entrever los conductores de los vehículos menores que transitan por la vía, del constante transito de volquetes que transportan diariamente materiales de construcción (agregados) que son extraídos de las canteras ubicadas en el distrito de Mesones Muro y son transportados para la ejecución de obras en los diferentes distritos del norte de la región.

 

SUPERVISIÓN

Cabe hacer mención que el servicio de supervisión de la ejecución de la obra estuvo a cargo del Consorcio Supervisor Ferreñafe, conformado por Osores Padilla Daniel Francisco y Consultoría Colombiana S.A. Sucursal Perú,                            que para tal fin, el 27 de diciembre de 2016, suscribió el contrato con Provias Descentralizado N° 146-2016-MTC/21, por un importe de un millón 149 mil soles, con la finalidad de controlar y supervisar el proceso constructivo del proyecto por el lapso de 195 días, es decir, desde su inicio hasta la finalización del mismo, labor que tan igual que los ejecutores no habría sido realizada cumpliendo con lo estipulado en el expediente técnico, condición que se evidencian por el estado actual de la carretera.

La vía fue inaugurada a viles del 2017; es decir, tiene menos de dos años de uso.

Según el contrato, el consorcio ejecutor se acogió a la cláusula de vicios ocultos, por lo que le asiste responsabilidad hasta por siete años sobre eventuales daños en la obra.

CARRETERA QUE UNE PUNTO CUATRO CON FERREÑAFE SE DESMORONA: OBRA FUE INAUGURADA HACE MENOS DE DOS AÑOS Y MUESTRA SERIOS DAÑOS EN SU ESTRUCTURA

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  • Empresario Marcos Gasco Arrobas, actual alcalde de Chiclayo, declaró no percibir ingresos privados pero tiene bienes por casi un millón de soles.

 

De acuerdo a la Ley N° 27482, “Ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado”, todos aquellos que tienen entre sus funciones la administración de recursos públicos deben presentar la declaración correspondiente ante la Contraloría General de la República, documento que permitirá evaluar el incremento de su patrimonio – en caso lo haya – y detectar indicios de enriquecimiento ilegal y otros delitos. Sin embargo, la norma no parece ser del todo clara para algunas autoridades de la localidad.

 

El Artículo 3 de la referida norma precisa que “la declaración jurada debe contener todos los ingresos, bienes y rentas, debidamente especificados y valorizados tanto en el país como en el extranjero, conforme al formato único aprobado por el Reglamento de la presente Ley”, indicándose en el artículo siguiente que la declaración deberá presentarse al inicio y durante el ejercicio de la función con una periodicidad anual.

Es decir, los funcionarios y autoridades deben presentar una declaración jurada de ingresos, bienes y rentas al inicio de sus períodos y, en lo sucesivo, una vez al año hasta finalizar el mandato o ejercicio de la función pública.

De no hacerlo en los plazos establecidos ni dentro del período de prórroga (15 días) – señala la ley –la omisión queda “bajo responsabilidad penal del titular del pliego correspondiente”.

 

ALCALDE DE CHICLAYO

En la Municipalidad Provincial de Chiclayo el alcalde Marcos Gasco Arrobas ha cumplido con la presentación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas al inicio de su mandato como autoridad. Sin embargo, algunos aspectos de esta llaman la atención.

Tal como consta en el documento, que es de acceso público en la Contraloría General de la República, Gasco Arrobas declaró tener como único ingreso, procedente del sector público, los nueve mil soles que percibe como alcalde de la provincia desde enero de este año, en tanto, pese a que es conocida su actividad empresarial (en el rubro gastronómico en Lima), no ha consignado ingresos del sector privado.

A ello se suma que Gasco Arrobas declaró poseer bienes valorizados en 930 mil soles y otros ingresos ascendentes a 75 mil soles, aunque no se especifica su procedencia. Lo que es público, de acuerdo a la norma vigente, es la información contenida en la segunda sección de la declaración de ingresos, bienes y rentas.

Para postular a la alcaldía de Chiclayo, Marcos Gasco presentó en su declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, ingresos anuales por 216 mil soles, todos procedentes del sector privado, así como cuatro propiedades: una casa, un edificio y dos locales, todos en sociedad, valuados en aproximadamente seis millones 200 mil soles.

Si se compara las declaraciones del 2018 y el 2019 se notará una amplia diferencia en los montos detallados. Así, Gasco pasó de percibir más de 2016 mil soles del sector privado el año pasado a nada este año, y de tener bienes (inmuebles) en sociedad por más de seis millones de soles a unos valuados en menos de un millón.

 

REGIDORES PROVINCIALES

El primer regidor de Chiclayo, Junio Vásquez Torres, declaró a la Contraloría percibir dos mil 700 soles mensuales como único ingreso, procedente este del sector público (su dieta como concejal provincial), así como la posesión de bienes valorizados en 42 mil 743.31 soles.

Felipa Orosco Nunton, también regidora de Chiclayo, declaró que además de los dos mil 700 soles que recibe del sector público, recibe un ingreso mensual de 25 mil 180.80 soles procedentes del sector privado, sumando un total de 27 mil 880.80 soles los que administra cada 30 días. Respecto a bienes, declaró los valorizados en 436 mil soles.

El concejal Marino Olivera Cruzado declaró ingresos mensuales por tres mil 700 soles: dos mil 700 de su dieta municipal y mil del sector privado. Asimismo, un millón 205 mil soles en bienes y dos mil 500 soles por otros conceptos.

En tanto, el regidor Pedro Ubillús Falla declaró recibir todos los meses ingresos de 16 mil 280.50 soles procedentes del sector público. En bienes, declaró tres millones 930 mil soles. Sobre este existe información que en el comparativo de lo informado al Jurado Nacional de Elecciones en el 2018 y a la Contraloría, este año, no cuadra.

Ubillús Falla informó el año pasado que su remuneración brutal anual era de 142 mil 260 soles, toda procedente del sector privado, pues entre 1985 y el 2014 había laborado para Backus S.A. como gerente de ventas, cargo en que fue jubilado. Esto genera dudas respecto a de dónde procede la totalidad de los 16 mil 280.50 soles que ha declarado este año, entendiendo que de estos dos mil 700 corresponden a su dieta municipal. El pago de una pensión de jubilación otorgado por una AFP no se considera como ingreso del sector público.

Por su parte, la regidora Lucy Villegas Campos declaró ingresos mensuales de dos mil 700 soles (dieta municipal) y bienes por 329 mil 967 soles, en tanto el regidor Carlos Montenegro Gonzales informó que percibe tres mil 600 soles (dos mil 700 de dieta como regidor) y otros ingresos ascendentes a tres mil soles. Montenegro Gonzales, también conocido por su actividad empresarial, no declaró bienes.

El regidor Javier Montenegro Cabrera declaró ingresos del sector público por seis mil 100 soles, bienes por 293 mil 420 y 19 mil soles procedentes de otros rubros. Montenegro Cabrera trabaja como asistente administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Del mismo, María Berna Cleghorn declaró percibir únicamente los 2700 soles de la dieta como concejal.

Randy Vegas Díaz informó percibir dos mil 700 soles del sector público (dieta) y tener 25 mil 450 soles de otros rubros; Milton Espinoza Gonzales también los dos mil 700 del sector público, bienes ascendentes a 677 mil 625 soles y siete mil soles de otros rubros; Jony Piana Ramírez los dos mil 700 soles del sector público, 29 mil 233 soles del sector privado, bienes por 442 mil 521.57 soles y 245 mil 554.58 soles de otros rubros.

Andrés Puell Varas percibe dos mil 700 de su dieta como regidor y 930 soles del sector privado, tiene bienes por 36 mil 665.30 soles y siete mil 733 de otros rubros, en tanto Andrés Calderón Purihuamán recibe los dos mil 700 soles del sector público, mil 500 del sector privado y posee bienes ascendentes a 60 mil 420.34 soles.

Los regidores José Nakamine Kobashigawa y Ricardo Lara Doig son los únicos que no han presentado su declaración de ingresos, bienes y rentas. Este último, también incumplió el mandato de la ley en la gestión de David Cornejo Chinguel, tiempo en el que se desempeñó como regidor provincial.

Hasta el 2018, Nakamine Kobashigawa declaró ingresos anuales de 98 mil soles, así como la propiedad de dos vehículos: ambos valuados en 60 mil soles. De igual manera lo hizo Ricardo Lara, quien consignó ingresos del sector privado ante el Jurado Nacional de Elecciones por 96 mil soles, tres propiedades por casi medio millón de soles y 25 mil soles en bienes muebles.

DOS REGIDORES DE CHICLAYO INFRINGEN LA LEY: LAS INCONGRUENCIAS EN LA DECLARACIÓN DE SUS INGRESOS, BIENES Y RENTAS

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El abogado y docente universitario Félix Chero Medina conversó con Expresión sobre el uso de la prisión preventiva en el país y afirmó que la judicatura peruana se ha apartado ampliamente de las recomendaciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a cautelar los derechos fundamentales de cualquier investigado.

 

¿Considera usted que el Ministerio Público y el Poder Judicial hacen uso excesivo de la prisión preventiva?

Antes debemos precisar que en nuestro sistema procesal penal la prisión preventiva es una medida cautelar provisional, pero también excepcional. Es decir, la regla es que un ciudadano, al que se le imputa la comisión de un delito sea investigado en libertad. La excepción es que se le dicte la medida cautelar de prisión preventiva cuando concurren los presupuestos que establece el Código Procesal Penal, pero no se trata de un tema formal de concurrencia de presupuestos, sino que además se debe respetar los estándares internacionales de la prisión preventiva.

Lamentablemente en nuestro país esta medida cautelar se está desnaturalizando y es muy cuestionada porque los jueces solo se han encasillado en la norma interna y en la formalidad del Código Procesal Penal y no fundamental, no motivan ni justifican esta medida excepcional sobre la base de los estándares internacionales en tanto estamos adscritos nosotros a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

¿Es por ello el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

El informe, que es de julio del 2017, en términos coloquiales le da un jalón de orejas al Perú. Nos dice: “Señores, en América Latina hay un uso abusivo de la prisión preventiva y ustedes deben realizar todos los esfuerzos para disminuir el uso de esta medida”. Sin embargo, en diciembre de ese año el entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, dictó un decreto legislativo que aumentó a 36 meses la prisión preventiva por crimen organizado y ahora él es alguien que prueba de su propia medicina.

Más allá de que el Estado tiene que protegerse del crimen porque socaba la seguridad ciudadana, socaba la cosa pública y que las comunidades tengan acceso a servicios de calidad, tras ese clamor social no se puede justificar que se dicten prisiones preventivas violatorias de derechos fundamentales.

Un expresidente (Alan García) se suicidó en una diligencia fiscal y otro expresidente (Pedro Pablo Kuczynski) está en grave situación de salud con una medida cautelar que pesa sobre él. ¿En qué situación pone esto a la justicia del país?

No podemos generar una psicosis colectiva ni permitir que cualquier delincuente común o vinculado a las esferas del poder amenace al sistema diciendo: “Si me das prisión preventiva me mato”. El mensaje no puede ser ese.

El mensaje claro, objetivo y preciso debe ser que nuestros operadores jurídicos dicten prisiones preventivas que sean inteligibles a quienes trabajamos con el sistema de justicia y que el común de las gentes entienda que dichos mandatos se dan porque existen razones y motivos fundados.

Existen además medidas alternas a la prisión preventiva…

Comentaba con mis alumnos hace poco que en este clamor social de que se combata la corrupción, si se quiere metaforizar esto, se ha convertido al Poder Judicial en un circo romano y los adversarios que son el fiscal y los abogados terminan siendo gladiadores y no sujetos procesales. ¿Por qué? Porque si el fiscal consigue una prisión preventiva bien o mal admitida hay quien celebra: o los adversarios políticos o la comunidad que clama justicia.

Hay que combatir a la corrupción, pero no a cualquier precio. Se tienen que dictar prisiones preventivas como medidas excepcionales, pero fundamentar y justificar sobre estándares internacionales.

En algún momento el expresidente de la Corte Suprema de la República Duberlí Rodríguez Tineo dijo que el Poder Judicial se había convertido en “mesa de partes de la fiscalía”. ¿Lo corrobora?

Insisto, el Estado se tiene que proteger de la criminalidad organizada pero no a cualquier precio. ¿Por qué es que el doctor Duberlí Rodríguez afirmó esto? Porque el fiscal hace un requerimiento de prisión preventiva y el juez sobre esa base termina emitiendo su resolución de admisión por muchas razones: populismo punitivo, mediatización y presión social.

El juez debe ser muy prolijo y analítico, más aún porque hace un control difuso no solo de constitucionalidad, sino también de convencionalidad; es decir, el juez penal es un juez de garantías, debe evaluar no solo los presupuestos formales sino también el marco constitucional del derecho fundamental a la libertad y los estándares internacionales para dictar la prisión preventiva.

Nosotros tenemos infinidad de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que orientan el tema. Si se revisa en el Perú 100 resoluciones que dictan prisión preventiva a lo mucho una o dos citarán sentencias de la Corte Interamericana. Tenemos como jurisprudencia vinculante los casos Roseros vs. Ecuador y López Álvarez vs. Honduras, en las que se establece que no por la gravedad del delito necesariamente una persona tiene que ir a prisión porque se debe considerar si tiene arraigo laboral, familiar y otros aspectos.

¿Influye en ello la cultura jurídica del país?

Nosotros podemos ver una película de juicios en Estados Unidos y notaremos que son muy ágiles. Si el imputado paga su caución, queda en libertad y si no se va a la cárcel y toda la comunidad lo acepta porque forma parte de la cultura jurídica.

La legislación también es importante…

Veamos los viajes que hacen los congresistas. ¿A dónde van? A Japón, a Estados Unidos o a Rusia. ¿Qué de bueno han aprendido de esos viajes para aplicarlo en nuestro país? ¿Saben acaso que en Suiza y Holanda se han cerrado 40 cárceles? ¿Por qué? Porque no hay presos. La razón es que en estos países han adoptado medidas alternativas a la prisión preventiva como la imposición de cauciones, el arresto domiciliario o los grilletes electrónicos y leyes dan un mensaje claro a la sociedad respecto a la lucha contra la delincuencia, pero también un mensaje al delincuente que sabe que si comete un delito la sanción será drástica.

La propuesta de la congresista Luciana León de revisar la legislación sobre la prisión preventiva, ¿es oportuna?

Yo no puedo justificar que como consecuencia de un acto concreto, vinculado a un partido político, se deban buscar medidas aisladas. Las medidas que se adoptan tienen que ser integrales. ¿Qué tiene que pasar en el Perú? Simple y llanamente cumplir las recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Si así fuera el mensaje colectivo sería que se combate a la delincuencia sin violar derechos fundamentales.

Estamos adscritos a un modelo procesal garantista y si nos preciamos de ser garantes de los derechos fundamentales no podemos desnaturalizar la esencia de la prisión preventiva y del proceso penal, porque una persona será inocente desde que lo detienen hasta que se emita una sentencia condenatoria y esta quede firme.

FÉLIX CHERO MEDINA: “SE HA DESNATURALIZADO LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL PERÚ”

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