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Con el Informe de Auditoría N° 1380-2018-CG/GRLA-AC, aplicado al período enero 2013 – diciembre 2016, la Contraloría General de la República, a través de la Gerencia Regional de Control Lambayeque, ha determinado responsabilidades administrativas, civiles y penales en la recaudación de fondos por servicios de salud brindados en el Hospital Regional de Lambayeque.
Los resultados del informe debieron ser remitidos el 31 de diciembre del año pasado al entonces director del hospital, Moisés Rosario Borrego, según fecha del Oficio N° 00128-2018-CG/REG, pero ingresaron recién en abril de este año, estando el nosocomio bajo la dirección del médico Javier García Alayo.
En el documento remitido por la Subgerencia de Control de Gerencias Regionales de la Contraloría, se hace saber al director del Hospital Regional de Lambayeque que está impedido de deslindar responsabilidades administrativas funcionales entre los servidores involucrados en los hallazgos realizados por la auditoría, toda vez que esta es una potestad exclusiva de la Contraloría de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la entidad.
DINEROS NO INGRESADOS
El informe de 168 páginas concluye que respecto a la recaudación diaria por servicios médicos durante el año 2015, se encontró que el “asistente administrativo no registró en los Formatos 14.1: Reporte de ingresos diarios, los importes reales que señalan las boletas de venta producto de los pagos efectuados por los usuarios por la obtención de dichos servicios”.
“Por consiguiente, estos ingresos no fueron depositados en las cuentas bancarias del hospital ni registrados en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, lo cual no fue advertido por la tesorera”, señala la auditoría.
Para la Contraloría, este hecho trasgredió el Artículo 25 de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, del 21 de marzo del 2006, así como el Artículo 32° del subcapítulo II del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF, publicado el 30 de diciembre del 2012.
Del mismo modo, se incumplió con los Artículo 2 y 73 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-EF-77.15, del 24 de enero del 2007, así como con los apartados F.2 y F.7 de la Guía de Operatividad de la Unidad Económica aprobada por Decreto Regional N° 016-2014-GR.LAMB/PR, del 22 de mayo del 2014.
“Los hechos expuestos afectaron la legalidad con las que deben regirse las actividades de la gestión pública, así como perjuicio económico al Hospital Regional de Lambayeque por la suma total de 30 mil 399 soles”, afirma el documento.
DESCUENTOS INDEBIDOS
De la revisión de la documentación de recaudación diaria por servicios médicos en el período 3 de abril del 2013 – 31 de diciembre del 2016, se advierte que el Hospital Regional de Lambayeque realizó descuentos en el cobro de los servicios de salud brindados a los trabajadores y a sus familiares directos en atención a la Directiva Administrativa N° 001, aprobada por Resolución Directoral N° 0087-2013-GR-LAMB/GERESA-L-HRL-DE, del 3 de abril del 2013, sin que se acredite informes técnicos o legales previos como sustento, siendo que por ser trabajadores del sector público tenían seguro público en EsSalud.
“Los hechos expuestos afectaron la transparencia y legalidad con las que deben regirse las actividades de la gestión pública, ocasionando perjuicio económico de 197 mil 457.77 soles. La situación expuesta ha ocurrido por el accionar del Director Ejecutivo del hospital por aprobar mediante acto resolutivo la directiva materia de observación, y del director de Servicios de Salud y el Asesor Legal, al haber visado dicha resolución de aprobación, dando lugar a que los trabajadores de la entidad y familiares directos se beneficien con descuentos indebidos”, indica el informe.
Con ello se violó la Ley General de Salud, la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley del Ejercicio Profesional del Trabajador Social, los Lineamientos de Política Tarifaria en el Sector Salud y el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque.
A ello se suma que hubo descuentos para trabajadores que no tenían relación laboral bajo los Decretos Legislativos 276 (nombrados y por funcionamiento) y 1057 (Contrato Administrativo por Servicios) y a personas que no fueron trabajadores del hospital.
Esto significó un perjuicio adicional al nosocomio ascendente a 22 mil 431.20 soles.
SIN LINEAMIENTOS INTERNOS
La Contraloría General de la República estableció también que el Hospital Regional de Lambayeque no cuenta con lineamientos internos aprobados por el funcionario competente que establezcan las operaciones en el sistema de gestión hospitalaria, el cual comprenda las actividades que se realizan y de los funcionarios o servidores públicos responsables en cada etapa. Es decir, desde el ingreso del paciente para la reserva de la cita hasta la prestación del servicio médico, y en casos de hospitalizaciones hasta el alta con el comprobante de pago que sustente la cancelación total del servicio.
Asimismo, para las boletas de venta anuladas no se ha acreditado el reemplazo o sustitución, siendo que los servicios médicos sí se brindaron, conforme lo ha informado la Unidad de Gestión de Pacientes y el Departamento de Apoyo al Diagnóstico, “anulaciones que carecen de un procedimiento normativo, siendo el caso que no existe registro de información relacionada a la hora exacta, motivo y autorización de cada boleta de venta anulada, lo cual no permite establecer si la anulación fue anterior o posterior al servicio de salud que el hospital comunicó haber brindado”.
La auditoría concluye que esto se debe a la carencia de controles internos por parte del hospital sobre el correcto registro, emisión, conservación y mantenimiento de la información o documentación que debe contener los expedientes en el proceso de recaudación por los servicios que brinda.
SISTEMA INFORMÁTICO
Otro de los hechos que puso a la luz la auditoría se refiere a que el Hospital Regional de Lambayeque, a través de su representante, suscribió un convenio con la empresa Molirey Internacional SAC, el 15 de abril del 2013, a fin de implementar un sistema informático para el funcionamiento de las diversas áreas a través de su socio Vitekey Software Corporation SAC, convenio que no contaba con un informe técnico y legal previo que determine su legalidad y viabilidad; más aún, sin mediar proceso de contratación alguno, permitiendo el ingreso de la empresa para el inicio de sus actividades, que consistía en el desarrollo de un software experimental.
Fue el Gobierno Regional de Lambayeque el que comunicó al hospital que el director no era competente para la suscripción de dicho convenio, por lo que debía implementarse de manera inmediata el sistema informático del Ministerio de Salud. Pese a ello y siendo de conocimiento del representante del referido hospital los cuestionamientos efectuados al convenio, se suscribió un acta cuyo contenido corresponde a las cláusulas establecidas en el citado convenio. El hospital no resguardó la información a la que tuvo acceso la empresa.
Para la Contraloría, con ello se trasgredió la Ley de Contrataciones del Estado y los Lineamientos de la Guía para la Administración Eficiente del Software Legal en la Administración Pública aprobada por Resolución Ministerial N° 073-2004-PCM, del 16 de marzo del 2014. También se incumplió la Norma Técnica Peruana de Tecnología de la Información y el Código de Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información.
“Su accionar ha afectado la transparencia, imparcialidad y objetividad de las contrataciones al suscribirse una contratación encubierta al margen de los dispositivos legales, lo que afectó a la entidad de no contar con el sistema software de gestión hospitalaria, así como también se expuso a la entidad a riesgos y limitaciones en la administración y control de los procesos a su cargo, dado que la empresa tuvo acceso irrestricto sin control alguno a las bases de datos y logísticas del hospital”, señala la entidad de control.
Los responsables de este hecho son los directores del hospital regional, el jefe de la División de Tecnologías de Información, el encargado de la Unidad de Gestión del Paciente, el jefe de la Oficina de Administración y los jefes de Asesoría Legal.
ACCIONES
En virtud de lo hallado, la Contraloría dispuso remitir el informe con los resultados y evidencias documentales correspondientes al órgano instructor competente para el inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y servidores involucrados.
Asimismo, pone en conocimiento a la Procuraduría Pública encargada de asuntos judiciales de la Contraloría General de la República para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores involucrados.
Se dispone también que la Gerencia de Administración inicie las acciones administrativas y legales para garantizar el recupero del perjuicio económico pendiente (respecto a los descuentos indebidos), que ascienden a ocho millones 290 mil 55 soles.
Los funcionarios y servidores involucrados son: Víctor Linares Baca y Enrique Altamirano Mego, ex directores ejecutivos del hospital; Luis Vigo Vargas, ex director de servicios; Mauricio Peralta Suárez, ex jefe de la Oficina de Administración; James Muñoz Muñoz y Juliana Negrón Quiñones, ex asesores legales; Luis Rivas Andanaque; ex jefe de la División de Tecnologías de la Información; Ángel Aguinaga Fernández, ex encargado de la Unidad de Gestión de Pacientes; María Angulo Cubas, ex jefa de la Unidad de Tesorería, y Amado Salazar Teagua, ex asistente administrativo.
Además, Luz Orderique Chamochumbi, Doris Sánchez Ugaz, Deborlinda Anticona Valle, Teresa García Andanaque, Noemí Calderón Vigil, Gladys Sánchez Suárez, Marlene Romero Atoche, Roxana Castillo Chunga, Rosa Pozo Zavaleta y Zoila Ruiz Burga, todas ellas asistentes sociales.
Con 50 años en el mercado y más de 20 en Chiclayo, Zegel IPAE se erige como la escuela de educación superior tecnológica líder en la región, donde nueve de cada diez egresados trabajan percibiendo sueldos por encima del promedio.
La gerente de la sede en Chiclayo de Zegel IPAE, Jessica Valdiviezo López, señala que los egresados de esta institución cuentan con el respaldo del grupo INTERCORP del cual es parte, constituyéndose esto en una ventaja comparativa frente a otros institutos.
“Tenemos un área específica de empleabilidad en la nueva sede que les permite a nuestros estudiantes ser más empleables, a través de talleres y la importante bolsa laboral con la que contamos”, afirma.
NUEVA SEDE
Valdiviezo López comenta que la nueva sede a la que se ha mudado Zegel IPAE, la cual es un edificio de nueve pisos ubicado al interior del centro comercial Real Plaza, les brinda la oportunidad de aportar a los estudiantes de la región una educación más sofisticada y de alta calidad.
“La inversión ha sido de 16 millones de soles, pero ha valido la pena, pues estamos ubicados en una zona estratégica que le ofrece a los estudiantes cercanía, ya que todos los medios de transporte transitan por el centro comercial; además de una plataforma de empresas alrededor que busca gente como ellos para sumarlos a su equipo de trabajo”, sostiene.
Señala que la nueva sede cuenta con 25 aulas de moderna infraestructura y cinco laboratorios con tecnología de última generación, entre los cuales hay uno equipado con ordenadores Mac que es específicamente para la carrera de Diseño Gráfico.
Además, cuenta con un área especial, ‘Zegel App’, en la cual los alumnos que tienen ideas de negocio pueden desarrollar su emprendimiento con la asesoría de especialistas que realizan campañas y distintas actividades, lo cual es un valor agregado que los diferencia de otras escuelas de educación superior tecnológica.
“Actualmente tenemos 120 docentes, 25 administrativos y un promedio de mil 600 alumnos y todavía podemos albergar muchos estudiantes más, pues nuestra nueva infraestructura lo permite”, asevera.
CARRERAS
Valdiviezo López menciona que actualmente Zegel Ipae – Sede Chiclayo, ofrece siete carreras: Administración de Empresas, Administración Bancaria, Negocios Internacionales, Diseño Gráfico, Marketing, Gestión de Recursos Humanos y Administración de Negocios.
Sumado a esto, también cuenta con programas de educación ejecutiva, los cuales son diplomaturas de seis meses para el público en general, a fin de que quienes ya trabajan se especialicen en temas relacionados a su labor.
Valdiviezo López apunta que, salvo la carrera de Administración de Negocios que dura cuatro años, las seis restantes duran tres, en las cuales el estudiante sale ya con su tesis hecha.
Afirma que hace un par de meses recibieron el licenciamiento del nuevo local por parte del Ministerio de Educación – MINEDU (las escuelas de educación superior no son licenciados por SUNEDU), tras cumplir con todos los requerimientos que el órgano rector solicita.
Manifiesta que en el Perú se necesitan unos 400 mil egresados tecnológicos por año, pero solamente egresan 90 mil, lo cual genera una brecha grande.
“Aquí se cree todavía que solo saliendo de una universidad se puede obtener trabajo y eso no es así. Una de las estadísticas que nosotros tenemos es que el 60 % de nuestros alumnos trabaja y estudia a la vez”, sostiene.
MENSUALIDADES ACCESIBLES
Por otro lado, Valdiviezo López apunta que en Zegel IPAE tienen mensualidades que van acorde al mercado. Por ejemplo, si se cumple con el cronograma establecido de pagos se puede acceder a un descuento del 20 % o del 10 %, lo cual significa una pensión de 324 y 351 soles, respectivamente.
Asimismo, se brindan becas socioeconómicas a las cuales se puede acceder previa evaluación, la misma que se realiza a solicitud del estudiante al iniciar el semestre en la cual se hace una visita domiciliaria, entrevistas y verificación de notas. Además, se otorgan becas de mérito para los primeros puestos.
La semana se inició con la sorpresiva demanda de acción popular presentada por el gobernador de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, contra los integrantes del Consejo Regional, para que se declare la nulidad, inconstitucionalidad e ilegalidad de varios artículos del Reglamento Interno del colegiado. Los demandados afirman que con ello la autoridad busca poner límites a su función fiscalizadora, en tanto Lozano argumenta que su motivación es la aplicación correcta de las facultades del consejo conforme lo establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. El pleito, tiene para largo.
Las relaciones entre Lozano Centurión y el Consejo Regional se deterioraron en marzo pasado, cuando el colegiado aprobó por mayoría interpelar a la gerente general del gobierno de Lambayeque, María Castro Grosso, quien se había negado de acudir ante los consejeros para dar cuenta de los millones de soles revertidos al erario nacional por no concretar la continuidad de inversiones.
En defensa de la funcionaria, el gobernador anunció que pelearía de ser posible en los terrenos judiciales para conseguir la derogatoria de los artículos del Reglamento Interno del consejo, que – en su opinión – son ilegales, pues exceden las facultades de este.
María Castro, por su parte, requirió una medida cautelar para frenar la interpelación, recurso que finalmente le fue otorgado por el Poder Judicial.
DEMANDA
A través de la acción popular, Lozano Centurión demanda a los integrantes del consejo, señalando que pretenden “aplicar los artículo 13, 18 literal ‘m’ y ‘o’, así como el artículo 25” del Reglamento Interno del Consejo Regional de Lambayeque, que “infraccionan la Constitución y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
En consecuencia, pide al Poder Judicial que declare nulos, inconstitucionales e ilegales, los artículos 13, 18 ‘m’, 18 ‘o’ y 25, del reglamento, por supuesta infracción a los artículos 51, 109 y 131 de la Constitución, así como a los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
El Reglamento Interno del Consejo Regional fue aprobado mediante Ordenanza Regional N° 008-2016-GR.LAM/CR.
ARGUMENTO
“La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales es la norma que manda a las 25 regiones del país, al igual que la Constitución. Si bien los gobiernos regionales tienen facultades administrativas y económicas, esto se da respetando los cánones normativos y cuando uno se sale de ello incurre en infracción. Tal vez los consejeros no tengan la culpa, quizá el reglamento fue mal elaborado en los gobiernos del señor Yehude Simon o del señor Humberto Acuña”, señala en exclusiva para Expresión el gobernador regional.
Lozano Centurión precisa que la Contraloría General de la República debió revisar la aprobación del reglamento del Consejo Regional de Lambayeque y la promulgación del mismo, por lo que no descarta que los exgobernadores sean señalados como responsables de supuesta trasgresión a las normas. De hecho, Lozano Centurión ha oficiado a la Contraloría para que ejecute una auditoría de cumplimiento al respecto.
“Si yo estuviera fuera de los cabales normativos no le enviaría ese pedido a la Contraloría y menos al Poder Judicial. El reglamento interno lo elabora y aprueba el consejo, y lo promulga el gobernador. El problema es que se ha aprobado un reglamento que incluye facultades fuera de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. El reglamento debe ser la transcripción íntegra de lo que dice la Ley”, menciona.
De acuerdo a la explicación de Anselmo Lozano, lo dispuesto por el Artículo 15 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales no es lo que se indica en el Reglamento Interno del Gobierno Regional de Lambayeque. Una de las facultades inexistentes en la ley es la de interpelar.
“El único que interpela es el Congreso de la República porque así lo dice su reglamento y este, a su vez, se ampara en el Artículo 131 de la Constitución, que le establece la prerrogativa de interpelación a los ministros”, precisa.
Lozano Centurión niega que su demanda sea una revancha por la posición del consejo de interpelar a la gerente general. Menciona, más bien, que ha enviado dos oficios al colegiado pidiendo la modificatoria del reglamento, sin que hasta el momento se haya dado cumplimiento al pedido.
PAGOS INDEBIDOS
Otro de los puntos que cuestiona Lozano Centurión es el referido al pago de asesores y asistentes de secretaría para los diez consejeros regionales, toda vez que el Artículo 18 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales no lo faculta. La norma precisa que el consejo contará con “una” secretaría para el ordenamiento de sus funciones.
“No es tipo congresal, donde cada consejero tiene un asesor y una secretaria. Aquí quieren 11 abogados y 11 secretarias. Los cuatro primeros meses de este año han tenido esa cantidad de personas a su disposición, pero hay que cumplir la ley. No se trata tampoco de poner solo un abogado y una secretaria para todos, podría contratarse a un equipo. En Cajamarca, por ejemplo, son 19 consejeros y hay una sola oficina con personal suficiente para todos. Yo soy respetuoso de la ley. A mí los consejeros tienen que refutarme con una ley, no con críticas subalternas”, asevera el gobernador.
Anselmo Lozano precisa que al no existir marco normativo para que cada consejero tenga un asesor y un secretario, las contrataciones que ha venido realizado el gobierno regional de este personal en épocas anteriores representarían pagos indebidos.
En los cuatro primeros meses de este año se destinaron 154 mil soles al pago del personal del consejo regional. En los ocho años de la administración de Humberto Acuña se destinó para personal del consejo dos millones 817 mil 760 soles.
“A nivel nacional ningún consejo regional tiene ese modelo, solo el de Lambayeque. El Gobierno Regional de Lambayeque incumplía las normas y por eso son solidarios de responsabilidad tanto los exconsejeros, que aprobaron un reglamento violentando leyes, como los gobernadores que promulgaron tales dispositivos”, precisa.
Añade que el reglamento, aprobado en el 2016, recién fue publicado este año, e incluso acuerdos del 2017.
“Estamos trabajando con un presupuesto fuera del contexto de ley. El presupuesto participativo que debió publicarse en marzo del 2018 recién se ha publicado en marzo de este año. Lamentablemente así ha trabajado el gobierno pasado y yo no puedo ser cómplice de esas cosas”, menciona.
GOBIERNO POR DECRETOS
El gobernador precisa que para evitar lo que él considera como retrasos del Consejo Regional está activando mediante decretos y se prepara para la presentación de iniciativas legislativas a través del Congreso de la República.
“Lo que quiero es que los consejeros adecuen su reglamento de acuerdo a ley y comencemos a trabajar, porque el reglamento está violentando la Constitución y la Ley Orgánica. En jerarquía de normas, una ordenanza no puede ser más que una ley orgánica y la ley orgánica estar por encima de la constitución. Prima la ley. Yo les ruego a mis amigos consejeros que lean la ley. ¿Han tenido cuatro meses 11 abogados y no han podido leer la ley?”, cuestiona.
Añade que no tiene la consigna de recortar las atribuciones de fiscalización que tiene el consejo de acuerdo.
“El Artículo 15 de la ley señala que tienen facultad fiscalizadora, ellos sin reglamento pueden fiscalizar. Esa es su función innata y nadie se la puede restringir”, enfatiza.
RECHAZO DEL CONSEJO
Expresión dialogó con los consejeros regionales Glender Núñez García, Antonio Sánchez Chacón, Óscar Cárpena Recoba y Esar Aguilar Valdera, quienes se mostraron en contra de la pretensión del gobernador vía la acción popular.
Los integrantes del Consejo Regional de Lambayeque calificaron de autoritaria la actitud del gobernador y cuestionaron que haya recortado la contratación del personal de asesoría y asistencia administrativa al colegiado, lo que en su opinión obstaculiza la labor fiscalizadora.
Coincidieron en la necesidad de hacer respetar los fueros del consejo y que responderán a la demanda en defensa de su reglamento y aplicación de las facultades que este señala.
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