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El franco proceso de reflotamiento de la Azucarera Pomalca ha hecho posible no sólo que por segundo año consecutivo ésta distribuya utilidades a sus trabajadores, sino también que por primera vez en la historia pague dividendos a los accionistas, hecho que refleja los resultados de la gestión emprendida hace 20 años de la mano del Grupo Oviedo.
Expresión conversó con el gerente Administrativo de la empresa, CPC Juan Rodríguez Soto, quien destaca las condiciones actuales de campos y fábrica, así como el cumplimiento de las obligaciones a favor de los trabajadores, jubilados, viudas y herederos.
¿Cómo ha sido posible que la Azucarera Pomalca haya entregado por segundo año consecutivo utilidades a sus trabajadores?
Es el resultado de las decisiones acertadas del Directorio y la Gerencia General, pues por segundo año consecutivo los resultados permiten la participación de utilidades a los trabajadores. Considerando que la agricultura es un rubro de alto riesgo, por factores como los climáticos, Azucarera Pomalca, ha podido afrontar en el año 2023 exitosamente el temporal Yaku, que no permitió la molienda de caña por 50 días. Sin embargo, se han obtenido resultados económicos positivos.
Y se anuncia también la entrega de dividendos a los accionistas, hecho que resulta histórico para la azucarera.
Efectivamente, esta será la primera vez que la Azucarera Pomalca, efectuará la distribución de dividendos a sus más de 4,800 accionistas. Desde que las cooperativas agrarias azucareras se convirtieron en Sociedades Anónimas, esta es la primera vez que una empresa azucarera de Chiclayo distribuye dividendos a sus accionistas.
¿Qué tan importante es el orden en una empresa hoy en día para tener rentabilidad?
Sin orden y paz social, no es posible obtener resultados como los obtenidos en estos años, por ello el Directorio y la Gerencia tienen especial atención en el capital humano de la empresa, con el pago oportuno de remuneraciones, gratificaciones, escolaridad, días antes de su vencimiento, así como la entrega de azúcar a los trabajadores.
Usted ha visto los cambios de la azucarera en sus 20 años de cambio empresarial. ¿Puede contar qué ha significado esa evolución?
Hace 20 años, los campos estaban abandonados, sin la atención adecuada en riego, abono y herbicidas, así como la fábrica sin ningún mantenimiento. Con la intervención del Grupo Oviedo desde el año 2004 hasta la fecha el cambio es total, se tienen más de siete mil hectáreas en cultivo, con una producción diaria en promedio de siete mil bolsas de azúcar rubia, con una fábrica con mantenimiento oportuno cada 40 días, que están permitiendo la cancelación de las deudas laborales a los trabajadores y a los señores jubilados, viudas y herederos, a quienes se les cancela mensualmente.
Azucarera Pomalca es la única del rubro que está de pie en Lambayeque, ¿ello qué exige de la Junta de Accionistas, Directorio, Gerencia, trabajadores, jubilados y toda la comunidad de la que representa?
A lo largo de estos 20 años, Azucarera Pomalca ha logrado consolidar un equipo de trabajo plenamente identificado con la empresa, que incluye como se menciona desde el Directorio hasta la comunidad, con ello los objetivos trazados se puedan obtener, y los resultados se ven reflejados en beneficio de todos.
Nuestra empresa mantiene una Responsabilidad Social Empresarial permanente con la comunidad, como la Academia Pomalca Avanza, venta de azúcar a precio de costo a la población, academias deportivas y culturales para los niños de Pomalca y anexos, en Navidad con la entrega de juguetes y show navideños.
¿El precio del azúcar de estos momentos les favorece?
El precio de nuestro producto lo establece la oferta y demanda del mercado. A la fecha se viene manteniendo en un precio que cubre nuestros costos de producción y el margen está siendo bien invertido en la empresa, y los resultados están a la vista de todos.
¿En algún momento se retomará el plan de exportación de azúcar Pomalca?
Claro, para Pomalca uno de sus objetivos próximos es nuevamente restablecer la exportación de nuestro producto, para ello son varios los factores que se están evaluando y que pronto comunicaremos.
¿Se volverá a producir azúcar blanca?
Nuestras inversiones inmediatas están concentradas en la renovación de equipos importantes en fábrica, como molinos vírgenes y turbo generadores de energía, cuyo importe de inversión es
importante, y serán desarrolladas en este año 2024. Más adelante se verá la inversión en una refinería de azúcar.
Adicionalmente del mantenimiento asegurado a la fábrica cada 40 días de molienda, este 2024 se ha efectuado la compra de mazas vírgenes, centrifuga, una grúa para la mesa alimentadora de caña, próxima a llegar a la empresa proveniente del Brasil, y para fines de año debe estar llegando un nuevo turbo generador de energía, que no sólo asegurará la energía en fábrica, sino también a todos los pozos de campo.
¿La totalidad de los campos de Pomalca están sembrados?
Así es, toda el área cultivable de la empresa está sembrada con caña de azúcar, son más de 7,500 hectáreas. Sin embargo, se tiene aproximadamente dos mil hectáreas adicionales actualmente salinas, que se tienen en proyecto para su “lavado” y puesta a disposición de la siembra de caña.
¿Hay agua asegurada para el regadío de caña?
Nuestros campos son regados en parte con agua del Reservorio de Tinajones, que administra de Junta de Usuarios, cuya cancelación se realiza puntualmente y de manera adelantada. Además, contamos con una batería de pozos que permiten el riego nuestros campos, se ha invertido en la compra de nuevas bombas eléctricas sumergibles, asimismo estamos en el mantenimiento de nuestros pozos para mantener el caudal adecuado de los mismos.
¿Cómo se atiende a los jubilados, se está al día con ellos en todo?
Mensualmente se viene efectuando el pago de los adeudos laborales a los señores jubilado, viudas, herederos y ex trabajadores, con un presupuesto de un millón de soles aproximadamente, inclusive en las navidades se les hace entrega de una canasta de víveres, así como azúcar.
¿Una acción de la azucarera a cuánto se cotiza en Bolsa? ¿Su precio en la actualidad es atractivo?
A la fecha el precio de la acción en el mercado de valores es de S/ 0.264, pero con relación al precio al cierre de diciembre 2023 el incremento es del 32 %. Con el anuncio de la distribución de dividendos, el precio tuvo un incremento del 13.79 %; como inversión se viene convirtiendo en una acción atractiva.
El 29 de noviembre del año pasado, el gobierno promulgó la ley que regula la quema en pie del cultivo de caña de azúcar como método de cosecha, ¿cuál es su opinión?
Nuestra empresa tiene más de 360 trabajadores dedicados al corte de caña en el proceso de cosecha. Este personal se verá directamente afectado por este cambio. Sumado a ello, los campos deben ser acondicionados para el ingreso de las nuevas máquinas cosechadoras, cuya inversión es bastante onerosa.
Esperamos que el Reglamento de esta Ley determine que el plazo sea adecuado para la implementación de todos estos cambios. En nuestras más de siete mil hectáreas en cultivo esto llevará varios años.
¿Cuántos trabajadores tiene Azucarera Pomalca?
A la fecha somos más de dos mil 184 trabajadores distribuidos en campo, fábrica y administración.
¿Cuántos jubilados tiene la empresa?
Nuestra planilla de pago de adeudos laborales, que incluye a jubilados, viudas, herederos y ex trabajadores la conforman un total de mil 650 personas.
¿Cuánto suma la planilla mensual?
Nuestra planilla mensual es de más de cuatro millones de soles.
¿Qué representa para usted ser parte de la Azucarera Pomalca y desempañar el cargo de Gerente Administrativo?
Formar parte del equipo de trabajo de Azucarera Pomalca es para mí una gran responsabilidad, para ello la dedicación y capacitación es constante, por los inquebrantables cambios en materia contable, tributaria y financiera. Asimismo, me ha permitido ser partícipe del cambio en Pomalca, por contar con un equipo de trabajo que con disciplina y decisiones empresariales oportunas viene logrando los objetivos planificados.
Si un paciente oncológico acude hoy al Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo para una revisión médica como parte de su tratamiento, el médico responsable no podría acceder al registro de los exámenes de imagenología practicados al asegurado con fecha previa al 17 de febrero. Esto porque el servidor en el que se almacenan dichos archivos, fundamentales para cualquier historia clínica, está dañado hace más de un mes.
El problema se inició a mediados de febrero pasado, cuando se informó a los médicos que el sistema Khanteron presentaba desperfectos y, por lo tanto, era imposible acceder a la visualización de imágenes.
Personal del hospital señaló que el problema se originó en el servidor PACK y a un daño en la base de datos. Pese al tiempo transcurrido, la situación no habría sido resuelta.
Debido a esto, los pacientes que fueron sometidos a diagnósticos por radiografías, tomografías o resonancias magnéticas con fecha anterior al 17 de febrero tendrían que volver a gestionar los exámenes.
Problema no resuelto
En diálogo con Expresión, el presidente del Cuerpo Médico del nosocomio, Alfonso Díaz Gálvez, señaló que por esta situación se ha tenido que postergar evaluaciones y cirugías.
"En algunos servicios se está normalizando, pero en otros no. Se han tenido que postergar las juntas médicas para evaluar a los pacientes y determinar cirugías y hay pacientes a los que se les está tomando nuevamente las imágenes. El problema del servidor escapa a la responsabilidad de los médicos, depende del nivel central", señaló.
Tomando acciones sobre la denuncia periodística, la Oficina Defensorial de Lambayeque ha solicitado la intervención inmediata de los entes de control, puesto que se pone en riesgo la salud de los pacientes.
Intervención de Defensoría
Con Oficio 0341-2024-DP/OD-LAMB, dirigido al gerente de la Red Asistencial Lambayeque “Juan Aita Valle”, Aldo Navarro Sarmiento, la Defensoría ha solicitado que presente un informe documentado sobre los motivos por los cuales se averió el sistema informático denominado ‘Khanteron’ del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, precisando las medidas dispuestas para darle solución.
Asimismo, que se remita la relación de asegurados afectados con la supuesta pérdida de información del sistema informático, precisando la especialidad médica y qué tipo de exámenes se afectaron, así como las medidas dispuestas para regularizar su obtención que permita garantizar la continuidad del tratamiento médico.
Del mismo modo, que se presente un informe sobre la situación actual de los equipos técnicos informáticos que almacenan toda la información de los asegurados que se atienden en el hospital Almanzor Aguinaga, precisando si cuentan con algún backup y/o recuperación de datos originales en caso de pérdida.
Defensoría del Pueblo ha otorgado cinco días calendarios para que EsSalud cumpla con dichos requerimientos.
En paralelo, la entidad defensorial ha remitido el Oficio 0342-2024-DP/OD-LAMB al jefe del Órgano de Control Institucional de la Red Prestacional Lambayeque, José Luis Chanduvi Tagle, solicitando información sobre las acciones adoptadas, conforme a sus atribuciones, pedido que también se ha formulado al jefe de la Sede Macro Regional Norte – Lambayeque, de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, a cargo de Luis Rosales Pereda.
Hasta el momento, EsSalud ni el Hospital Almanzor Aguinaga han emitido algún pronunciamiento o información explicativa respecto a lo sucedido con el sistema informático.
El caso del Consorcio Vial VI, al que el Gobierno Regional de Lambayeque adjudicó la ejecución de una obra por más de ocho millones de soles, pese a que se denunció anticipadamente la presunta inclusión de facturas falsas en su oferta, no sería el único caso de irregularidades en las contrataciones de la gestión de Jorge Pérez Flores. Empresas con amplia experiencia en ejecución de obras públicas han cursado cartas denunciando hechos que, por lo menos, merecerían la intervención del Órgano de Control Institucional – OCI.
Caso ICM
El 27 de marzo, la empresa constructora Ingeniería Civil Montajes – ICM S.A., remitió la Carta N° 009-2024-ICM, al gobernador Jorge Pérez Flores, advirtiendo la “trasgresión a la normativa en procedimiento de selección” referido a la Adjudicación Simplificada N° 07-2024-GR.LAMB-1, derivado de la Licitación Pública N° 06-2023-GR.LAMB, “Ejecución de la obra mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Federico Villarreal, distrito de Chiclayo”.
ICM informa que el 20 de marzo se otorgó la buena pro a la empresa Beta Koncret SAC, por un monto ofertado ascendente a 14 millones de soles. Sin embargo, la empresa cuestiona que en el acta de buena pro, publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, se evidenciaría que los criterios adoptados por el comité de selección habría sido irregulares.
El comité de selección estuvo presidido por Andrés Acosta Coronel.
“El acta de otorgamiento de la buena pro a la empresa Beta Koncret SAC trasgrede el principio de trato igualitario, la transparencia y competencia”, señala la carta de ICM.
El representante de la constructora cuestiona que el comité haya desestimado admitir la oferta de ICM bajo el argumento de error o incongruencia, y calificado, aprobado y adjudicado a Beta Koncret, pese a que su oferta – señala la carta – “no ha sido observada con minuciosidad”.
“La aplicación del sustento falaz por parte del comité de selección radica en argumentar que la suma de las partidas consignadas en el cuadro resumen resulta incongruente con el monto de las subpartidas. En efecto, el monto consignado en el resumen jamás va a ser igual al monto de las subpartidas. Sin embargo, para descalificarnos desconocen tal suma de subpartidas y proceden arbitrariamente, indicando en el acta de admisión y otorgamiento de buena pro que por consiguiente al existir información incongruente entre sí en los documentos que conforman la oferta económica no configura un supuesto subsanable, por lo consiguiente decide por unanimidad no admitir la oferta por información incongruente”, expone ICM.
El representante de ICM, Rolando Torres Cruz, hace un llamado directo al gobernador regional y le pide erradicar toda práctica irregular en los procesos de contratación.
“Se solicita a usted, señor gobernador, como máxima autoridad, erradique toda práctica indebida y más aún este tipo de procesos que son en beneficio de la comunidad lambayecana y habiendo demostrado el mal actuar del comité, declare la nulidad del procedimiento de selección”, enfatiza la misiva.
Caso FEDECO
Sobre el mismo proceso referido al colegio Federico Villarreal, el 24 de enero la empresa FEDECO Contratistas Generales SAC remitió una carta notarial dirigida al gobernador Jorge Pérez, advirtiendo vicios en la selección, específicamente en la etapa de evaluación y calificación de ofertas.
En ese momento, la empresa cuestionaba la manera en la que actuó el comité de selección del gobierno regional que días antes había otorgado la buena pro de la obra al Consorcio Virgen de la Puerta, integrado por la Constructora Latina Estudios y Proyectos y Contratistas Generales ASL San Pablo SAC.
“De la revisión del Acta de Otorgamiento de Buena Pro, el Comité de Selección de forma tendenciosa da por no admitida la propuesta presentada por mi representada aduciendo lo siguiente: El postor presenta los precios unitarios y parciales en su mayoría del Anexo 06 – Precio de la Oferta, igual al postor Consorcio Educativo Villarreal, integrado por Ingenieros Contratistas y Pavimentos SAC y KOMACK SAC”, indicó FEDECO en su escrito.
La afirmación del comité fue rechazada por la empresa en todos sus términos, detallando en su carta notarial por qué es que el criterio no era adecuado, por lo que solicitó la nulidad de la buena pro a favor del Consorcio Virgen de la Puerta.
La buena pro fue anulada, pero no por una acción de rectificación de la gestión de Pérez Flores, sino porque el consorcio no perfeccionó el contrato en el tiempo establecido, lo que originó la pérdida automática de la buena pro según se comunicó en el Oficio 000743-2024-GR.LAMB/ORAD-OFLO [215229469 - 5], del 16 de febrero.
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El abogado Tito Esteves Torres comparte con Expresión sus reflexiones sobre la situación actual del sistema de justicia y también sobre la preocupante inacción de su orden profesional para sancionar al ahora congresista José Balcázar Zelada, a quien tuvo el manejo administrativo y económico de la misma, y estaría próximo a librarse no sólo de la acción penal, sino también de la disciplinaria.
Se han cumplido 15 años desde la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Lambayeque, ¿qué avance significativo considera que se ha logrado a partir de este hecho en la administración de justicia en el departamento?
Ha constituido un cambio de paradigma en base a un sistema democrático. No hay que olvidar que el Código de Procedimientos Penales significaba un sistema un poco inquisitivo, por lo que se pasó a un sistema que apunta al respeto de los derechos de ambas partes, tanto de la parte investigada como agraviada.
El Nuevo Código Procesal Penal se sustenta en las normas de carácter constitucional y convencional, obligándose al respeto a la parte agraviada tantas veces olvidada. Hoy en día, cuando se procesa a una persona y se le condena, el órgano jurisdiccional cuida los derechos de la parte agraviada, algo que no sucedía con el viejo código.
¿Cree que es preocupante la situación del sistema de justicia en el Perú o se han registrado avances que permiten a la ciudadanía tener confianza en éste?
El sistema de justicia lamentablemente está contaminado, de alguna forma, por el aspecto político y vemos como consecuencia lo que sucede hoy en día. Miremos lo que pasa con la Junta Nacional de Justicia - JNJ, hoy sometida al poder político, lo mismo que el Jurado Nacional de Elecciones - JNE, y otras instituciones más. Son instituciones constitucionalmente autónomas, pero están sometidas y eso sí es preocupante, sobre todo en un sistema democrático tan débil como el que tenemos.
¿Lo sucedido con la Junta Nacional de Justicia, de la cual dos de sus miembros fueron inhabilitados por el Congreso y luego respuestos por el Poder Judicial, le resta legitimidad y peso a una entidad tan importante, responsable de evaluar, nombrar y ratificar a jueces y fiscales?
De ninguna manera, no olvidemos que la Junta Nacional de Justicia es una entidad autónoma reconocida por la Constitución. Me parece que frente a la decisión que tomó el Congreso, de inhabilitar a dos de sus integrantes, se puso en evidencia el rol controlador de Poder Judicial, que ha dictado una medida cautelar y ha ordenado volver la situación al estadio anterior.
Las decisiones judiciales se respetan, gusten o no, y a partir de ella los magistrados que fueron inhabilitados por el Congreso están debidamente legitimados para cumplir con su labor en la junta.
¿Quiénes son los llamados a revertir está situación crítica?
Los actores políticos, quienes están en la obligación de respetar y defender la independencia del sistema judicial. Hacerlo implica cautelar la seguridad jurídica de la nación. Que haya inseguridad jurídica aleja a los inversionistas y eso repercute sobre la economía.
¿Cuántos presidentes hemos tenido en los últimos años? ¿Qué nos garantiza que la actual presidenta pueda durar hasta el 2026? Tantas cosas han pasado en el país que la situación verdaderamente preocupa.
¿Cómo evalúa la actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial frente a sonados casos que han tenido relevancia a nivel social?
Creo que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, a nivel local, hacen su mejor esfuerzo para de alguna forma sancionar no solamente a quienes cometen algún tipo de delito, sino también para generar situaciones preventivas y emitir mensajes a la poblaciones sobre las acciones dolosas que se cometen, advirtiendo que estas se sancionan con mano dura. Creo que ese es un buen mensaje de parte de ambas instituciones.
Desde luego, hay debilidades, pero en conjunto ambas instituciones hacen su mayor esfuerzo ante la responsabilidad que tienen. No hay que olvidar que en el caso del Poder Judicial tenemos juzgados especializados en diferentes materias, como corrupción de funcionarios, delitos ambientales, criminalidad organizada y otros aspectos.
¿Cree que el exfiscal Juan Manuel Carrasco Millones dejó alguna huella en el Ministerio Público de Lambayeque o en todo caso, cómo percibe a la institución después de su salida?
Juan Manuel Carrasco fue uno de los primeros fiscales que trabajó en temas como criminalidad organizada y corrupción de funcionarios, que son materias nuevas. Hizo un buen trabajo al comienzo.
¿Está de acuerdo con el desempeño que tuvo, por ejemplo, en el caso Limpios de la Corrupción, cuando salía a los medios que se trataba de una organización criminal y diez años después no se ha podido probar de la existencia de esta, o cuando aseguró que la investigación se sustentaba en informes de inteligencia y otras instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, y después se supo que eso era falso?
Es cierto, se dijo que había una organización criminal y se ha terminado condenando a los involucrados por casos desacumulados y delitos específicos como colusión simple, colusión agravada o cohecho.
Como abogado soy muy crítico de esto que pasa de manera cada vez más frecuente: el Ministerio Público y la Policía Nacional muchas veces exageran al inicio de las investigaciones, poniendo etiquetas con el objetivo de generar allanamientos, detenciones, incautaciones y otras medidas contra los investigados. ¿De qué sirve pedir 36 meses de prisión preventiva contra un investigado si después será condenado por tráfico de influencias o colusión simple, delitos con penas menores, incluso suspendidas?
¿Y también es crítico del uso excesivo de la colaboración eficaz sin mayor elemento probatorio del dicho de una persona?
Desde luego y todos tenemos conocimiento de un colaborador eficaz que en un juicio oral le dijo al fiscal que lo había obligado a decir tales afirmaciones para incriminar a otros. Lamentablemente así se ha venido llevando muchos procesos de criminalidad organizada, en base a declaraciones de colaboradores eficaces y la creación de pruebas para involucrar indebidamente a personas que nada tienen que ver en los hechos denunciados.
Ha habido excesos por parte de algunos funcionarios del Ministerio Público. Debo mencionar que la Corte Suprema ya ha establecido criterios para determinar una detención preliminar, allanamiento o incautación. Se señala, por ejemplo, que antes de formalizar una investigación preparatoria el juez debe emitir una resolución doblemente reforzada, porque se emite sin conocimiento de la parte investigada. Debería tenerse cuidado, pero lamentablemente en la práctica no se ve que el Poder Judicial cumple ese mandato.
Lo que vemos es que frente a un pedido de detención preliminar, allanamiento o incautación, el Poder Judicial inmediatamente dicta una resolución admisoria. Se ha hecho costumbre primero detener para después investigar.
¿Qué opinión le merece que el exdecano de la orden profesional de los abogados, José María Balcázar Zelada, haya recurrido hasta el Tribunal Constitucional para no ser investigado por su acciones al frente del ICAL?
Llama la atención también el accionar del colegio profesional. El Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque le inició un proceso disciplinario siendo decano el doctor Carlos Martínez Oblitas, siendo sancionado por la Comisión de Ética con la expulsión de la orden. El señor Balcázar Zelada presentó un recurso impugnatorio y la actual gestión, del doctor César Vargas Rodríguez, no agenda hasta ahora la revisión de dicho recurso.
Tenemos un Tribunal de Honor que hasta ahora no resuelve nada, lo cual es una lástima por es un mal ejemplo. El señor Balcázar Zelada está siendo procesado penalmente y estaría próximo a invocar la prescripción del único delito por el que se le ha procesado, que es apropiación ilícita, cuya pena es no mayor a cuatro años. Considerando su edad, los plazos de prescripción se reducen a la mitad y, por lo tanto, el caso quedaría en nada. Ni por la vía penal ni por la vía administrativa disciplinaria se le sancionaría.
¿Quiere decir que los abogados de Lambayeque tendrían que olvidarse de pedir cuentas por los casi tres millones de soles del ICAL que fueron depositados en cuentas personales del exdecano?
Efectivamente. El informe del decano encargado por la Asamblea, doctor Juri Díaz Jaime, dio cuenta de un faltante de casi tres millones de soles de los cuales no había informado el señor Balcázar Zelada. No se sabe qué se hizo con ese dinero y nadie se ha preocupado por preguntar al respecto. ¡Es dinero de todos los abogados!
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