La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada - Fecor Lambayeque, archivó la investigación por el presunto delito de organización criminal contra el empresario Olivio Huancaruna Perales y otros. El caso inició en marzo del 2022 a cargo del fiscal Aldo Paredes Delgado.
Con la Disposición Fiscal n.° 15, contenida en la Carpeta Fiscal n.° 09-2022, del 7 de agosto último, el fiscal Juan Mogollón Castillo, declara que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra el empresario Olivio Huancaruna Perales, actual presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque por el presunto delito de organización criminal.
La decisión se da también a favor de las empresas Agrícola San Juan SAC, Perales Huancaruna SAC y Altomayo Perú, vinculadas a la familia del empresario exportador.
La denuncia
La denuncia fue presentada por Edmundo Gálvez Rodríguez, quien acudió al Ministerio Público e 4 de marzo del 2022 para poner en conocimiento a la Fecor Lambayeque de la existencia de una presunta organización criminal liderada por Max Ayora Inoñán, quien habría continuado un supuesto accionar delictivo previamente denunciado en el 2018, esta vez con el concurso de nuevos involucrados, entre los que se mencionó al empresario Olivio Huancaruna Perales, entre agosto del 2018 y mayo del 2019.
Según el denunciante, las acciones de la supuesta organización estaban orientadas a la apropiación de las ganancias o beneficios económicos producidos por la empresa AgroPucalá S.A.A. e Industrial Pucalá S.A.C, “para lo cual habría cometido los delitos de lavado de activos, defraudación tributaria y fraude contra la administración de la persona jurídica”, en agravio de las empresas antes mencionadas y del Estado.
En dicha denuncia, Gálvez Rodríguez incluyó a las empresas Perales Huancaruna SAC, actualmente PERHUSA SAC; Altomayo Perú SAC, hoy Verdum SAC y la Empresa Agrícola San Juan SAC, las que en su opinión se apoderaban de las ganancias de AgroPucalá e Industrial Pucalá y habrían creado empresas fantasmas, aparentemente para realizar operaciones comerciales con las empresas azucareras agraviadas y así apropiarse de su patrimonio.
Análisis fiscal
Para el fiscal Juan Mogollón Castillo, tras analizar las supuestas pruebas presentadas por el denunciante y realizar las diligencias correspondientes a nivel preliminar, no cabe la sospecha de la existencia de una organización criminal.
“No nos llevan a la sospecha fuerte relacionadas con la designación o reparto de roles de los integrantes de la presunta organización, no se aprecia una estructura organizada en el tiempo con un plan criminal definido, esto es, no se ha demostrado la función delictiva que cumplían los sindicados en la organización criminal, pues incluso las empresas presuntas agraviadas: AgroPucalá e Industrial Pucalá, no han remitido documentación idónea que acredite un perjuicio patrimonial tal como señala la parte denunciante”, precisa la disposición fiscal.
El representante del Ministerio Público precisa que debe entenderse que el elemento funcional requiere que cada integrante de la organización criminal denunciada tenga un rol en específico que coadyuve a la realización de los delitos para los cuales fue creada la organización para ello es necesario verificar cierta concurrencia en sus actividades en beneficio de la organización, así como la delegación de las mismas por parte de quien organice el reparto de roles, “circunstancia que no se vislumbra en el presente caso”.
“Siendo ello así, la presente investigación no cumple con este requisito para considerarla como crimen organizado”, concluye el fiscal.
En consecuencia, el representante de la Fecor Lambayeque declaró no procedente formalizar ni continuar la investigación por el delito contra la tranquilidad pública, en la figura de organización criminal, contra Olivio Huancaruna Perales y otros, así como contra las empresas PERHUSA SAC, Verdum SAC y Agrícola San Juan SAC.
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