¿Quieres que tu anuncio se vea en nuestra web?, Contáctanos!
La muerte de Alberto Fujimori Inomoto representa el fin de un ciclo para el Perú. Su presencia fue protagónica desde 1990, año en el que apareció como el primer “outsider” presidencial, hasta el miércoles 11 de septiembre, en que su vida terrenal se apagó. Personaje controversial, encarnó un liderazgo pragmático, ensombrecido por la corrupción de su gobierno, las violaciones a los derechos humanos y su afán de perpetrarse en el poder.
El 15 de junio de este año Alberto Fujimori se convirtió en tendencia nacional luego que, a través de un video difundido en sus redes sociales, anunciara su inscripción como militante del partido Fuerza Popular, fundado por su hija, Keiko Fujimori Higuchi, tres veces candidata a la presidencia de la república sin éxito.
Aquel acto fue un mensaje poderoso para la militancia fujimorista, que en las últimas tres elecciones generales representa aproximadamente el 50 % del electorado. Días después, el propio Alberto Fujimori anunció su retorno a la política activa y expresó su voluntad de “trabajar por el Perú”.
Lo que vino más tarde fue la confirmación de un rumor que hace mucho corría en los pasillos de las redacciones periodísticas: Keiko Fujimori confirmó en una entrevista que su padre sería el candidato presidencial de cara al 2026. Con 86 años, el reto era complicado.
Hasta ese momento no se sabía que el patriarca de los Fujimori, que había sido diagnosticado con un cáncer de lengua hace años, enfrentaba un tratamiento médico intensivo, de quimio y radioterapia para combatir una nueva afección: cáncer de pulmón. Al haber logrado la reducción tumoral en un 40 %, según han explicado sus médicos, optó de manera voluntaria por ingresar a un tratamiento inmunológico, con la administración de diversos medicamentos que tuvieron efectos colaterales.
De acuerdo a lo explicado por sus médicos tratantes, esos efectos precipitaron su deceso al promediar las 6:00 p. m. del miércoles.
Ascenso al poder
Alberto Fujimori Inomoto, hijo de inmigrantes japoneses, fue ingeniero agrónomo y dos veces rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Para las presidenciales de 1990 apareció como candidato de un nuevo partido: Cambio 90, que rompía la tradicional presencia de partidos viejos como el APRA, Acción Popular, el PPC y las múltiples izquierdas. En las urnas, para sorpresa de todos, se impuso y venció al candidato con más posibilidades: Mario Vargas Llosa.
Asumió un país sumido en una crisis económica y cercado por el terrorismo y una de sus primeras decisiones fue el llamado fujishock, con drásticas medidas de austeridad para estabilizar la economía, lo que permitió reinsertar al país en el sistema financiero internacional.
El 5 de abril de 1992, inesperadamente, dio un autogolpe, que contó con apoyo de las Fuerzas Armadas. Disolvió el Congreso, intervino los demás poderes del Estado y convocó a nuevas elecciones a la cabeza del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional que aprobó en 1993 la Constitución vigente hasta el día de hoy.
De este primer momento de su gobierno destacan la privatización de las empresas públicas con consiguiente despido de trabajadores, la implementación de una política económica de libre mercado y el impulso de la lucha contra Sendero Luminoso y el Movimientos Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), cuyos líderes fueron capturados y sus organizaciones criminales desarticuladas. Si bien su gobierno se atribuyó la captura del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reinoso, este hecho fue en realidad un resultado del trabajo de inteligencia policial iniciado a fines de la década del 80. De hecho, Fujimori no sabía nada del operativo.
También aparece en escena pública Vladimiro Montesinos, asesor presidencial y jefe de hecho del Servicio de Inteligencia Nacional, quien luego fue denunciado por actos de corrupción y vinculado al narcotráfico y el tráfico de armas. Montesinos fue el cerebro del gobierno de Fujimori y este lo reconoció con una compensación por tiempos de servicios de 15 millones de dólares, caso por el que años después fue condenado.
Segundo gobierno
Los resultados en el manejo de la economía, la derrota del terrorismo y su alta popularidad fueron sus principales argumentos para postular a la reelección en 1995 y ganar por segunda vez la presidencia de la república.
En este quinquenio, su gobierno enfrentó la crisis de los rehenes del MRTA en la residencia del embajador japonés y la operación Chavín de Huántar, y la guerra con Ecuador, que concluyó con la firma de la paz delimitando un tramo de 78 kilómetros de frontera.
Sin embargo, también empezaron a hacerse evidentes las denuncias por violaciones a los derechos humanos, como los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, denuncias de corrupción que implicaban a su gobierno, altos mandos militares y a su asesor Vladimiro Montesinos.
Los vladivideos
En el 2000, Alberto Fujimori presentó su tercera candidatura presidencial pese a la imposibilidad legal y lo señalado en la Constitución que él mismo había diseñado. Para postular destituyó a magistrados del Tribunal Constitucional, manipuló a los organismos electorales y aplicó la famosa interpretación auténtica. Así, asumió la presidencia en medio de una masiva protesta llamada la marcha de los Cuatro Suyos, con la que se denunció el fraude en dichas votaciones, y acusaciones de compra de congresistas para tener mayoría en el Congreso.
A poco de iniciado su tercer mandato, el 14 de septiembre del 2000, su gobierno se vio sacudido por la difusión del video Kouri-Montesinos, donde se veía cómo Montesinos pagaba sobornos a congresistas, lo que marcó el declive de su gestión.
Fujimori anunció que desactivaría el Servicio Nacional de Inteligencia, apartó a Montesinos de su entorno y señaló que convocaría a nuevas elecciones, en las cuales no participaría.
En medio de la inestabilidad política generada por los vladivideos, el exmandatario se fue del país el 13 de noviembre del 2000 para participar en la cumbre del APEC, en Brunéi, de la cual no volvió. Se instaló en Japón, desde donde remitió al Congreso su renuncia a la presidencia por fax.
El Congreso de la República rechazó su renuncia y lo destituyó por "incapacidad moral permanente".
Postula al senado de Japón
En Japón, Fujimori estuvo protegido por su doble nacionalidad de los pedidos de extradición formulados por la justicia peruana por casos de corrupción derivados de los vladivideos que evidenciaron el pago de sobornos a políticos, medios de comunicación, empresarios, así como por violaciones a los derechos humanos.
Además, en junio de 2007, se supo que Fujimori postuló al senado de Japón, al amparo de su nacionalidad japonesa. No ganó las elecciones.
Extradición de Chile
El 6 de noviembre de 2005, Fujimori dejó Japón para trasladarse a Santiago de Chile, donde enfrentó un largo proceso de extradición al Perú para ser juzgado por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en el caso La Cantuta, Barrios Altos y secuestros en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército – SIE.
Siete años después de haber abandonado el país, Fujimori regresó extraditado el 21 de septiembre de 2007, para enfrentar a la justicia. Fue recluido en el penal de Barbadillo.
Entre las condenas que recibió, la de mayor gravedad fueron los 25 años de prisión por los casos La Cantuta, Barrios Altos y los secuestros del SIE, que lo mantuvo en prisión hasta diciembre de 2017, en que recibió un indulto humanitario del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Indulto humanitario
El 24 de diciembre de 2017 Fujimori abandonó la prisión hasta enero de 2019, en que fue ingresado nuevamente al penal Barbadillo luego de que la justicia peruana revocó el indulto.
El 6 de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional le restituyó el indulto humanitario, lo que le permitió recuperar nuevamente su libertad.
Sus últimos años, Fujimori los pasó en casa de su hija Keiko Fujimori, en San Borja, atendiendo sus problemas de salud.
Murió a los 86 años en su vivienda, acompañado de sus hijos y de sus partidarios más cercanos.
La fiscal de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de La Libertad, Jennifer Ludeña Meléndez, rechazó los cuestionamientos hechos a su actuación en el caso “Los Wachiturros de Tumán”, por parte del exfiscal Juan Manuel Carrasco Millones, al señalar que ella encontró una investigación realizada con deficiencias y que, aún así, buscó defender la posición del Ministerio Público en el juicio oral, en el cual fueron absueltos todos los imputados del presunto delito de asesinato.
Tras la sentencia ¿dictada por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que absolvió al empresario Edwin Oviedo Picchotito como presunto autor del delito de asesinato contra los ciudadanos Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Witte, se advirtió que el Ministerio Público no pudo acreditar mínimamente su teoría del caso, manteniéndose incólume la inocencia de Oviedo Picchotito, contra quien se dictó prisión preventiva por 18 meses, motivando incluso su alejamiento de la Federación Peruana de Fútbol.
La fiscalía pedía en contra del empresario 52 años de cárcel y dos millones de soles por reparación civil.
En el juicio oral, la representación del Ministerio Público estuvo a cargo de la fiscal provincial contra el Crimen Organizado de La Libertad, Jennifer Ludeña Meléndez, quien aseveró que desde su inicio advirtió las deficiencias e irregularidades en la manera en que se llevó la investigación del caso.
En efecto, la sentencia leída el pasado miércoles 4 de septiembre cuestiona severamente la labor del Ministerio Público durante la investigación a cargo del exfiscal Juan Carrasco Millones, exministro del gobierno de Pedro Castillo Terrones, la misma que se sustentó en colaboraciones eficaces cuya aprobación judicial fue cuestionada.
Así, todos los testigos y colaboradores que el exfiscal Carrasco Millones consiguió no fueron corroborados con otros medios de prueba.
Críticas de Carrasco
Tras conocerse la sentencia absolutoria, Carrasco Millones salió a algunos medios de comunicación para cuestionar el desempeño de la fiscal Ludeña Meléndez, eludiendo su responsabilidad como iniciador del caso.
“La fiscal Jennifer Ludeña no lleva los casos, sino sus adjuntos y en vez de seguir con los actos que quedaban pendientes, empezó a buscar responsabilidades y a elevar informes sobre los fiscales que ya habían llevado el caso. Fue un error que un caso que ha sido investigado por fiscales de Chiclayo, que tenían cabal conocimiento de todos los medios de prueba, sea llevado a un fiscal que no sabía absolutamente nada, a quien después lo destituyeron y pasó a la fiscal Ludeña, que se peleó con todos los fiscales de Chiclayo porque los mandó a control interno”, dijo.
En respuesta, se conoció que la fiscal Ludeña emitió diversos informes porque cuando recibió los actuados en La Libertad advirtió no solo temas de deficiencia, sino también de irregularidades que se informaron desde el inicio, resaltando que no ha tenido ninguna facultad para realizar actos de investigación más que llevar a cabo el juicio. Cuestionó que se le señale de haber tenido un trabajo deficiente, más aún porque pasó tres meses entre Chiclayo y Trujillo con la finalidad de convocar al mayor número de testigos que ofreció en juicio.
“Hay pruebas que sí se han actuado y que tienen que darse una valoración. Es respetable la decisión que ha tomado el colegiado, pero yo considero que sí debió existir una valoración diferente y eso será materia de apelación. Vamos a apelar, pero tenemos que analizar cada punto de la sentencia. La incomodidad que tengo es que se pretenda responsabilizar a mi despacho de la investigación, porque esa se hizo en la Fecor de Chiclayo. Yo he asumido el 90 % de audiencias y he pasado tres meses en Chiclayo buscando testigos y colaboradores, por lo que no se puede decir que no hubo actividad del Ministerio Público”, aseveró.
Le responde
Ludeña Meléndez remarcó que ella no inició la investigación, pero tiene convencimiento que en algunos extremos (para algunos de los procesados) sí debió emitirse sentencia condenatoria.
“Cuando apenas recibí las carpetas advertí situaciones que tenían que ser puestas en conocimiento de mi superioridad. Incluso he emito informes al advertir situaciones insalvables. Ninguna de las carpetas llegó a La Libertad para actos de investigación y, es más, el caso fue dividido en cinco casos, siendo uno de ellos el de asociación ilícita para delinquir que no cumplía con los requisitos del Código Procesal Penal, a tal punto que me he opuesto a sobreseimientos que se hicieron en la Fecor Lambayeque, lo que ha conllevado a que el fiscal superior disponga que se acuse. ¿Cómo se puede decir que no he conocido el caso si hasta me he desvinculado de sobreseimientos que pidió el fiscal que inició el caso (Carrasco Millones)?”, cuestionó.
“Rechazo totalmente las afirmaciones que ha podido hacer el señor, quien ha señalado que hasta he tenido problemas con los fiscales en Chiclayo, lo cual es totalmente falso. Son críticas de quien ya no pertenece a la institución. Yo no trabajo para la prensa, nuestro trabajo es a favor de la sociedad y nuestros resultados se reflejan en las sentencias que obtenemos. Si revisan mi legajo, he obtenido puras sentencias condenatorias a excepción de este caso, que es por investigaciones que yo no inicié”, acotó la fiscal liberteña.
Precisó que como servidora pública es consciente que su labor puede ser objeto de críticas, pero estas deben realizarse con el debido fundamento.
“Estamos expuestos a este tipo de críticas, pero deben hacerse con fundamento. En todo el trabajo que he venido realizando, incluso cuando se ha tratado de mis colegas y he tenido que hacer informes porque advierto situaciones, los he realizado. Lo he hecho, he elevado los informes como corresponde, no ha salido a los medios de comunicación a desprestigiar o pretender mellar la reputación de cualquier profesional. Para opinar había que estar en cada una de las audiencias para ver de cerca la labor fiscal. Saber de aseveraciones imprecisas genera malestar, pero no me desvía de mi trabajo”, enfatizó.
Tras la detección de dos casos de sarampión en el país, este 15 de septiembre iniciará el barrido nacional de vacunación contra esta enfermedad. Lambayeque no será la excepción y ya se tiene establecida la meta de inmunizar a 121 mil 761 niños menores de siete años, según refiere José Antonio Enríquez Salazar, jefe de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud.
“Nuestro objetivo es el 100 % de niños menores de siete años. Vamos para aplicarles una dosis adicional por las bajas coberturas de vacunación, por los dos casos de sarampión que tuvimos durante el primer trimestre en el país. Recordarán que tuvimos un caso importado y otro de un niño de diez meses, este sí es considerado autóctono, quiere decir que el virus está rondando en el territorio nacional”, sostiene.
Sarampión
Enríquez Salazar destaca la importancia de vacunar a los niños menores de siete años contra el sarampión, dado que no se han logrado recuperar las coberturas óptimas de vacunación que se tenían antes de la pandemia. A ello se suma que en otros países del continente ya se vienen reportando casos de esta enfermedad.
“Bolivia, Brasil y Estados Unidos han reportado casos de sarampión. En el caso de este último son 142 los reportados, pero la diferencia es que en Estados Unidos pagan por el derecho a vacunarse, mientras que acá son gratuitas. Esta vacuna se aplica desde 1936, es la misma que ofrece el Estado con el único objetivo de que no tengamos casos que repercutan en el sistema de salud que sabemos es precario con dificultades en infraestructura, equipamiento y recursos”, indica.
Para esta labor se dispondrá de 532 brigadistas entre médicos, enfermeros, técnicos, psicólogos y otros profesionales, que irán puerta por puerta. Además, los actores sociales del Compromiso 1 (Mejora del estado nutricional y de salud de las niñas y niños de 3 a 12 meses) como los agentes comunitarios.
“No solo es vacunar, sino educar y transmitir el mensaje para que llegue al padre de familia, a fin de que tome la mejor elección que siempre será vacunar. Trabajamos estrechamente con el programa Juntos, con Cuna Más. Ellos nos ayudan a hacer la convocatoria en las zonas altoandinas para hacer microconcentraciones y vacunar a esta población y demás grupos etarios. Es una oportunidad para vacunar a todas las edades”, menciona.
Covid
De otro lado, Enríquez Salazar refiere que el virus del sarampión es similar al del Covid-19, debido a la alta tasa de contagios. “Tenemos una población que no está vacunada y por lo tanto el virus está latente y puede tomar diversas formas, puede adquirir diversas formas, serotipos, que pueden condicionar a que las complicaciones sean más severas. No deberíamos confiarnos de habernos vacunado con cinco, cuatro o tres dosis”, señala en alusión al coronavirus.
Indica que con la primera dosis contra la Covid-19 se vacunó al 98.5 % de la población, con la segunda dosis al 95.4 %, la tercera al 75 %, la cuarta al 20 %, mientras que con la quinta dosis solo se vacunó un 8.3 %.
Refiere que durante el proceso de vacunación debieron descartarse alrededor de 50 mil dosis, esto debido a la renuencia de la población a vacunarse.
“El Estado en su desesperación compró vacunas para el 100 % de la población de los grupos etarios. Toda vacuna como todo producto farmacológico tiene una fecha de vencimiento, que en estos casos ha tenido extensión en su vida útil y se ha ido utilizando. También hubo situaciones donde hubo pérdida de biológicos, pero la normativa ha permitido eso. Fuimos casa por casa y nos cerraban la puerta. Cuando las vacunas iban al exterior y no se usaban ya no regresaban al establecimiento. Tenían que ser descartadas, la norma lo permitía”, recuerda.
El abogado Harry Inga Vásquez, magíster en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, egresado del XVI programa Profa de la Academia de la Magistratura, con cursos de especialización en materia Penal y Procesal Penal a nivel nacional e internacional, analiza el caso “Los Wachiturros de Tumán”, en el cual el Poder Judicial ha emitido una sentencia absolutoria de primera instancia.
¿Qué hechos dentro de una investigación pueden generar condiciones de vicio y con ello afectar la eficiencia de la acusación fiscal?
Si nos referimos a hechos que pueden generar vicios y deficiencias dentro de una acusación o una hipótesis fiscal, debo decir que el Ministerio Público, al momento de investigar, debe tener primero bien configurado los hechos. Es decir, tratar de acercarse lo más posible a la verdad a efectos de estructurar su hipótesis incriminatoria. La Corte Suprema se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia respecto a la necesidad de la imputación concreta, criterio que debe recoger la fiscalía.
Los vicios surgen cuando los hechos no pueden ser corroborados, pero se entiende que ante la postulación de una hipótesis fiscal podría viciarse el hecho cuando hay prueba ilícita, vulnerando los derechos fundamentales de la persona, esta no puede ser actuada en un juicio oral al contravenir la Constitución.
La fiscal a cargo del caso “Los Wachiturros de Tumán” ha señalado que encontró serias debilidades en la investigación y por eso no pudo defenderla. ¿Quién debe asumir esa responsabilidad?
Habría que introducirse en el contexto de lo que sucedió al momento de la investigación. De manera objetiva se tendría que evaluar cuáles fueron los pros y contra y las limitaciones que tuvo la fiscalía. Lo que sabemos es lo que ha dicho el Juzgado Penal Colegiado de Trujillo, que no hubo prueba suficiente de cargo para efectos de enervar la presunción de inocencia.
La investigación fiscal debe ser diligente, es decir que la prueba de cargo que presente ante el juzgador debe ser suficiente para enervar la presunción de inocencia. El juzgado, en una muy bien resolución, ilustrada, ha señalado porqué no hay esa vinculación con los autores materiales del delito o el autor mediato que postulaba el Ministerio Público.
¿Sería pertinente alguna especie de auditoría para conocer por qué una acusación débil llegó a la etapa de juicio oral?
En realidad, sí. La norma procesal penal establece que la acusación debe ser saneada por el juez de la investigación preparatoria, que no solamente debe tener la relación clara y precisa del hecho que se atribuye, sino que debe verificar los elementos de convicción a fin de que vinculen estos hechos con la tesis fiscal. ¿Qué quiere decir elementos de convicción? Son los medios de prueba. Si no hay corroboración de los medios de prueba, el hecho no se podrá acreditar.
La ley exige determinados presupuestos para la corroboración. En el caso “Los Wachiturros de Tumán” existía un colaborador eficaz y testigos con código de reserva, entonces lo que debió hacer el juez de investigación preparatoria era determinar si había corroboración de los hechos. En este caso se señalaba la responsabilidad por el asesinato de dos personas. Las muertes ocurrieron, pero no se acreditó quién o quiénes perpetraron el hecho o quiénes estaban vinculados.
La Corte Suprema ha señalado que los juzgados de investigación preparatoria, que es donde se hace el control de la acusación, no deben ser mesas de parte, sino evaluar qué casos pasan y cuáles no a juicio.
¿Entonces habría responsabilidad del juez de la investigación preparatoria por inadecuado control de acusación?
Su función era valorar si el caso podía pasar a juicio oral para que en el juicio se valore la prueba. Recordemos que en un juzgado de investigación preparatoria no hay valoración de la prueba en estricto, sino un control formal y sustancial.
Tras la revisión de la resolución de sentencia absolutoria, ¿qué deficiencias ha encontrado en el caso “Los Wachiturros de Tumán”?
En el considerando cuarto de la sentencia, el colegiado da cuenta que no hubo corroboración de las declaraciones del colaborador eficaz, labor que le correspondía hacer al Ministerio Público. Según en el Ministerio Público hubo testigos, pero los testigos no han identificado para establecer certeza judicial quiénes fueron los asesinos.
Lo que se debe tener en cuenta es que el colaborador eficaz es una persona que ha delinquido y se acoge justamente a la colaboración para obtener un beneficio, por lo tanto su versión no puede ser del todo objetiva. La Corte Suprema ha establecido que la corroboración a un colaborador no puede ser con otro colaborador.
La sentencia señala que tampoco existe prueba indiciaria que enerve la presunción de inocencia de los investigados, no sólo de los supuestos autores materiales, sino también del autor mediato, que en este caso supuestamente era el señor Edwin Oviedo Picchotito, para quien la fiscalía pedía 52 años de cárcel.
¿Un recurso de apelación de parte de la fiscalía tendría asidero en la instancia superior teniendo en cuenta lo que ha señalado el colegiado en la sentencia absolutoria de primera instancia?
Considero que no sería de recibo que cambie la decisión que ha tomado el colegiado. En el juicio no se ha podido acreditar cuáles han sido los móviles postulados por la fiscalía, que primero señaló que fue por codicia y luego por alevosía. Un ejemplo es que, según la fiscalía, cierta persona le dio, a través de un familiar, la suma de 80 000 soles para que compre acciones en la empresa Cayaltí, pero ni siquiera ese hecho ha sido corroborado.
El juez tiene que tener certeza para condenar. En el proceso, es un tercero imparcial, quien tiene que llevar la carga de la prueba es el Ministerio Público y en la fiscalía saben que todos los dichos de un colaborador eficaz deben ser corroborado.
¿Cuánto daño le hace a una investigación fiscal la mediatización del caso?
La exposición mediática genera repercusiones en un caso, tanto a nivel de fiscalía como de los jueces. Es más, los casos mediáticos generan crisis institucionales y eso lo podemos ver ahora. Respecto al caso en particular, lo que puedo señalar es que la presión de los medios no tiene nada que ver con el aspecto técnico-jurídico y procesal. Una cosa es la imputación del fiscal, otra la defensa y otra el razonamiento del juzgador. Quien resuelve es el juez, sin intromisiones mediáticas.
¿Quién resarce la afectación a las personas que fueron enviadas a prisión preventiva y cuya imagen y honor fueron dañados pese a ser inocentes?
Existe la posibilidad de entablar demandas para una indemnización económica, pero lo cierto es que el daño emocional, reputacional, familiar y social no se repara, no tiene precio. Estos hechos nos invitan a los abogados, fiscales y jueces a valorar con inteligencia cuándo se justifica o no una prisión preventiva, sin que ello signifique luchar contra la impunidad. El principio de presunción de inocencia debe respetarse.
