La crisis hídrica por la que atraviesa la vecina región de Piura ha encendido las alarmas en Lambayeque, donde recientemente la Junta de Usuarios del Valle Chancay-Lambayeque restringió el agua para uso agrícola, a fin de priorizar el uso poblacional. Según el gerente general de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – Epsel, Manuel Irigoyen Tenorio, por ahora la cobertura de agua se encuentra asegurada, pues el circulante del río Chancay aún da un caudal de agua por encima del necesario para Lambayeque.
“Actualmente nos están dando agua directamente del circulante del río Chancay que está entre 3 a 4 metros cúbicos por segundo, va variando durante el día. Sin embargo, nosotros necesitamos para uso poblacional 1.8 metro cúbicos por segundo, es decir, por el momento estamos asegurando el abastecimiento de Chiclayo y Lambayeque, que es por la planta, ya que el resto de localidades se abastecen de pozos profundos”, indica.
El ingeniero explica que, para abastecer la planta de Chiclayo, que dota de agua a Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria y Pimentel, se requiere de 1.6 metros cúbicos por segundo, mientras que para Lambayeque de 0.2, es decir, 1.8 metros cúbicos en total. Sin embargo, esto no implica que no se deban tomar medidas para resguardar el agua, pues de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – Senamhi, no se prevé que haya lluvias hasta enero o febrero.
“Estamos trabajando con el gobierno regional para declarar el estado de emergencia por estrés hídrico que nos permita cuidar el agua, tal como se están cuidando en Piura los canales que distribuyen el agua. Eso debemos hacer desde la toma que está en el río hasta la laguna Boró, en el caso de Chiclayo, y desde la toma de Chéscope hasta la planta de Lambayeque, en el caso de Lambayeque. Esto es para que en el camino no se hurte el agua con motobombas, pues algunos agricultores están haciendo uso indebido del agua que es de uso poblacional”, explica.
Laguna Boró
De otro lado, Irigoyen Tenorio explica que Epsel estará a cargo de la supervisión de la obra de limpieza de la laguna Boró 2, cuya unidad ejecutora fue transferida al Gobierno Regional de Lambayeque. Estos trabajos de limpieza se realizarán después de 25 años y permitirá que el agua del río no se llene del sedimento de la laguna.
“Nosotros hicimos el expediente técnico, es una obra de aproximadamente cinco millones de soles que comprende el retiro de todos los sedimentos, 350 mil metros cúbicos de sedimentos que hay en Boró 2. Lo que se trata es retirar esa arena y los sólidos que han sido almacenados por muchos años, a fin de recuperar la capacidad de almacenamiento de un millón y medio de metros cúbicos que tenía Boró 2”, comenta.
Sobre el cuestionamiento al consorcio ganador de la buena pro para esta obra, Consorcio ABC, cuyo representante legal es un joven de apenas 20 años y que cuenta con solo primero de primaria como grado de instrucción, indica que Epsel no ha sido parte del proceso de selección y que es el gobierno regional el que debe en todo caso responder por dichas controversias.
“Nosotros vamos a supervisar la obra, que haya un residente que reúna las capacidades. Los responsables en una obra son el residente y el supervisor. Veremos que cuenten con toda la maquinaria necesaria para ejecutarla. Vamos a velar para que se ejecute bien la obra, con el personal técnico capacitado que es parte del procedimiento de contratación, que es la exigencia que tiene que hacer la unidad ejecutora que ha firmado el contrato”, refiere.
Pueblos jóvenes
En cuanto a la obra para dotar de agua y desagüe a los pueblos jóvenes ubicados en la carretera a Pomalca, Manuel Irigoyen indica que esta tiene un avance del 85 % y actualmente se está trabajando en la parte electromecánica del sistema de alcantarillado.
“De esta obra se hizo una planta de tratamiento entre el 2019 y el 2020, la cual tenía fallas en la parte estructural, a parte de serias deficiencias en el expediente técnico. Yo asumí como gerente en agosto del año pasado y esta obra ya venía ejecutándose. Hemos tratado con la contratista, la supervisión y la entidad misma levantar todas las observaciones. Actualmente se han aprobado los últimos adicionales correspondientes a la parte electromecánica que es todo el equipamiento en la cámara de bombeo, la planta de tratamiento y el reservorio. Al mismo tiempo se ha sacado a licitación el mejoramiento de la planta existente con un adicional”, explica.
Añade que cuando hay un expediente técnico mal elaborado, como es este caso, siempre surgen paralizaciones. Además, por la antigüedad del expediente (12 años) se han debido hacer varias modificaciones, pues la tecnología ha variado considerablemente.
“En la administración pública aprobar un adicional o hacer una modificación a un expediente tan antiguo lleva su tiempo. Hay que ver presupuestos, de donde se va a sacar, quién lo tiene que firmar. La administración pública es engorrosa, burocrática, eso lleva a demoras porque es dinero del estado y hay que ver la transparencia del caso. Hay que tener la autorización del Ministerio de Vivienda”, indica.
Robo de medidores
Por otro lado, señala que han realizado sendas denuncias ante la Fiscalía de Prevención del Delito por el constante robo de medidores, pero hasta el momento no ha habido resultados, pues las personas que son detenidas suelen ser liberadas, debido al bajo monto que supone un medidor, que está entre 150 y 180 soles.
El problema -sostiene- no es tanto en sí el valor del medidor que se roba, sino el agua que se desperdicia, sobre todo ahora en esta época de estrés hídrico.
“Tenemos estos delincuentes que roban medidores y dejan el agua regándose, porque roban de madrugada y a la mañana las calles amanecen inundadas hasta que podamos repararlo. Se coordina con la fiscalía, pero muchas veces por los montos menores los dejan salir nuevamente. Hay que tomar decisiones más drásticas. Hay que ver a quiénes les venden los medidores, pues solo así se acabará con este mercado”, menciona.
Inversiones
Resalta que Epsel tiene en proceso una inversión para el cambio de colectores por más de 44 millones de soles, que han sido transferidos en agosto por el Ministerio de Vivienda. Con esto se pretende cambiar colectores principales como los de las avenidas Salaverry, Miguel Grau, Santa Victoria y la urbanización Ciudad del Chofer. Así, las lluvias en un futuro no generarán una afectación tan grande.
“Mientras no exista drenaje pluvial toda el agua de lluvia ingresará al sistema de alcantarillado, que no está preparado para recibirla, pero por lo menos con el cambio de colectores el impacto sí será menor”, precisa.
El funcionario es consciente de la incomodidad que ocasionará esta obra de saneamiento, pues supondrá abrir calles, pero pide a los vecinos su colaboración, pues es una obra necesaria. “Todas las obras de saneamiento incomodan a la población porque hay que abrir las calles, afectar negocios, comercios, pero a futuro nos permitirá tener una ciudad más limpia”.
Asimismo, menciona que a través del proyecto ‘Grandes Ciudades’, del Ministerio de Vivienda, se pretende realizar el mejoramiento integral del sistema de agua y alcantarillado de Chiclayo, obra que está en etapa de contratación por más de 1200 millones de soles para una nueva planta de tratamiento.
“Se cambiarán colectores, emisores principales, volúmenes de regulación, habrá nuevos reservorios. La elaboración de este proyecto será el próximo año y deberá estar iniciando su ejecución a mediados del 2026. A futuro tendremos un buen sistema de alcantarillado. Estas obras no se dan de la noche a la mañana, tiene todo un proceso desde la elaboración del perfil, expediente técnico, son obras grandes, tienen que ser bien ejecutadas”, indica.
Cobertura y deuda
Finalmente, acota que actualmente la cobertura de Epsel es de casi el 86 % en agua y 78 % en servicio de alcantarillado. La brecha se encuentra sobre todo en la periferia de Chiclayo, pero la meta es alcanzar el 95 %, pues la ciudad constantemente crece, se expande, por lo que es imposible lograr el 100 %.
Asimismo, apunta que la cartera de deuda que maneja la EPS es de 32 millones de soles, la cual se acrecentó durante la pandemia, pues los usuarios dejaron de pagar por el servicio, dado que se dispuso la prohibición de cortar el mismo.
“Hubo casi tres años donde la gente no pagó los servicios. Ahora estamos dando todas las facilidades a la población, lo menos que quisiéramos es cortarles el agua, es un servicio fundamental, pero necesitamos cobrar porque nos autosostenemos. Si no cobramos, no podemos brindar un buen servicio. Hemos modificado nuestra directiva para darles facilidades con cero intereses, financiamiento y un fraccionamiento de tres a cinco años”, concluye.
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