Lambayeque, una de las regiones más destacadas del norte del Perú, ha sido testigo de un proceso económico y social marcado por retos y transformaciones significativas en los últimos años. Con una economía fuertemente dependiente de la agricultura, la agroindustria y el comercio, su mercado laboral ha experimentado cambios estructurales que reflejan tanto las oportunidades como las limitaciones del desarrollo regional. A lo largo de 2024, diversos factores, desde la evolución de la producción agrícola hasta los ajustes en las políticas laborales y el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), han tenido repercusiones en la configuración del empleo y en las condiciones de los trabajadores de la región.
En este 2025, se prevé que las perspectivas no sean mucho más alentadoras si no se abordan de forma integral los problemas de la informalidad, la falta de derechos laborales y la insuficiente creación de empleos de calidad. En ese sentido, la estructura económica de Lambayeque, caracterizada por una fuerte dependencia de la agricultura y el sector agroindustrial, deberá adaptarse a nuevas realidades, con un enfoque en la diversificación productiva y la sostenibilidad laboral. En este panorama, será esencial que las políticas públicas se orienten hacia la creación de empleos formales, el fortalecimiento de los derechos laborales y la promoción de un crecimiento económico que beneficie a la población en su conjunto, sin dejar de lado a los sectores más vulnerables, especialmente a la juventud.
La informalidad laboral y su relación con la economía regional
El mercado laboral de Lambayeque evidencia un fenómeno crítico que ha moldeado el desarrollo económico de la región: la persistencia de altas tasas de informalidad, combinadas con una dinámica fluctuante en el empleo formal. Este fenómeno no solo afecta directamente las condiciones de vida de los trabajadores, sino que también tiene profundas implicancias para la productividad regional y la sostenibilidad de su economía.
En 2022, según los reportes regionales publicados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada alcanzó las 707 015 personas, de las cuales el 76.9 % se desempeñaban en empleos informales. Esto significó que 543 761 trabajadores estuvieron fuera del ámbito formal, sin acceso a beneficios sociales ni seguridad laboral. La informalidad, lejos de ser un simple dato estadístico, revela profundas desigualdades estructurales en el acceso al empleo digno y evidencia las barreras que enfrentan sectores como la agricultura y los servicios, donde la informalidad se concentra de manera predominante. En contraste, solo el 31.1 % de la PEA ocupada, equivalente a 95 890 personas, participó en el sector formal, lo que subraya una brecha alarmante entre ambas realidades laborales.
El 2023 representó un año de contracción para el mercado laboral en Lambayeque. En diciembre de 2023, el empleo en el sector privado formal se redujo en 13,5 % con relación al mismo mes del año anterior, lo que significó una reducción de 21 mil 707 empleos formales. Asimismo, la PEA ocupada se redujo a 657 641 personas, mientras que la PEA desempleada creció significativamente, alcanzando las 48 648 personas, con una tasa de desempleo del 6.9 %. Aunque el empleo informal disminuyó en términos absolutos, afectando a 478 647 personas (72.8 %), esta reducción no necesariamente reflejó una mejora estructural, sino más bien una reconfiguración del mercado laboral hacia el desempleo. Sorprendentemente, el empleo formal también presentó una disminución porcentual, representando el 27.2 % de la PEA ocupada, aunque creció en números absolutos hasta los 178 994 trabajadores. Este contraste sugiere que las políticas implementadas para incentivar la formalización han tenido efectos limitados y no han logrado contener el deterioro general del empleo en la región.
Para febrero de 2024, los datos continuaron mostrando una dinámica compleja. El empleo formal en el sector privado alcanzó los 129 937 trabajadores, experimentando una reducción del 1.3 % en comparación con el mismo mes del año anterior. Este decrecimiento, que significó la pérdida de 1721 empleos formales, se concentró en sectores como el agrícola y de servicios, donde los trabajadores en empresas de más de 101 empleados constituían la mayoría (62.0 %, equivalente a 80 523 personas). La prevalencia de estos grandes empleadores sugiere que la formalidad en Lambayeque depende en gran medida de un número limitado de actores económicos, lo que aumenta la vulnerabilidad del sistema ante crisis sectoriales.
Incremento en el 2024
Sin embargo, según el último Reporte del Empleo Formal en la Región Lambayeque, publicado en septiembre de 2024 marcó un cambio significativo en la tendencia, con un incremento del 15.8 % en el empleo formal respecto al mismo mes del año anterior. Este crecimiento generó 21 082 nuevos puestos de trabajo formales, alcanzando un total de 154 853 trabajadores en el sector privado. La concentración del empleo formal en sectores como el agrícola (36.3 %) y de servicios (34.6 %) refleja una ligera diversificación, pero también resalta la persistencia de dinámicas tradicionales en la estructura económica regional. La mayoría de estos trabajadores (66.4 %, equivalente a 102 796 personas) continuaron laborando en empresas grandes, lo que reafirma la importancia estratégica de estas unidades económicas en la generación de empleo formal.
Ahora bien, la dinámica del mercado laboral en Lambayeque no solo refleja las estadísticas de ocupación, sino que también pone en evidencia patrones estructurales profundamente arraigados que perpetúan la desigualdad y frenan el desarrollo económico regional. De este modo, la persistencia de una tasa de informalidad superior al 70 % durante 2023 y los ajustes mínimos en 2024 subrayan una dependencia crítica en sectores económicos que históricamente han mostrado una débil capacidad de formalización. Aunque sectores como el agrícola y el de servicios lideran la generación de empleo formal, estas áreas también concentran un alto porcentaje de trabajadores informales, lo que pone de manifiesto una dualidad preocupante: son sectores estratégicos para la economía regional, pero insuficientes para garantizar condiciones laborales adecuadas y sostenibles.
Participación por sectores
Además, los datos sobre la distribución sectorial del empleo formal revelan que, aunque el sector agrícola lideró en 2024 con un 36.3 % de participación, seguido del sector servicios con 34.6 %, estas proporciones apenas representan ajustes en la composición económica regional. La alta concentración de trabajadores en estos sectores no debe interpretarse como un indicador de diversificación económica, sino más bien como una señal de dependencia de actividades tradicionales que, aunque generan empleo, no garantizan estabilidad ni progreso social a largo plazo. Esto es especialmente crítico si se considera que el sector agrícola, en particular, enfrenta vulnerabilidades significativas derivadas de factores climáticos, acceso limitado a tecnología y financiamiento, y baja inversión en infraestructura.
Por último, es importante señalar que, aunque el empleo formal mostró un incremento notable en último semestre de 2024, el análisis de los trabajadores asalariados privados en el sector servicios y agrícola evidencia la necesidad de reformular las estrategias de desarrollo económico. Si bien el crecimiento en el número de trabajadores formales es alentador, este resultado no necesariamente implica una mejora sustancial en la calidad del empleo o en la distribución equitativa de los beneficios económicos. En un contexto donde más del 66 % de los trabajadores formales están concentrados en grandes empresas, es evidente que la región no ha logrado consolidar un entorno favorable para el crecimiento de las micro y pequeñas empresas, que representan una parte crucial de la actividad económica local y podrían actuar como motores de inclusión y equidad laboral si recibieran el apoyo adecuado.
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(*) Abogado por la Universidad San Martín de Porres. Especialista en Litigación Oral para el proceso laboral por la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola – USIL. Miembro de Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional (CIELO). Presidente de la Comisión de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Sociedad Peruana de Derecho.
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