El expresidente Martín Vizcarra Cornejo fue condenado a 14 años de prisión por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, que lo halló responsable de solicitar y recibir sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014). La sentencia determina que el exmandatario cometió actos de corrupción vinculados a las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, favoreciendo ilegalmente a las constructoras Obrainsa e ICCGSA a cambio de pagos que totalizan S/2.3 millones.
La Fiscalía del Equipo Especial Lava Jato, encabezada por el fiscal Germán Juárez Atoche, había solicitado 15 años de cárcel y una reparación civil superior a S/4.6 millones. El tribunal finalmente impuso 14 años de prisión, 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de S/2 millones 336 mil en reparación civil solidaria con las empresas involucradas, salvo ICCGSA, que fue excluida por contar con un proceso de colaboración eficaz.
Martín Vizcarra, quien llegó a la audiencia asegurando que enfrentaría el proceso “con la frente en alto”, negó todos los cargos. Sin embargo, los jueces sostuvieron que la prueba fiscal “acredita con grado de certeza la responsabilidad penal del acusado”. Concluida la lectura de la sentencia, el exmandatario fue detenido de inmediato por la Policía.
Coimas y reuniones claves
El colegiado consideró probado que Vizcarra Cornejo solicitó el 2 % del presupuesto de la obra Lomas de Ilo al exgerente de Obrainsa, Paul Tejeda, durante una reunión en noviembre de 2013 realizada en Lima. Según la sentencia, la defensa del expresidente intentó sostener que ese día estuvo en Moquegua, pero “tres testigos lo desmintieron” y además se verificó que los documentos que supuestamente acreditaban su presencia en la región “no fueron firmados por él”.
La entrega del dinero se concretó en dos partes: S/400 mil en enero de 2014 y S/600 mil en abril del mismo año, ambas en folders manila entregados por Tejeda, según la declaración corroborada del exfuncionario. El tribunal señaló que la modalidad del pago, el contexto de la obra y la posición del entonces gobernador permitieron establecer con claridad “un acuerdo ilícito previo”.
Respecto al Hospital de Moquegua, el juzgado también dio por probado que Martín Vizcarra solicitó una coima al gerente de ICCGSA, Rafael Granados, quien declaró en juicio que se accedió al pedido “para no perder una obra de alta envergadura”. En este caso, el dinero fue canalizado a través del exministro José Manuel Hernández, colaborador eficaz, quien confesó haber sido intermediario en el pago ilegal. Para el tribunal, esta declaración —cruzada con documentos, comunicaciones e informes técnicos— resultó “coherente, persistente y concordante con el resto del acervo probatorio”.
El fallo remarca que las coimas no fueron hechos aislados, sino “parte de un esquema funcional en el círculo cercano del entonces gobernador”, lo cual fortaleció la tesis fiscal de que Vizcarra Cornejo intervino directamente en la manipulación de los procesos de licitación. La sentencia afirma que el exmandatario “abusó de su posición de poder para obtener beneficios económicos ilícitos en perjuicio del Estado”.
Destino penitenciario
La sentencia marca un punto de inflexión en la trayectoria pública de Martín Vizcarra, quien ya había enfrentado prisión preventiva y fue inhabilitado políticamente por el Congreso. En ambos escenarios sostuvo ser víctima de persecución, pero el tribunal descartó argumentos de parcialidad o falta de sustento probatorio.
El Instituto Nacional Penitenciario - INPE, deberá definir el penal en el que cumplirá la condena. Todo apunta a que será enviado nuevamente al penal de Barbadillo, en Ate, centro destinado a exmandatarios y altos funcionarios, donde están recluidos Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, y antes estuvo Alberto Fujimori. Este penal cuenta con ambientes diferenciados, seguridad reforzada y un régimen especial.
El antecedente inmediato se produjo cuando Vizcarra estuvo brevemente en prisión preventiva: inicialmente fue enviado a Barbadillo, luego trasladado a Ancón II y finalmente retornado a Barbadillo por disposición del Ministerio de Justicia, que argumentó que su condición de expresidente ameritaba un régimen especial. El actual contexto penitenciario permite prever que se aplicará el mismo criterio.
La sentencia también lo inhabilita por nueve años para ejercer función pública, lo que impacta directamente en sus aspiraciones políticas. El exmandatario había permanecido activo en redes sociales y en respaldo a su hermano, Mario Vizcarra, precandidato a la presidencia por Perú Primero, partido fundado por el expresidente. Sin embargo, el impedimento dictado por el colegiado cierra cualquier posibilidad de participación inmediata en procesos electorales.
Durante la lectura del fallo, y mientras la audiencia continuaba, Vizcarra escribió en su cuenta de X: “Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza”. Minutos después añadió: “Me han vacado, me han inhabilitado, me han sacado de mi partido y ahora me meten a la cárcel. ¿Tanto miedo tienen a Vizcarra?”.
Los jueces, sin responder a valoraciones políticas, sostuvieron en su fallo que la sentencia se basó exclusivamente en prueba válida, declaraciones corroboradas y documentación que acreditó “la intervención directa del acusado en la solicitud y recepción de sobornos”.
