SANCIÓN EJEMPLAR La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque sentenció a nueve años de prisión al suspendido fiscal Esdras Sánchez Moreno, tras hallarlo culpable del delito de cohecho pasivo. Con este fallo se ha dispuesto la búsqueda y captura a nivel nacional del magistrado. La sentencia contra Sánchez Moreno, quien deberá pagar una reparación civil de 60 mil soles, es por el caso del empresario Ricardo Coronado Li, cuya esposa denunció que había sido obligado a otorgar 30 mil para ser liberado de una detención ejecutada por policías coludidos con el fiscal, por supuestamente estar involucrado en la usurpación de terrenos. Precisamente por esta acusación es que la Fiscalía Suprema de Control Interno resolvió en abril pasado sus-penderlo en sus funciones en tanto culminara el proceso. Sánchez More-no laboraba en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo. El Ministerio Público solicitó contra Esdras Sánchez la pena de 10 años de pena privativa de la libertad y el mismo período de inhabilitación para el ejercicio público. ***** SOSPECHAS SOBRE ESDRAS Pero el caso Coronado Li no es el único por el que se levantaron sospechas sobre el proceder del ahora prófugo fiscal. Tras la caída de la red de corrupción que lideró el ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, el nombre de Esdras Sánchez empezó a sonar con fuerza por sus presuntos vínculos con la organización, más aun luego que se conocieran conversaciones entre el exasesor de Torres, Martín Villanueva Velezmoro y el hermano del magistrado. Sánchez Moreno es el mismo fiscal que antes había acusado a Torres Gonzales y otros 19 exfuncionarios y funcionarios municipales por la ejecución de obras de pavimentación mal ejecutadas en el marco del APEC, año 2008, para quienes pidió 30 años de prisión. El caso quedó prácticamente en suspenso. ***** EL CAMBIO DE OPHELAN En septiembre del año pasado el presidente de la ONG Pro Justicia, Fernando Ophelan, escribió el artículo "Quién reina en el mundo de las cautelares", publicado a modo de respuesta a un informe que por aquellos días había publicado el periodista Ricardo Uceda en el diario La República titulado "El rey de las cautelares", en alusión al juez del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, Óscar Tenorio Torres. Aquí, un par de párrafos. "Como saben nuestros lectores, el juez Tenorio no solo es protagonista de nuestros recientes informes sino también de diversos medios de prensa en Lambayeque que no dejan de cuestionarlo y atacarlo, impulsados por los diversos intereses que este magistrado ha tocado a través de sus sentencias. Estos medios no han dudado en tildarlo como "el rey de las cautelares", buscando con ello denigrar su actuación como magistrado; sin embargo, extrañamente el periodista Ricardo Uceda ha utilizado este mismo título para su reportaje en La República, dando a entender no solo que el sobrenombre le parece adecuado (cayendo en el mismo juego de periodistas a sueldo) sino que las cautelares de Tenorio reinan en Lambayeque sino en el conjunto del país. El presente informe busca, en tal sentido, aclarar algunas de las dudas que deja en el aire el reportaje de Uceda respecto al juez Tenorio. ¿En realidad es éste el rey de las cautelares en el país? ¿O existen otros reyes judiciales realmente cercanos a grupos de poder como el de Orellana, y que merecerían mejor dicho calificativo? ¿Porqué, entonces, se trata de concentrar la atención en Tenorio y no en quien o quienes deberían ser investigados a profundidad tanto por las instancias de control del sistema judicial como por el Congreso de la República?". Diez meses después de aquel artículo, en una entrevista concedida a Canal N, Fernando Ophelan ha lanzado una severa acusación contra el juez al que antes defendió, al afirmar que este habría pedido "100 mil dólares" a los trabajadores huelguista de la Empresa Agroindustrial Tumán para concederles el amparo para suspender las funciones de la actual Administración Judicial. ¿A qué se deberá su cambio de opinión respecto al juez? ***** CATEDRíÂ�TICOS LIBRES Los tres funcionarios de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo ´ UNPRG que permanecían bajo detención preventiva por el caso "Intelectuales de Lambayeque", corrieron la misma suerte del Vicerrector Administrativo de la casa superior de estudios, Leopoldo Vásquez Núñez, y recibieron el mandato de comparecencia restringida para afrontar las investigaciones en libertad. Se trata del Vicerrector Académico Jaime Collantes Santisteban, el Director de la Escuela de Postgrado Juan Aguinaga Moreno, y el exdecano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación ´ FACHSE, José Gómez Cumpa, para quienes el Poder Judicial determinó, además, el pago de 20 mil soles caución. La decisión fue tomada por el titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, Segundo Adrianzén Cieza, luego de una larga audiencia en la que los representantes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción presentaron sus hechos de convicción los que resultaron insuficientes para que se ejecute el pedido de prisión preventiva por 18 meses. Con el mandato judicial, los tres catedráticos quedan prohibidos de ausentarse de la localidad donde residen sin autorización del juez, obligados a presentarse cada 15 días a la fiscalía encargada del proceso con el fin de justificar sus actividades, y apersonarse las veces que sean requeridos durante las investigaciones. El Ministerio Público apeló el dictamen judicial al igual que los abogados de los investigados, quienes consideraron excesivo el fallo. Desde hace un año, aproximadamente, el Ministerio Público investiga las operaciones de una presunta organización delictiva denominada "Los intelecturales de Lambayeque", a quienes se investiga por presuntos cobros irregulares y la entrega de grados académicos en bloque, adquisiciones irregulares y otros hechos que se tipifican en más de cinco ilícitos penales. En tanto, el rector de la UNPRG, Agustín Ramos García, continúa prófugo de la justicia. ***** SUSPENSIÓN PARA TENORIO A propósito. La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura ´ ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de la Jefatura de Línea de la Unidad Desconcentrada de Quejas, que despacha el magistrado Pablo Díaz Piscoya, emitió el Informe de fecha 4 de junio por el cual concluye que el juez del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, Óscar Tenorio Torres, incurrió en la falta de motivación de sus resoluciones judiciales, inobservancia de los deberes de función y retardo en la administración de justicia, por lo que en consecuencia debe ser sancionado por un período de cuatro meses. Según el informe, los días 28 y 31 de marzo del 2013, la ciudadana Rossina Távara Castillo presentó contra Tenorio Torres una queja por su actuación como magistrado del Tercer Juzgado Civil, debido al retardo en la administración de justicia en el trámite del expediente N° 6172-2008 seguido contra Agripina Quintana Ramos sobre desalojo. Resulta que "el 14 de enero del 2010 se emitió una sentencia que declaró fundada la demanda, ordenándose la restitución de la posesión del predio de propiedad de su poderdante, sentencia que fue confirmada por el superior y así como fue declarado procedente el recurso de casación interpuesto. Como consecuencia de ello y mediante Resolución N° 19, se dispuso el emplazamiento de la demandada para la entrega del inmueble bajo apercibimiento de lanzamiento". Dos años después, el octubre del 2012, se solicitó el levantamiento del Estado de suspensión del proceso dispuesto por el Juzgado Mixto de Motupe, pedido que es resuelto por Tenorio Torres mediante resolución N° 22 del 12 de diciembre de ese año. En dicha resolución se aprecia que un tercero que no era parte del proceso, identificado como Feliciano Mendoza Luque, había interpuesto un interdicto de retener contra la orden de lanzamiento, lo que motivó su inmediata suspensión. Por estos hechos, el 31 de enero del 2013 se dispuso abrir investigación contra Óscar Tenorio por los cargos de retardo en la administración de justicia, falta de motivación de las resoluciones judiciales e inobservancia del debido proceso, falta grave tifiada en el Artículo 47, inciso 2 de la Ley de la carrera Judicial, y falta muy grave tipificada en el Artículo 48, inciso 13 de la misma ley. ***** TRAFICANTES DE BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CHACHAPOYAS Una banda de traficantes de bienes arqueológicos del Perú fue capturada en Chachapoyas y se les incautó mantos y estatuas de metal prehispánicos. La intervención fue realizada por el personal policial de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (DIVICAJ). Se trata de la banda denominada "Los depredadores de Amazonas", integrada por Carlos Medardo Villanueva Cotrina (34), Adalberto Rojas Gutiérrez (56), Herbert Isaac Arce Inga (27) y Luis Gonzaga Gutiérrez Valdez (61). La intervención fue en la habitación N° 17 del hospedaje "Los Jardines" en Chachapoyas. A ellos se les decomisó ocho mantos preincaicos originales, que por el estilo de la iconografía pertenecen a las culturas Lambayeque, Chimú, Nazca y Paracas. Asimismo, fue intervenido el taller "Electrónica V&V", donde se hallaron dos estatuas de metal, al parecer oro, plata y cobre, también de estilo Lambayeque, pero que al parecer son réplicas. Sin embargo, el jefe de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas, José Trauco, lamentó que a pesar de esfuerzo de la policía y de las evidencias, los sujetos fueron puestos en libertad por orden de Fiscalía Penal Corporativa de Chachapoyas.