Los casos de criminalidad organizada están a la orden del día en Lambayeque. Pero, ¿qué tan prolijas son las investigaciones que se realizan? Expresión conversó con el abogado Alexander Villalobos Obando, quien señala que uno de los aspectos más débiles en los procedimientos seguidos por el Ministerio Público radica en los requerimientos de detención preliminar y prisión preventiva, basados principalmente en declaraciones no corroboradas de aspirantes a colaboración eficaz.
En los últimos años, en Lambayeque, se han iniciado diferentes investigaciones por criminalidad organizada. Como abogado libre y ex integrante de la Defensoría Pública, ¿percibe anomalías en la conducción de estos casos por parte de los representantes del Ministerio Público y los jueces de investigación preparatoria, que son los garantes?
Los procesos por criminalidad organizada son relativamente nuevos y como en todo proceso nuevo siempre habrá determinadas fallas, anomalías e imprecisiones, tanto en investigación como en las decisiones de los jueces. Es por eso que muchos de estos casos se están corrigiendo a través de la Corte Suprema. Tenemos la Casación 1445-2017 del caso seguido contra la ONP, donde se determina que para dictar un mandato de prisión preventiva por crimen organizado debe haber criterios objetivos que determinen el peligro procesal.
En el Distrito Fiscal de Lambayeque, la labor que está realizado la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada es aceptable, pero también tiene irregularidades, por ejemplo, en los requerimientos de detención preliminar. Detienen a personas con el solo dicho de un imputado y, consecuentemente, se dan las liberaciones.
A nivel de los jueces de investigación preparatoria se analizan supuestos peligros procesales pero se descuida el control de convencionalidad y al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha exhortado al Perú a considerar que se están cometiendo excesos en el uso de este mandato cautelar. ¿Lo cree así?
Hay pronunciamientos de la Corte Suprema que recogen algunos de los criterios adoptados por la Corte Interamericana y lo que precisamente se exige es que antes de analizar una determinada norma, como, por ejemplo, el reglamento contra el crimen organizado, debe seguirse la constitución y, sobre todo, los tratados de los cuales el Perú forma parte y han sido ratificados. Estos señalan que tiene que respetarse el debido procedimiento, la presunción de inocencia o que la declaración de colaboradores eficaces no corroborados no puede sustentar una sentencia condenatoria y menos un mandato de prisión preventiva.
En Lambayeque lo que se ve es que muchos de esos testimonios son proveídos por aspirantes de colaboración eficaz; es decir, personas con las que ni siquiera se ha llegado a un acuerdo amparado por el órgano jurisdiccional…
Así es. Los casos empiezan con las declaraciones de aspirantes a la colaboración, cuyos dichos ni siquiera se respaldan en un pre acuerdo, no han sido sometidos a corroboración y sin ponerlos de conocimiento al juez de investigación preparatoria.
También se ha tenido casos como el presentado en la investigación a la supuesta organización “La hermandad del norte”, donde la fiscalía tomó por válida la declaración de un aspirante a colaborador que ya había incumplido un acuerdo previo por el cual se le dio la libertad…
Una de las condiciones que tiene un colaborador eficaz es que no vuelva a cometer delitos y en el caso “La hermandad del norte” hay un colaborador que tiene un acuerdo incumplido por participar en un asesinato. Ese tipo de acuerdos deben ser revocados.
Lo que se debe tener en cuenta es que cuando un acuerdo de colaboración es rechazado por un juez, el fiscal puede presentarlo ante cualquier otro juzgado de investigación porque la norma procesal no señala taxativamente la prohibición de ello. Legislativamente debe regularse eso.
¿Por qué se evidencian ese tipo de anomalías en las investigaciones por criminalidad organizada? ¿La falta de experticia es la única justificación? Hay que tener en cuenta que se han dado interpretaciones auténticas entre fiscales y jueces, por ejemplo, respecto a la adecuación y prolongación de la prisión preventiva según el Decreto Legislativo 1307.
En Lambayeque, tanto los juzgados de investigación preparatoria como la Sala Penal de Apelaciones señalaron en varios casos que al agotarse el plazo ordinario de prisión preventiva correspondía la prolongación y a este se le podía agregar el plazo de adecuación. Es decir, si a una persona se le había dictado 36 meses, se le podía prolongar 18 meses y luego adecuar por un año más la prisión preventiva. Esa interpretación se dio porque el segundo colegiado de la Sala Penal Nacional se abocó por esa postura, mientras que el primer colegiado tuvo una posición discrepante.
Por esta razón la Corte Suprema zanjó la discrepancia señalando que después de la prolongación del plazo ordinario no podía haber adecuación. Eso se tuvo que aplicar al caso “Limpios de la corrupción”.
Justamente en ese caso se tuvo situaciones como las de los investigados Jorge Incháustegui Samané y Joel Ugaz Cubas, quienes fueron recluidos bajo mandato preventivo por más de tres años y finalmente absueltos en primera instancia del delito de asociación ilícita para delinquir, que fue la razón por la que se les envió a prisión.
Varios juristas e incluso el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, cuestionan los plazos de la prisión preventiva. Tres años para investigar a una persona es una condena anticipada, cuyos efectos negativos son gravísimos para ella como para su familia, sin que siquiera exista rigurosidad en los actos de investigación, tal como ha sucedido con Incháustegui y Ugaz. Otro caso es el que sucedió en Trujillo, donde se dictó prisión preventiva contra 20 personas y el colegiado ordenó su libertad al no existir los elementos constitutivos del delito de crimen organizado.
Las competencias, ¿pueden discutirse? Abogados del caso “Los temerarios del crimen” cuestionan que la investigación esté a cargo de la FECOR cuando en Lambayeque existen fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, lo mismo que juzgados especializados. ¿Es lícito que la Fiscalía Contra el Crimen Organizado se aboque a investigar delitos contra la administración pública?
Los delitos de colusión cohecho y tráfico de influencias, por los cuales se ha detenido a los investigados del caso “Los temerarios del crimen”, deberían ser revisados por una fiscalía especializada que tiene mayor experticia para investigarlos.
Sin embargo, se ha configurado una situación especial y es que la FECOR ha realizado toda una investigación que, a estas alturas, trasladarla a otra fiscalía podría generar retraso en las diligencias, sobre todo si se tiene en cuenta que hay personas con mandatos de prisión preventiva.
Pero eso se pudo evitar si desde el inicio, por competencias, el fiscal de crimen organizado derivaba el caso a anticorrupción…
Debió hacerse así y el juzgado de investigación preparatoria debió tener en cuenta esa situación antes de pronunciarse sobre los requerimientos presentados por la FECOR. Es más, el juzgado, que es de garantías, debió derivar el caso también al juzgado especializado para que actúe.
¿Puede declararse la nulidad de los actuados en este caso por ese factor de la competencia jurisdiccional?
El Código Procesal Penal es claro: no puede declararse la nulidad de un acto procesal ya realizado. Lo que esto puede acarrear, en el peor de los casos, son sanciones administrativas o derivar el proceso, pero no nulidades. La jueza que ya dictó la prisión preventiva o que está revisando el caso es nombrada y más allá de cuestionamientos a su competencia no existen cuestionamientos sobre su imparcialidad y criterio para la aplicación de las normas.
Para la que se pueda declarar una nulidad debería probarse la afectación a los derechos de las partes; es decir, que hubo indefensión, festinación de procedimientos o vulnerabilidades procesales. Eso no se advierte.
Se ha cumplido el segundo año de aplicación del Proyecto EU-LAC Museums, una iniciativa de la Unión Europea que promueve la accesibilidad a la cultura vista como un derecho ciudadano, integrando a museos, universidades e instituciones públicas y privadas. En los próximos 12 meses la iniciativa apunta a un reto mayor: sensibilizar a los actores políticos y de gobierno sobre la importancia de la gestión cultural a favor de sus comunidades.
EU-LAC forma parte del Programa Horizonte 2020, que tiene una línea cultural y social, centrándose en tres líneas de acción: museos, comunidad y sostenibilidad.
“Lo que pretende el proyecto, a través de la inversión que ha hecho, es generar emprendimientos culturales con la comunidad para que los que habitan en ella valoren su patrimonio y encuentren en él un recurso que puede ser aprovechado de distintas formas y que pueda generar empleo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, explica Luis Repetto Málaga, coordinador del proyecto en el Perú.
La iniciativa se aplica en ocho países, cuatro de Europa y cuatro de América Latina y El Caribe. En esta parte del mundo han sido insertados Perú, Chile, Costa Rica y Barbados, mientras que en el viejo continente la aplicación se da en Francia, Escocia, España y Portugal.
“Vamos a entrar al tercer año que empieza en agosto y en el que estaremos dedicados a un taller con autoridades y de prevención, porque el Perú, a partir de El Niño del 2017, se vio en la necesidad de involucrar el tema no solamente para nuestra realidad, sino también para los otros países participantes, porque en cada parte hay desastres naturales. El cuarto año será el de la evaluación”, manifiesta.
PRESENCIA EN LAMBAYEQUE
El último fin de semana se realizó en el centro comercial Real Plaza el cierre de los talleres promovidos por el proyecto, concitando la participación amplia de niños, jóvenes y adultos. Se presentaron espectáculos de música, danza y una feria de productos naturales y artesanías, elementos desarrollados durante los talleres, siendo los propios productores lo responsables de la comercialización directa.
“Lo que necesitamos no solamente es generar emprendimientos, sino también la formalización, o sea que estos talleres puedan tener un núcleo familiar y empresarial dentro de la formalidad. En el caso de Chiclayo trabajamos con la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo - USAT, que es la institución que coordina con los museos con los que hemos establecido relaciones”, señala.
Repetto Málaga indica que en el Perú son pocos los museos comunitarios a diferencia de México o Brasil, por lo que fue necesario darle una visión descentralizada a la aplicación del proyecto, convocado por el Consejo Internacional de Museos – ICOM, por sus siglas en inglés.
“Decidimos mirar hacia adentro y en el caso de Lambayeque los museos que están más cerca a la comunidad son los de Túcume y el de Sicán, mientras que en La Libertad están los museos de Chan Chan y el de Huacas de Moche. El requisito indispensable para la ejecución de este proyecto era tener un socio universitario, por eso trabajamos con la USAT” detalla.
La USAT y los museos elaboraron una ambiciosa programación de actividades, combinando componentes de participación y sensibilización, acercando a los jóvenes, autoridades y demás actores sociales.
“Se diversificó la propuesta porque se incorporó aspectos como la horticultura, los alimentos orgánicos, las artes escénicas, la música, la danza y, por supuesto, la artesanía, porque esta mantiene la continuidad entre las expresiones tradicionales del Perú prehispánico y hemos recurrido a ella para entenderlas y contextualizarlas y así lograr que la población pueda identificarse con su patrimonio”, menciona.
SENSIBILIZACIÓN DE AUTORIDADES
Luis Repetto reconoce que las acciones a iniciar en el tercer año del proyecto, que implica la participación directa y sensibilización de autoridades, resulta una de las tareas más complejas de la propuesta por cuanto existen trabas burocráticas o razones de índole presupuestal que sirven para que estas justifiquen su inacción frente a las políticas culturales.
“Casualmente esto es muy importante porque en los últimos años, no solo en el Perú sino en todo América Latina, se ha dado una enorme rotación de funcionarios públicos que son los que deben marcar las pautas de políticas culturales. El caso del Perú es uno de los más dramáticos porque en dos años tenemos casi ocho ministros del sector y no hemos podido establecer una política cultural para el país en los últimos tiempos. Sin embargo, las autoridades locales se van a mantener en los próximos cuatro años, el período municipal se inició hace medio año, y eso es muy importante”, precisa.
Destaca el caso de Túcume, donde se ha logrado involucrar a las autoridades locales en las políticas culturales, esto como resultado del trabajo que hace 25 años desarrolla el museo de sitio y que se ha sustentado en la continuidad y compromiso de arqueólogos como Bernarda Delgado y Alfredo Narváez.
“En Túcume se han formado generaciones, porque son 25 años de trabajo ininterrumpido. Lo que ahora pretendemos a través del proyecto es la democratización de un documento formulado por el ICOM y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, el mismo que fue presentado en noviembre del año pasado y es una guía para museos, espacios expositivos y gobiernos locales, el mismo que sirve de referencia para unir economía y cultura. Que las autoridades trabajen por la cultura no es un favor, es el cumplimiento de un derecho. Pagamos impuestos no solo para parques y jardines o el recojo de la basura, sino también para que se diversifique la oferta cultural”, manifiesta.
MUSEOS Y COMUNIDAD
A nivel mundial se trabaja para que los museos dejen de ser espacios meramente expositivos y se conviertan promotores de una permanente actividad cultural que involucre a todos los agentes comunitarios.
Repetto Málaga precisa que un avance en la apertura de los museos en la implementación del primer domingo de cada mes con ingresos gratuitos, lo que ha permitido que miles de personas acudan a reencontrarse con su patrimonio. Otro aspecto destacado es que el Ministerio de Cultura impulse la recuperación no solo de espacios museográficos, sino también de archivos, bibliotecas, parques nacionales, santuarios, zoológicos o pequeños poblados que ahora se incluyen en el nuevo concepto de museo.
“Lo del primer domingo de cada mes es interesante porque ha incrementado el volumen de visitantes, pero todavía falta trabajar en qué es lo que va a ofrecer el museo cada mes a quienes llegan. Ese día, que es excepcional, el museo debe prepararse de manera especial, teniendo una programación definida y esto todavía no hemos logrado. Actualmente muchos museos abren sus puertas y traen música y danza que no tienen nada que ver ni con el contexto o con elementos tradicionales de la comunidad en la que se ubica. La programación es importante porque ayuda a sensibilizar”, señala.
Anota que es necesario que los museos dejen de interesarse únicamente por el tema arqueológico, pues existen muchos aspectos históricos que pueden ser rescatados, valorados y exhibidos.
“Los museos tienen que generar nuevas visiones sobre su entorno. Si el museo es arqueológico, a partir de ello se puede trabajar muchas cosas contemporáneas, sobre todo con las nuevas tecnologías que están a la disposición. Es posible trabajar muchos aspectos, sobre todo con los jóvenes”, enfatiza.
Como parte de la primera etapa de modernización del Aeropuerto Internacional Capitán FAP José Abelardo Quiñones de Chiclayo, se prevé realizar el mejoramiento y rehabilitación de la pista de aterrizaje, las calles de rodaje, el cerco, la vía perimetral y otros, con una inversión de 43 millones de dólares.
De acuerdo a las declaraciones del gerente general de Aeropuertos del Perú - AdP, Evans Avendaño, dicha obra está en línea con la programación inicial y tiene, a la fecha, un avance del 9%.
“Esta obra es de vital importancia para mantener los niveles de seguridad, mejorar la vida útil y la capacidad operativa de la pista, lo que permite mantener y sostener el incremento de las operaciones en el Aeropuerto de Chiclayo con el objeto de atender a 2.4 millones de pasajeros anualmente”, dice.
De acuerdo con el Plan Multianual de Inversiones aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hay dos grandes proyectos de inversión pública para el aeropuerto de Chiclayo. El primero de ellos es la rehabilitación integral del lado aire, que actualmente se viene ejecutando. El segundo está asociado a la construcción de un nuevo terminal de pasajeros, ampliación de las plataformas y extensión de pistas, por un importe de 337.8 millones de dólares. Este segundo proyecto actualmente se encuentra en la etapa de elaboración del expediente técnico.
Según Evans Avendaño, el nuevo aeropuerto pasará por una etapa de modernización y otra de ampliación para que tenga una mayor capacidad. La proyección se encuentra en atender a 2.4 millones de pasajeros anuales, por lo que se contará con una pista de aterrizaje ampliada a dos mil 693 metros de longitud, nuevas plataformas de aviación comercial, general y de carga en un área de 143 mil metros cuadrados que permitirán el estacionamiento de 18 aeronaves.
Además, el complejo tendrá un total de 228 mil metros cuadrados de área construida, lo que contempla nueva infraestructura como terminal de pasajeros, torre de control, estación de rescate, taller de mantenimiento, planta de combustible, hangares, bloques sanitarios, entre otros. También se contempla la remodelación y ampliación de las avenidas Fitzcarrald, Mesones Muro y el nuevo acceso a Chiclayo desde el distrito de Pomalca, lo que beneficiaría a las poblaciones aledañas.
Asimismo, la playa de estacionamiento tendrá una capacidad para 418 vehículos, pero además se destinará espacio para un futuro hotel de 5 estrellas y para un terminal terrestre que permitirá la conexión de transporte terrestre y aéreo.
En cuanto al diseño, se recogerán elementos culturales de la región tanto en geometría como percepción espacial y el uso de materiales. Así, el nuevo terminal será un edificio de cuatro niveles que contará con seis modernos puentes de embarque, con la posibilidad de sumar dos puentes y salas de embarque adicionales.
Prevención
Evans Avendaño señala que el aeropuerto estará operativo durante el plazo que duren las obras. Sin embargo, se adoptarán medidas de contingencia para evitar perjuicio en los cronogramas de vuelos. Para ello se acondicionará una calle de rodaje paralela que funcionará como pista de aterrizaje de manera temporal.
Asimismo, el proyecto contempla la construcción del cerco perimétrico y vía perimetral del aeropuerto en cumplimiento de la normatividad aeronáutica. Sin embargo, durante un período de tiempo y durante ciertas horas se suspenderán los vuelos nocturnos. Esto, dice, ya ha sido coordinado oportunamente con Las autoridades, líneas aéreas, operadores aéreos y otros.
SUPERVISIÓN
“Al ser una concesión cofinanciada, el Estado, a través del Ministerio de Transportes, otorga la viabilidad del proyecto y posteriormente la aprobación del Expediente Técnico que Aeropuertos del Perú elabora y propone. Una vez iniciada la obra, la entidad responsable de la supervisión de la obra es el OSITRAN”, explica Avendaño.
El gerente general de AdP revela que el proyecto de mejoramiento del aeropuerto de Chiclayo fue elaborado hace siete años, como parte del Plan Maestro diseñado para este terminal aéreo, pero su implementación y desarrollo demoró debido a los procesos engorrosos del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.
“Debido a que es una concesión pública–privada cofinanciada, ello genera que todas las inversiones pasen necesariamente por las aprobaciones del Estado, a través del SNIP, cuyos procesos son lentos y engorrosos”, precisa.
CIFRAS
El ejecutivo indica que dicho proyecto es imprescindible para mantener la tasa de crecimiento anual de 17%. En el año 2016, el flujo de pasajeros aumentó 7 %, cifra que decayó 4 % el 2017 debido a los efectos del Fenómeno El Niño Costero.
INVERSIONES
Finalmente, precisa que se estima concluir la obra de rehabilitación de las pistas a fines de agosto del 2020, aproximadamente.
