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CHICLAYO, 18 AÑOS CARGANDO LA PESADA CRUZ DEL DESGOBIERNO

Escribe: Rosa Amelia Chambergo Montejo
Edición N° 1108

Para Chiclayo el 18 es un número especial, pues trae a la memoria el día en que el general Felipe Santiago Salaverry, proclamado como jefe supremo de la República, en 1835, lo elevó a la categoría de provincia, confiriéndole el título de “Ciudad Heroica” por los servicios prestados a la causa de la independencia y a su alzamiento contra el gobierno de José de Orbegoso en el proceso que él denominó como la “Restauración Nacional”.

Siguiendo con la significancia del número, este año el 18 tiene especial representatividad: se cumplen 18 años desde que empezó la inestabilidad en su gobierno municipal, problema del que lamentablemente hasta el momento no hemos salido. Por el contrario, tocamos fondo cada vez con mayor dureza.

Fue en diciembre del 2001, hace 18 años, que el concejo provincial declaró la vacancia del entonces alcalde Miguel Ángel Bartra Grosso, popular líder salido de Monsefú que tuvo relativo éxito en su primera administración como alcalde de Chiclayo. ¿La razón? Causal de enfermedad, según se lee en el acuerdo del concejo y en la resolución emitida meses después por el Jurado Nacional de Elecciones ratificando la decisión de los regidores. El juicio de la historia puede no haber sido condescendiente para Bartra y si algo se puede aseverar, siendo realmente objetivos, es que en su administración empezó un severo mal que ha puesto a la comuna entre las principales deudoras del país, pues bajo se gestión se empezó a acumular los adeudos con EsSalud, la ONP y el tesoro público.

Vacado Bartra asumió la alcaldía Fernando Noblecilla Merino, a quien le tocó concluir el mandato que había emprendido, entre otras cosas, ambiciosos proyectos como la construcción del Terminal Terrestre. El gobierno de Noblecilla concesionó la obra, pero esta nunca se ejecutó y hoy, 18 años después, Chiclayo sigue careciendo de tan importante infraestructura.

Llegó el tercer mandato municipal de Arturo Castillo Chirinos, quien aupó a la alcaldía a Miguel Ángel Bartra para su primer gobierno y el que se fue como congresista dejando al primer regidor, Sergio Luna Sosa, como alcalde. La administración de Castillo no concluyó. En un irregular procedimiento el Jurado Nacional de Elecciones le quitó la credencial de burgomaestre por una sentencia que no estaba firme y colocó en su reemplazo a José Barrueto Sánchez, el primer regidor.

Del período de Barrueto se puede descartar (con profunda lamentación) que llevó al municipio a los chicos traviesos que tiempo después se convertirían en los pillos mayores del sucesor. Quizá le suenen, amigo lector, los nombre de Martín Villanueva, Percy Quesquén o Misael Delgado.

El Tribunal Constitucional reconoció los derechos vulnerados contra Castillo y así se dispuso que vuelva a la alcaldía. El enfrentamiento entre quien no quería salir y el que quería retornar desembocó en el incendio del Palacio Municipal, en septiembre del 2006 y la instauración de un gobierno transitorio que violó el mandato del TC, orden del presidente Alan García.

En medio de la tempestad ganó las elecciones un nada experimentado empresario del transporte, mitad formal mitad informal. ¿Su nombre? Roberto Torres Gonzales. A los pocos meses de iniciado su mandato dos de sus funcionarios resultaron presos por coimas en la compra de alimentos y según cuenta la leyenda ambos callaron lo que sabían… Dicen que Torres también había entrado en el negocio, pero lo protegieron.

De la gestión Torres se ha escrito mucho y para nadie es novedad las mil y una irregularidades que cometió en la alcaldía: procesos direccionados, obras mal hechas, coimas e incluso un suicidio, que por cierto nunca se esclareció. Torres y sus funcionarios fueron presos y esperan que la justicia dictamine si cometieron o no los dos delitos más graves que se les imputa: lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

Paréntesis de los ochos años de su gestión es el tiempo en el que Elizabeth Montenegro ocupó la alcaldía. Esto sucedió dos veces. La primera a raíz de la sentencia por peculado de uso dictada contra Torres y la segunda después de su captura, en septiembre del 2014.

Cuando creíamos que nada podía ser peor llegó a la alcaldía, alzado por el poder económico del partido que lo postuló, David Cornejo Chinguel, quien con su verborrea engatusó a todos, hablando de anís, de maldición, de bendición y, sobre todo, de Dios y la Biblia. Y sí, la historia se repitió: Cornejo Chinguel también acabó preso junto a los suyos por actos de corrupción que hoy se investigan.

Faltando un mes para que acabe ese período de gobierno tuvo que asumir funciones de alcalde Guillermo Segura, maniatado por la deuda que Cornejo había acumulado con los trabajadores, pero también por el tiempo.

De ese modo hemos llegamos al año 18, ahora con un alcalde del que ya trascurrieron 100 días, con resultados tan nulos como sus modales y conocimientos de historia.

Sin duda Gasco no solo ha asumido la conducción de un municipio agobiado por las deudas, el caos interno, la falta de autoridad y la corrupción, sino que arrastra 18 años de inestabilidad política, que han generado quizá la factura más costosa: la pérdida de la confianza ciudadana.

En medio de este panorama, el futuro de la nueva autoridad y su administración es incierto, como fue incierto cuando vacaron a Bartra, cuando vacaron a Castillo, cuando quemaron el palacio, cuando aprensaron a Torres y como cuando cayó Cornejo. Ojalá y el 18 sea el número del renacimiento, como fue hace 184 años, aquel día de abril en el que la gratitud y la valentía nos sirvieron para convertirnos en provincia.

Que este 18 de abril, que además coincide con un sacro día en el calendario católico, sea de reflexión. Chiclayo ya no puede seguir en el mismo Vía Crucis.

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