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La Universidad Señor de Sipán – USS, de la mano con el Comité Gremial de la Mujer Empresaria de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, realizó el I Encuentro de Líderes Emprendedoras, espacio en el que se reflexionó sobre el rol de la mujer en el desarrollo socio económico del país. En la actividad se instituyó el Premio “Carmen Rosa Núñez Campos”.
El reconocimiento fue entregado a la periodista Rosa Amelia Chambergo Montejo, decana del Colegio de Periodistas de Lambayeque y directora del Grupo Expresión, así como a las empresarias Claudia Viviane Astrid Bazán Mimbela, de la firma CB; a Erika Roxana Cercado Vásquez, exalumna de la USS y directora de Planificación, y a Zulma Maribel Campos Meza, gerente agroindustrial Santa Ana.
En el encuentro tuvo participación especial la reconocida lideresa empresarial Yolanda Torriani del Castillo, quien presentó la conferencia “Rol de la mujer al 2030 un camino de logros, resiliencia, capacitación y competitividad”.
Las mujeres en el Perú
“Las mujeres hemos atravesado tiempo muy difíciles. El 15 de noviembre he cumplido 56 años en mi empresa, a la que tuve que ingresar con un permiso de un juez. La empresa ha cumplido 60 años el 11 de octubre. No ha sido fácil, pero agradezco a Dios y a la comunidad que siempre me ha apoyado. Puede haber mucha competencia, pero cuando uno tiene una línea debe seguirla”, reflexionó Torriani del Castillo.
Mencionó que hoy en día más mujeres se siguen empoderando gracias a su capacitación constante y ello les da dado alternativas para transformarse.
“Hemos comenzado de muy abajo y seguimos escalando, porque si la mujer no busca su progreso personal y el de su país, porque se convertirá en motor de desarrollo económico, se habrán perdido oportunidades. Las mujeres no solo debemos poseer iguales capacidades que los hombres, acceso a oportunidades y seguridad, sino también disponer de los medios necesarios para elegir y tomar decisiones sobre nuestras condiciones de vida, para incrementar la participación equitativa en distintos puestos y no ser discriminadas”, dijo.
Refirió que las mujeres en el Perú son emprendedoras tan igual que los hombres, por ello – desde su óptica – no deberían generarse barreras de diferenciación.
“Somos iguales, la única diferencia es que las mujeres procreamos, pero el hombre es partícipe de ello. Lo que yo siempre digo es que los hombres son nuestros mejores socios. Las mujeres somos hoy en día más ambiciosas y la flexibilidad en el lugar de trabajo nos permite cumplir varias tareas, funciones que muchas veces no son vistas por nuestros jefes. Las mujeres podemos hacer muchas cosas a la vez y eso nos hace únicas, eso es algo que nos pone en cierta ventaja”, acotó.
Desarrollo personal
Torriani del Castillo mencionó que las mujeres evidencian un alto compromiso profesional y muestran mayor interés por asumir puestos de liderazgo.
“Muchas mujeres están cumpliendo un desarrollo profesional y al mismo tiempo liderando un emprendimiento. Buscan realizarse de diferentes maneras”, destacó.
Actualmente, 9 de cada 10 mujeres menores de 30 años buscan ascender al siguiente nivel laboral. Además, de cada cuatro liderazgos de alta dirección, uno está en manos de las mujeres.
“La pandemia afectó mucho los pequeños negocios de las mujeres o muchas se quedaron sin trabajo porque hubo despidos. Sin embargo, las mujeres se ido sobreponiendo poco a poco a esa situación, logrando emprender nuevamente y generar ingresos para sus hogares”, dijo.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO, el 35,9 % de los hogares del país son jefaturados por mujeres.
Por tipología de hogar, se aprecia que el 54,1 % de los hogares jefaturados por mujeres son nucleares, es decir compuesto por la mamá, el papá y los hijos. En tanto, el 19,9 % de los hogares que encabezan las mujeres son unipersonales y el 18,6 % son extendidos, entre otros.
En lo que respecta al acceso a internet, 70 de cada 100 mujeres de 6 y más años de edad usan esta tecnología.
Por grupos de edad, se aprecia que el 90,4 % de las mujeres jóvenes de 19 a 24 años de edad utilizan esta tecnología; en aquellas de 12 a 18 años representan el 89,4 %; en las de 25 a 40 años la proporción es de 81,6 %; de 6 a 11 años 72,7 %; de 41 a 59 años el 59,9 % y entre las mujeres mayores de 60 años que usan Internet este porcentaje representa el 25,1 %.
Al año 2021, el 81,3 % de la población cuenta con seguro de salud. Según sexo, las mujeres que cuentan con esta cobertura representaron el 83,9% a nivel nacional.
De acuerdo con el tipo de seguro de salud, el 59,3 % se encuentra únicamente afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS), 21,5 % al Seguro Social de Salud (EsSalud) y el 3,1 % tiene otro tipo de seguro de salud.
De acuerdo al INEI, los resultados de la Enaho mostraron que el 49,5 % de las mujeres que tienen de 18 a más años, tienen acceso al sistema financiero; mientras que, el 50,5 % no tiene alguna tarjeta de crédito o débito y/o cuenta de ahorro en alguna entidad financiera.
En el plano laboral, el 41,8 % de las mujeres que trabajan en alguna actividad económica lo hacen de manera independiente y el 41,4 % son trabajadoras dependientes.
Cabe indicar que, el 16,8 % de las mujeres que trabajan en alguna actividad económica tienen la condición de trabajador familiar no remunerado.
De acuerdo a la actividad económica en la que se desempeñan las mujeres que trabajan, el 38,0 % lo hace en servicios, 25,9 % agricultura, pesca y minería, 27,5 % comercio, 8,1 % manufactura y 0,6 % en construcción.
Al referirnos a la tenencia de una actividad secundaria de las mujeres ocupadas en alguna actividad económica, se aprecia que el 16,8 % tiene otro trabajo.
Perfil de la conferencista
Yolanda Torriani ha sido presidenta de la Cámara de Comercio de Lima en el periodo 2018-2020. Es presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria de la Cámara de Comercio de Lima, promotora de la exportación de servicios. Fue elegida por consenso como la primera presidenta de la Coalición de Gremios de Servicios de Exportación, grupo formado por 16 gremios que trabajan de forma articulada con el sector público.
Obtuvo un reconocimiento a nivel internacional al ser designada por unanimidad como presidenta de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES). A lo largo de su fructífera carrera, ha buscado el empoderamiento de la mujer empresaria y la disminución de la brecha entre hombres y mujeres, ha sido representante del Perú en el Foro Empresarial de Líderes de APEC 2016 con el tema: Mujer y economía y la cuarta revolución industrial.
Es miembro de la Comunidad de Empresarias de IWEC y fue galardonada en el 2013 en Barcelona, España. Forma parte del Comité de Ética de la AMEP, ha pertenecido al Comité de Tecnología del CONCYTEC y es miembro honorario de Mujeres para la Acción Perú Internacional y de WOMENS CEO Perú.
Promotora del sello Empresa Segura Libre de Violencia y Discriminación de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Actualmente es primera vicepresidenta de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana Ahk.
Actualmente es presidente de W. Moller S.A.C., Ajustadores y Peritos de Seguros, representante de Addvalora Global Loss Ajusters de España.
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En ceremonia solemne, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – USAT, invistió con el título de ‘Doctor Honoris Causa’ a tres líderes de la Iglesia Católica: cardenal José Tolentino de Mendoça, cardenal Robert Prevost Martínez y monseñor Jesús Moliné Labarta, estos últimos obispos eméritos de Chiclayo.
El primero en recibir esta distinción fue el cardenal José Tolentino de Mendoça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, quien fue reconocido por su servicio a la iglesia y a la cultura, y por su profunda investigación bíblica y teológica plasmada en su prolífica producción literaria.
Natural de Madeira, Portugal, Tolentino de Mendoça es teólogo y profesor universitario, también es considerado como una de las voces más originales de la literatura portuguesa moderna y un eminente intelectual católico. Su obra incluye poeta, ensayos y obras de teatro.
“Todos ustedes saben que el doctorado honoris causa, desde ahora, me hace parte de esta casa de estudios. Ser miembro de la comunidad universitaria de Chiclayo será siempre para mí un motivo de sano orgullo y de testimonio en muchas partes del mundo. Gracias de corazón”, señaló el cardenal Tolentino luego de recibir de las autoridades de la casa universitaria los distintivos de su incorporación.
Tolentino de Mendoça reflexionó sobre la universidad católica, a la que se define como una comunidad de estudiosos que representan diversos campos del saber humano, en la que el catolicismo está presente de manera vital.
“Lo primero que distingue a la universidad es la presencia de los estudiosos. Observen que no se hace la distinción entre profesores y alumnos. La carta magna de las universidades católicas reúne bajo una sola palabra a ambos estratos, casi como afirmando que aunque algunos hayan recibido la misión de formar en el amor a las ciencias y la sabiduría, los profesores, están unidos a aquellos que han sido convocados y han elegido crecer en el saber, como son los alumnos. El amor a la sabiduría los hace iguales”, dijo.
Asimismo, la USAT otorgó el grado de ‘Doctor Honoris Causa’ a su Eminencia Reverendísima Cardenal Robert Francis Prevost Martínez, prefecto para el Dicasterio de los Obispos, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, Obispo Emérito de Chiclayo y past gran canciller de la USAT.
Ética y catolicismo
Por su parte, el cardenal Robert Prevost recibió esta mención honorífica en reconocimiento a la rigurosidad académica con que acercó el Derecho Canónico a la vida cristiana, conjugando prudencia de pastor y urgencia misionera con el servicio abnegado al sucesor de Pedro y a las iglesias particulares.
Prevost Martínez fue obispo de Chiclayo durante nueve años y actualmente ocupar el cargo de prefecto del Dicasterio para los Obispo, por designación del papa Francisco. Antes fue superior general de la Orden de San Agustín.
El prelado habló sobre la ética y la vida católica, haciendo hincapié en la importancia de la coherencia entre lo que se profesa y se practica.
“Por ejemplo, un católico no puede declarar que es pro vida y tiene una postura en contra del aborto, pero luego dice que está a favor de la pena de muerte. Esto no sería coherente con la doctrina social de la iglesia. Entonces, podemos decir que nuestra forma de pensar y de enseñar debe manifestar coherencia, que defienda el valor de la vida humana desde el principio hasta el final. Como comunidad de creyentes y también como sociedad nos encontramos muchas veces afligidos a causa de divisiones, perplejos y a veces confundidos por un conjunto de nuevas preguntas sobre la vida, sobre la relación de la iglesia con la sociedad e incluso sobre la persona y la vida misma. Haya división entre cristianos, hay quienes dentro de la iglesia critican duramente al santo padre o a algunos obispos o sacerdotes, personas que buscan dividir”, enfatizó Robert Prevost.
El momento actual
Finalmente, se distinguió al monseñor Jesús Moliné Labarta, obispo emérito de Chiclayo y primer Gran Canciller de la USAT, quien fue reconocido por su dedicación a la educación y a la historia, y por dar inicio a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, contribuyendo así, con la evangelización de la cultura.
Monseñor Moliné reflexionó sobre los conflictos sociales y políticos que existen en la actualidad y provocan un aire contaminado, conteniendo mucho de lo que se conoce como corrupción.
“Junto a los avances significativos en la tecnología, la industria, la medicina y otros campos, sobre todo en países desarrollados, se constatan grandes deterioros sobre todo en la ética, lo que condiciona la visión internacional y es un debilitamiento de los valores espirituales y del sentido de responsabilidad. Todo esto contribuye a que se difunda una sensación general de frustración, de soledad y de desesperación”, mencionó.
Dijo que el escenario en el que Jesús predicó su mensaje de salvación no era distinto al actual, pues también había corrupción, múltiples formas de corrupción, desprecio por los derechos humanos y por la dignidad humana.
“Hay una frase que conocemos muy bien de Jesús pero a la que le sacamos muy poco jugo: ‘Les envío como corderos en medio de lobos’, y nos da un criterio de acción: ‘Sean sencillos como palomas y sagaces como serpientes’. Muchos de sus seguidores fueron sacrificados en el altar del poder, el mismo Jesús fue aparentemente eliminado, pero resucitó, pues tenía la fuerza de Dios. Esas palabras, de ‘El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán’, no espíritu y son vida”, afirmó.
Momento especial
El acto de investidura estuvo presidido por el administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Guillermo Cornejo Monzón, quien entregó la medalla a cada candidato y les impuso el bonete laureado como símbolo antiquísimo y venerado del magisterio, así como distintivo de sus estudios y merecimientos.
Del mismo modo, la rectora de la USAT, doctora Patricia Julia Campos Olazábal, entregó a cada candidato el libro de la sabiduría, como símbolo de enseñanza y de veneración a la doctrina de sus maestros y predecesores. Además, a nombre del claustro, hizo entrega del título honorífico de ‘Doctor Honoris Causa’.
Cabe indicar que el cardenal José Tolentino de Mendoça, tuvo como padrino al padre José Antonio Jacinto Fiestas, capellán de la Facultad de Humanidades; el cardenal Robert Francis Prevost Martínez, a la doctora Rosa Sánchez Barragán, decana de la Facultad de Derecho; y monseñor Jesús Moliné Labarta, al padre Edwuar Alberto Tocto Meza.
La ceremonia de investidura contó con la participación del Nuncio Apostólico de su Santidad, monseñor Paolo Rocco Gualtieri; y del presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y Arzobispo Metropolitano de Trujillo, monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte. Asimismo, de rectores de universidades nacionales y autoridades de la región Lambayeque.
Treinta periodistas y comunicadores sociales de Piura, Lambayeque y La Libertad participaron del taller "Fortaleciendo la gestión del riesgo de desastres en la mancomunidad macro región nor oriente". La actividad, en la que estuvo presente Expresión, fue organizada por Save the Children, con el respaldo de la cooperación norteamericana a través de USAID y la participación del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, y el Centro Nacional de Prevención de Desastres - CENEPRED.
El encuentro, realizado en Trujillo, apuntó a generar capacidades en los periodistas y comunicadores sociales de cara al Fenómeno El Niño.
La participación se dio luego de un proceso de postulación en el que los becarios debieron plantear propuestas informativas a desarrollar sobre vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes ante el Fenómeno El Niño.
Marco normativo
Luciano Paredes Jordán, director de la Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnica del CENEPRED, explicó durante más de 40 años, la institucionalidad en el país se enmarcó en una cultura de respuesta a desastres, más que de prevención y reducción del riesgo de desastres.
Así, en 1972 se promulgó la Ley 19338, que crea el Sistema de Defensa Civil, en adelante responsable de atender los desastres del país. En 1987 creó recién el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI y no sería hasta el 2007, tras el terremoto de Pisco, que se decide plantear lecciones aprendidas respecto a momentos de intervención, realizándose una revisión del Sistema de Defensa Civil.
“En el 2010 se considera a este aspecto como un tema de interés nacional y se la incluye como la Política de Estado n.° 32., al 2050. Un año después se dio la Ley 29664, con la cual se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y el CENEPRED”, comentó.
Anotó que La finalidad del SINAGERD es identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de desastres mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres.
En ese sentido, el CENEPRED se constituye en el ente técnico asesor del SINAGERD.
Del peligro al desastre
Paredes Jordán menciona que la Gestión del Riesgo de Desastres se basa en la investigación científica y el registro de informaciones, y orienta acciones en todos los niveles de gobierno y de la sociedad con la finalidad de proteger la vida de la población, el patrimonio de las personas y del Estado.
La Gestión del Riesgo de Desastres tiene como finalidad la prevención, reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la preparación y respuesta ante situaciones de desastre, para con ello proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado.
“Dicho esto, entonces ¿qué es el peligro? Se define al peligro como la probabilidad de ocurrencia de un evento de origen natural o inducido por el hombre, en un espacio y tiempo determinado suficientemente intenso para producir daños físicos, económicos y ambientales, afectando adversamente a las personas y sus medios de vida. Entonces hay peligros originados por la naturaleza como las inundaciones, los huaicos, avalanchas, deslizamientos, heladas, friajes, la actividad volcánica o los sismos, mientras que en los ocasionados por acción humana tenemos un derrame de petróleo, la deflagración, una epidemia o una pandemia”, expuso.
Los elementos expuestos ante un peligro, son aquellos elementos en las dimensiones social, económico y ambiental, que se encuentran en el área geográfica de influencia del fenómeno de origen natural. Población asentada en una quebrada o zona inundable, por ejemplo; en tanto la vulnerabilidad es la susceptibilidad de una unidad social (familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica de sufrir dañospor acción de un peligro.
“¿Quiénes son más vulnerables ante una situación de peligro? Los más pobres, los niños, los ancianos, las personas con discapacidad. Por ejemplo, una persona ciega es menos vulnerable que una persona con discapacidad física, pues la segunda necesita de alguien para poder movilizarse”, señaló.
El funcionario del CENEPRED indicó que se deber muy clara la definición de desastre, que es el conjunto de daños y pérdidas que ocurren a consecuencia del impacto de un peligro, cuya intensidad genera alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias.
“Los desastres no son naturales, son las consecuencias de las condiciones de riesgo existentes. Por ejemplo, la ocupación desordenada del territorio y el incremento de construcciones frágiles. En términos sencillos, los desastres son la consecuencia de cómo nos ubicamos o cómo decidimos convivir con el territorio”, precisó.
La gestión
Paredes Jordán mencionó que existen tres tipos de gestión en relación al riego de desastres.
En primer lugar ubica a la Gestión Prospectiva, que son las acciones para evitar y prevenir la conformación del riesgo en el mediano y largo plazo.
“Para realizar una adecuada gestión prospectiva es necesaria la emisión y control normativo de ocupación del territorio; la normatividad urbanística y de edificación; la incorporación del análisis de riesgo en los instrumentos de planificación territorial; el análisis de riesgo en proyectos de inversión; el diseño sismorresistente en edificaciones y la declaratoria de áreas intangibles”, señaló.
Luego está la Gestión Correctiva, que son acciones para reducir los efectos del riesgo que ya están presentes.
“En ese caso nos referimos al reforzamiento y protección de sistemas constructivas y/o estructuras existentes vulnerables; la estabilización de taludes por deslizamientos y derrumbes; la construcción de obras hidráulicas que den protección contra inundaciones; la construcción de drenes para la evacuación de aguas pluviales; programas de reforzamiento de viviendas y la reforestación con especies nativas en zonas de máximos caudales”, explicó.
Finalmente está la Gestión Reactiva, que es la que se aplica durante el desastre y tiene que ver con la respuesta y rehabilitación.
“Si hablamos de prevención nos estamos refiriendo a la Gestión Preventiva, nunca puede darse la prevención cuando el riesgo ya es existente, como sucede actualmente con el Fenómeno El Niño. En ese caso estamos hablando de reducción del riesgo y preparación. Por ejemplo, descolmatar ríos a dos meses del inicio del período de lluvias es preparación, no prevención. Es importante no confundir ello porque la población necesita recibir información clara y precisa sobre la etapa en la que nos encontramos de cara a una situación de emergencia como la que se avecina”, enfatizó.
Prevención, reducción y preparación
El especialista señaló que la prevención comprende las acciones que se planifican y realizan para evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible.
En tanto, la reducción implica las acciones que se planifican y realizan para reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible.
“La preparación es el Conjunto de acciones de planeamiento, de desarrollo de capacidades, organización de la sociedad, operación eficiente de las instituciones regionales y locales encargadas de la atención y socorro, establecimiento y operación de la red nacional de alerta temprana y de gestión de recursos, entre otros, para anticiparse y responder en forma eficiente y eficaz, en caso de desastre o situación de peligro inminente, a fin de procurar una óptima respuesta en todos los niveles de gobierno y de la sociedad”, dijo.
A través del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, la investigadora Andrea Carrasco ha desarrollado el estudio “Características de la respuesta estatal frente al delito de trata de personas migrantes con fines de explotación laboral y sexual en las regiones de Piura, La Libertad y Lambayeque#, en relación con los ámbitos de gobernanza, prevención, asistencia y protección, y persecución del delito. Esta investigación se enfoca en la percepción que tienen las personas, tanto víctimas como quienes trabajan con víctimas, respecto a la respuesta que tiene el Estado al problema de la trata de personas.
“El trabajo de la institucionalidad creada en cada región depende en su gran mayoría de la voluntad de funcionarios comprometidos con el tema, esto pues existe una alta rotación del personal encargado y una serie de limitaciones referidos a la ausencia de recursos humanos y económicos, que hace que el trabajo de los actores involucrados se realice con dificultad”, explica Carrasco, abogada de profesión.
De acuerdo con la información presentada, se evidencian una serie de limitaciones de la respuesta estatal advertidas en la investigación. En particular, las limitaciones encontradas se relacionan a los ejes de persecución del delito y de asistencia y/o protección.
“En este sentido, preocupa la falta de casas de acogida para víctimas de trata en todas las regiones estudiadas y los testimonios sobre el actuar de las autoridades policiales y fiscales en estos casos. Asimismo, se observó que la institucionalidad en cada región es altamente dependiente de la existencia de funcionarios comprometidos con la lucha contra la trata de personas, en tanto un problema persistente y que se repite en cada una de las regiones materia de la investigación es la alta rotación de funcionarios estatales, situación que dificulta la coordinación y realización de proyectos a largo plazo”, menciona.
Otra limitación resaltante es la falta de vinculación por parte del Estado entre la xenofobia y discriminación a la población migrante y la trata de personas, a pesar de que se observa que son problemáticas relacionadas.
Institucionalidad
Respecto a la institucionalidad puesta en marcha y el papel de las Comisiones Regionales que trabajan en el tema, Carrasco señala que éstas han venido incorporando una agenda y posicionamiento de la problemática a nivel social e institucional. Empero, aún existen limitaciones y debilidades que deben ser atendidas.
En el caso de Piura, por ejemplo, se ha identificado una articulación más armoniosa y funcional que en el resto de las regiones materia de la investigación, que se entiende por la mayor y más antigua articulación en la zona a causa de su ubicación geográfica fronteriza.
“En el caso de La Libertad se advirtió presencia más activa de instituciones de carácter religiosa, que abordan el tema desde un enfoque de ayuda humanitaria, de acuerdo con su visión institucional, y que suplen a las organizaciones del Estado en situaciones de trata de personas a las que no llegan. Por otro lado, se observó que la institucionalidad de Lambayeque referida al tema de trata de personas es la más reciente, por lo que no se observó una articulación entre los actores tan cercana como en las otras regiones, debido también a situaciones de tensiones entre las partes involucradas en el particular”, explica.
Cumplimiento de los Derechos Humanos
La investigación da cuenta de que se han cumplido parcialmente con los estándares de derechos humanos relacionadas con la trata de personas, recogidos en instrumentos internacionales y nacionales, en tanto aún existen deficiencias relacionada estrechamente con la ausencia de comprensión y abordaje de las causas del problema, falta de enfoque en las necesidades de las víctimas, y la ausencia de medidas focalizadas que incorporen la situación especial vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes que a su vez son víctimas de trata de personas.
“Este es el eje principal de los hallazgos de la investigación, si bien se han diseñado instrumentos y una institucionalidad que tome en cuenta la problemática desde una mirada integral, en base a normativa nacional que a su vez recogió obligaciones internacionales sobre la materia de los principales estándares de derechos humanos sobre la materia, no se está garantizando que su implementación, dotación de recursos, modificación, entre otros, se realice de acuerdo con un enfoque basado en derechos humanos, con especial énfasis en la protección y atención de las necesidades de las víctimas”, anota.
Andrea Carrasco añade que a la fecha existe únicamente un estudio sobre trata de personas situado en las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad, por lo que la investigación ha pretendido abordar un vacío bibliográfico sobre el asunto, relacionando la problemática con la situación de discriminación que viven las personas migrantes, y problematizando su análisis desde un enfoque más amplio del que comúnmente se ha usado para tratar el asunto.
Aspectos a mejorar
Entre las recomendaciones que plantea el estudio están la necesidad de diseñar una ruta de acción específica para la lucha contra la trata de personas, que tiene como víctimas a mujeres extranjeras y debe enfocarse en los momentos de protección de la víctima, su rehabilitación y la búsqueda de garantías para la sanción del delito y la consecuente no revictimización.
Asimismo, esta ruta de acción debe ser de carácter interinstitucional, involucrando tanto a las entidades encargadas de perseguir el delito (Ministerio Público y el Ministerio del Interior), como a aquellas encargadas de proteger a poblaciones en situación de vulnerabilidad (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables).
“Es preciso también incluir a gobiernos regionales, locales y sociedad civil organizada. Asimismo, el Estado peruano deberá incluir a las organizaciones de sociedad civil conformadas por migrantes en su diseño e implementación, con la finalidad de recoger sus necesidades y demandas, desde una perspectiva de derechos humanos e interculturalidad”, señala la investigadora.
También resalta la necesidad de fortalecer las medidas destinadas a acoger a las víctimas en espacios seguros en los cuales no solo cuenten con los servicios básicos para la subsistencia, sino también aquellos destinados al cuidado de la salud (física y mental), el fortalecimiento de capacidades orientadas a la autonomía económica y la asesoría para la regularización de la situación migratoria de la víctima.
“En todas las regiones materia de estudio, es menester incrementar el número de casas de acogida o de refugio. En ese sentido, es necesario el incremento en el presupuesto económico destinado a la lucha contra la trata de personas, especialmente en el ámbito de los gobiernos subnacionales. Asimismo, debe mejorarse el uso del presupuesto con que se cuenta actualmente, ya que se ha evidenciado que el manejo presupuestal es deficiente”, enfatiza.
Del mismo modo, recomienda fortalecer las capacidades para los funcionarios de instituciones estatales involucradas en la lucha contra la trata de personas cuyas víctimas son extranjeras, enfatizando el enfoque de derechos humanos, es decir, la búsqueda del bienestar integral de la víctima, garantizando un trato digno. En ese sentido, dicho énfasis debe incidir en la lucha contra las actitudes discriminatorias y estigmatizantes hacia las víctimas extranjeras.
“Se debe fortalecer el involucramiento de la sociedad civil en las campañas informativas referentes a la lucha contra la trata de personas. El contenido de dichas iniciativas debe orientarse hacia la exposición de los problemas que experimentan las mujeres migrantes víctimas de trata. El objetivo de tales campañas será incidir positivamente en las actitudes de las poblaciones locales hacia las poblaciones migrantes, fortaleciendo la opinión pública respecto de la necesidad de luchar contra la trata de personas cuyas víctimas son extranjeras, así como el involucramiento en las acciones impulsadas por el Estado y la sociedad civil”, precisa.
