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El Ministerio Público ha dispuesto continuar la investigación preparatoria por el plazo de 120 días que se sigue contra los ciudadanos Carlos Tello Chicoma, Sigifredo Piminchumo Huerta y Santos Álvarez Chero, quienes pretendieron inscribir un nuevo Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Agraria de Producción Úcupe LTDA, valiéndose de documentación presuntamente falsa. Tanto es así que no solo el último presidente de la cooperativa, José Torres Belo, niega haber convocado a la asamblea general donde supuestamente se eligió al nuevo consejo, sino que se ha comprobado la participación de hasta ocho personas fallecidas.
A través de la Disposición n.° 2, del pasado 22 de octubre, el fiscal Máximo Medina Lucano, del Quinto Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, dispuso formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra las citadas personas por falsificación y uso de documentos privados falsos, para lo cual ha recabado la solicitud de inscripción del Título n.° 2024-185695, la copia de las supuestas convocatorias, así como la declaración del imputado Carlos Tello Chicoma, juez de paz de Nuevo Mocupe, y los denunciantes Leoncio Cabrera Guevara y José Torres Bello.
El ‘nuevo’ Consejo de Administración
El 19 de enero de este año se presentó ante la Zona Registral n.° II Chiclayo, de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – Sunarp, el Título n.° 2024-185695 para su inscripción en la Partida Registral n.° 02110530, correspondiente a la Cooperativa Agraria de Producción Úcupe LTDA, que tiene como rogatoria el acto de inscribir al Consejo de Administración presidido por David Incio Gómez; Andrés Honorio Calderón como vicepresidente; Santos Álvarez Chero, primer secretario; Jorge Gonzales Mondragón, segundo secretario; Víctor Carhuajulca Tirado, tercer secretario; Mariano Diaz Escalante, primer suplente; y Jaime Riva Estrada, segundo suplente.
Asimismo, la rogatoria registral comprende la inscripción del Consejo de Vigilancia conformado por Juan de Dios Chiroque Mío en su calidad de presidente; Félix de la Cruz Aldana, vicepresidente; Víctor Sánchez Gálvez, primer secretario; Adolfo Ávila Martínez, segundo secretario; Jesús Yovera Valencia, tercer secretario; Gregorio Becerra Falero, primer suplente; y Rosa Perales Garay, segundo suplente.
De acuerdo a la constancia de convocatoria que obra en el título en trámite, las personas antes citadas fueron elegidas en una supuesta asamblea electoral realizada el 4 de noviembre del 2023, la cual habría sido convocada y desarrollada por Leoncio Cabrera Guevara. Alertado de esta situación, este último denunció ante el Ministerio Público a Carlos Tello Chicoma, Sigifredo Piminchumo Huerta y Santos Álvarez Chero, puesto que nunca convocó a la asamblea ni tiene en su poder los supuestos cargos de recepción de los asistentes como se indica en el título.
Por ello, el Ministerio Público mediante la Disposición n.°, 1 del 16 de febrero del 2024, dispuso abrir una investigación preparatoria contra los denunciados por el plazo de 120 días, la misma que el pasado 22 de octubre dispuso continuar por otros 120 días más.
Falsedad
Leoncio Cabrera Guevara, quien ejerce como vocal suplente del actual Consejo de Administración, señaló en su declaración fiscal que él no convocó a una asamblea general extraordinaria para elegir a un Comité Electoral el 25 de octubre del 2023, que tampoco convocó a la asamblea general del 4 de noviembre de ese año donde supuestamente se eligió al Consejo de Administración y que tampoco asistió al despacho del juez de paz de Nuevo Mocupe, Carlos Tello Chicoma, el 13 de noviembre del año pasado, fecha en la que supuestamente se certificó su firma en los documentos. Es más, ni siquiera reconoce la firma que aparece como suya.
En tanto, José Torres Bello manifestó en su declaración ante la fiscalía que él ejerce como presidente de la Cooperativa Agraria de Producción Úcupe LTDA desde abril del 2021 hasta la actualidad, encontrándose debidamente inscrito en la Sunarp, por lo que el denunciado Santos Álvarez Chero no estaba facultado para realizar ninguna convocatoria.
Además, indicó que en las actas de estas asambleas aparecen los nombres como participantes de ocho extrabajadores de la cooperativa que ya han fallecido, a lo que se suma que Sigifredo Piminchumo Huerta ha firmado dos constancias de convocatoria y quorum, pretendiendo dejar constancia que estas asambleas sí se realizaron.
Aceptan su culpa
La situación se agrava aún más, pues según la declaración fiscal, el investigado Santos Álvarez Chero admite que las asambleas generales donde se eligieron al Comité Electoral y al nuevo Consejo de Administración no fueron convocadas por Leoncio Guevara Cabrera.
“Sí fui elegido en la asamblea, pero no fue convocada por Leoncio Guevara Cabrera, la convocó el señor Juan Chiroque Mío. La reunión fue en el parque de Úcupe, en el área pública. Firmé el acta el 4 de noviembre del 2023 como asistente”.
Respecto a por qué aceptó una asamblea convocada por alguien que no es el presidente de la cooperativa explica: “Al señor Torres (el presidente) en varias oportunidades se le solicitó que haga la convocatoria del comité electoral, pero no quería hacerlo, y al ver eso Juan Chiroque Mío, como presidente de la Asociación de Jubilados y Extrabajadores, estaba facultado para realizar la convocatoria para la elección del Comité Electoral”.
Sobre la relación de asistentes, donde se incluye a personas fallecidas, entre ellas Teodolinda Álvarez Chero, cuyo deceso fue en el 2013, ensaya una peculiar explicación.
“Ella es mi hermana fallecida, quien fue a votar fue mi sobrina Lidia Jacsa Álvarez, hija de mi hermana, ella fue a votar con una sucesión intestada. En la relación estaba el nombre de mi hermana, pero ella firmó como heredera universal. En el padrón figuraba el nombre de la fallecida, pero en el mismo padrón hay una aclaración donde dice firma su hija y en la parte de observaciones dice sucesión intestada”, menciona en su declaración.
Por si fuera poco, Álvarez Chero termina admitiendo haber utilizado documentos falsos para inscribir el título antes descrito en Registros Públicos.
“Es cierto, hemos presentado un documento falso como la convocatoria a la asamblea en la que falsifiqué la firma del señor Leoncio Guevara Cabrera, pero lo hice con su autorización”, reconoce finalmente.
La Dirección de Prevención y Solución de Conflictos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha declarado infundado el recurso de apelación presentado contra la designación de Garcilazo Tello Chicoma y Santos Álvarez Chero como representantes titulares y suplentes, respectivamente, de los acreedores laborales de la Corporación Agrícola Úcupe S.A. Álvarez Chero, precisamente, se encuentra envuelto en un proceso por falsificación y uso de documentos falsos privados, ilícitos que ha reconocido ante la fiscalía.
Según el registro n.° 0104451-2024 de la Subdirección de Registros Generales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el 21 de junio se realizó una elección de reemplazo de los representantes titulares y suplentes de la Corporación Agrícola Úcupe S.A., resultando electos Garcilazo Tello Chicoma como titular y Santos Álvarez Chero como suplente, quienes solicitaron su designación como representantes de los acreedores laborales. Los citados reemplazaron a David Edgard Huamanchumo Alejos y Rolando Sánchez Gasco.
El 2 de agosto, Rolando Sánchez Gasco presentó una oposición al reconocimiento de los nuevos representantes laborales y solicitó la abstención de la autoridad administrativa en cuanto se resuelva la acción de amparo que interpuso ante el Primer Juzgado Constitucional de Chiclayo, debido a que el convocante a la asamblea de reemplazo, Juan de Dios Chiroque Mío, no habría acreditado representar al 20 % de acreedores laborales reconocidos por Indecopi para convocar esta asamblea; además de que el día de la asamblea la mesa directiva no estuvo conducida por el convocante Juan de Dios Chiroque Mío, sino por dos abogados que no eran acreedores laborales.
Respuesta
Al respecto, el procurador público del Ministerio de Trabajo contestó la demanda alegando que no se había agotado la vía previa en la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Generales como segunda instancia. Añadió también excepción de incompetencia por la materia al tratarse de un proceso contencioso administrativo y no la vulneración de un derecho constitucional.
Así, el juez Carlos Diez Canseco Solano, del Primer Juzgado Constitucional de Chiclayo, declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por Sánchez Gasco y el 28 de agosto la Subdirección de Registros Generales del Ministerio de Trabajo formalizó la designación por reemplazo de Garcilazo Tello Chicoma como representante titular y Santos Álvarez Chero como representante suplente de créditos laborales ante la Junta de Acreedores de la empresa Corporación Agrícola Úcupe S.A.
Apelación
El 12 de septiembre, Rolando Sánchez Gasco interpuso un recurso de apelación contra el acto administrativo del 28 de agosto, el cual fue elevado el 26 de septiembre por la Subdirección de Registros Generales ante la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos.
Entre los motivos expuestos por Sánchez Gasco en su apelación están los descritos en la demanda amparo, además de otros, como que existió una incongruencia entre el número de asistentes a la asamblea y los que votaron, dado que se consignaron acreedores laborales o sucesores de estos que no asistieron y que posteriormente habrían presentado declaraciones juradas “sin saber lo que firman”.
Sobre la falta de documentos que acrediten que Juan de Dios Chiroque Mio representa al menos al 20 % del total de acreedores reconocidos, explica que el reglamento establece que el convocante a la asamblea debe estar premunido de dicha representación antes de la convocatoria y no después de esta. Si bien adjuntó la firma de 53 acreedores de un total de 160 reconocidos por Indecopi, esto lo hizo después y no antes de lanzar la convocatoria en el diario oficial El Peruano.
Finalmente, indica que el procedimiento para reemplazar a los representantes titulares y suplentes de los acreedores laborales, estipulado en la Resolución Ministerial n.° 008-2004-TR, solo procede cuando los representantes elegidos no cumplen con dar cuentas sobre su gestión por dos trimestres consecutivos o alternados, cuando los demás acreedores laborales no están de acuerdo o desaprueban dicho informe de gestión y cuando los acreedores laborales en desacuerdo con la gestión de sus representantes representen más del 20 % del total de acreedores laborales reconocidos por el Indecopi.
Esto no se habría cumplido, dado que Huamanchumo Alejos y Sánchez Gasco fueron reconocidos en abril de este año por Indecopi, ergo, el primer trimestre de gestión iría hasta junio y es precisamente el 27 de ese mes que se desarrolló la asamblea de acreedores laborales donde se aprobó el primer informe de gestión.
Pese a todo lo expuesto, el Ministerio de Trabajo emitió la Resolución Directoral n.° 158-2024-MTPE/1/20.2, el pasado 13 de noviembre, declarando infundado el recurso de apelación, con lo cual Santos Álvarez Chero quedó inscrito como representante suplente de los acreedores laborales.
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La historia de un camión de dos toneladas marca Kia, propiedad de Marakos Grill SAC, representado por Juan Carlos Dongo Ávalo, es sorprendente. En junio pasado fue intervenido en un operativo al ingreso de Lambayeque por la autoridad forestal, encontrándose al interior ramas de poda y frutas, productos extraídos del fundo privado de la empresa y debidamente declarados en las guías correspondientes. Sin embargo, pese a que pronunciamientos oficiales certifican que no había nada de ilegal en la carga, la Fiscalía de Extinción de Dominio de Lambayeque decidió que el bien sea entregado al Pronabi y este lo ha transferido a la Municipalidad Distrital de Íllimo. Dos fiscales están quejados por este extraño procedimiento.
Cerca de las 7:30 p. m., del 6 de junio, el conductor del camión frigorífico marca Kia, de placa M6W 751, notificó al gerente de la empresa Marakos Grill SAC, Juan Carlos Dongo Ávalo, que había sido intervenido en un operativo en el que participaban inspectores del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – Serfor; el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y la Policía Nacional del Perú.
Al interior de la unidad, con capacidad de carga de dos toneladas, encontraron cajas de frutas y ramas producto de una poda realizada ese día en el fundo de la empresa, las mismas que estaban declaradas en las guías correspondientes. Aun así, el vehículo fue trasladado a la unidad de la Policía Forestal, en la avenida 9 de Octubre, en Chiclayo.
“Un detalle no menor es que el mismo día, horas después, en el mismo operativo en el que también estaban inspectores del sector Producción, se interviene a una cámara frigorífica de 12 toneladas que trasladaba pescado con tallas menores a las permitidas. Al día siguiente, viernes 7 de junio, fue feriado, por lo que al lunes siguiente solicité que Serfor realice una inspección al fundo y constante que las ramas eran resultado de una poda y no de tala ni depredación, como indicaron en el operativo. La autoridad forestal es Serfor y, por lo tanto, la única que podía determinar si lo que habíamos hecho nosotros, como parte de una poda sanitaria, era o no causal de sanción”, explica Dongo Ávalo.
Inspección del Serfor
Ante la solicitud, Serfor realizó la constatación el 17 de junio en el fundo ubicado en Pítipo, Ferreñafe, y emitió su primer informe fundamentado, señalando que no había infracción al medioambiente y que, en efecto, las ramas eran resultado de una poda.
“Se constata que, efectivamente, se realizaron podas de árboles y efectuado el análisis respectivo con lo expuesto, se determina que en este caso no existe afectación al recurso forestal y por consecuencia tampoco hay afectación al medioambiente”, señala el Informe Fundamentado n.° D000086-2024-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS, suscrito por el ingeniero Walter Alarcón Díaz.
Con ese escrito Dongo Ávalo se apersonó a la fiscalía del medioambiente para pedir la inmediata devolución del camión, que seguía retenido.
“El fiscal adjunto David Gonzales Morales se mostró un poco incómodo con el resultado del informe y lo que hizo fue pedir una aclaración del informe. Serfor aclaró, con un segundo informe, en los mismos términos, concluyendo que no había infracción alguna”, explica Dongo Ávalo.
En efecto, la Autoridad Técnica Forestal de Lambayeque emitió el 13 de agosto el Informe Técnico n.° D000143-2024-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-Lambayeque, confirmando los términos del primer documento, señalando, además, que la fiscalía ambiental debía tener conocimiento que la poda con fines sanitarios es permitida debido a que existe una enfermedad que afecta las ramas primarias de los algarrobos, por lo que el argumento de descargo de Dongo Ávalo era absolutamente válido.
“Pedí al fiscal la liberación inmediata del camión y en ese momento recordé lo que he mencionado, que el mismo día ingresó intervenida una cámara de 12 de toneladas. Grande fue mi sorpresa al saber que la cámara había sido liberada. Lo que sabemos es que el propietario de dicha unidad se acogió a la terminación anticipada; es decir, acepto el delito de trasladar especies hidrobiológicas con talla inferior a la permitida y pagó una caución. Sin embargo, en nuestro caso, pese a los informes de Serfor, se nos seguía reteniendo el camión”, manifiesta el empresario.
Dispuesto por Pronabi
Fue ante ese reclamo que la fiscalía del medio ambiente dispuso el archivo del caso y la inmediata liberación del camión, hecho que nunca ocurrió.
“Cuando me apersono para recoger mi camión, la policía me informa que el camión ya había sido incautado por la Fiscalía de Extinción de Dominio y que se había emitido una medida cautelar. Yo soy abogado y pedí a la juez a cargo el cese inmediato de dicha cautelar al no existir delito, pues ya se había archivado el caso y al tener los informes de la autoridad forestal, era lo que correspondía. Citó a audiencia de cese de la medida de incautación el 4 de octubre, para esto el Programa Nacional de Bienes Incautados – Pronabi, ya había hecho el reparto de unidades, entre ellas nuestro camión”, relata.
El camión, que cuenta con un sistema frigorífico alemán, valorizado en aproximadamente 50 mil dólares americanos, fue entregado a la Municipalidad Distrital de Íllimo, pese a que la cautelar de incautación estaba para revisión del cese, la autoridad forestal no había señalado infracción y la fiscalía ambiental había archivado el caso. Es decir, se dispuso del bien sin existir delito.
Nuevos informes
“El día de la audiencia de cese de la cautelar, el fiscal de Extinción de Dominio, Guillermo Olivera Samamé, informa, en mi opinión de manera temeraria, que había solicitado dos informes más, uno a Serfor Lima y otro a Serfor Lambayeque para que aclaren respecto de la inspección realizada y las ramas encontradas en el camión. Como ambos informes no se habían recibido aún, la jueza accedió a no revisar el cese”, explica.
Refiere que Serfor Lima se pronunció pidiendo que la oficina descentralizada de Lambayeque emita un nuevo informe, el mismo que fue enviado al fiscal Olivera Samamé el 11 de octubre, con el Oficio n.° D000454-2024-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-LAMBAYEQUE, suscrito por el administrador técnico forestal de Lambayeque, Jorge Alfaro Navarro. En este se precisa que el caso no ameritaba ninguna multa ni sanción por las razones antes expuestas.
“Los informes ya llegaron y por eso estamos pidiendo una nueva audiencia para el cese de la cautelar de incautación, y en paralelo hemos apelado la decisión de la jueza ante la Sala de Extinción de Dominio con sede en Trujillo. Pedí una audiencia con la fiscal provincial de Extinción de Dominio, Lizeth Velásquez Porras, a la que le manifesté mi extrañeza porque teniendo tres informes positivos de Serfor y un archivo de la fiscalía ambiental, mi camión sigue incautado. La respuesta fue que la decisión de la fiscalía ambiental era independiente de la de su despacho”, relata.
Dongo Ávalo cuestiona que la Fiscalía de Extinción de Dominio haya actuado – en su opinión – con doble criterio respecto a su unidad incautada y la ya mencionada cámara frigorífica de 12 toneladas, pues, como se ha explicado, esta fue liberada.
“Cuando le expuse la situación a la fiscal, esta respondió que quizá su despacho no había sido notificado de la intervención de la cámara de 12 toneladas. Dudé y consulté con la policía, corroborando que ambos casos, el mío y el de la cámara, fueron notificados a Extinción de Dominio el 8 de junio. Dicha fiscalía incautó mi camión el 12 de junio y la cámara fue liberada el 13 de junio, al mediodía. ¿Por qué no se incautó también la cámara? ¿Los fiscales no vieron que había tremendo camión al lado sobre el cual ya habían sido notificados o es que acaso algo ocurrió para que no lo vieran?”, objeta el empresario.
Juan Carlos Dongo ha quejado ante el órgano de control del Ministerio Público a los fiscales Guillermo Olivera Samamé y Lizeth Velásquez Porras, pues considera que su accionar resulta irregular y trasgrede el correcto cumplimiento de la Ley de la Carrera Fiscal.
La Casa del Tornillo es la empresa que Gonzalo Sánchez Calderón fundó hace 34 años, impulsado por la demanda de piezas metálicas entre los talleres de mecánica. Fue así que decidió apostar por una nueva línea de negocio y hoy lidera una de las marcas más reconocidas dentro y fuera de Lambayeque.
“Estudié la carrera técnica de Electricidad y cuando llegué a Lambayeque implementé un taller en el cual ofrecía servicio eléctrico automotriz, ubicándome en una zona bastante comercial y de muchos talleres de mecánica, cuyos propietarios siempre me pedían pernos y yo no vendía. Fue así como me contacté en Lima con un proveedor, me ofreció toda la información y así creé el taller de pernos alternando con el rubro eléctrico. Lo demás, es historia”, refiere Sánchez Calderón.
Con el tiempo, la línea de pernos empezó a tener mayor desarrollo que el rubro eléctrico y esto animó a dedicarse al 100 % a los sistemas de ajustes de pernos y tuercas.
“Fuimos la primera empresa especialista en el rubro, antes de nosotros no existía una empresa que se dedicase exclusivamente a esto. Con el tiempo estudié Marketing y Negocios y empecé a dirigir con una nueva visión el negocio. Entendí que la necesidad era muy grande y eso me llevó a comprar máquinas para fabricar los productos”, cuenta.
La fábrica
De ese modo implementó su propia fábrica, con la ventaja de que al ser un mercado muy cerrado todo lo fabricado se vendía.
“Luego instalamos una planta mediana en Chiclayo, luego una en Lima, con maquinaria de punta y en determinado momento tuvimos alcance nacional. Nuestros vendedores recorrían el país, de Tumbes a Tacna. Con la liberación del mercado, los productores empezamos a tener problemas a nivel nacional y ello nos llevó a cerrar algunas líneas de producción, pasando a la importación, porque era la única manera de poder competir con los productos que ingresaban. Tenemos 34 años y seguimos siendo líderes en el rubro”, afirma.
Sánchez Calderón dice sentir gratitud por los clientes que acompañan a su empresa desde hace mucho tiempo, quienes han depositado su confianza y han sido testigos del crecimiento del negocio.
“Nuestro catálogo de productos es bastante grande, pero como dice nuestro eslogan: ‘Lo que no tenemos, lo fabricamos’, y es que si el cliente necesita algún producto que no existe en el mercado, el cliente tiene la opción de mandarlo a fabricar en nuestra planta y atender su necesidad. Tenemos la línea completa y lo que no hay, lo hacemos, por eso es que somos la empresa más exitosa del rubro”, indica.
La confianza del cliente
Reconoce que, en los 34 años transcurridos, “La Casa del Tornillo” ha enfrentado diversas situaciones, pero siempre ha procurado diferenciarse por la calidad, seriedad y responsabilidad para con sus clientes.
“Los negocios se mantienen en el mercado cuando generan confianza y eso no es secreto. Todos los que tienen negocio saben que para durar hay que conseguir la confianza del cliente. Tenemos clientes que nos acompañan hace muchos años, clientes que son de la zona nororiental y que reconocen mucho nuestros servicios. Además, nos preocupamos mucho por los clientes internos, que son los trabajadores, a quienes ofrecemos un clima laboral adecuado, seguro y que respeta sus derechos”, enfatiza.
