Pilar Cabrera califica de caduco al actual Directorio de la empresa del agua y exige su recomposición.

La crisis en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, es cada vez más severa. Los estados financieros de los últimos años han arrojado millonarias pérdidas que se originan en la deficiente gestión de la paramunicipal, la misma que desde el año pasado se encuentra en la lista de las empresas en las que debe aplicarse el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, dispuesto por el Organismo Técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento – OTTAS.

Las pérdidas económicas en EPSEL han llegado a picos negativos de 13 millones de soles al año, aun cuando la empresa mantiene el monopolio en la prestación del saneamiento básico en 26 de los 38 distritos que tiene el departamento, incluyendo a las tres capitales provinciales.

Durante el gobierno municipal de Roberto Torres Gonzales la situación de la empresa se agravó. Los problemas no solo fueron económicos sino también de orden técnico y clara muestra de esto fue la elaboración del expediente para la renovación de la red de saneamiento básico en el casco central de Chiclayo, obra presupuestada en 28 millones de soles, y que resultó con serias anomalías.

Otras deficiencias fueron el incumplimiento de metas del primer Plan Maestro Optimizado 2009 – 2014; el uso de recursos de la empresa para obras de pavimentación en Campodónico y San Martín, y los escándalos de corrupción que precedieron a la licitación de los emisores principales, por ejemplo.

La gestión edil de Roberto Torres como alcalde de Chiclayo tuvo el control absoluto de EPSEL entre el 2007 y el 2014.

La posición de accionista mayoritaria de la comuna provincial le dio al hoy recluido exburgomaestre el poder para la remoción de los gerentes de línea y la designación de la presidencia del Directorio, que en los años de mayor crisis estuvo en manos de Percy Quesquén Díaz.

“Para toda la colectividad lambayecana, sabido y conocido es que los ocho años de oscurantismo, de una corrupción instalada dentro de nuestra institución, agudizaron cualquier gestión que haya venido dándose en la empresa. Eso por una parte, lo otro es la injerencia política”, señala Pilar Cabrera Zelada, secretaria general  Sindicato Único de Trabajadores de Servicio Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque.

MANEJO DEL DIRECTORIO

El control de la entidad por parte del municipio de Chiclayo continúa, y la injerencia política de la administración del alcalde David Cornejo Chinguel, por ejemplo, ha hecho posible que desde enero del 2015 hasta el momento Néstor Salinas Vásquez se mantenga como gerente general de EPSEL, funcionario cuyo antecedente más próximo es precisamente haber liderado el equipo que diseñó el mal expediente de la obra para el casco central de la ciudad, y sobre quien pesan investigaciones por otras presuntas irregularidades como el uso de dinero reservado para el PMO 2009 – 2014 para obras de pavimentación en la época de Torres Gonzales.

“Nosotros abrigamos la esperanza que un nuevo directorio, una nueva gestión, podía darle un giro diferente a la empresa. Para ello se ha contado con el apoyo del 100 % de los trabajadores. Sin embargo, a la fecha tenemos que lamentarnos porque es una decepción tremenda ver un directorio totalmente indolente, indiferente y que ha agudizado la crisis”, señala Pilar Cabrera.

El directorio de EPSEL está conformado por cinco miembros: César García Espinoza, representante de la comuna de Chiclayo y quien tiene la presidencia; Roger Inga Durango, representante del Gobierno Regional de Lambayeque; José López Díaz, representante de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz; Humberto Sullón Prado, representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Eduardo Tagle Ramírez, quien figura como representante de la sociedad civil aun cuando su acreditación es írrita por cuanto fue designado por la inexistente Cámara de Comercio de Ferreñafe.

LA RECUPERACIÓN

Pilar Cabrera refiere que si bien la empresa ha reportado saldos negativos en los últimos años, justamente la principal tarea de la alta dirección, que incluye al gerente general, ha debido de adoptar las medidas correctivas que permitan la recuperación económica de EPSEL, cuyos fondos deben ser destinados íntegramente a la operación óptima y el mantenimiento eficiente del sistema de tratamiento, saneamiento básico y estabilización en los distritos donde tiene presencia la entidad.

“Toda gestión, cuando es bien conducida, cuando es bien llevada, asume la crisis como reto y en este caso eso no ha sucedido. Como sindicato hemos suscrito actas (con la alta dirección) que no hablan de prestaciones de derechos económicos, sino de trabajar en una alianza estratégica para reflotar a nuestra empresa EPSEL, pero nada de eso se ha concretado”, afirma.

La propuesta presentada por los trabajadores se sustenta – explica – en tres criterios técnicos. El primero está referido al sinceramiento de la tarifa catastral, “porque hay muchos usuarios que teniendo un consumo restringido de agua potable pagan tarifas comerciales, y también están quienes  evaden el pago real de consumo, que teniendo la obligación de pagar más lo hacen como si tuvieran uso domiciliario”.

El segundo criterio es la lucha frontal contra el clandestinaje y el tercero es la recuperación del agua no facturada.

“Nosotros como empresa facturamos el 100 %, sin embargo cobramos el 50 %. Por eso, dentro de las metas el sindicato ha alcanzado por escrito diversas propuestas al Directorio, entre ellas la aplicación de un programa para reducir el agua no facturada, que eso va a significar mejorar los ingresos de la empresa. Los ingresos de la empresa, que quede bien claro, lo que pagamos todos los usuarios, deben ser utilizados para la operación y mantenimiento de los servicios. Los grandes proyectos son obligación de las municipalidades y la búsqueda de inversión pública, obligación del Estado”, remarca la dirigente.

EL PLAN MAESTRO

EPSEL no alcanzó las metas del primer Plan Maestro Optimizado – PMO, que tuvo vigencia entre el 2009 y el 2014, pese a las exigencias realizadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS.

Según comenta la secretaria general del sindicato, recién ahora la empresa ha sincerado la información remitida a la superintendencia, “gracias al resultado del trabajo realizado por el ingeniero Jorge Aspíllaga Valderrama”, quien – sostiene – ha logrado en cuatro meses lo que no se había podido establecer en los últimos tres años respecto al PMO.

“Hoy la SUNASS ya tiene toda la información completa y debe evaluar, por qué, porque la información que se enviaba irresponsablemente contenía proyectos que ni siquiera se podían cumplir y eso sí, para mí, era una estafa a la población. A la ciudadanía hay que hablarle con la verdad, y por eso nosotros seguimos exigiendo que en el nuevo Directorio debe participar un representante de las organizaciones populares como parte de la ciudadanía, para que cumpla un rol fiscalizador, para que todos aquellos fondos que envía el Estado sean manejados de manera transparente”, asevera.

RECOMPOSICIÓN

Para Pilar Cabrera es urgente que el actual directorio de EPSEL dé un paso al costado y al recomponerse se cambie también a la totalidad de la alta gerencia de la empresa, debido a sus resultados no calzan ni con las necesidades de la entidad ni con las expectativas de la población.

“El actual directorio no ha estado a la altura de la responsabilidad que le correspondía y, sin embargo, sigue haciendo sesiones. Por Dios, no han tenido la hidalguía de darle cara a la colectividad después de todo lo que ha pasado. Cuatro millones 800 mil llegaron (a inicios del 2016) para el Fenómeno El Niño, el sindicato ha venido exigiendo su ejecución desde el año pasado. ¿Acaso no se pudo prever? Claro que sí, y hasta ahora, pese a que hemos pedido que se nos expliqué cómo es que se ha invertido ese dinero, no se informa nada. ¿Por qué se molesta el staff gerencial cuando nosotros, como sindicato, en nuestra labor de fiscalización, buscamos conocer cómo se manejan esos fondos para darle también respuesta a la colectividad? ¿Por qué no se tomaron las previsiones? ¿Dónde está el plan de contingencia. Que no nos vengan a decir que las cosas no se pudieron hacer?”, señala.

Sobre el gerente general, la dirigente afirma que este ha debido, hace mucho, evaluar los resultados de su trabajo al frente de la empresa y por ética renunciar.

“Todos los profesionales tenemos que hacernos una autoevaluación en algún momento de nuestra carrera. Comienza por ahí la cuestión ética. Si yo considero que lo que estoy haciendo no está dando resultados debo autoevaluarme y dar un paso al costado. A los trabajadores nos parece que lo que perjudica y retrasa es un paralelismo, porque ahorita hay dos gerentes prácticamente. Uno es Néstor Salinas Vásquez y el otro es el ingeniero Gustavo Castellanos Custodio, que siendo el gerente Operacional, toma decisiones. En la empresa hay un gerente general paralelo con aval del alcalde Cornejo”, denuncia.

Añade que aun cuando Castellanos Custodio es un profesional reconocido y que logró un control de calidad óptimo en el suministro de agua potable, como ingeniero químico debe limitarse a sus funciones y no traspasar el espacio que le corresponde al gerente general.

“Zapatero a tu zapato. En EPSEL hay ingenieros sanitarios que están relegados. Esta empresa de saneamiento debe ser gestionada y manejada por un ingeniero sanitario y con experiencia”, enfatiza.

RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA

Asimismo, Cabrera Zelada indica que el alcalde de Chiclayo también tiene responsabilidad, porque él es el presidente de la junta empresarial y debe velar porque el funcionamiento de la entidad sea el correcto.

“También responsabilizo a todos los integrantes de la junta empresarial. Los municipios son miembros accionistas de esta empresa y no deben ponerse a un costado. Ellos son los dueños. Si yo soy dueño de mi casa entonces debo estar pendiente y fiscalizar cómo se manejan las cosas. Me parece que no solo son indiferentes, sino que son incapaces de responder al mandato que les ha dado la ciudadanía, pero confío en que finalmente será la ciudadanía la que los evaluará y calificará si respondieron o no”, asevera.

LA INTERVENCIÓN

Pilar Cabrera deja en claro que la posición del sindicato es a favor de la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, del OTTAS en EPSEL, siempre y cuando se garantice el no ingreso de un operador privado.

Reconoce que la gestión de la empresa no es posible en las condiciones actuales, más al quedar acreditado que los aspectos técnicos desde hace mucho tiempo han sido desplazados por la injerencia política y que los actos de corrupción afectan de manera directa el desempeño de la entidad en la prestación de los servicios.

“Tenemos dos baterías, dos lagunas de estabilización: Pampa de Perros y San José, y desde el año 2012 el sindicato denunció ante el directorio que presidía Percy Quesquén,  que los sólidos se encontraban en suspensión por falta de mantenimiento, y no solamente eso, sino que nuestros compañeros trabajadores laboran en precarias condiciones, no hay vestuarios, están con todo el ambiente contaminado y eso tampoco le interesa a esta gestión, a este directorio, por más que nosotros hemos hechos sendas denuncias públicas. Nosotros no nos oponemos a la intervención de la empresa, a la reorganización total y a la innovación tecnológica. Lo que sí rechazamos es el ingreso del operador privado”, señala.

 respuesta de Oscar Hurtado el 2023-08-09.

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