Tras llegar a acuerdos con el Ministerio Público por la información proporcionada contra la presunta red criminal “Los limpios de la corrupción”, empezaron a comparecer ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo los colaboradores eficaces, quienes buscan sortear la prisión efectiva pese a los graves delitos aceptados según su propia declaración.

Aunque las audiencias se realizan en estricto privado y los rostros de los colaboradores son cubiertos por seguridad, trascendió que la jueza Cecilia Grandez Rojas rechazó los primeros acuerdos sustentados por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, a cargo del fiscal Sergio Zapata Orozco, por considerar que deberían imponerse penas efectivas.

Pese a que la ley le faculta al Poder Judicial sentenciarlos por debajo del mínimo legal, muchos de los exfuncionarios no merecerían penas suspendidas por el engranaje de delitos que se les atribuye en la investigación que tiene más de 200 imputados, entre ex servidores públicos, proveedores, familiares y personas de su entorno.

CÓDIGOS EN RESERVA

Entre los exfuncionarios que tuvieron activa participaron en la gestión municipal del exburgomaestre, Roberto Torres Gonzáles, figuran los protegidos con el código 070- 2014, 09-2014 y 22- 2014, quienes han detallado con lujo de detalle cómo operaban, los bienes que adquirieron y los delitos que supuestamente cometieron otros ex servidores y proveedores.

Aunque en algún momento hubo fuertes rumores que se les revocaría la comparecencia por haber ocultado información a la fiscalía, nada de eso ocurrió, y continuaron gozando de libertad sin verse afectadas sus actividades sociales y económicas.

DELACIONES

Al código 09- 2014, por sus mismas declaraciones, se la ha formalizado investigación por los delitos de asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, cohecho activo genérico, falsificación de documentos (uso de documento privado falso), peculado doloso por apropiación, cohecho pasivo impropio y cohecho pasivo propio.   

El 9 de diciembre del 2014 compareció ante el fiscal revelando que era presionado por el exalcalde de Chiclayo para pagar a proveedores y constructores bajo la amenaza de destituirlo del cargo.

“Nos solicitaban que aceleremos los pagos de algunos proveedores con el argumento que se necesitan materiales con urgencia y cuando se trataba de pago a contratistas para no detener las obras y caer en el atraso de las mismas, conforme al calendario de programación”, narró.

En otra parte de su testimonio reveló que había que darle parte del dinero al exalcalde por las licitaciones grandes que se daban en el SATCH y la MPCH y “se amarraban a las empresas para que ganen las licitaciones”. Entre las contrataciones más grandes que se hacen todos los años está de la Seguridad y Vigilancia, las mismas que dejaban 10 % del contrato, aseveró.

Incluso llegó a indicar que en la MPCH habían trabajadores fantasmas “por lo cuales yo comencé a indagar pero luego de llegar al hilo de la madeja me decían que era ‘recomendado’, que no me meta en el asunto”, contó.

En una oportunidad para pagar a peritos se sacó dinero del SATCH en forma de efectivo, por lo que se envió una carta al SATCH diciendo que por razones de Fiestas Patrias las entidades bancarias no trabajarían en forma normal y para asumir gastos diarios urgentes nos debía remitir en efectivo la suma de 80 mil nuevos soles.

En cuanto a los medidores de agua adquiridos por EPSEL a TRIVECA – según el colaborador - todo el proceso con esta empresa, desde la primera adquisición, estuvo arreglado con una comisión del 10 %. “Esto lo puedo corroborar porque en varias oportunidades el suscrito estuvo presente en las reuniones que sostenía el presidente del directorio de EPSEL y el gerente de Industrias Triveca”, anotó.

En base a otros colaboradores eficaces e imputados acogidos a la colaboración sincera se sabe que el código 09-2014 recibía todo tipo de dávidas aprovechando el cargo clave que desempeñaba en la MPCH.

OTRO COLABORADOR

De igual modo, al Colaborador Eficaz con clave 022- 2014, en base a sus mismas manifestaciones, se le ha formalizado investigación por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita, cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio y cohecho pasivo propio.

En sus manifestaciones del 6 de octubre del 2014 relató una serie de ilícitos que presumiblemente cometieron sus ex compañeros en la gestión de Roberto Torres Gonzáles, actualmente recluido en el penal de Chiclayo.

Narró que en la primera gestión del exburgoamestre las obras se ejecutaban sin existir expediente técnico, supervisión de obra y disponibilidad presupuestaria. “Solo bastaba la disposición verbal del alcalde y lo ejecutaba el gerente de proyectos y obras”, aseveró.

“En el SATCH se generaban licencias de funcionamiento para todo tipo de negocio y el modus operandi era realizar operativos permanentes con personal que estaba a mi cargo a locales de diversas empresas con la finalidad de infraccionarlas u observarlos por incumplir las normas municipales. Luego de ello los representantes y propietarios buscaban al alcalde entregaban diversos montos y este me llamaba por teléfono para que se le den las facilidades y como era subordinado laboralmente accedía”, dijo el colaborador ante el fiscal.

Un proyecto importante en el segundo gobierno de Torres Gonzáles fue la obra de cambio de redes y reposición de la Avenida Elvira García y García, que – según testimonio - fue direccionada a pedido del alcalde para que gane la empresa Triple A.

Lo mismo sucedió con la obra de colector de la Avenida Augusto B. Leguía entre el tramo de la calle Ferreñafe y Óvalo El Pescador, donde se utilizó el cauce de la acequia para arrojar las aguas servidas. “Por tal razón se declaró en emergencia y la obra se convocó con exoneración del proceso de selección colgado ante el SEACE otorgándose la buena pro al Consorcio Colector Leguía”, señaló.

También narró que por acuerdo de Directorio de EPSEL se estableció que para el año 2014 se realice la obra en Campodónico en convenio con la MPCH sobre reposición de pavimento, ya que las redes de desagüe se cambiaron con el financiamiento del Ministerio de Vivienda. “Debido a que fue observado el convenio entre EPSEL y la MPCH se hizo una adenda para que sea la municipalidad la que ejecute la obra a través del proceso de selección. Lo anecdótico del caso es que antes de la firma de la obra, el alcalde tenía relación con el contratista, ya que fueron a verme un par de veces a EPSEL a impulsar el proyecto de financiación y para pagarle su valorización que ascendía a un millón de soles aproximadamente”, reveló.

PROPIEDADES

Respecto a sus propiedades indicó  que compró un departamento en la calle León Barandiarán donde entregó como inicial la suma de 50 mil dólares y el saldo fue financiado por el banco. “El bien lo coloqué a nombre de mi suegro”, reveló en aquella ocasión.

“Compré un automóvil marca KIA modelo Picanto que se encuentra a mi nombre y con servicio de taxi disperso y afiliado a la empresa de transportes Taxi Cayaltí SAC, además de un terreno ubicado en la Urbanización La Florida que lo vendí en su momento”, contó.

El colaborador aseveró que el alcalde compró un inmueble a su pareja sentimental Katiuska Del Castillo Muro en la calle César Vallejo en la Urbanización Cabrejos Falla, no precisando montos, ni notarios donde se transfirió el bien, no obstante, dicha propiedad incautada por la fiscalía tuvo que ser devuelta a su verdadero dueño al corroborarse que la información era falsa.

El 20 de octubre del 2014, compareció ante la Fiscalía para narrar que vendió una camioneta marca Toyota que estaba a nombre de su hermana y compró una camioneta Toyota Modelo RAC 4 valorizada en 25 mil dólares y la puso a nombre de una amiga.

“El viernes 17 de octubre tomé la decisión de ir a verla para comunicarle que iba a declarar respecto a la camioneta y ella se asustó pero le dije que esperara porque iba a comunicar a la fiscalía, pero me doy con la sorpresa que hoy lunes 20 de octubre se ha presentado para declarar con respecto a la camioneta pero ha sido porque yo le dije”. Con tal declaración, el colaborador subsanó la omisión en sus primeras declaraciones en torno a sus bienes.

Agregado a ello, recién el 19 de enero del 2015 hizo entrega de una vivienda de 45 metros cuadrados, edificada en 4 niveles de material noble ubicada en la Av. 28 de Julio PJ Diego Ferré a nombre de su hermano. “Este bien inmueble lo mencioné inicialmente cuando pedí ser colaborador y como quiere que se debe su existencia a través de dinero que no era de fuente lícita cumplo en su entrega para que se muestre mi grado de arrepentimiento”, anotó.

MÁS DELITOS

De otro lado, la acusación contra el CE 070- 2014 ha sido formalizado por los delitos de asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, peculado doloso por apropiación, cohecho pasivo impropio, colusión agravada y cohecho pasivo propio.

El citado  colaborador estaría vinculado a la participación directa en diversos procesos de licitación pública en razón de haberse desempeñado como miembro del Comité Especial en 28 procesos de selección para la ejecución de obras públicas.

En estos se advierten el direccionamiento a favor de las empresas ganadoras versión corroborada de acuerdo a su propia declaración al igual que la del CE 011-2015 que confirma la modalidad de concertación.

Igualmente en sus declaraciones ante el Ministerio Público ha reconocido su actuar delincuencial al reconocer que recibió y solicitó dádivas conocidos como “diezmos”.

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