La polémica decisión del Directorio de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, de suspender el cobro de la tasa de desagüe y alcantarillado correspondiente a marzo, abril y mayo, a propuesta del alcalde de Chiclayo y presidente de la Junta de Accionistas, David Cornejo Chinguel, sigue dando que hablar. Los propios trabajadores de la empresa han señalado que se trata de una medida antitécnica, en tanto el representante del gobierno regional advierte la posibilidad de una sanción dispuesta por la SUNASS.

Para la Municipalidad Provincial de Chiclayo la decisión adoptada en EPSEL es “histórica” y en palabras del alcalde representa “un nuevo espíritu de justicia comunitaria” que se verá reflejado en los recibos de más de 140 mil usuarios.

La decisión fue comunicada el 23 de marzo, a través de una nota de prensa de la comuna provincial, en la que se señala que Cornejo Chinguel, anunciaba el no cobro de la tasa de alcantarillado, lo que “alivia temporalmente la sufrida economía de todas las familias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe que se ha visto afectada por la interrupción de los servicios de desagüe y alcantarillado”.

“Es de justicia que EPSEL tome esta decisión, favoreciendo la economía popular con la exoneración del pago de recibos que facturan marzo, abril y mayo”, dijo el burgomaestre, quien estuvo acompañado de regidores de su entorno, funcionarios de la paramunicipal y el congresista fujimorista Héctor Becerril Rodríguez.

Lo cierto es que por la medida, la entidad de saneamiento dejará de percibir un millón 527 mil 971 soles al mes; es decir, cuatro millones 583 mil 971 soles entre marzo y mayo, al beneficiar con la exoneración a los usuarios de todos los 27 distritos en los que EPSEL opera el servicio de alcantarillado.

Sin embargo, no fue sino hasta el martes 28 de marzo que se concretó lo dicho por Cornejo Chinguel con los votos de tres de los cinco integrantes del Directorio de la empresa, quienes fueron respaldados por los alcaldes provinciales de Lambayeque, Ricardo Velezmoro Ruiz, y de Ferreñafe, Jorge Temoche Orellano, además de algunos alcaldes distritales, entre ellos Epifanio Cubas Coronado, de José Leonardo Ortiz.

¿SE JUSTIFICA?

Precisamente sobre esto último se ha pronunciado el Sindicato de Trabajadores Profesionales de EPSEL – S.A., al cuestionar que la medida beneficie a la totalidad de usuarios bajo el argumento que se acoge la exoneración de la tasa de agua y alcantarillado por la emergencia que se vive por las lluvias e inundaciones, cuando en lo real diversos distritos a los que alcanza la decisión del Directorio de la empresa no atraviesan condiciones de riesgo por la ocurrencia de El Niño Costero y mucho menos suspensión de las operaciones de la prestadora.

Como señala el sindicato, lo que ocurre en las localidades de la Zonal Norte (Lambayeque, Túcume, Íllimo, Pacora, Jayanca, Salas, Motupe y Olmos) no es similar a lo suscitado en la Zonal Sur (Monsefú, Reque, Santa Rosa, Ciudad Eten, Puerto Eten, Mocupe, Zaña, Nueva Arica y Oyotún), y tampoco igual a lo ocurrido en la Zonal Ferreñafe (Picsi, Ferreñafe, Pósope, y Batangrande), y los distritos de José Leonardo Ortiz , La Victoria y Chiclayo.

Cuestionan que ni el Directorio ni la Junta General de Accionistas hayan solicitado a través de la Gerencia General los informes correspondientes para saber la situación de las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones, los mismos que acrediten que en efecto la totalidad del servicio de alcantarillado intradomiciliario en casi todo Lambayeque ha dejado de funcionar.

Añaden que para que se adopte dicha medida tampoco se ha tenido la opinión favorable de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, que como ente regulador de la empresa paramunicipal debió acreditar la no prestación del servicio para que se suspenda el cobro.

PROBLEMA ECONÓMICO

Pese a mantener el monopolio en la prestación de los servicios de saneamiento básico, EPSEL pierde al año, conforme los señalan los estados financieros, poco más de 13 millones de soles. Incluso, las firmas auditoras que en los últimos cinco años han auditado el manejo económico, financiero y contable de la empresa, se han negado a emitir opinión final respecto a los procedimientos, por carecer de información suficiente que permita arquear los ingresos y egresos de la paramunicipal.

El Sindicato de Trabajadores Profesionales de EPSEL advierte también que la liberación de la tasa de desagüe y alcantarillado, aplicable a los recibos de marzo, abril y mayo, generará efectos económicos para la empresa en los meses siguientes, agudizando aún más la situación financiera.

Según el gerente general, Néstor Salinas Vásquez, para compensar los casi cinco millones de soles que se dejarán de percibir durante estos meses, la empresa “reducirá sus gastos en publicidad y contratación de servicios”.

Empero, se advierte desde ya que la empresa, con estados financieros negativos, puede enfrentar problemas para asumir la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado en los próximos meses.

LA EMPRESA

Salinas Vásquez ha explicado que entre abril y mayo la empresa ejecutará un programa de emergencia “de orden operacional”, para lo cual utilizará máquinas de balde y camiones hidrojet para rehabilitar el alcantarillado.

Asimismo, que se elaborarán expedientes para solicitar recursos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Ministerio de Economía y Fianzas – MEF, para – según afirma – darle solución integral al problema del alcantarillado en las tres provincias del departamento.

Eso sí, la empresa se ha encargado de dejar en claro que la exoneración del pago de desagüe y alcantarillado se aplica únicamente a los usuarios de tipo domiciliario, quedando fuera del “beneficio” los consumidores de categoría industrial y comercial.

PRESIÓN EDIL

Roger Inga Durango, representante del Gobierno Regional de Lambayeque en el Directorio de EPSEL, comenta que en la sesión en la que se ratificó la exoneración del pago de desagüe y alcantarillado, este le hizo saber al alcalde David Cornejo que teniendo el colegiado autonomía para decidir – de acuerdo a la norma – correspondía que este lo deje decidir si se implementaba o no su propuesta.

“Él no quiso retirarse y prácticamente nos obligó. Lo que acaba de hacer el Directorio es un acto ilegal, y no está conforme a Ley, porque la norma señala que la empresa puede no facturar el servicio cuando este no se da, pero en este caso todos tenemos agua y desagüe con normalidad, entonces el servicio sí se está dando. Él no entendió razones, y dentro de mi postura por lo menos conseguí que no se exonerara del pago a las industrias y a los usuarios comerciales”, menciona.

El director de la empresa añade que incluso dentro de los distritos afectados por las lluvias e inundaciones existen zonas que siguen recibiendo con regularidad los servicios de EPSEL, pero que aun así los usuarios se beneficiarán con el no pago, haciendo la medida mucho más cuestionable.

¿CONSULTA VERBAL?

Cuenta Inga Durango que Cornejo Chinguel informó al Directorio que hizo la consulta previa a la SUNASS y que funcionarios del ente regulador “verbalmente le dijeron” que la exoneración era procedente.

“Las cosas en la administración pública se hacen por escrito, y con esto no solo se corre el riesgo que la SUNASS le enmiende la plana al alcalde y a sus directores, sino también que esta formule una denuncia por usurpación de funciones. Solo SUNASS está facultada para resolver la supresión de un cobro en los recibos”, menciona.

Anota que sí hay zonas de las que opera EPSEL en las que ha quedado interrumpido el suministro del servicio, por lo que en esos casos sí corresponde la exoneración en base a informes específicos, no lo que implica que la medida se haga efectiva a los 27 distritos donde tiene injerencia la empresa del saneamiento.

“El recurso es del Estado y nadie puede ir en contra de ello. Es como si mañana el jefe de SUNASS dijera que no se paguen impuestos, hacerlo es ir contra el Estado y eso es lo que no se está respetando en el caso de EPSEL”, precisa Inga Durango, quien anunció que formulará la denuncia correspondiente ante la superintendencia.

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