La suerte de Manuela Pejerrey Campodónico no tiene límites. Ex gerente general de EPSEL y exfuncionaria de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, durante el gobierno del recluido exalcalde Roberto Torres Gonzales, ocupa hoy un alto cargo en la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, lo que no tendría nada de malo si es que el Ministerio Público no pidiera en su contra 15 años de prisión al señalarla como presunta responsable de delitos como asociación ilícita, peculado doloso y colusión agravada.
Una búsqueda en el Portal de Transparencia de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, permitió confirmar que Pejerrey Campodónico continúa laborando como funcionaria, pese a que en octubre del año pasado tanto el titular de la PCM, Fernando Zavala Lombardi, como el propio presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, fueron notificados por escrito de la situación legal de la extrabajadora de la comuna de Chiclayo.
Expresión corroboró que Manuela Pejerrey trabaja en la PCM incluso desde el gobierno de Ollanta Humala Tasso, pues en la nómina de personal Contratado por Administración de Servicios – CAS, correspondiente a julio del 2016, aparece en la página 13 como profesional asignada a la Secretaría de Gestión Pública, con una remuneración mensual de 10 mil soles. Ese mes recibió la gratificación correspondiente a Fiestas Patrias, ascendente a 300 soles.
Según el directorio de Oficinas de Programación e Inversiones OPI, o las que hacen sus veces, que aparece en la página del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, Manuela Pejerrey Campodónico es responsable de la Unidad Formuladora – UF, de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, teniendo asignado su despacho en el piso 11 del edificio ubicado en el Jirón Cusco Nº 121 – Lima.
PRESENCIA EN EPSEL
Manuela Pejerrey asumió la gerencia general de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, el 16 de febrero del 2011, por acuerdo del Directorio que en aquel entonces presidía Percy Quesquén Díaz, hoy investigado en el caso “Limpios de la corrupción”.
La designación fue defendida severamente por la administración municipal de Roberto Torres Gonzales, que tenía el control de la empresa de saneamiento, pese a que la Oficina Regional de la Contraloría General de la República remitió el Oficio N° 00397-2011-CG/ORCCH, en el que observaba la permanencia de Pejerrey Campodónico en la gerencia de EPSEL, al no reunir los requisitos mínimos para el desempeño del cargo.
El cuestionamiento contra la economista de profesión se centró en que de acuerdo al Manual de Organización y Funciones – MOF, de la entidad paramunicipal, la gerencia general debía ser ocupada por un ingeniero sanitario, civil o un licenciado en administración.
Según la Contraloría, la experiencia laboral y las capacidades académicas de Manuela Pejerrey no cubrían los requisitos del MOF, por lo que se recomendaba su separación del cargo. Empero, esta continuó ejerciendo la gerencia general.
EN LA MUNICIPALIDAD
De acuerdo a su hoja profesional, en el 2006 Pejerrey Campodónico se había encargado de la formulación de proyectos de preinversión con el Sistema Nacional de Inversión Pública, en la Unidad Formuladora de la comuna provincial.
Al iniciarse el primer mandato de Roberto Torres, entre el 2007 y el 2010, la economista se desempeñó como subgerente de Programación de Inversiones y Cooperación Técnica.
Precisamente en este puesto es que pasa a conformar el Comité de Adjudicaciones que debió entregar las buena pro de una serie de obras de pavimentación que el gobierno nacional financió a favor del municipio de Chiclayo, cuando la ciudad fue elegida subsede del Foro Económico del Asia Pacífico – APEC, en el 2008.
Resultado de dicha intervención económica se construyeron diversas pavimentaciones, entre ellas las avenidas Juan Tomis Stack, Los Tréboles y Agustín Vallejos Zavala.
Sin embargo, tiempo después se corroboró que dichos procesos se realizaron de manera irregular, y que las obras carecían de calidad técnica, por lo que presentaron deterioro prematuro.
PRIMERA ACUSACIÓN
El caso de las obras mal ejecutadas fue denunciado por el exregidor y primo de Torres Gonzales, Carlos Gonzales García, y recayó en la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, asumiendo la carpeta N° 742-2010 el entonces fiscal Esdras Sánchez Moreno, quien formuló el requerimiento acusatorio contra el burgomaestre y otros 19 funcionarios y exservidores de la comuna, entre ellos Manuela Pejerrey, contra quien solicitó al Poder Judicial la imposición de una condena de 30 años de cárcel.
Sobre la economista se señalaron tres tipos penales: peculado doloso, colusión agravada y asociación ilícita.
El Ministerio Público consideró en su acusación que los imputados trasgredieron los principios que regulan las contrataciones del Estado, estipuladas en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1017 y se coludieron con los proveedores a fin de defraudar al Estado, empleando la propia organización estatal para tal fin.
Asimismo, que se apropiaron de sumas de dinero destinado a la realización de obras públicas, para lo cual manipularon los procedimientos a seguir, sin respetar las formalidades impuestas por la ley; lo que quiere decir que se realizaron procesos de licitación para la adquisición de materiales, supuestamente para trabajos en obras ya finalizadas.
Inclusive, se detectó adquisiciones de bienes y servicios de manera directa, sin convocar a procesos de contratación.
REFORMULACIÓN
El juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Justicia de Lambayeque, Sergio Chimpén Asenjo, ordenó al fiscal Carlos Cáceres Alejos, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, subsane los errores técnicos encontrados en la acusación que formuló el destituido fiscal Esdras Sánchez Moreno.
En el nuevo requerimiento presentado en enero de este año, el representante del Ministerio Público solicitó al Poder Judicial se imponga contra Pejerrey Campodónico la condena de 15 años de prisión, al sostener que es partícipe de los delitos de colusión ilegal, concusión y peculado, además de asociación ilícita.
OTROS CASOS
Pejerrey Campodónico también está involucrada en la investigación fiscal que se sigue contra Roberto Torres Gonzales por el mal uso de dineros dados a la Municipalidad Provincial de Chiclayo como parte del Plan de Incentivos del año 2014.
Se trata de seis millones de soles que fueron utilizados para contratar personal y pagar revalorizaciones de la obra de agua y alcantarillado de Campodónico y San Martín.
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso que se continúen las diligencias contra el exburgomaestre de la ciudad y otros exfuncionarios del municipio, señalados por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios como responsables del delito de malversación de fondos en agravio del Estado.
El caso, contenido en la Carpeta Fiscal N° 378-2015, se encuentra en manos de la fiscal Magaly Quiroz Caballero, quien ha determinado que el dinero recibido por la comuna como parte del Plan de Incentivos, ascendente a seis millones 888 mil soles, que debió ser utilizado para la modernización y mejora de la administración municipal, fue destinado al pago de planillas y revalorizaciones de una obra de saneamiento básico.
La participación de Manuela Pejerrey en este caso se debe a que según la Resolución de Alcaldía N° 107-2014/MPCh/A, esta debía implementar las metas del Plan de Incentivos, al desempeñarse como Subgerente de Programación de Inversiones y Cooperación de la comuna provincial.
Por otro lado, este año la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios citó de grado o fuerza a Manuela Pejerrey y a otros exfuncionarios municipales para que dé su testimonio en las investigaciones que a la exadministración de Roberto Torres en el municipio de Chiclayo.
INFORME AL PRESIDENTE
En octubre del año pasado, el exprocurador de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Pedro Alvarado Guerrero, cursó cartas al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi, informando de la situación legal de Pejerrey Campodónico, solicitando su destitución inmediata.
El despacho presidencial, a través de la Subsecretaría General, respondió la carta de Pedro Alvarado el 7 de noviembre del 2016, con la misiva N° 4814-2016-DP-SSG/OACGD, indicando que se había dado cuenta del escrito a la Presidencia del Consejo de Ministros a fin que se revise y evalúe el caso, y se procesa de ser correspondiente al pedido realizado por el exprocurador municipal.
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